La Transición y la democracia: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

La Restauración empezó a finales de 1874, cuando, después de los seis años convulsos del Sexenio Democrático, el pronunciamiento del general Martínez Campos devolvió la corona a los Borbones con Alfonso XII. Su artífice, Antonio Cánovas del Castillo, diseñó un sistema liberal pero no democrático, recogido en la Constitución de 1876, que quería garantizar la estabilidad tras décadas de pronunciamientos. Las Cortes que la redactaron, dominadas por los conservadores, defendieron un sufragio censitario, que solo dejaba votar a los hombres con más riqueza.

La primera característica de este sistema es la soberanía compartida: el rey legislaba con las Cortes, que tenían dos cámaras, el Congreso y el Senado, y nombraba al gobierno. La segunda es el falseamiento electoral. Ni siquiera el sufragio universal masculino, que un gobierno liberal aprobó en 1890, cambió las cosas, porque el resultado de las elecciones se decidía antes de votar gracias al caciquismo: los caciques controlaban el voto con favores y amenazas, y así conservadores y liberales se alternaban en el poder en el llamado turno pacífico, que dejaba fuera del juego a los republicanos y al movimiento obrero.

La Transición empezó con la muerte de Franco, en noviembre de 1975. El nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, confió en 1976 a Adolfo Suárez la tarea de desmontar la dictadura desde su propia legalidad, mientras la oposición antifranquista presionaba en la calle por la democracia. Por eso la primera característica del nuevo sistema es que nació de una reforma pactada: la Ley para la Reforma Política de 1976 abrió el camino a unas elecciones libres, que el gobierno de Suárez negoció con la oposición.

Para hacerlas posibles se legalizaron los partidos, incluso el Partido Comunista de España, y en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, con sufragio universal de hombres y mujeres. La segunda característica es la soberanía popular: las Cortes elegidas, con dos cámaras, el Congreso y el Senado, redactaron la Constitución de 1978, que define España como una monarquía parlamentaria en la que la soberanía reside en el pueblo y el rey, sin responsabilidad política, reina pero no gobierna.

Si comparamos los dos sistemas, hay continuidades formales: ambos son monarquías constitucionales, con un rey como jefe del Estado y un parlamento de dos cámaras. Pero el cambio de fondo es enorme. En la Restauración el rey compartía la soberanía con las Cortes y las elecciones eran un ritual controlado por los caciques; en la democracia de 1978 la soberanía es del pueblo, el voto es libre y universal para hombres y mujeres, y todas las fuerzas políticas, también las republicanas y obreras que la Restauración marginaba, pueden participar.

En conclusión, la Restauración fue un sistema liberal pero oligárquico, que dio estabilidad a costa de falsear la voluntad popular y que acabó en la dictadura de Primo de Rivera. El sistema surgido de la Transición, en cambio, es una democracia parlamentaria basada en el consenso, que integró a las fuerzas que la Restauración había dejado fuera.

Antes de coger el avión a París he querido saber quién era Josep Tarradellas, el político que da nombre al aeropuerto de El Prat. Tarradellas fue consejero de la Generalitat durante la Segunda República y la Guerra Civil. En 1939, con la victoria de Franco, tuvo que marchar al exilio, como miles de catalanes, y el franquismo abolió la autonomía de Catalunya. La Generalitat solo sobrevivió fuera del país: en 1954 Tarradellas fue elegido su presidente en el exilio, y durante más de veinte años mantuvo viva la institución desde Francia.

Mientras tanto, en Catalunya, la lucha por la autonomía iba unida a la lucha por la democracia. Tras la muerte de Franco, en 1975, la sociedad catalana se movilizó con la campaña «Volem l’Estatut» y con el lema «Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia». El 11 de septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat un gran acto a favor del Estatut.

Las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, dieron la victoria en Catalunya a los partidos que reclamaban la autonomía. Los diputados y senadores elegidos en Catalunya formaron la Asamblea de Parlamentarios catalanes, que reclamó el restablecimiento de la Generalitat. El 11 de septiembre de ese mismo año, casi un millón de personas se manifestaron en Barcelona con la misma reivindicación.

El gobierno de Adolfo Suárez decidió negociar con Tarradellas, porque representaba la continuidad de la institución. En septiembre de 1977 se restableció provisionalmente la Generalitat, y el 23 de octubre Tarradellas volvió del exilio y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, saludó a la multitud con su famoso «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!» («Ciudadanos de Catalunya, ¡ya estoy aquí!»). Por eso es el símbolo del regreso del autogobierno y de la continuidad entre la Generalitat republicana y la democrática.

Mientras Tarradellas presidía la Generalitat provisional, una comisión de parlamentarios redactó el nuevo Estatut en el parador del pantano de Sau, en Osona, y por eso se llama Estatut de Sau. Siguiendo el camino que abría la Constitución de 1978, el Estatut fue aprobado en referéndum en 1979.

En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlament de Catalunya desde 1932. Las ganó Convergència i Unió, y su líder, Jordi Pujol, fue elegido presidente de la Generalitat, un cargo que ocupó hasta 2003. Así se formó la actual Catalunya autónoma, y Tarradellas pasó a la historia como el político que hizo de puente entre la Generalitat del exilio y la de la democracia.

Barcelona, 12 de septiembre de 1977. Ayer Barcelona vivió la manifestación más grande que he visto nunca. Cerca de un millón de personas llenaron las calles del centro de la ciudad para celebrar el Once de Septiembre, la fiesta nacional de Catalunya, y para reclamar la autonomía política y, en concreto, el restablecimiento del Estatuto de Autonomía que Catalunya había tenido durante la Segunda República, el de 1932. Después de décadas de prohibición, la Diada pudo celebrarse a plena luz del día y sin miedo.

No era la protesta de un solo partido. El catalanismo político ha conseguido reunir a casi todas las fuerzas democráticas: partidos de izquierda y de centro, sindicatos, asociaciones de vecinos, colegios profesionales y entidades culturales. Ya en la clandestinidad, la Asamblea de Catalunya, nacida en 1971, había resumido sus reivindicaciones en un lema que ayer se gritaba en todas partes: «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia» (Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía). La libertad significa unos derechos democráticos que el país apenas empieza a recuperar tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975, y las elecciones del pasado junio; la amnistía, que salgan de la cárcel los presos políticos.

Para entender esta fuerza hay que mirar atrás. El centralismo político y cultural fue una de las características de la dictadura franquista, que en 1938 abolió el Estatuto, suprimió la Generalitat y persiguió la lengua catalana. Pero no era una novedad: el estado liberal construido en el siglo XIX ya se había organizado de forma centralista, con una administración uniforme dividida en provincias desde 1833, que no reconocía la personalidad de Catalunya. El catalanismo nació, en buena parte, como respuesta a ese modelo.

La fecha no es casual: el Once de Septiembre recuerda la caída de Barcelona en 1714, al final de la guerra de Sucesión, tras la cual los decretos de Nueva Planta abolieron las instituciones propias de Catalunya. En las elecciones de junio, además, las fuerzas que defienden la autonomía ganaron en Catalunya con una gran mayoría, y sus diputados y senadores han hecho suya la demanda del Estatuto. Ayer el catalanismo demostró que tiene detrás a la mayoría del país, y el gobierno de Madrid ya no podrá ignorar esta voz.

Epílogo, escrito desde hoy: aquella movilización contribuyó, en su medida, a conseguir los objetivos que reclamaba. A finales del mismo septiembre, el gobierno de Adolfo Suárez restableció provisionalmente la Generalitat, y el presidente en el exilio, Josep Tarradellas, volvió a Barcelona en octubre; ese mismo octubre las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía, y en 1979 Catalunya recuperó un Estatuto de Autonomía, el Estatut de Sau, en el marco de la Constitución de 1978.

Barcelona, julio de 1977. Desde que el general Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, vivimos unos años llenos de incertidumbre: nadie sabe con certeza si llegará la democracia o si los franquistas conseguirán mantener el régimen. Juan Carlos I, proclamado rey dos días después, había sido designado por el propio Franco como sucesor, y al principio mucha gente desconfiaba de él, sobre todo cuando mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Pero el rey ha acabado impulsando el cambio y se ha convertido en una pieza clave del proceso.

En julio de 1976 el rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un político joven que venía del Movimiento. Mucha gente se decepcionó, pero Suárez sorprendió a todos: hizo aprobar por las propias Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que el pueblo ratificó en referéndum en diciembre de 1976. Esa ley permitió desmontar jurídicamente las instituciones franquistas desde su propia legalidad y abrió el camino a unas elecciones generales libres.

No todo el mundo lo quería. Los franquistas más duros, lo que la gente llama el búnker, se oponían a cualquier reforma y todavía tenían mucho poder en el ejército y en la administración; algunos grupos de extrema derecha incluso recurrieron a la violencia, como en la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha de Madrid, en enero de este año. Suárez les ha plantado cara, y para presentarse a las elecciones ha creado la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de centro que ha ganado las elecciones del 15 de junio.

Pero el cambio no ha venido solo de arriba. En estos años hemos salido a la calle muchas veces: manifestaciones por la amnistía y por la libertad, huelgas convocadas por sindicatos que eran ilegales, como Comisiones Obreras y la UGT, y las asociaciones de vecinos, que luchaban por mejorar los barrios y han acabado reclamando también la democracia. Esa presión ciudadana, organizada en partidos, sindicatos y entidades, ha obligado al gobierno a ir más lejos de lo que quería.

Todo ello ha pasado en medio de una grave crisis económica, con una inflación altísima y cada vez más paro, y de una oposición muy diversa, especialmente activa en Catalunya, el País Vasco y Galicia, que quería ir más allá de las reformas: no solo libertades, sino también autonomía. Los principales partidos de la oposición, sin embargo, estaban divididos: el PCE, de Santiago Carrillo, había impulsado la Junta Democrática (1974), y el PSOE, de Felipe González, la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). No se unieron hasta marzo de 1976, en la Coordinación Democrática, y todavía hoy compiten por encabezar la izquierda.

La legalización del PCE, el pasado abril, fue el gesto más arriesgado de Suárez, y ha permitido que los dos partidos se presentaran a las elecciones: el PSOE ha quedado segundo y el PCE, tercero. Ahora las nuevas Cortes deben redactar una constitución. Todavía tengo miedo de lo que pueda pasar, pero por primera vez en más de cuarenta años he podido votar libremente.

Es una tabla estadística de carácter político y electoral. Los datos son de las elecciones de 1979, pero la tabla procede de un libro de Álvaro Soto sobre la transición publicado en 1998: es, por tanto, una fuente secundaria hecha a partir de datos primarios.

Recoge los resultados de las elecciones generales de 1979 al Congreso de los Diputados: para cada partido o coalición, el porcentaje de votos, el número de escaños y el porcentaje de escaños sobre los 350 de la cámara.

Los datos se sitúan en plena transición a la democracia (1975-1982). Fueron las primeras elecciones generales después de la aprobación de la Constitución de 1978: Adolfo Suárez las convocó para el 1 de marzo de 1979 y abrieron la primera legislatura constitucional, en un contexto de crisis económica y de terrorismo.

La UCD de Adolfo Suárez ganó las elecciones, con el 35 % de los votos y 168 de los 350 escaños, casi la mitad de la cámara. No llegaba a la mayoría absoluta (176 escaños), pero pudo seguir gobernando en minoría.

La tabla muestra también la consolidación de un sistema bipartidista: la UCD, de centroderecha, y el PSOE de Felipe González, de centroizquierda, con el 30,5 % y 121 escaños, sumaban cerca de dos tercios de los votos y más del 80 % de los escaños. Muy por debajo quedaban el PCE, con el PSUC, a su izquierda (10,8 %); la coalición de derecha CD, de Manuel Fraga (6,1 %), y los partidos nacionalistas catalán (CiU) y vasco (PNB), fuertes en sus territorios. El sistema electoral favorecía a los grandes partidos: con el 35 % de los votos, la UCD tenía casi la mitad de los escaños.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y, de acuerdo con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey dos días después. El rey mantuvo como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, que solo quería reformas limitadas dentro de las leyes franquistas. La presión de la oposición, unida en Coordinación Democrática, y las grandes huelgas y manifestaciones de 1976, como las de Vitoria, donde la policía mató a cinco obreros, o las de la Asamblea de Catalunya por la amnistía y el Estatuto, demostraron que aquel proyecto no tenía futuro.

En julio de 1976 el rey sustituyó a Arias por Adolfo Suárez, que hizo la reforma desde la misma legalidad franquista. Aprobó una primera amnistía para los presos políticos e hizo aprobar por las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que preveía unas Cortes elegidas por sufragio universal y que fue ratificada en referéndum en diciembre de 1976. A principios de 1977 legalizó los partidos, incluido el PCE (abril), reconoció el derecho de huelga y aprobó una nueva ley electoral.

El proceso tuvo que superar muchos obstáculos. Los sectores intransigentes del franquismo, el «búnker», y una parte del ejército se oponían a los cambios, y el terrorismo de ETA y de los GRAPO y el de la extrema derecha, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977), buscaban provocar una involución. Además, la crisis económica iniciada en 1973 había traído una fuerte inflación y un paro creciente.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó la UCD de Suárez, seguida del PSOE de Felipe González, mientras que el PCE y la Alianza Popular de Manuel Fraga quedaron muy por detrás. En Catalunya ganaron las izquierdas, y el regreso del presidente Josep Tarradellas permitió restablecer la Generalitat provisional. Para afrontar la crisis, el gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977).

Las Cortes elegidas en 1977 actuaron como Cortes constituyentes. Una ponencia de siete diputados de diferentes partidos, entre ellos los catalanes Miquel Roca y Jordi Solé Tura, redactó el texto, que se negoció con un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas. Las Cortes lo aprobaron en octubre de 1978 y el pueblo español lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con una amplia mayoría de votos favorables. Así culminaba el paso de la dictadura a la democracia.

Después de las elecciones de 1979, los principales partidos eran la UCD, de centroderecha, dirigida por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo; el PSOE, de centroizquierda, con Felipe González y Alfonso Guerra; el PCE, con Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri; la coalición de derecha CD, con Manuel Fraga y José María de Areilza; y los nacionalistas de CiU, con Jordi Pujol y Miquel Roca, y del PNB, con Xabier Arzalluz y Carlos Garaikoetxea.

Suárez empezó su segunda legislatura con mucho menos apoyo. Su gobierno desarrolló la Constitución: en 1979 se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y de Catalunya, el Estatut de Sau, y en 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya, que ganó CiU, y Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat. El referéndum andaluz de 1980 abrió el camino para que otras regiones llegaran a la autonomía plena.

El terrorismo, sobre todo el de ETA, vivió sus años más sangrientos y desgastaba al gobierno y al ejército. La oposición democrática, encabezada por el PSOE, endureció la crítica y en 1980 Felipe González presentó una moción de censura contra Suárez que, aunque no prosperó, reforzó su imagen de futuro presidente. Al mismo tiempo, los sindicatos, como CCOO y UGT, y los movimientos ciudadanos y autonomistas mantuvieron la movilización a favor de la democracia y del cambio.

La UCD era una coalición de corrientes muy diversas, democristianos, liberales y socialdemócratas, enfrentados por cuestiones como el divorcio, las autonomías o la política económica. Aislado dentro de su partido, Suárez dimitió en enero de 1981. El 23 de febrero, durante la votación de la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso con guardias civiles, y el general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques en Valencia. El golpe fracasó, sobre todo porque el rey lo condenó por televisión.

Calvo-Sotelo (1981-1982) llevó a España a la OTAN (1982), aprobó la ley del divorcio y pactó con el PSOE la LOAPA para armonizar el proceso autonómico. Pero la UCD se desintegró, y Suárez salió de ella para fundar un nuevo partido, el CDS. Calvo-Sotelo adelantó las elecciones al 28 de octubre de 1982.

En la izquierda, el PCE entró en crisis por las divisiones internas, que también dividieron el PSUC, mientras que el PSOE, que en 1979 había renunciado a definirse como marxista, se convirtió en la alternativa de gobierno. En las elecciones de 1982 obtuvo la mayoría absoluta, con 202 escaños, y Felipe González fue presidente del gobierno; la UCD y el PCE se hundieron, y Carrillo dejó la dirección del partido. Era el cambio político: la primera alternancia en el poder, que consolidaba la democracia.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía de prensa, de la Agencia EFE, la agencia de noticias española.

Muestra la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, el 22 de noviembre de 1975, en las Cortes Españolas de Madrid, dos días después de la muerte del general Franco. Se ve al nuevo rey, con uniforme militar, acompañado de su familia y rodeado de autoridades del régimen.

La fotografía se sitúa al comienzo de la Transición a la democracia (1975-1986), el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre. De acuerdo con la ley de sucesión de 1947, Franco había designado en 1969 a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor a título de rey.

En aquel momento no estaba claro qué pasaría: el rey había jurado las leyes fundamentales del franquismo y mantuvo como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, mientras que la oposición democrática reclamaba la ruptura con la dictadura. Este acto abría una etapa que acabaría llevando a la democracia.

En el centro de la fotografía está el rey Juan Carlos I de Borbón, vestido con uniforme militar, con una banda cruzada sobre el pecho y condecoraciones, que mira un libro abierto durante la ceremonia. El uniforme recuerda el peso del ejército, uno de los pilares del franquismo, en el momento del relevo.

A su lado está la reina Sofía y, a la derecha, sus tres hijos, los infantes Felipe, Elena y Cristina. La presencia de la familia real quería transmitir una imagen de continuidad y de estabilidad de la nueva monarquía.

El acto tiene lugar en las Cortes Españolas, la cámara del régimen franquista, y los rodean autoridades civiles y militares de la dictadura. La imagen muestra que la monarquía nacía dentro de la legalidad franquista: el rey era el heredero designado por Franco, aunque poco después impulsaría la reforma hacia la democracia.

A principios de 1981 la democracia atravesaba un momento difícil. La crisis económica, los atentados de ETA, que causaban decenas de muertos cada año, el malestar de parte del ejército con la legalización del PCE y con el Estado de las autonomías, y la división interna de UCD llevaron a Adolfo Suárez a dimitir como presidente del gobierno, en enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura del nuevo candidato de UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en la cámara con guardias civiles armados y secuestró al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, sacó los tanques a la calle, y el general Alfonso Armada pretendía encabezar un gobierno de excepción.

El golpe fracasó porque la mayor parte del ejército no se sumó a él y porque el rey Juan Carlos I, en un mensaje televisado de madrugada, defendió la Constitución y ordenó a los militares que respetaran la legalidad. Al día siguiente los secuestradores se rindieron, y pocos días después grandes manifestaciones llenaron las calles en defensa de la democracia. El 23-F reforzó el papel del rey y demostró que la democracia podía resistir, pese al miedo que dejó.

El nuevo gobierno de Calvo-Sotelo llevó a España a la OTAN (1982) y, de acuerdo con el PSOE, aprobó la LOAPA, una ley que quería «armonizar» y frenar el desarrollo de las autonomías y que el Tribunal Constitucional recortó en 1983. Mientras tanto, UCD se deshacía por las divisiones internas.

En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE de Felipe González obtuvo la mayoría absoluta y UCD se hundió. Era la primera vez desde la República que la izquierda llegaba al gobierno, y la alternancia pacífica consolidó la democracia. El gobierno socialista aplicó una dura reconversión industrial para modernizar sectores en crisis, como la siderurgia y la construcción naval, con muchos despidos, y una política de ajuste para frenar la inflación.

También amplió el Estado del bienestar: extendió las pensiones y las becas, aprobó la LODE (1985), que regulaba el derecho a la educación, y universalizó la sanidad pública con la Ley General de Sanidad (1986). En junio de 1985 España firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, en la que entró el 1 de enero de 1986, y en marzo de 1986 un referéndum aprobó la permanencia en la OTAN. En junio de 1986 el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta.

Tras la muerte de Franco, el rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, que solo quería hacer reformas limitadas. La oposición democrática, que en 1976 se unió en la Coordinación Democrática, respondió con manifestaciones y huelgas masivas para exigir amnistía, libertades y la ruptura con el franquismo; en Catalunya, la Assemblea de Catalunya añadía el Estatuto de Autonomía. El gobierno respondió con represión: en marzo de 1976 la policía mató a cinco obreros en una huelga en Vitoria, y hubo detenciones, torturas y encarcelamientos.

La incapacidad de Arias para controlar la situación llevó al rey a forzar su dimisión, el 1 de julio de 1976, y a nombrar presidente a Adolfo Suárez, un antiguo dirigente del Movimiento que impulsó una reforma desde la legalidad franquista. La Ley para la Reforma Política, que establecía unas Cortes democráticas elegidas por sufragio universal, fue aprobada por las propias Cortes franquistas en noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976.

Para ganarse a la oposición, Suárez decretó amnistías parciales (julio de 1976 y marzo de 1977), que la Ley de Amnistía aprobada por las nuevas Cortes en octubre de 1977 completó, y legalizó los partidos, también el PSOE y, en abril de 1977, el PCE, pese a la violencia de la extrema derecha, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977). Para presentarse a las elecciones, Suárez y otros reformistas formaron la Unión de Centro Democrático (UCD).

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde 1936, las ganó UCD, seguida del PSOE de Felipe González; muy por detrás quedaron el PCE y Alianza Popular, de Manuel Fraga. En Catalunya ganaron los socialistas, y la presión de las fuerzas catalanas llevó al restablecimiento provisional de la Generalitat y al regreso del presidente Josep Tarradellas.

Ante la grave crisis económica, en octubre de 1977 el gobierno y los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, que combinaban medidas para frenar la inflación con reformas fiscales y sociales. Al mismo tiempo, las Cortes elegidas en 1977 elaboraron una Constitución por consenso: una ponencia de siete diputados de las principales fuerzas redactó su texto, que las Cortes aprobaron en octubre de 1978 y que los españoles ratificaron en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

La Constitución de 1978 define España como un Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria, en la que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Establece la división de poderes: el legislativo en unas Cortes bicamerales, con Congreso y Senado; el ejecutivo en el gobierno, y el judicial en unos jueces independientes. Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones, que pueden aprobar sus estatutos, y una amplia declaración de derechos y libertades, y declara el Estado aconfesional.

Es una fuente primaria de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía, que se conserva en el Archivo Montserrat Tarradellas i Macià, en el monasterio de Poblet.

Muestra el acto de toma de posesión de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat restaurada, celebrado en Barcelona el 24 de octubre de 1977. Tarradellas, que presidía la Generalitat en el exilio, volvía a Catalunya después de casi cuarenta años.

La fotografía se sitúa en la Transición a la democracia (1975-1986), pocos meses después de las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977. En Catalunya las ganaron las izquierdas, y los parlamentarios catalanes reclamaron el restablecimiento de la Generalitat. El gobierno de Adolfo Suárez la restableció provisionalmente en septiembre de 1977 y aceptó el regreso de Tarradellas, incluso antes de que se aprobara la Constitución de 1978.

La fotografía muestra el momento central del acto de toma de posesión de Tarradellas: detrás de una tribuna llena de micrófonos, un grupo de autoridades, entre las que hay un militar de uniforme, aplaude en un salón presidido por un gran retrato del rey Juan Carlos I con su hijo, el príncipe Felipe.

En el centro, con el brazo levantado, está Josep Tarradellas, que acaba de tomar posesión como presidente de la Generalitat. A su lado, sonriente y aplaudiendo, está Adolfo Suárez, presidente del gobierno español.

La presencia de Suárez y el retrato del rey muestran que la Generalitat se restablecía por un pacto con el gobierno de Madrid y dentro de la nueva monarquía, antes de la Constitución.

En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde 1936, en Catalunya ganaron las izquierdas: los Socialistes de Catalunya fueron la fuerza más votada, seguidos del PSUC. Los diputados y senadores elegidos en Catalunya se constituyeron en Asamblea de Parlamentarios y reclamaron al presidente Adolfo Suárez el restablecimiento de la Generalitat y un estatuto de autonomía.

La presión popular se hizo evidente el Once de Septiembre de 1977, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona con el lema «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia». Suárez optó por negociar directamente con Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat en el exilio, que aceptaba la monarquía y la unidad del Estado.

Un decreto ley del 29 de septiembre de 1977 restableció provisionalmente la Generalitat. El 23 de octubre Tarradellas regresó a Barcelona y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunció la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». Al día siguiente tomó posesión y, unas semanas después, formó un gobierno de unidad con representantes de los principales partidos, que debía preparar el paso a la autonomía.

En 1978 una comisión de veinte parlamentarios redactó el proyecto de Estatuto en el parador de Sau, y por eso se le conoce como Estatut de Sau. Una vez aprobada la Constitución, el texto se negoció con la comisión constitucional del Congreso; el 25 de octubre de 1979 los catalanes lo aprobaron en referéndum, con una amplia mayoría de votos favorables, y las Cortes lo ratificaron: se promulgó el 18 de diciembre de 1979.

El Estatuto de 1979 definía Catalunya como una nacionalidad que accedía al autogobierno de acuerdo con la Constitución. Las instituciones de la Generalitat eran el Parlamento, elegido por sufragio universal, que hacía las leyes y elegía al presidente; el presidente de la Generalitat, y el Consejo Ejecutivo o Gobierno. Preveía también un Tribunal Superior de Justicia, que culminaría la organización judicial en Catalunya.

El catalán era la lengua propia de Catalunya y oficial junto con el castellano. La Generalitat asumía competencias en enseñanza, cultura, sanidad, derecho civil catalán, agricultura, urbanismo y medios de comunicación, entre otras, y podía crear una policía propia. Las competencias, sin embargo, debían traspasarse poco a poco, y la financiación dependía del Estado.

Aprobado el Estatuto, el 20 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya. Las ganó Convergència i Unió (CiU), la coalición nacionalista de centroderecha de Jordi Pujol, con 43 de los 135 diputados.

La seguían los Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), con 33 escaños; el PSUC, con 25; Centristes de Catalunya-UCD, con 18; Esquerra Republicana de Catalunya, con 14, y el Partido Socialista de Andalucía, con 2. Las izquierdas habían ganado en Catalunya las elecciones generales de 1977 y de 1979, pero en las primeras autonómicas el nacionalismo moderado pasó por delante.

Sin mayoría absoluta, Pujol fue investido presidente en 1980 con el apoyo de Centristes de Catalunya-UCD y de Esquerra Republicana, que obtuvo la presidencia del Parlamento para Heribert Barrera. Formó su primer gobierno, que sustituyó al gobierno provisional de Tarradellas.

El primer gobierno Pujol (1980-1984) tuvo que construir la administración autonómica y negociar los traspasos de competencias del Estado en un clima difícil: el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la LOAPA de 1982, una ley pactada por la UCD y el PSOE para armonizar las autonomías, que los nacionalistas veían como un recorte y que el Tribunal Constitucional anuló en buena parte en 1983.

Entre las leyes más importantes están la Ley de Normalización Lingüística (1983), que quería extender el uso del catalán a la enseñanza, la administración y los medios de comunicación; la ley que creó la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1983), de donde salieron TV3 y Catalunya Ràdio, y la ley de la policía de la Generalitat, que reorganizó a los Mossos d’Esquadra como policía autonómica.

En las elecciones del 29 de abril de 1984, CiU obtuvo la mayoría absoluta, con 72 diputados, y Pujol gobernó en solitario. La Generalitat surgida de esas elecciones siguió desplegando el autogobierno en enseñanza, sanidad y cultura, y consolidó los nuevos medios públicos en catalán. En 1986, el año de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Catalunya ya tenía unas instituciones de autogobierno consolidadas.

Por su naturaleza, es una serie estadística: una tabla de datos electorales, de carácter político. La ha elaborado Mario Caciagli y se publicó en 1989 en un libro colectivo sobre la transición democrática, de modo que es una fuente secundaria, posterior a los hechos, aunque las cifras proceden de los resultados electorales.

Muestra el porcentaje de votos que obtuvo la Unión de Centro Democrático (UCD), la coalición encabezada por Adolfo Suárez, en cada región en las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977.

Los datos se sitúan en la Transición a la democracia (1975-1986), el proceso que llevó de la dictadura franquista a un régimen democrático tras la muerte de Franco, en 1975.

En concreto, corresponden a las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las convocó el gobierno de Adolfo Suárez tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la legalización de los partidos, y eligieron las Cortes que redactarían la Constitución.

La UCD obtuvo resultados muy desiguales según las regiones. Los porcentajes más altos son los de Canarias (61 %), Galicia (53,9 %), Baleares (51 %) y Extremadura (50 %), donde consiguió la mitad de los votos o más, y Castilla-León (49,3 %) se quedó muy cerca. En la mayor parte de las regiones superó el 30 %.

En cambio, los porcentajes más bajos son los del País Vasco (13,1 %) y Catalunya (17,1 %), por debajo del 20 %. En estos dos territorios había un sistema de partidos propio, con fuerzas nacionalistas y de izquierda muy fuertes, como el PNV en el País Vasco o los socialistas, el PSUC y los nacionalistas de Jordi Pujol en Catalunya, y la UCD quedó lejos de ser la primera fuerza.

Tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975, Juan Carlos I mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Arias solo quería reformar el franquismo superficialmente, mientras la oposición democrática llenaba las calles de huelgas y manifestaciones por la amnistía y las libertades. En Barcelona, la Assemblea de Catalunya convocó las manifestaciones del 1 y el 8 de febrero de 1976 con el lema «Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia», y en Vitoria la policía mató a cinco trabajadores en huelga en marzo. Ante el bloqueo, el rey forzó la dimisión de Arias en julio de 1976 y nombró presidente a Adolfo Suárez.

Suárez, que procedía del Movimiento, optó por una reforma hecha desde la legalidad franquista. En noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, que preveía unas Cortes elegidas por sufragio universal, y el referéndum del 15 de diciembre la ratificó por una amplia mayoría. Después el gobierno legalizó los partidos, también el PCE, en abril de 1977.

En las elecciones del 15 de junio de 1977, la UCD de Suárez fue la fuerza más votada, seguida del PSOE de Felipe González; el PCE y la Alianza Popular de Manuel Fraga quedaron muy por detrás. En Catalunya y en el País Vasco, en cambio, ganaron la izquierda y los nacionalistas. En octubre de 1977 las nuevas Cortes aprobaron la Ley de Amnistía para los delitos políticos.

Las Cortes elegidas en 1977 actuaron como constituyentes. Una ponencia de siete diputados de varios partidos, entre ellos el catalán Miquel Roca, redactó el texto por consenso, y la Constitución se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Define España como un Estado social y democrático de derecho y una monarquía parlamentaria, sitúa la soberanía en el pueblo español, garantiza los derechos y las libertades y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Mientras tanto, el gobierno de Suárez afrontaba una grave crisis económica, con una inflación muy alta y un paro creciente. En octubre de 1977 el gobierno y los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, que combinaban medidas de ajuste, como la moderación de los salarios, con reformas como la fiscal. En 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales democráticas, que ganaron CCOO y UGT.

El gobierno también empezó a construir el Estado de las autonomías con los regímenes preautonómicos: en septiembre de 1977 restableció provisionalmente la Generalitat de Catalunya, y el presidente en el exilio, Josep Tarradellas, regresó a Barcelona en octubre. Todo el proceso se hacía bajo la presión del terrorismo de ETA y de los GRAPO, y de la extrema derecha, como en la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977.

Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones generales el 1 de marzo de 1979, que la UCD volvió a ganar. Un mes después, en las primeras elecciones municipales democráticas, la izquierda obtuvo la alcaldía de muchas grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.

El 1 de marzo de 1979 la UCD ganó las primeras elecciones generales celebradas con la Constitución, con unos resultados parecidos a los de 1977, y Adolfo Suárez siguió como presidente; el PSOE de Felipe González volvió a quedar segundo. En esta legislatura se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y de Catalunya (1979), y en 1980 Jordi Pujol ganó las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya.

La segunda legislatura de Suárez fue muy difícil. La crisis económica y el paro continuaban, y ETA vivió sus años más sangrientos. Además, la UCD era una coalición de grupos muy diversos, de democristianos a liberales y socialdemócratas, que se enfrentaban por cuestiones como el divorcio, el modelo autonómico o la política económica. En 1980 el PSOE presentó una moción de censura, y Suárez, cada vez más aislado dentro de su partido, dimitió en enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asaltó el Congreso y retuvo a los diputados y al gobierno, y en Valencia el capitán general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques a la calle. El golpe fracasó sobre todo porque el rey, en un mensaje por televisión en la madrugada del 24 de febrero, apoyó la Constitución, y porque la mayoría del ejército no se sumó.

Calvo-Sotelo fue investido pocos días después y gobernó hasta 1982. Su gobierno aprobó la ley del divorcio (1981), hizo entrar a España en la OTAN (1982) y pactó con el PSOE la LOAPA, una ley para armonizar y frenar el proceso autonómico tras el golpe. Mientras tanto, la UCD seguía deshaciéndose: varios sectores la abandonaron, entre ellos el de Adolfo Suárez, que fundó el CDS.

Ante la descomposición del partido, Calvo-Sotelo adelantó las elecciones al 28 de octubre de 1982. El PSOE de Felipe González, con el lema «Por el cambio», obtuvo la mayoría absoluta, con 202 diputados; la UCD se hundió y Alianza Popular, de Manuel Fraga, se convirtió en el principal partido de la oposición. Felipe González fue investido presidente en diciembre de 1982.

La alternancia pacífica en el poder, siete años después de la muerte de Franco, se considera a menudo el final de la Transición y la prueba de que la democracia se había consolidado.

Es una fuente primaria de carácter político y social. Por su naturaleza, es una fotografía, hecha por el fotoperiodista Manel Armengol.

Muestra la represión policial de una manifestación a favor de la amnistía para los presos políticos, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, el 6 de febrero de 1976, menos de tres meses después de la muerte de Franco.

La fotografía se sitúa en los inicios de la Transición a la democracia (1975-1986). Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos I había sido proclamado rey, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía las estructuras franquistas. La oposición, que en Catalunya se agrupaba en la Asamblea de Catalunya, salió a la calle para exigir «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia», y la policía seguía reprimiendo las manifestaciones.

La fotografía muestra una carga de la policía, con casco y porra, contra un grupo de manifestantes que se han sentado en el suelo, en medio de un humo espeso que llena el paseo.

Los manifestantes, apiñados unos contra otros, se protegen la cabeza como pueden de los golpes, mientras los agentes los rodean con las porras levantadas. Era una protesta pacífica: sentarse en el suelo era una forma de no enfrentarse a la policía. La imagen muestra que, meses después de la muerte de Franco, la policía del régimen seguía reprimiendo con violencia las reivindicaciones democráticas.

El Estatuto de Autonomía de Catalunya, el llamado Estatut de Sau, fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 y promulgado en diciembre. Definía Catalunya como una nacionalidad que accedía al autogobierno dentro de la Constitución de 1978. La Generalitat la formaban el Parlamento, elegido por sufragio universal; el presidente, elegido por el Parlamento, y el Consejo Ejecutivo o Gobierno. El catalán era la lengua propia de Catalunya y oficial junto con el castellano, y se preveía un Tribunal Superior de Justicia.

La Generalitat asumía competencias en derecho civil catalán, cultura, enseñanza, sanidad, agricultura y urbanismo, entre otras, y podía crear una policía propia.

Las primeras elecciones al Parlamento, el 20 de marzo de 1980, las ganó Convergència i Unió, de Jordi Pujol, con 43 de los 135 diputados, por delante de los socialistas (33), el PSUC (25), Centristes de Catalunya-UCD (18) y ERC (14). Pujol fue investido con el apoyo de los centristas y de ERC, y empezó una presidencia que duró hasta 2003.

El 23 de febrero de 1981, mientras el teniente coronel Antonio Tejero ocupaba el Congreso de los Diputados, Catalunya vivió el golpe con angustia. El presidente Pujol estuvo en contacto con el rey e hizo un llamamiento a la calma por la radio. El fracaso del golpe reforzó la democracia, pero también frenó el despliegue autonómico: en 1982 la UCD y el PSOE aprobaron la LOAPA, que el Tribunal Constitucional recortó en 1983.

El primer gobierno Pujol puso en marcha la administración autonómica y recibió los traspasos del Estado en enseñanza, sanidad o cultura. En 1983 el Parlamento aprobó tres leyes decisivas: la Ley de Normalización Lingüística, para extender el uso del catalán a la escuela, la administración y los medios; la que creó la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, con TV3 y Catalunya Ràdio, y la de la policía de la Generalitat, que convirtió a los Mossos d’Esquadra en la policía autonómica.

En las elecciones de 1984, CiU obtuvo la mayoría absoluta, con 72 escaños. En esta segunda legislatura, el gobierno de Pujol siguió consolidando el autogobierno y las políticas lingüísticas y culturales, y en 1986, cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, el sistema autonómico catalán ya funcionaba plenamente.

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, abrió un período de incertidumbre. Juan Carlos I fue proclamado rey, pero mantuvo como jefe del gobierno a Carlos Arias Navarro, que solo quería reformar el régimen en apariencia. En Catalunya, la Asamblea de Catalunya y los partidos todavía ilegales intensificaron la presión para forzar una ruptura democrática: manifestaciones por la amnistía como las de febrero de 1976, que la policía disolvió a golpes, huelgas obreras, encierros de estudiantes y movilizaciones en los barrios. El Once de Septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat la primera Diada autorizada.

En julio de 1976 el rey sustituyó a Arias por Adolfo Suárez, que optó por una reforma desde la legalidad franquista. Las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, que se sometió a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y obtuvo un sí abrumador. Entre 1976 y 1977 se aprobaron varias amnistías, que liberaron a los presos políticos, y en abril de 1977 se legalizaron los partidos, incluido el PCE.

En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, en Catalunya ganaron las izquierdas: los Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) fueron la primera fuerza y el PSUC la segunda en votos, mientras que el Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol y la UCD de Suárez quedaban detrás. El resultado contrastaba con la victoria de la UCD en el conjunto de España y reforzaba la demanda de autonomía.

Los diputados y senadores elegidos en Catalunya se constituyeron en Asamblea de Parlamentarios, que reclamó el restablecimiento de la Generalitat y un estatuto de autonomía. Suárez, que no quería que las izquierdas ganadoras controlaran el proceso, negoció directamente con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas: era la «operación Tarradellas».

Tras la gran manifestación del Once de Septiembre de 1977, el gobierno restableció provisionalmente la Generalitat el 29 de septiembre. Tarradellas regresó el 23 de octubre y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunció la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». Presidió un gobierno provisional de unidad con los principales partidos.

Mientras las Cortes elaboraban la Constitución, en 1978 una comisión de veinte parlamentarios redactó el proyecto de Estatuto en el parador de Sau, en Osona, y por eso se le conoce como Estatut de Sau. Ese texto, negociado después en Madrid, fue la base del Estatuto de Autonomía de 1979.