Población, sociedad y economía: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

Los dos textos muestran dos imágenes opuestas de la mujer. Con la proclamación de la Segunda República, en abril de 1931, se abrió el debate sobre la igualdad de derechos, y Clara Campoamor defendía que las mujeres, fueran de la clase social que fueran, debían tener los mismos derechos políticos y sociales que los hombres. Su posición se impuso: la Constitución aprobada en diciembre de 1931 reconoció el sufragio universal, igual para hombres y mujeres, y las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en 1933.

Esta defensa de la igualdad no iba dirigida solo a los hombres de derechas, sino sobre todo a los de la izquierda, que estaban divididos: una parte defendía el voto femenino por coherencia con los principios republicanos, mientras que otra lo quería aplazar porque temía que la influencia de la Iglesia llevara a muchas mujeres a votar a los partidos conservadores.

Los derechos de las mujeres no se limitaron al voto. La República también reconoció la igualdad jurídica de la mujer dentro del matrimonio y aprobó en 1932 la ley del divorcio.

El franquismo rompió con este modelo. El discurso de Pilar Primo de Rivera, de 1941, en los primeros años de la dictadura, niega a la mujer cualquier papel político propio y presenta su subordinación al hombre como una obligación moral, tanto en la vida pública como en la privada.

A lo largo del franquismo, este ideal se tradujo en un modelo de mujer como ama de casa y, sobre todo, como madre: se valoraba mucho la familia numerosa y se hacía una política para aumentar la natalidad, y la mujer podía trabajar hasta que se casaba. En definitiva, la República quiso hacer de la mujer una ciudadana con los mismos derechos que el hombre, y el franquismo la devolvió al hogar y a la obediencia.

Barcelona, 1888. Hace pocos meses que dejé mi pueblo para venir a servir a la ciudad. En el campo no había trabajo para todos y mi familia no podía mantener a todos los hijos; como tantos otros jóvenes, tuve que marcharme. Este éxodo rural pasa en toda España: en muchas comarcas, y sobre todo en el sur, donde la tierra es de unos pocos grandes propietarios, los jornaleros solo trabajan unos meses al año, y muchos acaban en las ciudades buscando un jornal en las fábricas o, como yo, en las casas de los ricos.

Barcelona crece sin parar más allá de su barrio antiguo y de las viejas murallas. Como en Madrid y en otras ciudades, se han construido los ensanches, barrios nuevos de calles rectas y avenidas anchas, con edificios de pisos y mansiones. La familia en la que sirvo vive en el piso principal de una casa del Eixample, el más lujoso del edificio, con balcones a la calle, salones decorados y habitaciones para el servicio; los más ricos se han hecho construir mansiones y palacetes con jardín.

En la ciudad, cada clase tiene su sitio. Los señores viven en los barrios nuevos y los trabajadores se amontonan en el barrio viejo y en los barrios industriales. La noche que hay ópera, la señora se pone sus mejores joyas para ir al Liceo, el gran teatro de la Rambla: es el lugar donde la burguesía barcelonesa se encuentra, se deja ver y hace negocios, y tener un palco allí demuestra que formas parte de la gente importante.

Muy distinta es la vida del proletariado. Mi hermano trabaja en una fábrica textil de uno de los pueblos industriales de los alrededores, como Sant Martí o Sants, donde las chimeneas llenan el aire de humo y los talleres sueltan productos químicos malolientes. Las familias obreras viven en viviendas pequeñas, oscuras e insalubres, pegadas a las fábricas, y hombres, mujeres y niños trabajan allí jornadas larguísimas por un jornal miserable.

Entre los señores y los obreros hay muchas otras personas: las clases medias, como los abogados, los médicos, los periodistas, los tenderos y los empleados de oficina, que viven con más modestia pero quieren parecer burgueses. Y están los servicios, sobre todo el servicio doméstico: cocineras, criadas y nodrizas, casi siempre mujeres venidas de fuera como yo. La burguesía, que vive de las fábricas, del comercio y de los negocios, es quien manda en la ciudad.

Este año se ha celebrado la Exposición Universal de Barcelona, en el parque de la Ciutadella, y los señores hablan de ella con orgullo: dicen que ha demostrado al mundo que Barcelona es una ciudad moderna e industrial. Yo también fui un domingo y vi el Arco de Triunfo, la entrada de la Exposición. Pero, cuando vuelvo a la cocina, pienso que esta ciudad tan moderna la levantan muchos y solo la disfrutan unos pocos.

Entre 1875 y 1930, durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, España era todavía un país mayoritariamente agrario, con una población rural numerosa y pobre y una industria concentrada en pocas zonas, sobre todo en Catalunya y el País Vasco. La falta de trabajo en el campo empujó a mucha gente a marcharse, y la primera característica de estas migraciones es que las había de dos tipos, exteriores e interiores. La emigración exterior se dirigía sobre todo a América, especialmente a Argentina, Cuba y Brasil, y Galicia era la región que enviaba más emigrantes.

La segunda característica es el cambio de tendencia a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial: la emigración al exterior se redujo y las migraciones se concentraron dentro de España, del campo a la ciudad y hacia las zonas con trabajo, como Catalunya, Madrid, el País Vasco, Canarias, Valencia y Sevilla. A Catalunya llegaban sobre todo personas de Aragón, Valencia, Murcia y Almería. Como resultado, la población activa agraria bajó ligeramente y creció la de la industria y los servicios, aunque en 1930 España todavía era un país poco urbanizado.

Los años sesenta corresponden a la etapa del desarrollismo franquista. Después del Plan de Estabilización de 1959, la economía española creció muy deprisa gracias a la industria, el turismo y las inversiones extranjeras, mientras que el campo se mecanizaba y necesitaba mucha menos mano de obra. La primera característica de estas migraciones es, de nuevo, la doble dirección: más de un millón de españoles emigraron a la Europa occidental, a países como Francia, Alemania y Suiza, y una minoría a América Latina, y las divisas que enviaban a sus familias ayudaron a financiar el crecimiento económico.

La segunda es el gran éxodo rural hacia las zonas industriales: Catalunya, Madrid y el País Vasco. En Catalunya, los inmigrantes, muchos de Andalucía, Extremadura y Murcia, se instalaron en Barcelona y su cinturón industrial, en ciudades como Badalona, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Cornellà, Sant Feliu de Llobregat o Sant Boi, y la población catalana pasó de 3,9 millones de habitantes en 1960 a 5,5 millones en 1975.

Este crecimiento tan rápido despobló muchas zonas rurales y provocó grandes desequilibrios urbanos: la falta de vivienda y la especulación hicieron crecer el chabolismo y los barrios dormitorio, construidos deprisa y sin servicios.

Si comparamos los dos períodos, hay continuidades claras: en ambos la causa principal era la pobreza del campo y la búsqueda de trabajo, y en ambos Catalunya fue una de las grandes zonas de atracción. Pero también hay cambios importantes: la emigración exterior cambió de destino, de América a Europa, y las migraciones interiores de los años sesenta fueron mucho más masivas y transformaron por completo las ciudades y la sociedad catalanas.

En conclusión, las migraciones fueron uno de los motores de la modernización de España: vaciaron el campo, hicieron crecer las ciudades y la industria y, en Catalunya, formaron una sociedad hecha en buena parte de gente venida de todas partes.

La Segunda República supuso un cambio profundo para las mujeres, que por primera vez fueron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos que los hombres. La Constitución de 1931 estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo y, tras un debate muy duro en las Cortes, en el que Clara Campoamor defendió el voto femenino, reconoció el derecho de voto a partir de los 23 años para hombres y mujeres. Las mujeres, que ya podían ser elegidas desde junio de 1931, votaron por primera vez en unas elecciones generales en noviembre de 1933.

También se abrieron las puertas de la educación y del trabajo. La República construyó muchas escuelas nuevas, impulsó la coeducación y favoreció que más chicas estudiaran el bachillerato y fueran a la universidad. La Constitución garantizaba la igualdad de acceso a los cargos y empleos públicos, y las mujeres se incorporaron a profesiones que hasta entonces les habían estado casi cerradas.

La familia también cambió. La Constitución basaba el matrimonio en la igualdad de derechos de ambos sexos, y en 1932 se aprobó la ley del divorcio. Ya en plena guerra, en Catalunya, la Generalitat legalizó el aborto a finales de 1936.

La dictadura franquista rompió con todo ello e impuso el retorno al modelo doméstico tradicional, bendecido por la Iglesia católica: la mujer debía ser esposa y madre, dedicada al hogar y sometida al hombre. La Sección Femenina de la Falange se encargó de difundir ese ideal, y el Fuero del Trabajo de 1938 prometía liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica.

Este modelo se convirtió en leyes. En 1939 se derogó la ley del divorcio, y en el matrimonio la mujer quedó en una posición de desigualdad jurídica: la mujer casada necesitaba el permiso del marido, la licencia marital, para trabajar, abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato. En la escuela se suprimió la coeducación: chicos y chicas estudiaban separados, y las chicas recibían una formación orientada a las tareas del hogar.

Para las mujeres, este retroceso fue inmenso en términos políticos, sociales y humanos. En pocos años pasaron de ser ciudadanas con los mismos derechos políticos que los hombres a estar sometidas jurídicamente al marido, y muchas quedaron apartadas de los estudios superiores, de buena parte de las profesiones y de la vida pública. Generaciones enteras de mujeres vieron limitadas sus vidas, y muchos de los derechos perdidos no se recuperaron hasta la democracia, casi cuarenta años después.

El primer hecho es la clara inferioridad del salario de las mujeres. Cada año de la tabla, las tejedoras cobran mucho menos que los tejedores por el mismo trabajo: en 1914, 16 pesetas semanales frente a 28,50, poco más de la mitad (un 56 %), y en 1924, 33 frente a 55 (un 60 %).

El segundo hecho es la evolución. Todos los salarios nominales aumentan: los de los tejedores pasan de 28,50 a 55 pesetas y los de las tejedoras, de 16 a 33 entre 1914 y 1920, y en 1924 siguen igual. Pero los aumentos de los hombres son mayores en pesetas, de modo que la diferencia se ensancha durante la guerra y la posguerra: de 12,50 pesetas en 1914 a 15,75 en 1918 y a 22 en 1920. En proporción, en cambio, el salario de las mujeres se mantiene entre el 56 % y el 62 % del de los hombres.

A principios del siglo XX las condiciones de vida de la clase trabajadora eran muy duras. Los obreros hacían jornadas de más de diez horas por unos salarios que apenas llegaban para comer: la alimentación era pobre y poco variada, basada sobre todo en el pan, las legumbres y las patatas. Vivían en viviendas pequeñas, oscuras e insalubres, hacinados en los barrios viejos y en los barrios industriales, y enfermedades como la tuberculosis causaban estragos. Apenas había protección ante los accidentes, la enfermedad o la vejez, y los niños empezaban a trabajar muy pronto.

Dentro de la clase obrera, la situación de la mujer era todavía peor, porque sufría una doble discriminación, como trabajadora y como mujer, en una sociedad patriarcal. La desigualdad salarial que muestra la tabla, donde las tejedoras cobran alrededor del 60 % de lo que cobran los tejedores por el mismo trabajo, solo era un aspecto de una discriminación mucho más amplia: la ley sometía a la mujer casada al marido, las mujeres no podían votar, estaban menos escolarizadas y, después de la jornada en la fábrica, tenían que hacer todas las tareas de la casa. Teresa Claramunt denuncia precisamente el prejuicio de la inferioridad de la mujer, que servía para justificar que se les pagara menos.

Las mujeres obreras tuvieron, sin embargo, un lugar muy relevante en el sistema productivo catalán. La industria textil, la más importante de Catalunya, ocupaba a muchas mujeres, sobre todo como tejedoras e hilanderas, en las fábricas de Barcelona, de las colonias industriales y de ciudades como Sabadell y Terrassa.

Su salario, aun siendo más bajo, era imprescindible para la familia obrera: el jornal del padre o del marido no llegaba para mantener la casa, y el de la mujer, y a menudo el de los hijos, era decisivo para completar el presupuesto doméstico. En definitiva, las obreras eran doblemente explotadas, en la fábrica y en casa, pero sin su trabajo muchas familias no habrían podido sobrevivir.

Es un cuadro estadístico. Es una fuente secundaria, elaborada por historiadores de la economía a partir de las estadísticas de la época.

Procede del libro La España de Franco (1939-1975). Economía (Madrid, 2001), de Carlos Barciela López, M.ª Inmaculada López Ortiz, Joaquín Melgarejo Moreno y José Antonio Miranda Encarnación. Muestra la evolución de la población activa española durante el franquismo, de 1940 a 1975: qué porcentaje trabajaba en la agricultura, en la industria y en los servicios en cinco años distintos.

Los datos se sitúan en el franquismo (1939-1975) y recorren todo el régimen: empiezan en 1940, el año siguiente al final de la Guerra Civil, en plena posguerra, y terminan en 1975, el año de la muerte de Franco.

Entre esas dos fechas el régimen cambió de política económica: hasta 1959 aplicó la autarquía, que estancó la economía, y a partir del Plan de Estabilización de ese año llegó el desarrollismo, un crecimiento rápido que transformó la estructura económica y social del país.

La tabla muestra una modernización profunda de la economía española durante el franquismo: España dejó de ser un país mayoritariamente agrario y se convirtió en un país industrial y de servicios.

La población activa agraria bajó del 50,5 % en 1940 al 21,7 % en 1975, casi 29 puntos menos. La bajada fue lenta en los años cuarenta (todavía era el 47,6 % en 1950) y muy rápida a partir de los años cincuenta y, sobre todo, en los sesenta, cuando muchos campesinos dejaron el campo para ir a las ciudades o al extranjero.

La población activa industrial creció del 22,1 % al 38,0 %, casi 16 puntos más, sobre todo entre 1950 y 1970, gracias a la industrialización de esos años.

La población ocupada en los servicios pasó del 27,4 % al 40,3 %, casi 13 puntos más. Hasta 1960 apenas varió (incluso bajó al 25,9 % en 1950), pero a partir de los años sesenta creció con fuerza, con el turismo y el crecimiento de las ciudades, y en 1975 ya era el sector con más población activa.

Es una tabla estadística de carácter demográfico. Los datos son de 1970, pero la tabla la han elaborado Anna Cabré e Isabel Pujadas para una obra de historia económica publicada en 1989: es, por tanto, una fuente secundaria hecha a partir de datos primarios.

Muestra diez provincias españolas de origen de los inmigrantes residentes en Catalunya en 1970, ordenadas de más a menos: Granada es la primera, con 166.327 personas, y Huesca la última de la lista, con 54.417.

Los datos corresponden a los últimos años del franquismo (1939-1975), durante la etapa del desarrollismo, que empezó con el Plan de Estabilización de 1959. El crecimiento de la industria y de los servicios, concentrado en el área de Barcelona, atrajo a más de un millón de personas de las zonas rurales más pobres de España, donde la mecanización del campo y los bajos salarios empujaban a emigrar. Fue la gran oleada migratoria de los años cincuenta y sesenta, que transformó la población de Catalunya.

La tabla muestra la magnitud de la inmigración: solo estas diez provincias suman casi 1.100.000 personas residentes en Catalunya en 1970, y cinco de ellas superan las cien mil.

La gran mayoría procedía de Andalucía: seis de las diez provincias son andaluzas (Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Sevilla y Málaga) y suman unos 770.000 residentes, más de dos terceras partes del total de la tabla. También destacan Extremadura, con Badajoz, y Murcia. Eran zonas rurales con mucho paro y con muchos jornaleros sin tierra.

Por último, es notable la posición de las provincias aragonesas, Teruel y Huesca, que, aunque tenían mucha menos población, están en la lista por su proximidad y por una larga tradición de emigración hacia Catalunya.

Es un cuadro estadístico de carácter social y demográfico. Los datos corresponden a los años 1900-1930, pero la tabla forma parte de un estudio publicado en 1992: es, por tanto, una fuente secundaria elaborada a partir de datos primarios.

Recoge, cada diez años entre 1900 y 1930, la población española y el número de analfabetos, de modo que se pueden comparar. Está extraída del Atlas de la evolución del analfabetismo en España de 1887 a 1981, de Mercedes Vilanova Ribas y Xavier Moreno Julià, publicado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Los datos corresponden al período de la Restauración (1875-1931): los últimos años de la regencia de María Cristina y el reinado de Alfonso XIII, con la crisis del sistema entre 1917 y 1923 y la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), que precedió a la proclamación de la Segunda República en 1931.

Era una España mayoritariamente agraria, con una industrialización concentrada sobre todo en Catalunya y en el País Vasco. La escolarización era muy insuficiente: el Estado le dedicaba pocos recursos, muchos niños trabajaban desde pequeños y en muchas zonas rurales no había escuela. En 1900 se creó el Ministerio de Instrucción Pública, un primer paso para que el Estado asumiera la enseñanza.

Por un lado, la población española creció de forma continuada: pasó de 18,6 millones de habitantes en 1900 a 23,6 millones en 1930, casi cinco millones más, sobre todo gracias a la reducción de la mortalidad.

Por otro, el número de analfabetos disminuyó en cada década, de 8,4 millones en 1900 a 5,9 millones en 1930. Como al mismo tiempo la población crecía, el peso de los analfabetos respecto de toda la población bajó todavía más: de un 45 % en 1900 a un 25 % en 1930.

La disminución fue mucho más acusada en la última década: entre 1920 y 1930 hubo casi un millón y medio de analfabetos menos, más que en las dos décadas anteriores juntas. Pese al progreso, en 1930 todavía una cuarta parte de los habitantes no sabía leer ni escribir, un retraso que la Segunda República intentó combatir con la construcción de escuelas.

Durante la Restauración, la clase obrera industrial se concentraba sobre todo en Catalunya, con la industria textil, y en el País Vasco y Asturias, con la siderurgia y la minería. Las jornadas en las fábricas eran de doce horas o más, seis días a la semana, con salarios bajos, sin seguros de accidente, de enfermedad o de vejez y con una disciplina muy dura.

En las fábricas trabajaban también muchas mujeres y muchos niños, que cobraban mucho menos que los hombres; muchos niños empezaban a trabajar desde muy pequeños. Las familias obreras vivían en barrios hacinados, en viviendas pequeñas e insalubres, se alimentaban mal y sufrían enfermedades como la tuberculosis, y el analfabetismo era muy alto.

En 1874 las organizaciones obreras fueron prohibidas y la Federación Regional Española de la AIT tuvo que pasar a la clandestinidad, situación que la Restauración mantuvo. A partir de 1881, el gobierno liberal de Sagasta toleró las asociaciones obreras, y la Ley de Asociaciones de 1887 las legalizó, lo que permitió el crecimiento de las sociedades obreras.

La corriente mayoritaria, sobre todo en Catalunya y en Andalucía, fue el anarquismo, que rechazaba el Estado, los partidos y la participación electoral. En 1881 se fundó en Barcelona la Federación de Trabajadores de la Región Española, que pronto se dividió en dos tendencias: la sindicalista, sobre todo catalana, que quería organizar a los obreros en sociedades de resistencia y luchar con la huelga, y la antisindicalista o anarcocomunista, partidaria de grupos pequeños y autónomos y de la acción violenta.

Esta segunda tendencia llevó a la «propaganda por el hecho». En Andalucía, el caso de la Mano Negra (1883) sirvió para perseguir el anarquismo rural, y en los años noventa Barcelona sufrió los atentados del Liceo (1893) y de la calle de Canvis Nous (1896), a los que siguieron la dura represión de los procesos de Montjuïc y, en 1897, el asesinato de Cánovas a manos de un anarquista.

El socialismo era más moderado. En 1879 Pablo Iglesias fundó en Madrid el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), marxista, que defendía la lucha política para llegar a una sociedad sin clases, y en 1888 se fundó en Barcelona su sindicato, la Unión General de Trabajadores (UGT). Hasta 1898 el socialismo creció lentamente, sobre todo en Madrid, Vizcaya y Asturias, con huelgas para mejorar las condiciones de trabajo y con la celebración del Primero de Mayo desde 1890.

Es una tabla estadística de carácter demográfico. Está extraída de una obra de historia, El Franquisme i la transició democràtica, 1939-1988, de Borja de Riquer y Joan B. Culla, publicada en 1989: es, por tanto, una fuente secundaria elaborada a partir de datos de la época.

Muestra cuántos inmigrantes llegaron a Catalunya entre 1962 y 1965 y de qué regiones de España procedían, con el número de personas y el porcentaje de cada región sobre el total.

Los datos se sitúan en el franquismo (1939-1975), en su segunda gran etapa, la del desarrollismo. Tras el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía y dejó atrás la autarquía, la industria y los servicios crecieron con fuerza, sobre todo en el área de Barcelona, y atrajeron a cientos de miles de trabajadores de las zonas rurales más pobres de España, donde la mecanización del campo dejaba sin trabajo a los jornaleros.

La tabla muestra un volumen de inmigración enorme: en solo cuatro años, de 1962 a 1965, llegaron a Catalunya 415.482 personas, más de cien mil por año de media. Es uno de los momentos de mayor intensidad de la gran oleada migratoria del desarrollismo.

En cuanto a la procedencia, más de la mitad, 217.064 personas (el 52,2 %), venían de Andalucía. Muy por detrás estaban las Dos Castillas y León, con 70.447 (el 17 %), Extremadura, con 48.661 (el 11,7 %), y Aragón, con 24.870 (el 6 %). Andalucía, las Castillas y Extremadura suman más del 80 %: eran regiones agrarias y pobres, de donde la falta de trabajo en el campo expulsaba población hacia las zonas industriales; en Andalucía y Extremadura, además, dominaban los latifundios y los jornaleros sin tierra.