El franquismo: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

La primera idea es que la mujer debe quedar al margen de la política y obedecer al hombre: Pilar Primo de Rivera, dirigente de la Sección Femenina de la Falange, pide a las afiliadas una labor callada, que no se haga notar, y que dejen el gobierno de la nación a los hombres, con una obediencia y una subordinación absolutas a sus jefes.

La segunda idea es que esa sumisión no se limita a la política, sino que es el papel que corresponde a la mujer en toda la vida, en el ámbito público y en el privado. Por eso llega a dar gracias a Dios de que la mayoría de las mujeres no tengan el don de la palabra, porque así no caen en la vanidad de lucirlo en las plazas.

La primera idea es que el Estatuto es incompatible con el nuevo régimen. Según la ley, el «Alzamiento Nacional» rompió con todas las instituciones que negaban los valores que quería restaurar, y el Estatuto, que la República había concedido «en mala hora», ya no era válido desde el 17 de julio de 1936. Por eso la ley lo deroga.

La segunda idea es la uniformidad y la centralización. En nombre de la «unidad de la Patria», las provincias de Lleida, Tarragona, Barcelona y Girona debían gobernarse con las mismas normas que el resto de provincias españolas, y el Estado recuperaba las competencias legislativas y ejecutivas y los servicios que se habían traspasado a Catalunya con el Estatuto de 1932.

La relación de Catalunya con el Estado cambió radicalmente entre la Segunda República y el franquismo. El 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la República, Francesc Macià proclamó la República Catalana, pero tres días después, tras negociar con ministros del gobierno provisional, la convirtió en la Generalitat de Catalunya, un gobierno autónomo provisional. Empezaba así un régimen de autonomía que duraría hasta 1939.

La Generalitat redactó un proyecto de estatuto, el Estatuto de Núria, que los catalanes aprobaron en referéndum en agosto de 1931 y que definía Catalunya como un estado autónomo dentro de la República española. Las Cortes republicanas lo discutieron durante meses, en medio de una fuerte oposición, y lo recortaron: Catalunya sería una región autónoma dentro de un Estado integral, con menos competencias, sobre todo en enseñanza y hacienda. Finalmente, el Estatuto se aprobó en septiembre de 1932.

La aprobación del Estatuto se enmarca en la política de reformas de los gobiernos republicano-socialistas del primer bienio, presididos por Manuel Azaña, que defendió la autonomía catalana en las Cortes como una manera de encajar Catalunya en la República. El fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932, facilitó su aprobación, al mismo tiempo que la de la reforma agraria.

Con el Estatuto, Catalunya tuvo Parlamento, presidente y gobierno propios, y el catalán fue oficial. La relación con el Estado pasó por momentos difíciles: el conflicto de la Ley de Contratos de Cultivo y los Sucesos de Octubre de 1934 llevaron a la suspensión de la autonomía, que se restableció en febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular. Durante la guerra, la Generalitat asumió mucho poder, que fue perdiendo frente al gobierno de la República.

El franquismo rompió del todo esta relación. El régimen, dictatorial y contrario a cualquier autonomía, quería un estado unitario y centralista. Por eso, cuando sus tropas entraron en Catalunya por Lleida, en abril de 1938, Franco derogó el Estatuto con la ley del 5 de abril, y al ocupar todo el país, a principios de 1939, suprimió la Generalitat. Catalunya pasó a ser gobernada como cuatro provincias más, con gobernadores civiles nombrados por el gobierno central, y la lengua y la cultura catalanas fueron perseguidas.

En conclusión, Catalunya pasó de una autonomía reconocida por la República, negociada y recortada pero real, a la sumisión total a un estado centralista que negaba su personalidad política.

La afirmación es en buena parte cierta, pero hay que matizarla. La Segunda República quiso construir un estado laico: la Constitución de 1931 separó la Iglesia y el Estado, permitió el divorcio y previó la supresión del presupuesto de culto y clero; en 1932 se disolvió la Compañía de Jesús, y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933) prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La República impulsó, además, una escuela pública laica y mixta.

Para la jerarquía de la Iglesia, esas reformas eran un ataque a la religión. La quema de conventos de mayo de 1931 en Madrid y en otras ciudades había envenenado las relaciones desde el principio, y el cardenal primado, Pedro Segura, se enfrentó abiertamente al gobierno. La Iglesia apoyó a los partidos de derechas contrarios a las reformas de los gobiernos republicano-socialistas, como la CEDA, que ganó las elecciones de 1933, y a las candidaturas de derechas que se enfrentaron al Frente Popular en 1936.

La guerra lo cambió todo. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, en la zona republicana estalló una violencia revolucionaria anticlerical: se asesinó a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y se quemaron iglesias y conventos. Esa persecución acabó de poner a la mayoría de los católicos españoles del lado de los sublevados, y en 1937 la Carta colectiva de los obispos españoles apoyó al bando de Franco. La guerra se presentó como una cruzada en defensa de la religión.

Aun así, no todos los católicos estuvieron del lado de los sublevados. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, no firmó la Carta colectiva y murió en el exilio; el político católico Manuel Carrasco i Formiguera, de Unió Democràtica de Catalunya, fue fusilado por los franquistas en 1938, y muchos católicos vascos defendieron la República. Más adelante, en los años sesenta y setenta, curas obreros y grupos católicos de base se opusieron al franquismo.

El franquismo supuso el retorno a un estado confesional católico, vertebrado por los valores tradicionales: el catolicismo volvió a ser la religión oficial, la Iglesia recuperó el control de la enseñanza y de la moral pública, se derogó el divorcio y el Estado volvió a pagar al clero. Es lo que se llama nacionalcatolicismo. El Concordato de 1953 con la Santa Sede consagró esa alianza, y a cambio el régimen intervenía en el nombramiento de los obispos.

Valorando los cambios y las continuidades, la afirmación es acertada en lo que se refiere a la jerarquía: la Iglesia se opuso a la República porque su política laica le quitaba privilegios e influencia, y apoyó al franquismo, que se los devolvía. Pero no se puede generalizar a todos los católicos, y la relación con el franquismo tampoco fue siempre igual: a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) una parte de la Iglesia se fue distanciando del régimen, y en los años setenta, con el cardenal Vicente Enrique y Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal, la jerarquía tomó distancias.

En conclusión, la afirmación describe bien la posición mayoritaria de la jerarquía católica, que se enfrentó a la República laica y legitimó el franquismo como una cruzada, pero no recoge la diversidad de los católicos ni la evolución de la Iglesia en los últimos años de la dictadura.

Madrid, 1945. Mis superiores me han pedido que explique por qué nos alzamos en 1936 y qué papel tiene hoy el ejército en el nuevo Estado. En julio de 1936 yo servía como oficial en una plaza donde el Alzamiento triunfó. Nosotros creíamos que la República, gobernada por el Frente Popular desde febrero, llevaba a España a la revolución comunista y a la ruptura, y que el ejército tenía el deber de salvar la patria. Por eso el Alzamiento fue, desde el primer momento, obra de los militares.

Como el golpe no triunfó en todas partes, los generales sublevados crearon en Burgos la Junta de Defensa de Burgos, que gobernó la zona nacional los primeros meses de la guerra. A finales de septiembre de 1936, la Junta designó al general Francisco Franco Generalísimo de todos los ejércitos y jefe del Estado, y desde entonces todo el poder está en sus manos.

El nuevo Estado que salió de la victoria de 1939 es, sobre todo, un régimen militar: el Generalísimo concentra todo el poder, muchos militares ocupan ministerios y gobiernos civiles, y los tribunales militares han juzgado a los vencidos. Su ideal es el anticomunismo: luchamos contra el marxismo y la revolución, y el Movimiento, con la Falange, ha adoptado la simbología y muchas ideas de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, que nos ayudaron a ganar la guerra.

Ese espíritu se vio en 1941, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética. Miles de voluntarios, militares y falangistas, marcharon al frente ruso con la División Azul para combatir el comunismo, aunque España no entrara oficialmente en la guerra mundial.

La guerra, además, no ha terminado del todo. En las montañas quedan partidas de guerrilleros, el maquis, y el año pasado algunas entraron desde Francia por el Valle de Arán. El Ejército y la Guardia Civil los persiguen sin descanso, y eso demuestra que el ejército sigue siendo el guardián del orden.

Ahora que Alemania e Italia han perdido la guerra, las democracias vencedoras nos miran con desconfianza. Pero el anticomunismo seguirá siendo nuestra bandera: cuando los aliados occidentales vean el peligro de la Unión Soviética, recordarán que España fue la primera en vencer al comunismo.

Epílogo, escrito desde hoy: aquel discurso anticomunista permitió que el régimen se adaptara a la Guerra Fría y sobreviviera. A partir de los años cincuenta, cada vez más ministros eran civiles, pero el franquismo nunca dejó de ser visto como un régimen militar: Franco nunca renunció al título de Generalísimo, y en los últimos años puso al frente del gobierno a un militar, el almirante Luis Carrero Blanco.

Entre 1875 y 1930, durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, España era todavía un país mayoritariamente agrario, con una población rural numerosa y pobre y una industria concentrada en pocas zonas, sobre todo en Catalunya y el País Vasco. La falta de trabajo en el campo empujó a mucha gente a marcharse, y la primera característica de estas migraciones es que las había de dos tipos, exteriores e interiores. La emigración exterior se dirigía sobre todo a América, especialmente a Argentina, Cuba y Brasil, y Galicia era la región que enviaba más emigrantes.

La segunda característica es el cambio de tendencia a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial: la emigración al exterior se redujo y las migraciones se concentraron dentro de España, del campo a la ciudad y hacia las zonas con trabajo, como Catalunya, Madrid, el País Vasco, Canarias, Valencia y Sevilla. A Catalunya llegaban sobre todo personas de Aragón, Valencia, Murcia y Almería. Como resultado, la población activa agraria bajó ligeramente y creció la de la industria y los servicios, aunque en 1930 España todavía era un país poco urbanizado.

Los años sesenta corresponden a la etapa del desarrollismo franquista. Después del Plan de Estabilización de 1959, la economía española creció muy deprisa gracias a la industria, el turismo y las inversiones extranjeras, mientras que el campo se mecanizaba y necesitaba mucha menos mano de obra. La primera característica de estas migraciones es, de nuevo, la doble dirección: más de un millón de españoles emigraron a la Europa occidental, a países como Francia, Alemania y Suiza, y una minoría a América Latina, y las divisas que enviaban a sus familias ayudaron a financiar el crecimiento económico.

La segunda es el gran éxodo rural hacia las zonas industriales: Catalunya, Madrid y el País Vasco. En Catalunya, los inmigrantes, muchos de Andalucía, Extremadura y Murcia, se instalaron en Barcelona y su cinturón industrial, en ciudades como Badalona, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Cornellà, Sant Feliu de Llobregat o Sant Boi, y la población catalana pasó de 3,9 millones de habitantes en 1960 a 5,5 millones en 1975.

Este crecimiento tan rápido despobló muchas zonas rurales y provocó grandes desequilibrios urbanos: la falta de vivienda y la especulación hicieron crecer el chabolismo y los barrios dormitorio, construidos deprisa y sin servicios.

Si comparamos los dos períodos, hay continuidades claras: en ambos la causa principal era la pobreza del campo y la búsqueda de trabajo, y en ambos Catalunya fue una de las grandes zonas de atracción. Pero también hay cambios importantes: la emigración exterior cambió de destino, de América a Europa, y las migraciones interiores de los años sesenta fueron mucho más masivas y transformaron por completo las ciudades y la sociedad catalanas.

En conclusión, las migraciones fueron uno de los motores de la modernización de España: vaciaron el campo, hicieron crecer las ciudades y la industria y, en Catalunya, formaron una sociedad hecha en buena parte de gente venida de todas partes.

Junio de 1975. Vecinos y vecinas: muchos de nosotros llegamos a este barrio en los años cincuenta y sesenta, desde Andalucía, Murcia, Extremadura o Galicia, para trabajar en las fábricas y en las obras de Barcelona y de los pueblos de alrededor, que necesitaban mano de obra. Aquella avalancha de inmigrantes hizo crecer las ciudades mucho más deprisa que los servicios. Los bloques donde vivimos se levantaron deprisa y sin ninguna planificación, con malos materiales, y todavía hay calles sin asfaltar ni alumbrar.

Nos faltan los servicios sociales más elementales. No hay suficientes escuelas y muchos niños estudian en aulas abarrotadas. En el barrio no hay centros sanitarios: para ir al médico tenemos que coger dos autobuses, y el transporte público es tan escaso que los trabajadores pierden horas cada día para ir a la fábrica. Estas carencias no son culpa nuestra: son el resultado de una especulación que ha hecho negocio con las viviendas y de unos ayuntamientos que no hemos podido elegir democráticamente.

Por eso creamos nuestra asociación de vecinos. Aprovechando los pocos márgenes legales que deja el régimen, nos reunimos, recogemos firmas y llevamos nuestras demandas al ayuntamiento: un ambulatorio, una escuela, una línea de autobús, semáforos en la calle principal. En muchos barrios de Barcelona y de su área, otras asociaciones hacen lo mismo, y algunas ya han conseguido pequeñas victorias.

Cuando el ayuntamiento no nos escucha, salimos a la calle. Hemos hecho manifestaciones, hemos cortado calles y nos hemos encerrado en la parroquia, aunque la policía nos ha disuelto más de una vez y algunos vecinos han sido detenidos. Ocupar el espacio público es la única manera que tenemos de hacernos oír, porque en una dictadura no hay libertad de reunión ni de manifestación.

Así hemos aprendido que las reivindicaciones sociales no se pueden separar de las políticas. Mientras no podamos elegir a nuestros alcaldes ni reunirnos libremente, no tendremos los servicios que necesitamos. Por eso muchas entidades de barrio, como la nuestra, apoyan a la Asamblea de Catalunya, que desde 1971 reúne a partidos, sindicatos y entidades en la lucha por la libertad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía. La lucha por el ambulatorio y por el autobús es también la lucha por la democracia. Os esperamos en la próxima asamblea del barrio.

Las primeras grandes conquistas sociales y laborales de la España contemporánea llegaron con la Segunda República. Los gobiernos reformistas del primer bienio (1931-1933) y, de nuevo, los del Frente Popular en 1936 quisieron mejorar la condición de los trabajadores. La Constitución de 1931 definía España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y protegía el trabajo, y el Ministerio de Trabajo, dirigido por el socialista Francisco Largo Caballero hasta 1933, desarrolló esos principios con una legislación nueva.

Entre esas medidas destaca la Ley de Jurados Mixtos, que creaba organismos con representantes de los patronos y de los obreros para negociar las condiciones de trabajo y resolver los conflictos. La huelga era legal y no se perseguía como un delito de sedición, y los sindicatos podían actuar con libertad. Además, en 1931 los trabajadores conquistaron el permiso de trabajo retribuido, unos días de vacaciones pagadas cada año.

El franquismo deshizo casi todo ese camino. Ya durante la guerra, el Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración falangista, impuso un modelo corporativo: patronos y obreros quedaban encuadrados a la fuerza en un sindicato único, el sindicato vertical, controlado por el régimen. Los sindicatos de clase, como la CNT y la UGT, fueron ilegalizados y perseguidos, y la huelga se convirtió en un delito: el Fuero consideraba delito de lesa patria cualquier acto que alterara la normalidad de la producción.

Los trabajadores también perdieron la negociación colectiva: los salarios y las condiciones de trabajo los fijaba el gobierno, hasta que en 1958 la Ley de Convenios Colectivos permitió una negociación muy limitada dentro del sindicato vertical. La protección social fue muy pobre: la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada en 1963, no entró en vigor hasta 1967, y el sistema de previsión que creó era muy precario, con un gasto social ínfimo.

Este atraso alejó a España de la Europa occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países democráticos del continente construyeron estados del bienestar, con sindicatos libres, negociación colectiva y sistemas amplios de sanidad, pensiones y subsidios de desempleo. España, aislada durante la posguerra y sometida a una dictadura, quedó al margen: los trabajadores no tenían derechos para defenderse y el Estado gastaba en protección social mucho menos que sus vecinos. El crecimiento económico de los años sesenta mejoró los salarios, pero no cerró esa distancia. En definitiva, la República abrió el camino de los derechos sociales que Europa consolidaría, y el franquismo lo cerró durante casi cuatro décadas.

La Segunda República supuso un cambio profundo para las mujeres, que por primera vez fueron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos que los hombres. La Constitución de 1931 estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo y, tras un debate muy duro en las Cortes, en el que Clara Campoamor defendió el voto femenino, reconoció el derecho de voto a partir de los 23 años para hombres y mujeres. Las mujeres, que ya podían ser elegidas desde junio de 1931, votaron por primera vez en unas elecciones generales en noviembre de 1933.

También se abrieron las puertas de la educación y del trabajo. La República construyó muchas escuelas nuevas, impulsó la coeducación y favoreció que más chicas estudiaran el bachillerato y fueran a la universidad. La Constitución garantizaba la igualdad de acceso a los cargos y empleos públicos, y las mujeres se incorporaron a profesiones que hasta entonces les habían estado casi cerradas.

La familia también cambió. La Constitución basaba el matrimonio en la igualdad de derechos de ambos sexos, y en 1932 se aprobó la ley del divorcio. Ya en plena guerra, en Catalunya, la Generalitat legalizó el aborto a finales de 1936.

La dictadura franquista rompió con todo ello e impuso el retorno al modelo doméstico tradicional, bendecido por la Iglesia católica: la mujer debía ser esposa y madre, dedicada al hogar y sometida al hombre. La Sección Femenina de la Falange se encargó de difundir ese ideal, y el Fuero del Trabajo de 1938 prometía liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica.

Este modelo se convirtió en leyes. En 1939 se derogó la ley del divorcio, y en el matrimonio la mujer quedó en una posición de desigualdad jurídica: la mujer casada necesitaba el permiso del marido, la licencia marital, para trabajar, abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato. En la escuela se suprimió la coeducación: chicos y chicas estudiaban separados, y las chicas recibían una formación orientada a las tareas del hogar.

Para las mujeres, este retroceso fue inmenso en términos políticos, sociales y humanos. En pocos años pasaron de ser ciudadanas con los mismos derechos políticos que los hombres a estar sometidas jurídicamente al marido, y muchas quedaron apartadas de los estudios superiores, de buena parte de las profesiones y de la vida pública. Generaciones enteras de mujeres vieron limitadas sus vidas, y muchos de los derechos perdidos no se recuperaron hasta la democracia, casi cuarenta años después.

París, 1974. A petición de la Organización, presento en este estudio las transformaciones económicas y sociales de España antes y después del Plan de Estabilización de 1959. Hasta ese año, el régimen del general Franco había aplicado la autarquía: una economía cerrada e intervenida por el Estado, que pretendía la autosuficiencia. El resultado fue un fracaso. En los años cincuenta la economía crecía poco, con una inflación alta y un fuerte déficit comercial, y las reservas de oro y de moneda extranjera se habían casi agotado: en 1959 el Estado estaba cerca de la suspensión de pagos.

Para evitar la quiebra, los ministros tecnócratas, asesorados por el Fondo Monetario Internacional y por la OECE, la antecesora de esta Organización, prepararon el plan. Para ofrecer garantías a los inversores extranjeros y aprovechar el ciclo expansivo de la economía europea había que sanear la economía: se devaluó la peseta, se congelaron los salarios, se recortó el gasto público y se liberalizaron el comercio exterior y la inversión extranjera. Los primeros efectos fueron duros, con una recesión y más paro.

Después llegaron los planes de desarrollo, a partir de 1964, que marcaron la etapa del desarrollismo: durante los años sesenta y hasta 1973, España creció más deprisa que casi todos los países europeos. La crisis del petróleo del año pasado ha frenado este ciclo y abre ahora muchos interrogantes.

Gracias a la inversión extranjera, que llegó atraída por los salarios bajos y por un mercado en crecimiento, la industria ha experimentado cambios espectaculares: se han modernizado las fábricas y han crecido sectores nuevos, como el automóvil, la química o los electrodomésticos.

La economía española tiene, sin embargo, un punto débil: la balanza comercial es deficitaria, porque el país importa mucho más de lo que exporta, sobre todo maquinaria y petróleo. Ese déficit de la balanza de pagos se ha compensado con dos fuentes de divisas: los ingresos del turismo de masas, que cada verano llena las costas de visitantes europeos, y las remesas de los trabajadores españoles que han tenido que emigrar a la Europa industrial, a Alemania, Francia o Suiza.

Las transformaciones sociales han sido tan grandes como las económicas. La modernización de la agricultura y las desigualdades del campo, donde muchos jornaleros no tenían tierra ni trabajo, han provocado un gran éxodo rural: millones de personas han ido a vivir a las ciudades industriales de Catalunya, Madrid y el País Vasco. Ha habido problemas de vivienda y de servicios, pero el nivel de vida ha mejorado y ha aparecido una sociedad de consumo.

Como en el resto de Europa, en España las primeras reacciones autoritarias y conservadoras nacieron, tras la Primera Guerra Mundial, de la crisis del sistema liberal de partidos, del miedo a la revolución, sobre todo después de la Revolución Rusa, y del miedo a la entrada de las masas en la política. En Italia, Mussolini llegó al poder en 1922 y creó el primer régimen fascista.

La experiencia previa fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). No era un régimen fascista, pero acabó con el parlamentarismo liberal de la Restauración y ensayó una modernización autoritaria y corporativa: un partido único, la Unión Patriótica; una Asamblea Nacional Consultiva en lugar de las Cortes; y una Organización Corporativa Nacional que reunía a patronos y obreros en comités paritarios.

Durante la Segunda República el fascismo irrumpió como fuerza política. En 1931 Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crearon las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), y en 1933 José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó Falange Española. En 1934 se fusionaron en Falange Española de las JONS, un partido fascista, antidemocrático y antimarxista, que defendía la violencia política y un Estado nacionalsindicalista. En las elecciones de febrero de 1936 no obtuvo ningún diputado, pero tras la victoria del Frente Popular creció y participó en la violencia que precedió al golpe de Estado.

El golpe de Estado de julio de 1936, la guerra civil y la victoria de Franco llevaron a un régimen autoritario de partido único. En 1937 el Decreto de Unificación fusionó la Falange y los carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el único partido legal, con Franco al frente. El régimen, inspirado en el fascismo italiano, era corporativo y nacionalsindicalista: el Fuero del Trabajo (1938) y la Ley de Unidad Sindical (1940) encuadraron a patronos y obreros en un sindicato vertical controlado por la Falange, y se adoptaron símbolos, saludos y uniformes fascistas.

Franco, sin embargo, subordinó la nueva Falange a un Estado fuertemente impregnado de tradicionalismo católico: el partido único, que se fue conociendo como el Movimiento, agrupaba a falangistas, carlistas, monárquicos y católicos. A partir de 1945, con la derrota del Eje, el régimen se presentó como una «democracia orgánica»: rechazaba los partidos y el sufragio universal y decía que la representación llegaba a través de la familia, el municipio y el sindicato. Las Cortes (1942) eran nombradas o elegidas de forma indirecta, y leyes como el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum (1945) daban una apariencia de legalidad a una dictadura en la que todo el poder era de Franco.

La singularidad del fascismo español en los primeros años del franquismo fue que nunca dominó del todo el régimen. Tuvo un gran peso, sobre todo entre 1939 y 1945, pero siempre al servicio de Franco y compartiendo el poder con el ejército y la Iglesia. El catolicismo político, que desde el siglo XIX había sido la gran fuerza de la contrarrevolución en España, dio al régimen su legitimidad: la guerra se presentó como una cruzada, y el nacionalcatolicismo acabó pesando más que el fascismo.

La portada B es del 27 de enero de 1939, el día después de que las tropas franquistas entraran en Barcelona, el 26, casi sin resistencia. Corresponde, pues, a las primeras horas de la presencia del ejército de Franco en la ciudad y a los inicios del franquismo en Catalunya: el gobierno de la República y el de la Generalitat se habían marchado hacia el norte, y decenas de miles de personas huían hacia la frontera francesa.

La idea central es la adhesión de Barcelona al vencedor. El titular, «Barcelona para la España invicta de Franco», presenta la ciudad incorporada a la España de Franco, y el propio diario cambia de bando: ahora se proclama «Diario al servicio de España y del Generalísimo Franco» y responde «¡Presente!», como quien contesta cuando pasan lista, para mostrar su fidelidad al nuevo poder.

Entre las dos portadas, el ejército franquista ocupó Barcelona. La resistencia que pedía la primera no se produjo: el 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraron en la ciudad casi sin combatir, y en pocas semanas ocuparon el resto de Catalunya. Al día siguiente, el mismo diario decía exactamente lo contrario. El 25 de enero La Vanguardia era un diario «al servicio de la democracia», al servicio de una República que se presentaba como la defensora de la libertad frente a los invasores; el 27 era un diario «al servicio de España y del Generalísimo Franco». En la cabecera vuelven a aparecer los nombres de los fundadores, Carlos y Bartolomé Godó, y la numeración da un salto atrás (año LV y número 22.575, frente al año LVIII y el número 23.357 de dos días antes), como si los números publicados durante la guerra no contaran.

La comparación muestra el papel propagandístico de la prensa. En una guerra, cada bando utiliza los medios para mantener la moral, movilizar a la población y presentar al enemigo como un invasor o un criminal, y la objetividad queda sacrificada. En una dictadura, además, no hay libertad de prensa: con la Ley de Prensa de 1938, el franquismo sometió los diarios a la censura previa y a las consignas del gobierno, y la prensa se convirtió en un instrumento de propaganda del régimen.

El cambio tan rápido se explica también por la historia del diario. La Vanguardia, propiedad de la familia Godó, había sido habitualmente un diario vinculado al liberalismo monárquico y, por eso mismo, nada afín a la República. Durante la guerra sus propietarios habían perdido el control del diario y el diario se había puesto al servicio de la República; con la entrada de las tropas franquistas, los Godó lo recuperaron y lo pusieron al servicio del nuevo régimen.

En conclusión, las dos portadas muestran que un mismo diario puede decir cosas opuestas con dos días de diferencia según quién tiene el poder. Los medios nunca son del todo neutrales, y en las coyunturas de guerra y de dictadura se convierten en instrumentos de propaganda: por eso, cuando los usamos como fuente, hay que saber quién los controlaba y con qué finalidad.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político y propagandístico. Por su naturaleza, es un cartel de la serie La Frase Quincenal, editado en Barcelona por la Jefatura Provincial de Propaganda, un organismo del régimen franquista, el 15 de julio de 1942.

El cartel reproduce, junto al retrato de Franco, una frase suya: para los países de Europa solo hay un peligro, «de ayer, de hoy y de mañana», el comunismo. Apela, por tanto, al miedo al comunismo en toda Europa y presenta a Franco como su gran enemigo.

El cartel se sitúa en la primera etapa del régimen franquista (1939-1975), en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. España, que se había declarado no beligerante, estaba al lado de las potencias del Eje: en 1941 había enviado la División Azul a luchar contra la Unión Soviética junto al ejército alemán. En el interior era la etapa más fascista del régimen, con un gran peso de la Falange y una represión muy dura.

El anticomunismo era un pilar del discurso franquista. El régimen presentaba la Guerra Civil como una cruzada contra el comunismo y llamaba «rojos» a todos sus enemigos, fueran republicanos, socialistas, anarquistas o catalanistas; así justificaba la dictadura y la represión.

La propaganda recordaba a la población, año tras año, la victoria de las tropas franquistas de 1939, presentada como la salvación de España frente al comunismo. Carteles como este, que salían cada quince días, repetían la idea para mantener a la población movilizada y atemorizada.

Además, en 1942 Franco apoyaba a la Alemania nazi en su guerra contra la Unión Soviética, que presentaba como una lucha de Europa contra el comunismo, y el cartel justificaba así el acercamiento al Eje.

El régimen franquista tenía una gran afinidad ideológica con la Alemania nazi y la Italia fascista, que le habían ayudado a ganar la Guerra Civil con tropas, aviones y armamento. El partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, copiaba el modelo fascista: el culto al caudillo, el saludo, el uniforme, el encuadramiento de la juventud y de las mujeres y el sindicato vertical.

Al empezar la Segunda Guerra Mundial (1939), España se declaró neutral, pero en 1940, con las victorias alemanas, se proclamó no beligerante y ocupó Tánger. Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya (octubre de 1940), pero no entró en la guerra, porque el país estaba arruinado y Hitler no aceptó sus demandas territoriales en el norte de África. Aun así, colaboró con el Eje: en 1941 envió la División Azul, formada por voluntarios, a luchar contra la Unión Soviética, y suministró a Alemania materias primas como el wolframio.

Cuando la guerra giró a favor de los aliados, en 1943, Franco volvió a la neutralidad y retiró la División Azul. El régimen intentó ocultar su pasado fascista y presentarse como una dictadura católica y anticomunista.

Terminada la guerra, en 1945, la victoria aliada dejó aislado al franquismo. En 1946 la ONU lo condenó y recomendó la retirada de los embajadores, y España quedó fuera del Plan Marshall. El régimen respondió con la autarquía y con grandes movilizaciones de apoyo al dictador.

La Guerra Fría lo cambió todo: para los Estados Unidos, el anticomunismo de Franco y la posición estratégica de España importaban más que la falta de democracia. En 1950 la ONU anuló la condena; en 1953 el régimen firmó el Concordato con la Santa Sede y los pactos con los Estados Unidos, que instalaron en España bases militares a cambio de ayuda económica y militar, y en 1955 España entró en la ONU. Los países de la Europa occidental restablecieron las relaciones diplomáticas, aunque no la admitieron en la Comunidad Económica Europea.

El régimen franquista nació de la victoria en la Guerra Civil y se construyó sobre la violencia. Durante la guerra y después de 1939, la represión eliminó o neutralizó a los vencidos: miles de fusilamientos tras consejos de guerra sumarísimos, entre ellos el del presidente de la Generalitat Lluís Companys (1940), campos de concentración, cárceles llenas y batallones de trabajadores forzados.

Esta represión se institucionalizó con leyes. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas, confiscaciones e inhabilitaciones a quienes habían apoyado a la República, incluso con efectos retroactivos, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) perseguía a los masones y a los comunistas. También se depuró a los maestros y a los funcionarios, y miles de personas tuvieron que exiliarse.

El Estado que se estableció era una dictadura personal y totalitaria. Franco, Caudillo y Generalísimo, concentraba todos los poderes: era jefe del Estado, del gobierno, del ejército y del partido único, y podía dictar leyes. El régimen se apoyaba en el ejército, en la Iglesia católica, que lo legitimó como defensor de la fe (el nacionalcatolicismo), y en la Falange. También suprimió la autonomía de Catalunya y persiguió la lengua y la cultura catalanas.

El partido único había nacido con el Decreto de Unificación (1937), que fusionó la Falange y los carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el único partido permitido, conocido después como el Movimiento Nacional. A continuación, el régimen se dotó de unas Leyes Fundamentales que hacían de constitución: el Fuero del Trabajo (1938), la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que creaba unas Cortes sin poder real, y el Fuero de los Españoles (1945), una declaración de derechos que no se respetaban.

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) definió España como un reino y dio a Franco la facultad de designar a su sucesor, y la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) fijó sus principios ideológicos. Así, el franquismo se fue institucionalizando sin dejar de ser una dictadura.

Tras la guerra, en 1939, el régimen impuso en todo el país una política autárquica e intervencionista. Había razones ideológicas, porque imitaba los modelos fascistas, que querían una economía nacional autosuficiente, y razones prácticas: la destrucción de la guerra, la Segunda Guerra Mundial y, a partir de 1945, el aislamiento internacional del régimen. El Estado controlaba los precios, el comercio exterior y la producción, y en 1941 creó el Instituto Nacional de Industria (INI) para fomentar las industrias que consideraba estratégicas, como las militares, la siderurgia o la energía.

Los resultados fueron un fracaso y un retroceso económico: la producción tardó más de una década en recuperar los niveles de antes de la guerra. Los alimentos básicos se racionaron con la cartilla de racionamiento, que duró hasta 1952, y apareció el estraperlo, el mercado negro, donde se vendía a precios muy altos lo que faltaba en las tiendas. Para la población fueron los «años del hambre»: escasez, salarios muy bajos, enfermedades como la tuberculosis y el empobrecimiento de amplios sectores de las clases populares, mientras unos pocos se enriquecían con el estraperlo.

A finales de los años cincuenta la autarquía estaba agotada: había inflación, déficit y el Estado estaba cerca de la quiebra. En 1957 entraron en el gobierno los tecnócratas, vinculados al Opus Dei, y en 1959 aprobaron el Plan de Estabilización, el punto de inflexión: devaluó la peseta, liberalizó el comercio exterior, abrió el país a la inversión extranjera y recortó el gasto público. A partir de 1964 llegaron los planes de desarrollo, que impulsaron la industria con los polos de desarrollo.

El resultado fue el desarrollismo, un crecimiento económico muy rápido durante los años sesenta y hasta la crisis del petróleo de 1973. Llegó una oleada industrial, financiada con la inversión extranjera, las divisas del turismo y las que enviaban los emigrantes.

Los efectos sobre la población fueron muy distintos de los de la posguerra. Millones de personas emigraron del campo a las ciudades industriales de Catalunya, Madrid y el País Vasco, y más de un millón se fueron a trabajar a la Europa occidental, a Alemania, Francia o Suiza. El crecimiento desordenado de las ciudades provocó graves déficits de vivienda, de escuelas y de hospitales, con chabolas y barrios dormitorio. Pero, en conjunto, las condiciones de vida mejoraron: subieron los salarios y nació una sociedad de consumo, con el coche utilitario, la televisión y la nevera.

Las dos políticas se contraponen: la autarquía, cerrada e intervencionista, aisló al país y trajo hambre y miseria, mientras que el desarrollismo, que abría la economía al exterior, modernizó España y mejoró el nivel de vida, aunque sin libertades y con grandes desequilibrios.

Durante la primera etapa, de la posguerra hasta finales de los años cincuenta, la oposición lo tuvo extremadamente difícil. La represión fue durísima: ejecuciones, cárceles, campos de concentración, depuraciones y el exilio de centenares de miles de personas. Los partidos y sindicatos de izquierda, como el PCE, el PSUC, el PSOE, la CNT o ERC, quedaron desarticulados, y los militantes que quedaban actuaban en una clandestinidad muy peligrosa. El hambre y el miedo hacían que apenas hubiera huelgas obreras; una excepción fue la huelga de tranvías de Barcelona de 1951.

La resistencia más visible fue la guerrilla de los maquis, sobre todo a partir de 1944, cuando, con la derrota de la Alemania nazi a la vista, guerrilleros comunistas intentaron invadir el Valle de Arán. Los maquis actuaron en las montañas de varias regiones y en Catalunya hubo también grupos anarquistas urbanos, pero la Guardia Civil los fue eliminando y a principios de los años cincuenta la guerrilla rural se había extinguido; los grupos urbanos resistieron unos años más. En 1956 empezaron las primeras protestas universitarias en Madrid, protagonizadas por estudiantes que ya no habían hecho la guerra.

Durante la etapa del desarrollismo, de los años sesenta hasta el final del régimen, la oposición creció de forma progresiva. Las huelgas de Asturias de 1962 abrieron un ciclo de luchas obreras. Nacieron las Comisiones Obreras, que aplicaron la estrategia entrista: presentarse a las elecciones del Sindicato Vertical para defender a los trabajadores desde dentro. También actuaron sindicatos clandestinos, como la UGT y la USO, y los partidos de la oposición, sobre todo el PCE y el PSUC, se reorganizaron y ganaron influencia.

La oposición se extendió a otros sectores. El movimiento universitario y estudiantil creció mucho, y en Barcelona la Caputxinada de 1966 fundó un sindicato democrático de estudiantes. En los barrios de las grandes ciudades, las asociaciones de vecinos lucharon por unos servicios dignos. También aparecieron organizaciones de lucha armada y terroristas, como ETA, que en 1973 asesinó al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, o el FRAP.

En los últimos años del régimen la oposición se unió en plataformas unitarias: en Catalunya, la Asamblea de Catalunya (1971), que reclamaba «libertad, amnistía y Estatuto de autonomía», y en España, la Junta Democrática (1974), impulsada por el PCE. Las movilizaciones que impulsaron, a pesar de la represión, fueron una de las fuerzas que empujaron el cambio político.

En resumen, la oposición pasó de ser una minoría perseguida y aislada, que resistía con las armas o desde el exilio, a ser un movimiento amplio y diverso, obrero, estudiantil, vecinal y político, arraigado en la sociedad, que hizo cada vez más difícil la continuidad del régimen.

A finales de los años cincuenta el régimen, en plena crisis económica, dio el poder económico a unos ministros tecnócratas, muchos vinculados al Opus Dei, como Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Laureano López Rodó, que desplazaron a los falangistas. Su objetivo era modernizar la economía sin cambiar la dictadura. En Catalunya, el régimen buscó el apoyo de las élites locales: Josep Maria de Porcioles, alcalde de Barcelona de 1957 a 1973, impulsó un crecimiento urbano desordenado y especulativo.

El Plan de Estabilización de 1959 puso fin a la autarquía: devaluó la peseta, liberalizó el comercio y abrió el país a las inversiones extranjeras. Tras una breve recesión, empezó un gran crecimiento económico, orientado a partir de 1964 por los planes de desarrollo. Catalunya, que ya tenía una base industrial, fue una de las grandes beneficiarias: se modernizaron el textil y el metal y crecieron la química, el automóvil, con la SEAT, y los electrodomésticos.

El turismo se convirtió en uno de los motores de la economía: la Costa Brava y la Costa Dorada recibieron a millones de visitantes europeos, que aportaron divisas pero también una urbanización masiva del litoral. Las divisas del turismo y las remesas de los emigrantes en Europa financiaron la importación de maquinaria.

El crecimiento provocó una gran oleada migratoria: más de un millón de personas de Andalucía, Murcia, Extremadura y Aragón llegaron a Catalunya, sobre todo al área de Barcelona. Muchos tuvieron que instalarse en barracas, como las de Montjuïc o el Somorrostro, o en polígonos de viviendas construidos deprisa en los barrios periféricos y en ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona o Santa Coloma de Gramenet.

Estos barrios suburbanos crecían sin servicios sociales: faltaban escuelas, ambulatorios, transporte público, alcantarillado y calles asfaltadas, y esta carencia hizo nacer las asociaciones de vecinos. La inmigración y el aumento de la natalidad hicieron crecer mucho la población catalana, que se rejuveneció y cambió su composición lingüística y cultural, una realidad que Francesc Candel describió en Els altres catalans (1964). El desarrollismo hizo de Catalunya una sociedad urbana, industrial y de consumo, pero sin libertades.

Durante los primeros años de la dictadura, la oposición fue muy débil. La represión era extrema: miles de fusilados, como el presidente Lluís Companys (1940), cárceles llenas y depuraciones, y los principales dirigentes de los partidos y sindicatos habían muerto, estaban en la cárcel o en el exilio. Los grupos que sobrevivieron en la clandestinidad, como el PSUC, la CNT, ERC o el Front Nacional de Catalunya, actuaban aislados, y la Generalitat se mantenía en el exilio.

Con la esperanza de que la derrota del Eje trajera la caída de Franco, a partir de 1944 se desarrolló el maquis, una guerrilla antifranquista. Aquel año, guerrilleros comunistas procedentes de Francia intentaron una invasión por el Valle de Arán, que fracasó, y en Catalunya actuaron sobre todo grupos anarquistas, como los de Josep Lluís Facerias y Quico Sabaté, con atentados y atracos. La represión y la falta de apoyo internacional hicieron que el PCE abandonara la lucha armada en 1948, y los últimos guerrilleros anarquistas cayeron en 1957 (Facerias) y en 1960 (Sabaté).

La primera protesta social masiva fue la huelga de tranvías de Barcelona de 1951: la subida del precio del billete provocó un boicot ciudadano a los tranvías, seguido de una huelga general, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. En 1957 hubo un segundo boicot.

Con el desarrollismo, la oposición creció. El movimiento obrero se reorganizó con las Comisiones Obreras, nacidas de las asambleas de fábrica (la primera de Catalunya es de 1964), que aprovechaban las elecciones del sindicato vertical para hacer elegir a sus representantes y protagonizaron huelgas cada vez más numerosas, como la de la SEAT de 1971.

La oposición catalanista tuvo un papel clave. Núcleos católicos como el de Jordi Pujol protagonizaron los Hechos del Palau (1960), en los que se cantó el Cant de la senyera ante ministros franquistas, y el abad de Montserrat, Aureli M. Escarré, criticó el régimen en una entrevista en Le Monde (1963). Los estudiantes crearon un sindicato democrático en la Caputxinada (1966). El frente cultural, con la Nova Cançó, Òmnium Cultural y las editoriales en catalán, defendió la lengua, y en los barrios obreros nacieron las asociaciones de vecinos.

En 1971 se creó la Asamblea de Catalunya, que unió a partidos, sindicatos, entidades y personas de todas las tendencias con un programa común: «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia». Cuando Franco murió, en 1975, la oposición catalana era amplia y unitaria.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de un discurso que publicó al día siguiente el diario Arriba de Madrid, el diario de la Falange.

El autor es Ramón Serrano Suñer, ministro de Asuntos Exteriores del régimen franquista y uno de los principales dirigentes de la Falange, que lo pronunció en Madrid el 24 de junio de 1941, dos días después de que la Alemania nazi invadiera la Unión Soviética. En nombre de la Falange, acusa a Rusia de ser la culpable de la Guerra Civil española y reclama su «exterminio».

El discurso se sitúa en los primeros años del franquismo (1939-1975), la dictadura que el general Franco impuso tras ganar la Guerra Civil. En esta primera etapa el régimen tenía un carácter totalitario, inspirado en los fascismos: la Falange tenía en él un gran peso y Serrano Suñer, concuñado de Franco, era su hombre fuerte.

En el plano internacional, el mundo estaba en plena Segunda Guerra Mundial (1939-1945). España se había declarado no beligerante y estaba próxima a la Alemania de Hitler y a la Italia de Mussolini, que habían ayudado a Franco durante la guerra. A raíz de la invasión alemana de la Unión Soviética, el 22 de junio de 1941, el régimen organizó la División Azul para ir a combatir al frente ruso.

Serrano Suñer habla en nombre de la Falange, el partido único del régimen, y dicta una «sentencia condenatoria»: Rusia, es decir, la Unión Soviética comunista, es la culpable de la Guerra Civil española. Repite la tesis del franquismo, que presentaba la guerra como una cruzada contra el comunismo y el golpe de Estado de 1936 como la respuesta a una amenaza revolucionaria.

La culpa también de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, el fundador de la Falange, fusilado en Alicante en noviembre de 1936, y de la de tantos «camaradas» y soldados caídos en la guerra. Así convierte a los muertos del bando franquista en mártires de la lucha contra el comunismo.

Por último, afirma que el «exterminio» de Rusia es una exigencia de la historia y del futuro de Europa. El discurso justifica la participación española en la guerra de Hitler contra la Unión Soviética: esos mismos días se empezó a reclutar a los voluntarios de la División Azul. Muestra el anticomunismo radical del régimen y su proximidad al Eje.

Tras la victoria de 1939, el general Francisco Franco instauró una dictadura personal. Era a la vez jefe del Estado, presidente del gobierno, generalísimo de los ejércitos y jefe nacional del partido único, y concentraba todo el poder sin ningún control. El régimen era antidemocrático y anticomunista y, en estos primeros años, se inspiraba en los fascismos italiano y alemán, con el saludo romano, el culto al caudillo y el encuadramiento de la población.

Era un Estado centralista y uniformizador, que suprimió las autonomías y perseguía las lenguas y las culturas distintas de la castellana. El único partido permitido era la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, creada en 1937 por la unificación de falangistas y carlistas, que encuadraba a la sociedad con secciones como el Frente de Juventudes y la Sección Femenina. Trabajadores y empresarios tenían que formar parte del sindicato vertical, y las huelgas estaban prohibidas.

El régimen tenía un talante fuertemente represivo: tribunales militares, cárceles y campos de concentración llenos, fusilamientos y depuración de funcionarios y maestros. La Iglesia católica lo legitimaba y, a cambio, recuperó una gran influencia en la enseñanza y en la vida social: era el nacionalcatolicismo.

Las primeras leyes sirvieron para castigar a los vencidos. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) permitía sancionar con multas, confiscaciones e inhabilitaciones a quienes habían apoyado a la República, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) perseguía a estos dos «enemigos» de la propaganda franquista. En 1942 la ley de creación de las Cortes estableció las Cortes Españolas, un pseudoparlamento de procuradores que no se elegían por sufragio universal y que no limitaban el poder de Franco.

Cuando el Eje empezó a perder la guerra, el régimen quiso darse una apariencia menos fascista. En 1945 aprobó el Fuero de los Españoles, una declaración de derechos que el gobierno podía suspender cuando quisiera, y la ley del referéndum, que permitía a Franco someter leyes a consulta popular. La ley de sucesión (1947), aprobada en referéndum, definía España como un reino y daba a Franco la jefatura del Estado de por vida y el poder de proponer a su sucesor a título de rey.

Así, entre 1939 y 1947 el franquismo pasó de una dictadura de tipo fascista a un régimen que se presentaba como una monarquía católica y «orgánica», pero el poder seguía en manos de Franco y la represión no desapareció.

Durante la Guerra Civil, Franco había recibido una ayuda decisiva de la Alemania nazi y de la Italia fascista, y en 1939 España se adhirió al Pacto Antikomintern. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, el régimen se declaró neutral, pero con claras simpatías por el Eje.

Con las victorias alemanas de 1940 y la entrada de Italia en la guerra, España pasó a la «no beligerancia», que significaba favorecer al Eje sin entrar en el conflicto, y ocupó Tánger. En octubre de 1940 Franco y Hitler se entrevistaron en Hendaya: Franco pedía territorios en el norte de África y ayuda económica y militar a cambio de entrar en la guerra, pero no llegaron a ningún acuerdo sobre la entrada de España en la guerra: solo se firmó un protocolo secreto que no se aplicó.

La ayuda al Eje se concretó de varias maneras: exportaciones de materias primas como el wolframio, facilidades para los submarinos alemanes y propaganda favorable. La colaboración más clara fue la División Azul, decenas de miles de voluntarios que combatieron en el frente ruso junto al ejército alemán entre 1941 y 1943.

Cuando la guerra giró a favor de los Aliados, Franco tuvo que adaptarse. En 1942 Serrano Suñer, el ministro más próximo al Eje, fue sustituido, y en 1943 España volvió a la neutralidad y retiró la División Azul por las presiones de los Aliados.

Aun así, después de 1945 los vencedores condenaron al régimen por su origen y por sus vínculos con el Eje. España quedó fuera de la ONU, en 1946 la Asamblea General recomendó la retirada de los embajadores de Madrid y el país quedó excluido del Plan Marshall. El régimen reforzó la autarquía, que aplicaba desde 1939, y organizó grandes manifestaciones de apoyo a Franco, que presentaba el aislamiento como una conspiración extranjera.

El estallido de la Guerra Fría, a partir de 1947-1948, lo cambió todo: para Estados Unidos, el anticomunismo de Franco y la posición estratégica de España pasaban a ser más importantes que su pasado. En 1950 la ONU revocó la recomendación y los embajadores volvieron. En 1953 el régimen firmó un nuevo concordato con el Vaticano, que daba grandes privilegios a la Iglesia, y unos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, que a cambio de ayuda económica y militar instalaban bases norteamericanas en España. Era el final del aislamiento.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter oficial y educativo. Por su naturaleza, es un texto normativo: una circular de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona el 14 de noviembre de 1939.

La firma el inspector jefe, José Junquera Muné, en Barcelona el 10 de noviembre de 1939, «Año de la Victoria», y da instrucciones a todos los maestros de la provincia: en la escuela solo se puede enseñar en castellano y hay que suprimir la coeducación de niños y niñas.

La circular se sitúa en los inicios del franquismo (1939-1975), en 1939, pocos meses después de que las tropas franquistas ocuparan Barcelona, en enero de 1939, y de que la guerra terminara, el 1 de abril. Por eso el documento habla del «Año de la Victoria».

Era la primera etapa del régimen, la más dura: el nuevo Estado había abolido la autonomía de Catalunya y depuraba a los funcionarios y a los maestros que habían sido fieles a la República. La escuela debía transmitir los valores del nacionalcatolicismo y de la Falange y debía servir para imponer el castellano y acabar con la obra educativa republicana y catalana.

El inspector recuerda a los maestros que el único «idioma vehicular» en la escuela es el castellano, al que llama «idioma nacional», porque algunos todavía usaban el catalán en clase. Era una prohibición del catalán en la enseñanza y una muestra de la persecución de la lengua: el franquismo lo expulsó de la escuela, de la administración y de la vida pública.

En segundo lugar, ordena suprimir «radicalmente» la coeducación, es decir, que niños y niñas estudien juntos en la misma aula. Solo se admite en los párvulos, los niños menores de seis años. La República había extendido la escuela mixta, y el franquismo la prohibió porque la consideraba contraria a la moral católica: niños y niñas debían recibir una educación separada y distinta, y las niñas debían prepararse para ser madres y esposas.

La circular apela al «patriotismo» de los educadores: la escuela franquista debía formar buenos españoles y buenos católicos, según los principios del nacionalcatolicismo, y romper con la escuela catalana, laica y mixta de los años republicanos.

Para el franquismo, la autonomía de Catalunya era incompatible con la unidad de España. Franco ya había abolido el Estatuto de Autonomía en abril de 1938, cuando sus tropas entraron en Lleida, y con la ocupación de Catalunya, en enero y febrero de 1939, la Generalitat y el Parlamento desaparecieron. Catalunya volvió a ser solo cuatro provincias.

El poder pasó a las autoridades del «Nuevo Estado»: los gobernadores civiles nombrados desde Madrid, las diputaciones provinciales y unos ayuntamientos con alcaldes designados. La única organización política permitida era el partido único, FET de las JONS, y los partidos catalanes, republicanos y de izquierda y los sindicatos obreros fueron prohibidos; los trabajadores fueron encuadrados en el sindicato vertical.

La represión contra las personas fue sistemática. Cerca de medio millón de personas habían huido al exilio, y quienes se quedaron y habían sido fieles a la República fueron juzgados en consejos de guerra sumarísimos: miles de personas fueron fusiladas, muchas en el Camp de la Bota de Barcelona, y decenas de miles pasaron por cárceles y campos de concentración. En 1940 el presidente Lluís Companys, detenido en Francia por la Gestapo y puesto en manos de Franco, fue fusilado en el castillo de Montjuïc.

La represión tenía también una vertiente económica y laboral. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas y confiscaciones a quienes habían apoyado a la República, y muchos funcionarios y maestros fueron depurados y perdieron su trabajo. Las denuncias y los avales que se exigían para trabajar mantenían a la población atemorizada y en silencio.

Contra la lengua y la cultura catalanas, el régimen llevó a cabo una persecución sistemática: el catalán perdió toda oficialidad y fue prohibido en la escuela, la administración, la prensa, la radio y los rótulos, y se castellanizaron los nombres de las calles y de los pueblos. Las instituciones culturales catalanas fueron suprimidas o castellanizadas, y se prohibieron los símbolos, como la senyera y Els Segadors. Muchos intelectuales, como Pompeu Fabra, tuvieron que marchar al exilio, y la cultura catalana sobrevivió en el ámbito privado y en la clandestinidad.

Tras la guerra, el franquismo aplicó una política económica autárquica, inspirada en los fascismos y en el nacionalismo económico: España debía producir todo lo que necesitaba y reducir al mínimo las importaciones. El aislamiento internacional posterior a 1945 reforzó esta política, que se mantuvo hasta el Plan de Estabilización de 1959.

La autarquía iba acompañada de un fuerte intervencionismo del Estado: el gobierno fijaba precios y salarios, controlaba el comercio exterior y las divisas, decidía qué empresas podían abrir o ampliarse y qué materias primas recibían, y creaba empresas públicas a través del Instituto Nacional de Industria (1941). El resultado fue el estancamiento: la producción no recuperó el nivel de antes de la guerra hasta los años cincuenta.

Para la población, los años cuarenta fueron «los años del hambre». Los alimentos básicos se repartían con la cartilla de racionamiento, vigente hasta 1952, pero las cantidades eran insuficientes, y creció el estraperlo, el mercado negro, donde los productos se vendían a precios muy altos. Quienes se enriquecían con él, a menudo con la protección del régimen, contrastaban con la miseria de la mayoría.

En Catalunya los efectos fueron especialmente graves, porque su economía dependía de la industria. El textil, el sector principal, necesitaba importar el algodón y otras materias primas, además de maquinaria y combustibles, que con la autarquía llegaban en cantidades muy pequeñas y con permisos del Estado. Muchas fábricas trabajaban pocos días a la semana, y las restricciones eléctricas, que duraron hasta los años cincuenta, paraban a menudo su producción.

El intervencionismo también afectó a la agricultura y al comercio: los campesinos debían vender el trigo y otros productos al Estado a precios fijados, lo que favorecía su ocultación para venderlos en el estraperlo, y el comercio estaba sometido a cupos y permisos. Las clases trabajadoras catalanas sufrieron salarios muy bajos, sin derecho de huelga ni sindicatos libres, mientras los precios subían, y el hambre, las enfermedades y las colas fueron habituales. El malestar estalló en el boicot a los tranvías y la huelga general de Barcelona de 1951.

Es un cuadro estadístico, una fuente de carácter judicial y social. Es una fuente primaria y oficial: los datos los publicó el propio régimen franquista.

Recoge el número total de reclusos en las cárceles españolas de 1940 a 1947, y lo desglosa en hombres y mujeres. Los datos salen del cuadro «Reclusos en las fechas que se detallan», del Anuario año 1955 del Ministerio de Justicia, publicado en Madrid en 1955.

El anuario se publicó en 1955, en pleno franquismo (1939-1975), pero los datos corresponden a la primera etapa del régimen, la de la posguerra. Tras la victoria en la Guerra Civil, la dictadura encarceló a cientos de miles de republicanos y opositores, y las cárceles se llenaron muy por encima de su capacidad.

En 1955, en cambio, el régimen ya había superado el aislamiento internacional, tras los pactos con Estados Unidos de 1953, y podía presentar aquellas cifras como algo del pasado.

La primera característica es la fuerte disminución del número de presos: en 1940 había 270.719 y en 1947, 36.379, más de siete veces menos. La caída es especialmente acusada entre 1941 y 1944, cuando se pasa de 233.373 a 74.095 reclusos. Se explica por las libertades condicionales y los indultos con que el régimen vaciaba unas cárceles masificadas, y también por las ejecuciones; no significa que la represión terminara.

La segunda característica es que las mujeres eran una minoría de la población reclusa: en 1940 eran 23.232, menos de un 9 % del total, frente a 247.487 hombres. El número de mujeres también baja, hasta 3.999 en 1947, pero algo más despacio que el de los hombres, de modo que su peso en el total sube hasta cerca de un 11 %. En 1944 la tabla no da datos por sexo.

Terminada la guerra, en 1939, la dictadura de Franco organizó una represión sistemática contra los vencidos, para castigarlos y para evitar cualquier resistencia. Cientos de miles de soldados y civiles republicanos pasaron por campos de concentración y por cárceles masificadas, como muestran las cifras oficiales de 1940, y muchos presos tuvieron que trabajar en batallones de trabajadores y en colonias penitenciarias.

La jurisdicción militar juzgaba en consejos de guerra sumarísimos, sin garantías, a los acusados de «rebelión militar», una acusación que invertía los hechos, ya que los rebeldes habían sido los militares golpistas. Miles de personas fueron fusiladas; entre ellas, el presidente de la Generalitat Lluís Companys, entregado por la Gestapo y ejecutado en Montjuïc el 15 de octubre de 1940.

Además, el régimen creó jurisdicciones especiales: la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas y confiscaciones de bienes a quienes habían apoyado a la República, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) perseguía a masones y comunistas. Las depuraciones expulsaron de su trabajo a funcionarios y maestros considerados desafectos al régimen.

Ante esta represión, la oposición interior tuvo muy poco peso en la posguerra inmediata. Los partidos y sindicatos que intentaban reorganizarse en la clandestinidad —el PCE, el PSOE, la CNT, la UGT, el PSUC, ERC y otros— sufrían caídas y detenciones constantes de sus militantes, y muchos dirigentes fueron ejecutados o encarcelados.

La resistencia armada la protagonizó el maquis, guerrilleros que actuaban en las montañas de Galicia, Asturias, León, Aragón, el País Valenciano o Andalucía. En octubre de 1944 varios miles de guerrilleros organizados por el PCE entraron desde Francia por el Valle de Arán, pero la invasión fracasó. El maquis rural se fue extinguiendo a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, y en Barcelona hubo una guerrilla urbana anarquista, con figuras como Josep Lluís Facerias o Quico Sabaté.

La primera gran protesta popular en el interior fue la huelga de tranvías de Barcelona, en marzo de 1951: a raíz de una subida del precio del billete, la población dejó de coger los tranvías durante días, y la protesta acabó en una huelga general. En el exilio se mantenían el gobierno de la República y el de la Generalitat, que esperaban en vano una intervención de los aliados contra Franco después de 1945. Los pactos con Estados Unidos y el Concordato con el Vaticano, en 1953, desvanecieron esa esperanza y consolidaron el régimen.

Terminada la Guerra Civil, en 1939, el régimen franquista impuso la autarquía: una política económica que pretendía que España se abasteciera a sí misma, sin depender del exterior, y en la que el Estado intervenía en la producción, los precios y el comercio. Se inspiraba en el modelo de los fascismos, y el aislamiento internacional del régimen después de 1945 la reforzó.

El Estado controlaba todo el comercio exterior: hacían falta permisos para importar y exportar, y la falta de divisas, de petróleo, de fertilizantes y de maquinaria provocó graves problemas de abastecimiento de materias primas. La producción agraria e industrial cayó por debajo de los niveles de antes de la guerra, y las restricciones de electricidad eran constantes.

Para repartir los alimentos escasos, el gobierno estableció el racionamiento de los productos básicos, que duró hasta 1952. Cada familia tenía una cartilla de racionamiento que daba derecho a unas cantidades mínimas de pan, aceite, azúcar o legumbres a precios fijados por el Estado, pero que no bastaban para vivir. Los años cuarenta fueron los «años del hambre»: muchas familias pasaban hambre, y la desnutrición favoreció enfermedades como la tuberculosis.

La escasez hizo crecer un mercado negro, el estraperlo, donde se vendían los productos racionados a precios mucho más altos que los oficiales. Había un estraperlo de supervivencia, el de la gente humilde que compraba o vendía pequeñas cantidades, y uno a gran escala, en el que empresarios, funcionarios y personas bien relacionadas con el régimen acumularon grandes fortunas.

Las condiciones de trabajo eran muy duras. Los salarios, fijados por el gobierno, eran muy bajos, y como el coste de la vida subía sin parar, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó muy por debajo del de antes de la guerra. Las jornadas eran largas, muchos obreros necesitaban más de un empleo para sobrevivir, y la disciplina en las fábricas era rígida, con el miedo constante al despido y a la denuncia política.

Los sindicatos obreros, como la CNT y la UGT, quedaron prohibidos, y la huelga se consideraba un delito. La única organización permitida era la Organización Sindical, el sindicato vertical, que agrupaba obligatoriamente a empresarios y trabajadores bajo el control del Estado y de la Falange, y que no defendía los intereses obreros. Hasta los años cincuenta, con el final del racionamiento en 1952, las condiciones de vida no empezaron a mejorar.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía, obra del fotógrafo Carlos Pérez de Rozas, que se conserva en el Archivo Fotográfico de Barcelona.

Muestra al general Franco en Barcelona el 28 de enero de 1942, saludando desde un balcón a una multitud reunida en la calle durante una visita a la ciudad.

La fotografía se sitúa en el franquismo (1939-1975), en su primera etapa, la de los años cuarenta, cuando el régimen era más cercano a los fascismos y Europa vivía la Segunda Guerra Mundial. Fueron años de represión de los vencidos, de hambre y de autarquía económica.

En Catalunya, además, el régimen había suprimido el Estatuto y la Generalitat y perseguía la lengua y la cultura catalanas.

En primer plano está el general Franco, visto de espaldas, con la boina y el uniforme de Falange, el partido único, una indumentaria que en aquellos años subrayaba la cercanía del régimen a los fascismos.

Saluda con el brazo en alto a la multitud que llena la calle y los balcones, adornados con banderas. Estas concentraciones, a menudo organizadas por el propio régimen, querían mostrar la adhesión popular al Caudillo.

Lo rodean autoridades civiles y militares, la mayoría de uniforme, que expresan el apoyo del ejército y del partido al dictador. La imagen es un ejemplo del culto a la personalidad de Franco y del uso de la propaganda durante el primer franquismo.

El régimen franquista nació de la victoria militar en la Guerra Civil. Era una dictadura personal: el general Francisco Franco, nombrado Generalísimo y jefe del Estado por los militares sublevados en 1936, concentraba todos los poderes. Dirigía el gobierno, podía dictar leyes, era el jefe supremo del ejército y del partido, y no respondía ante ningún parlamento ni ninguna elección.

Hasta 1945 el régimen se inspiró en los fascismos italiano y alemán: un solo partido, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, creado en 1937; el saludo romano, los uniformes y los símbolos falangistas; un sindicato vertical que agrupaba obligatoriamente a obreros y empresarios, y una propaganda que exaltaba al Caudillo. Era, además, un Estado centralista y uniformizador, que suprimió las autonomías de Catalunya y del País Vasco y persiguió las lenguas y las culturas distintas de la castellana.

El otro gran pilar fue la Iglesia católica, que había presentado la guerra como una cruzada. El régimen le devolvió y amplió el poder: el catolicismo fue la religión oficial, la Iglesia controló buena parte de la educación y de la moral pública, y el divorcio fue abolido. Es lo que se llama nacionalcatolicismo.

El régimen se organizó con una serie de leyes. El Fuero del Trabajo (1938) regulaba unas relaciones laborales sin sindicatos libres ni derecho de huelga, bajo el control del Estado. La represión de los vencidos se hizo con la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que castigaba a quienes habían apoyado a la República, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940). Miles de personas fueron fusiladas, encarceladas o depuradas, y en 1940 el presidente de la Generalitat Lluís Companys fue fusilado en Montjuïc.

En 1942 la Ley Constitutiva de las Cortes creó las Cortes Españolas, un pseudoparlamento: los procuradores no se elegían por sufragio universal: los había por razón del cargo, designados por Franco o elegidos indirectamente por corporaciones como los ayuntamientos y el sindicato vertical, y no podían controlar al gobierno.

En 1945, cuando la derrota de la Alemania nazi y de la Italia fascista era un hecho, el régimen quiso borrar su imagen fascista y presentarse como una dictadura católica y anticomunista. En julio de 1945 aprobó el Fuero de los Españoles, una pseudodeclaración de derechos y libertades que en la práctica no garantizaba nada, y redujo el peso visible de Falange.

Cuando terminó la Guerra Civil, la España de Franco era muy cercana a la Alemania nazi y a la Italia fascista, que la habían ayudado a ganarla, y en 1939 se adhirió al Pacto Antikomintern. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, España se declaró neutral, en buena parte porque el país estaba arruinado por la guerra.

En junio de 1940, ante las victorias alemanas, Franco pasó a la no beligerancia: sin entrar en la guerra, se ponía del lado del Eje y lo ayudaba, y ocupó Tánger. En octubre de 1940 se entrevistó con Hitler en Hendaya para negociar la entrada en la guerra, pero sus demandas, como Gibraltar, el Marruecos francés, armas y alimentos, eran demasiado altas y no hubo acuerdo.

En 1941, tras el ataque alemán a la Unión Soviética, el régimen envió la División Azul, una unidad de voluntarios, muchos de ellos falangistas, que luchó con el ejército alemán en el frente de Rusia hasta 1943.

En 1943, cuando la guerra empezaba a girar a favor de los aliados, Franco retiró la División Azul y volvió a la neutralidad, y fue escondiendo los rasgos más fascistas del régimen.

Tras la derrota del Eje, en 1945, el régimen quedó aislado. España no fue admitida en la ONU, que en 1946 condenó el régimen de Franco y recomendó retirar los embajadores de Madrid; Francia cerró la frontera y España quedó fuera del Plan Marshall.

La Guerra Fría lo cambió todo: para Estados Unidos, el anticomunismo de Franco lo convertía en un aliado útil. En 1950 la ONU anuló la recomendación y los embajadores volvieron. En 1953 el régimen firmó el Concordato con el Vaticano, que le daba legitimidad católica, y los pactos con Estados Unidos, que permitían instalar bases militares norteamericanas en España a cambio de ayuda económica y militar. Era la salida parcial del aislamiento, que se completaría con la entrada en la ONU en 1955.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía en color, del archivo de la agencia de noticias Europa Press.

Muestra el entierro del general Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte.

La fotografía se sitúa al final del franquismo (1939-1975), en 1975. Franco murió el 20 de noviembre tras una larga enfermedad, en un momento de crisis del régimen: habían crecido la protesta obrera y estudiantil, la oposición democrática y el terrorismo de ETA, y en septiembre de 1975 el régimen aún había fusilado a cinco militantes antifranquistas.

Dos días después de la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey, tal como había previsto Franco, y empezó la Transición.

En el centro de la imagen está el ataúd del general Franco cubierto con la bandera española del régimen, con el escudo del águila, un símbolo de la España franquista.

El ataúd está junto a la tumba abierta en el suelo, dentro de la basílica, donde está a punto de ser inhumado. Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, el monumento que el régimen había mandado construir para conmemorar su victoria en la Guerra Civil, en parte con el trabajo de presos políticos.

Lo rodean su familia, autoridades del régimen, militares de uniforme y eclesiásticos, entre ellos monjes de la basílica. Esta presencia muestra los pilares que habían sostenido la dictadura durante casi cuarenta años: el ejército, la Iglesia y el personal político del régimen.

El régimen franquista fue una dictadura porque todo el poder se concentraba en una sola persona, el general Francisco Franco, Caudillo y Generalísimo. Como jefe del Estado y del gobierno, ejercía el poder ejecutivo y podía dictar leyes, era el jefe supremo del ejército y del partido único, y tenía la última palabra en las condenas a muerte. No había separación de poderes, ni elecciones libres, ni partidos, y los derechos y las libertades estaban suprimidos.

Era una dictadura de carácter fascista, sobre todo en los primeros años, centralista y uniformizadora, que suprimió las autonomías y persiguió las lenguas y las culturas no castellanas, con un partido único, FET y de las JONS, y el apoyo del ejército y de la Iglesia.

Una de las primeras normas del régimen fue el Decreto de Unificación, de abril de 1937, en plena guerra. Franco fusionó en él la Falange y los carlistas en un solo partido, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, del que él era el jefe. Todos los demás partidos quedaban prohibidos, y el partido único, que más adelante se llamaría Movimiento Nacional, fue el instrumento político del régimen.

Las Cortes Españolas se crearon en 1942 con la Ley Constitutiva de las Cortes. No eran un parlamento democrático: los procuradores no se elegían por sufragio universal: los había por razón del cargo, designados por Franco o elegidos indirectamente por corporaciones como los ayuntamientos y el sindicato vertical, y solo preparaban y aprobaban las leyes, que el jefe del Estado podía vetar. El régimen las presentaba como una «democracia orgánica», basada en la familia, el municipio y el sindicato.

La Ley de Sucesión (1947), aprobada en referéndum, definía España como un reino y establecía que Franco sería jefe del Estado de forma vitalicia y que él designaría a su sucesor a título de rey o de regente. En aplicación de esta ley, en 1969 Franco nombró sucesor a Juan Carlos de Borbón.

Ni las Cortes ni la Ley de Sucesión limitaron el poder personal de Franco, que gobernó como dictador hasta su muerte, en 1975.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, España se declaró neutral, pese a su cercanía a la Alemania nazi y a la Italia fascista, que habían ayudado a Franco a ganar la Guerra Civil. El país estaba arruinado y no podía hacer una nueva guerra.

En junio de 1940, ante las victorias alemanas, Franco pasó a la no beligerancia, una posición de apoyo al Eje sin entrar en la guerra. En octubre de 1940 se entrevistó con Hitler en Hendaya para negociar la entrada en la guerra, pero no hubo acuerdo porque sus demandas eran demasiado altas. En 1941, tras el ataque alemán a la Unión Soviética, el régimen envió la División Azul, una unidad de voluntarios que luchó con el ejército alemán en el frente ruso. En 1943, cuando la guerra giraba a favor de los aliados, Franco volvió a la neutralidad.

Tras la derrota de Alemania e Italia, en 1945, el régimen quedó aislado: la ONU no lo admitió y en 1946 recomendó retirar los embajadores de Madrid. Franco intentó ocultar su antigua amistad con el Eje y presentarse como un régimen católico y anticomunista: en 1945 aprobó el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum, en 1947 la Ley de Sucesión, y formó un gobierno con ministros católicos, como Alberto Martín-Artajo en Asuntos Exteriores, que redujo el peso de Falange.

Desde 1939 el régimen aplicó una política económica autárquica e intervencionista, inspirada en el fascismo italiano: quería que España se autoabasteciera sin depender del exterior, y el Estado controlaba los precios, la producción y el comercio exterior. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) para impulsar la industria pública.

El resultado fue un fracaso. La producción agraria e industrial cayó, y faltó de todo: alimentos, electricidad y materias primas. Las cartillas de racionamiento, que duraron hasta 1952, no cubrían las necesidades, y se extendió el estraperlo, el mercado negro, con el que unos pocos se enriquecían mientras la mayoría pasaba hambre. Los años cuarenta fueron los «años del hambre», con un gran empobrecimiento de la población.

La autarquía supuso un retroceso económico de una década, que no empezó a superarse hasta los años cincuenta y, sobre todo, hasta el Plan de Estabilización de 1959.

A finales de los años cincuenta la autarquía había dejado la economía española al borde de la quiebra. En 1959 el gobierno, con ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei, aprobó el Plan de Estabilización, que liberalizaba la economía, la abría a las importaciones y al capital extranjero y devaluaba la peseta. Después llegaron los planes de desarrollo, y la economía creció muy deprisa durante los años sesenta, hasta la crisis de 1973.

Catalunya fue uno de los grandes motores de ese crecimiento. La industria se modernizó y diversificó, con sectores como el automóvil —la SEAT, en la Zona Franca de Barcelona—, la química o los electrodomésticos, y llegó mucha inversión extranjera. La Costa Brava y la Costa Daurada se convirtieron en destinos del turismo de masas, que aportaba divisas y empleo.

El crecimiento atrajo una gran inmigración, sobre todo andaluza, y la población de Catalunya pasó de poco más de tres millones de habitantes en 1950 a más de cinco millones y medio en 1975. El área de Barcelona creció sin planificación: barracas, polígonos de viviendas levantados deprisa, como Bellvitge, y ciudades dormitorio sin suficientes escuelas, ambulatorios, transporte ni calles urbanizadas. Esas disfunciones generaron graves problemas sociales.

En los años sesenta la oposición al franquismo se hizo más masiva. En el mundo obrero nacieron las Comisiones Obreras, que aprovechaban las elecciones del sindicato vertical para infiltrarse en él, y las huelgas se multiplicaron, como la de la SEAT de 1971. En la universidad, en 1966 los estudiantes fundaron en la Caputxinada el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, y en los barrios las asociaciones de vecinos reclamaban los servicios que faltaban.

Los partidos clandestinos tuvieron un papel clave, sobre todo el PSUC, la fuerza más organizada del antifranquismo catalán y muy presente en Comisiones Obreras. El 7 de noviembre de 1971 se creó la Asamblea de Catalunya, que unía partidos, sindicatos y entidades con un programa común: amnistía, libertades democráticas, restablecimiento del Estatuto de 1932 y coordinación con los otros pueblos del Estado. Su lema era «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia».

Una pequeña parte de la oposición optó por la lucha armada. El Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista que hacía atracos para financiar la lucha obrera, fue el ejemplo más conocido: uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, fue ejecutado a garrote el 2 de marzo de 1974, pese a las protestas internacionales. La represión continuó hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, pero para entonces la oposición ya era lo bastante fuerte para exigir la ruptura democrática.

Franco abolió el Estatuto de Autonomía el 5 de abril de 1938, pocos días después de que sus tropas entraran en Lleida, y el 26 de enero de 1939 ocuparon Barcelona. El nuevo régimen suprimió todas las instituciones catalanas: la Generalitat, el Parlamento, el Tribunal de Casación y las leyes aprobadas durante la República, como la Ley de Contratos de Cultivo.

En lugar de las instituciones de autogobierno se restablecieron las cuatro provincias, con unos gobernadores civiles que dirigían también el Movimiento en cada provincia, y unas diputaciones y unos ayuntamientos nombrados desde arriba. Catalunya quedó sometida, como el resto de España, al partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, al sindicato vertical y a todas las instituciones del Nuevo Estado, un régimen que no admitía partidos ni elecciones libres.

En economía, la autarquía y el intervencionismo fueron muy perjudiciales para la industria catalana, que dependía de la importación de materias primas, como el algodón, y de la energía. Las fábricas textiles trabajaban pocas horas a la semana por la falta de materia prima y por las restricciones eléctricas, y el racionamiento, el estraperlo y los salarios de miseria empobrecieron a las clases populares.

La represión fue especialmente dura en Catalunya. Miles de personas fueron juzgadas en consejos de guerra y fusiladas, muchas en el Camp de la Bota de Barcelona, y el presidente de la Generalitat Lluís Companys, entregado por la Gestapo, fue ejecutado en Montjuïc en 1940. Las cárceles se llenaron, cientos de miles de personas habían huido a Francia por la frontera catalana en 1939, y las depuraciones apartaron de su trabajo a muchos funcionarios y maestros.

Además, el régimen quiso borrar la personalidad catalana. El catalán perdió la oficialidad y fue expulsado de la escuela, de la administración, de la prensa, de la radio y de los rótulos; se prohibieron los símbolos catalanes, como la senyera y Els Segadors, y se castellanizaron los nombres de calles y de pueblos. Las entidades culturales fueron cerradas o perseguidas, y el catalán quedó reducido al uso familiar y a una cultura clandestina que, poco a poco, fue recuperando espacios.