Catalanismo político: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

El catalanismo político nació durante la Restauración, un sistema centralista y basado en el caciquismo, del que una parte de la burguesía catalana se sentía excluida, y la Renaixença le había preparado el terreno recuperando la lengua y la cultura catalanas. En los últimos años del siglo XIX predominó en él un catalanismo tradicionalista y católico, como el del vigatanismo, el grupo de Vic de Josep Torras i Bages, que defendía una Catalunya cristiana, rural y fiel a sus tradiciones.

Al mismo tiempo, el catalanismo se organizó en entidades como el Centre Català, fundado por Valentí Almirall en 1882; la Lliga de Catalunya, creada en 1887 por los sectores más moderados que se separaron de él, y la Unió Catalanista, que en 1892 aprobó las Bases de Manresa. En estas entidades había sobre todo burgueses de distintos tipos: propietarios, banqueros, fabricantes, comerciantes y profesionales liberales.

En 1901 nació la Lliga Regionalista, el gran partido del catalanismo conservador, dirigido por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, que rompió el dominio de los partidos dinásticos en Barcelona. En 1906, ante la Ley de Jurisdicciones, impulsó la Solidaritat Catalana, una coalición con la mayor parte de los republicanos y con los carlistas que ganó ampliamente las elecciones de 1907. Desde 1914, la Lliga dirigió la Mancomunitat de Catalunya, presidida por Prat de la Riba, que creó escuelas, bibliotecas, carreteras y redes de teléfono.

La Lliga, sin embargo, era un partido de orden. Ante la conflictividad obrera y el pistolerismo, apoyó el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923, porque esperaba que acabara con el desorden. Pero la dictadura fue muy centralista y en 1925 suprimió la Mancomunitat.

Durante la Segunda República, la Lliga, que en 1933 pasó a llamarse Lliga Catalana, quedó en segundo plano frente a Esquerra Republicana y se opuso a muchas políticas del gobierno de la Generalitat, como la Ley de Contratos de Cultivo. Cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936, muchos de sus dirigentes, amenazados por la revolución en la retaguardia, se marcharon de Catalunya, y algunos, como Cambó, acabaron apoyando al bando de Franco.

A lo largo de estos sesenta años hay una continuidad clara: el catalanismo conservador defendió siempre la autonomía de Catalunya dentro de España, el orden social y los intereses de la burguesía. El cambio más importante fue el paso de un movimiento cultural y tradicionalista a un partido moderno, capaz de ganar elecciones y de gobernar una institución como la Mancomunitat. Pero su doble fidelidad, al catalanismo y al orden social, lo llevó a contradicciones: cuando vio amenazado el orden, apoyó soluciones autoritarias que acabarían perjudicando al autogobierno.

En conclusión, el catalanismo conservador fue la fuerza hegemónica del catalanismo hasta 1931 y consiguió el primer autogobierno catalán contemporáneo, la Mancomunitat, pero con la República perdió el protagonismo en favor de la izquierda, y la Guerra Civil acabó de hundirlo.

La Mancomunidad de Catalunya se constituyó en 1914. Fue fruto del auge del catalanismo político, sobre todo de la Lliga Regionalista, que desde la Diputación de Barcelona, presidida por Enric Prat de la Riba desde 1907, reclamaba una institución que uniera toda Catalunya. En diciembre de 1913, el gobierno de Eduardo Dato permitió por decreto que las diputaciones se unieran, y las cuatro diputaciones catalanas formaron la Mancomunidad.

La Mancomunidad tuvo tres presidentes. Prat de la Riba la dirigió hasta su muerte, en 1917, y puso en marcha su gran proyecto; lo sucedió el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que la presidió hasta los inicios de la dictadura de Primo de Rivera. Después, la dictadura colocó en ella a Alfons Sala, un hombre afín al régimen, hasta que la disolvió en 1925.

Su obra se centró en los servicios que el Estado no ofrecía. Construyó carreteras y una red telefónica que llegó a muchos pueblos; impulsó la enseñanza técnica y profesional, con la Escola del Treball, y la formación de maestros y de bibliotecarias; creó una red de bibliotecas populares y apoyó al Institut d’Estudis Catalans y la normalización de la lengua catalana. También promovió una agricultura más moderna.

La Generalitat republicana, en cambio, fue un auténtico gobierno autónomo. Se restableció en 1931, con la República, y en 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía, que le daba un Parlamento, un gobierno y competencias propias. La dirigió Esquerra Republicana de Catalunya, primero con Francesc Macià y, tras su muerte, con Lluís Companys, y su política fue más progresista que la que había inspirado la Lliga. En la enseñanza impulsó una escuela pública, laica y catalana, con la Escuela Normal de la Generalitat y la Universidad Autónoma; en el campo, mientras la Lliga defendía a los propietarios, Esquerra aprobó en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo para proteger a los rabassaires y a otros campesinos que cultivaban tierras ajenas.

Por eso las dos instituciones tenían una naturaleza política distinta. La Mancomunidad era una unión administrativa de las diputaciones provinciales dentro de un estado centralista, sin poder para hacer leyes, aunque fue la primera institución común de toda Catalunya desde 1714. La Generalitat era una institución de autogobierno con poder legislativo y ejecutivo, reconocida por un estatuto de autonomía dentro de una república democrática.

Precisamente por eso las dos dictaduras las suprimieron. Primo de Rivera aplicó una política anticatalanista: restringió el uso público del catalán y de la bandera catalana, y en 1925 disolvió la Mancomunidad. La Generalitat, suspendida tras los Sucesos de Octubre de 1934 y restablecida en 1936, fue abolida por Franco: en 1938, cuando sus tropas entraron en Catalunya, derogó el Estatuto, y tras la guerra el régimen persiguió la lengua y la cultura catalanas y fusiló al presidente Companys, en 1940. Ambas instituciones cayeron, pues, por la voluntad de dos dictaduras de suprimir cualquier forma de autogobierno catalán.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico y político. Por su naturaleza, es un texto legal.

Recoge tres artículos de la Ley de Jurisdicciones, del 23 de marzo de 1906, firmada por el rey Alfonso XIII y por el presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, y publicada en la Colección Legislativa del Ejército. La ley castiga las ofensas a la nación y a sus símbolos, como la bandera y el himno, y al ejército y la armada, y amenaza con penas que pueden llegar a la muerte a quien tome las armas por la independencia de una parte del territorio.

La ley se sitúa durante el reinado de Alfonso XIII, en la segunda etapa de la Restauración borbónica (1875-1931). Después del desastre de 1898, el sistema del turno dinástico estaba en crisis y crecían los movimientos que lo cuestionaban: el republicanismo y el catalanismo político, que en 1901 había ganado las elecciones en Barcelona con la Lliga Regionalista. El ejército, desprestigiado por la derrota colonial, reaccionaba con dureza contra las críticas.

La ley quería preservar la nación española y sus símbolos, la bandera, el himno nacional y los demás emblemas, y castigaba a quien los ultrajara de palabra, por escrito o con caricaturas. Con ello, el Estado de la Restauración se defendía del catalanismo y de cualquier movimiento que pusiera en duda la unidad de España.

También protegía al ejército y la armada de las injurias y las ofensas. La ley nació a raíz del asalto de unos oficiales a las redacciones de la revista satírica ¡Cu-Cut! y del diario La Veu de Catalunya, en noviembre de 1905, por un chiste que se burlaba del ejército. Los militares exigieron que estos delitos los juzgaran tribunales militares, y el gobierno de Moret lo aceptó.

Después del desastre de 1898, buena parte de la burguesía catalana perdió la confianza en los partidos dinásticos. En 1901 se fundó la Lliga Regionalista y, en las elecciones generales de aquel año, la candidatura de los «cuatro presidentes» de entidades económicas y culturales barcelonesas, entre los que estaba el doctor Bartomeu Robert, derrotó a los partidos del turno en Barcelona y rompió el dominio caciquil en la ciudad.

La Lliga, dirigida por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, representaba un catalanismo conservador, católico y de orden, que aceptaba la monarquía y quería la autonomía de Catalunya y la modernización de España. Prat de la Riba fijó su doctrina en La nacionalitat catalana (1906): Catalunya es una nación, con lengua, derecho y cultura propios, mientras que España es el Estado, que debería organizarse de forma federal.

El asalto militar al ¡Cu-Cut! (1905) y la Ley de Jurisdicciones (1906) provocaron la creación de Solidaridad Catalana, una coalición contra la ley de casi todas las fuerzas catalanas, de la Lliga a los republicanos federales y nacionalistas y a los carlistas. En las elecciones generales de 1907 obtuvo 41 de los 44 diputados catalanes. Pese a este éxito, las diferencias internas, agravadas por la Semana Trágica (1909), la disolvieron.

Frente a la Lliga se consolidó un catalanismo de izquierdas y republicano. Los catalanistas que rechazaban el conservadurismo de la Lliga y su acercamiento a la monarquía fundaron el Centre Nacionalista Republicà (1906) y, en 1910, la Unió Federal Nacionalista Republicana, que quería unir catalanismo, republicanismo y reformas sociales, pero no consiguió arrebatar la hegemonía a la Lliga.

El otro gran rival de la Lliga fue el republicanismo lerrouxista. Alejandro Lerroux, con un discurso populista, anticlerical y contrario al catalanismo, tenía mucho apoyo entre los obreros y los inmigrantes de Barcelona, y en 1908 fundó el Partido Republicano Radical. Los lerrouxistas se opusieron a Solidaridad Catalana y disputaron a la Lliga el voto de Barcelona.

Pese a estos rivales, la Lliga se convirtió en el partido hegemónico del catalanismo. Prat de la Riba presidió la Diputación de Barcelona a partir de 1907, desde donde impulsó instituciones como el Institut d’Estudis Catalans, y en 1914 consiguió la creación de la Mancomunidad de Catalunya, de la que fue el primer presidente.

La Mancomunidad fue una aspiración de la Lliga Regionalista y de su dirigente Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación de Barcelona. En 1911 las cuatro diputaciones catalanas aprobaron unas bases para unirse en una sola institución. Para conseguirlo hacía falta el apoyo del gobierno central: el proyecto de ley de mancomunidades de José Canalejas fue aprobado en el Congreso, pero su asesinato (1912) lo detuvo en el Senado. Finalmente, el gobierno conservador de Eduardo Dato lo aprobó por decreto en diciembre de 1913, y la Mancomunidad se constituyó en abril de 1914.

La Mancomunidad era una federación de las cuatro diputaciones provinciales, con funciones solo administrativas y sin poder legislativo. La formaban una Asamblea, integrada por todos los diputados provinciales, un Consejo Permanente y un presidente. Pese a sus limitaciones, fue la primera institución de gobierno común para toda Catalunya desde 1714.

Durante la presidencia de Prat de la Riba (1914-1917) se puso en marcha un ambicioso programa de modernización. La Mancomunidad asumió y amplió las instituciones culturales impulsadas por la Diputación de Barcelona, como el Institut d’Estudis Catalans y la Biblioteca de Catalunya, impulsó la enseñanza técnica y profesional e inició un plan de carreteras, caminos vecinales y teléfonos para conectar todos los municipios.

Cuando Prat de la Riba murió, en 1917, le sucedió el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1917-1923), que continuó la obra. Se abrieron las primeras bibliotecas populares, se extendieron las redes de caminos y de teléfonos, se impulsaron la enseñanza y los servicios técnicos para la agricultura y se desarrolló la asistencia sanitaria y social. En 1918 y 1919 la Mancomunidad también encabezó la campaña por un estatuto de autonomía, que las Cortes no aprobaron.

El golpe de Estado de Primo de Rivera (1923) abrió la última etapa. El dictador, contrario al catalanismo, sustituyó a Puig i Cadafalch por Alfons Sala i Argemí (1924-1925), un político monárquico afín al régimen, que vació la Mancomunidad de su programa catalanista. En 1925 la dictadura la disolvió.

En once años y con tres presidentes, Prat de la Riba, Puig i Cadafalch y Sala, la Mancomunidad modernizó Catalunya en la cultura, la educación, las comunicaciones y la agricultura, y demostró que el autogobierno era posible: fue un precedente de la Generalitat republicana.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos: se publicó en 1892, cuando nacía el catalanismo político. Por su naturaleza, es un texto de carácter político y religioso, un fragmento de un libro.

El autor es Josep Torras i Bages, un eclesiástico que en 1899 sería nombrado obispo de Vic, y el libro es La tradició catalana. Estudi del valor ètic i racional del regionalisme català (Barcelona, 1892). Trata del papel de la religión en el regionalismo: para el autor, la fe católica es la que da fuerza y duración al amor a la tierra y, por tanto, la que configura la manera de ser de los catalanes.

El texto se sitúa en la Restauración (1875-1931), en su primera gran etapa, que se cierra con la crisis de 1898 o en 1902. Eran los años del sistema canovista, en el que conservadores y liberales se alternaban en el gobierno gracias al caciquismo.

En Catalunya, la Renaixença había reivindicado la lengua y la cultura catalanas, y en los años ochenta y noventa nacía el catalanismo político, con dos tendencias: la progresista y republicana de Valentí Almirall y la católica y conservadora, de la que Torras i Bages fue el gran ideólogo. En 1892, el mismo año del libro, la Unió Catalanista aprobó las Bases de Manresa.

La idea principal es que la religión católica es la que vertebra el regionalismo. Según Torras i Bages, solo Dios puede crear y restaurar a los pueblos, y por eso la restauración de Catalunya debe ser religiosa: sin religión no se puede hacer nada sólido ni duradero.

El regionalismo se basa en un sentimiento, el amor a la tierra donde se ha nacido, pero ese sentimiento, por sí solo, es débil: se deshace ante las tentaciones mundanas, como el lujo y los placeres. Solo cuando la religión lo consagra, el amor al país adquiere consistencia. Es una visión conservadora y tradicionalista del catalanismo, que identificaba Catalunya con la fe católica.

A finales del siglo XIX nació un catalanismo de raíz católica y conservadora. Defendía la familia, la propiedad y la religión como fundamentos de la sociedad catalana, y veía en las tradiciones, el derecho civil catalán y las instituciones históricas el espíritu propio de Catalunya. Rechazaba el liberalismo centralista y el uniformismo del Estado, pero también las ideas revolucionarias, y quería una Catalunya autónoma dentro de España, ordenada según la tradición.

La figura más importante de este catalanismo fue Josep Torras i Bages, eclesiástico y, desde 1899, obispo de Vic. En 1892 publicó La tradició catalana, su obra principal, en la que defendía que la religión es la base de la identidad catalana y del amor al país; de ahí la frase que se le atribuye: «Catalunya serà cristiana o no serà». Su pensamiento influyó en el catalanismo conservador que después representaría la Lliga Regionalista.

El primer hecho es el Memorial de Agravios (1885). Valentí Almirall, desde el Centre Català, impulsó su redacción, y una comisión de representantes de la sociedad catalana lo entregó al rey Alfonso XII. Protestaba contra los proyectos del gobierno que perjudicaban a Catalunya, como el tratado comercial que se negociaba con el Reino Unido, que amenazaba la industria textil, y la unificación del derecho civil, y pedía respetar las instituciones y el derecho propios. Fue la primera gran acción unitaria del catalanismo.

El segundo hecho son las Bases de Manresa (1892). La Unió Catalanista, una federación de entidades catalanistas creada en 1891, reunió una asamblea en Manresa que aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana. Proponían una Catalunya autónoma dentro de España, con unas Cortes catalanas elegidas por sufragio corporativo, el catalán como única lengua oficial y el derecho civil propio. Era un proyecto conservador y tradicionalista, con protagonistas como Lluís Domènech i Montaner, que presidía la asamblea, y Enric Prat de la Riba, que era uno de sus secretarios, y fue el primer programa político del catalanismo.

Las Bases y La tradició catalana son del mismo año y comparten la misma visión: una Catalunya con personalidad propia, fundamentada en la tradición, la religión y el derecho histórico, que el catalanismo conservador defendería durante las décadas siguientes.

La primera causa es cultural: la Renaixença. Desde la publicación de la oda La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, en 1833, escritores e intelectuales reivindicaron el catalán como lengua de cultura, recuperaron la historia de Catalunya y en 1859 restauraron los Juegos Florales. La Renaixença creó una conciencia de Catalunya como pueblo con una lengua y una historia propias.

Ese sentimiento no se quedó en las élites. Los coros de Josep Anselm Clavé, que desde mediados de siglo reunían a obreros y artesanos para cantar en catalán, llevaron el amor a la lengua y al país a las clases populares. Así se fue preparando el terreno para que aquel catalanismo cultural se convirtiera en un movimiento político a partir de los años ochenta.

La segunda causa es económica: la defensa de los intereses de la industria catalana. Catalunya era el principal centro industrial de España, sobre todo textil, y su burguesía necesitaba aranceles proteccionistas que la protegieran de la competencia de los productos británicos. Los gobiernos de Madrid, sin embargo, eran más sensibles a los intereses agrarios y comerciales y a veces aprobaban medidas librecambistas, como el arancel Figuerola de 1869 o el tratado comercial que se negociaba con el Reino Unido en 1885.

Los industriales catalanes llegaron a la conclusión de que un Estado centralista, que no tenía en cuenta los intereses económicos de Catalunya, ahogaba al país, y reclamaron que Catalunya tuviera voz y un cierto autogobierno para defenderlos. Por eso buena parte de la burguesía acabó apoyando al catalanismo político. La cultura de la Renaixença y los intereses económicos se unieron así en un mismo movimiento, que a finales de siglo ya tenía un programa propio, las Bases de Manresa (1892).

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: un documento público, un mensaje dirigido a la reina regente María Cristina de Habsburgo.

Lo redactó la Lliga de Catalunya y lo presentó en 1888, cuando la reina regente visitó Barcelona con motivo de la Exposición Universal. Contiene una serie de peticiones: que Catalunya tenga unas Cortes propias, que gobierne sus asuntos interiores, que el catalán sea la lengua oficial y la de la enseñanza y que los cargos públicos de Catalunya los ocupen catalanes.

El documento se sitúa durante la Restauración, en la década de los ochenta del siglo XIX, cuando el catalanismo se convertía en un movimiento político. Tras la Renaixença cultural, el federalista Valentí Almirall había fundado el Centre Català (1882) y había impulsado el Memorial de Agravios (1885), pero en 1887 los sectores más moderados y conservadores se separaron de él y fundaron la Lliga de Catalunya.

El Mensaje, de 1888, fue una de las primeras actuaciones de la Lliga de Catalunya y muestra el desarrollo de un catalanismo conservador, católico y respetuoso con la monarquía, que reclamaba el autogobierno para Catalunya. Ese mismo año Barcelona celebraba la Exposición Universal, el escaparate de la Catalunya industrial.

Primera petición: que Catalunya recupere sus «Cortes Generales libres e independientes», un parlamento propio que vote los presupuestos catalanes y la contribución de Catalunya a los gastos del Estado, y que sea «señora de su gobierno interior». Es la reivindicación de un autogobierno, que recuerda las instituciones propias abolidas por el Decreto de Nueva Planta (1716).

Segunda: que el catalán sea la lengua oficial en Catalunya «para todas las manifestaciones de la vida». Era una respuesta a la situación del catalán, que desde el siglo XVIII había sido apartado de la administración y de la vida oficial, aunque la Renaixença lo había recuperado como lengua de cultura.

Tercera: que la enseñanza se imparta en catalán. En las escuelas se enseñaba solo en castellano, y los catalanistas consideraban que la escuela en catalán era imprescindible para preservar la lengua y la personalidad de Catalunya.

El catalanismo político nació en la Restauración con dos grandes tendencias. La progresista procedía del republicanismo federal de Francesc Pi i Margall, y su principal dirigente fue Valentí Almirall, que, decepcionado por el fracaso de la Primera República, defendió un catalanismo de izquierdas, laico y moderno: fundó el Diari Català (1879), el primer diario en catalán, convocó el Primer Congreso Catalanista (1880) y creó el Centre Català (1882).

Para Almirall, Catalunya tenía una personalidad y unos rasgos diferenciales propios, como la lengua, el derecho civil y un carácter más emprendedor, y había que defender el derecho catalán. Pero no quería separarse de España: quería regenerarla y transformarla en un Estado federal, y lo expuso en Lo catalanisme (1886).

La tendencia conservadora tenía raíces católicas y tradicionalistas. Su gran ideólogo fue el sacerdote Josep Torras i Bages, que después sería obispo de Vic, autor de La tradició catalana (1892). Para él, la esencia de Catalunya era el cristianismo, y el catalanismo debía basarse en la familia, la propiedad y la religión y en la defensa de las tradiciones, no en el progresismo federal.

La primera diferencia es, por tanto, ideológica: el catalanismo progresista era laico, republicano y federalista, y el conservador, católico, tradicionalista y aceptaba la monarquía. La segunda es social y de estrategia: Almirall buscaba el apoyo de las clases populares y de la pequeña burguesía y quería intervenir en la política española para reformarla, mientras que los conservadores se dirigían sobre todo a la burguesía y a los propietarios y reclamaban un autogobierno que respetara el orden social tradicional.

Este sector, más moderado, se organizó en la Lliga de Catalunya (1887) y en la Unió Catalanista (1891), donde destacaba el joven Enric Prat de la Riba, y a finales de siglo se había impuesto al catalanismo de Almirall.

El catalanismo político nació durante la Restauración sobre la base de la Renaixença, el movimiento cultural que desde mediados del siglo XIX había recuperado el catalán como lengua literaria, con los Juegos Florales restaurados en 1859. Frente a un Estado centralista y un sistema político corrupto, una parte de la sociedad catalana empezó a reclamar el reconocimiento político de Catalunya.

El primer impulsor fue el federalista Valentí Almirall, que en 1880 convocó el Primer Congreso Catalanista y en 1882 fundó el Centre Català, la primera entidad política catalanista. En 1885 el Centre promovió el Memorial de Agravios, que una comisión presentó al rey Alfonso XII: denunciaba el centralismo y defendía la industria catalana frente a los tratados comerciales librecambistas y el derecho civil catalán frente a los intentos de unificación.

En 1887 los sectores más conservadores se separaron del Centre Català y fundaron la Lliga de Catalunya, que en 1888, aprovechando la Exposición Universal de Barcelona, dirigió el Mensaje a la reina regente, en el que reclamaba Cortes propias, la oficialidad del catalán y la enseñanza en catalán. En 1889 el catalanismo encabezó una gran campaña en defensa del derecho civil catalán frente al proyecto de Código civil español, y consiguió que el derecho catalán se mantuviera.

En 1891 se creó la Unió Catalanista, una federación de entidades y de periódicos catalanistas que agrupó sobre todo al catalanismo conservador y moderado. En 1892 su asamblea de Manresa aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana, las Bases de Manresa, redactadas, entre otros, por Enric Prat de la Riba.

Las Bases proponían una Catalunya autónoma dentro de España, con unas Cortes catalanas elegidas por sufragio corporativo, el catalán como única lengua oficial, los cargos públicos reservados a los catalanes y el mantenimiento del derecho civil catalán, y dejaban al Estado las relaciones exteriores, el ejército y las aduanas. Eran un programa conservador, pero fueron la base del catalanismo posterior, que tras el desastre de 1898 se convertiría en un movimiento de masas.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de un memorial, es decir, de un escrito de queja y de petición dirigido al rey.

Es el Memorial de Greuges, que una comisión de representantes catalanes presentó al rey Alfonso XII en Madrid el 10 de marzo de 1885. En él exponen los agravios, es decir, las quejas, de Catalunya: el centralismo ahoga la vida de las regiones, el sistema administrativo propio se ha sustituido por el castellano y después por una copia del francés, y el catalán ha sido desterrado de la escuela, de la contratación y de los tribunales. Aun así, proclaman su fidelidad a la unidad de España.

El Memorial se sitúa en 1885, en el régimen de la Restauración (1875-1931), dentro de su primera etapa (1875-1898), cuando conservadores y liberales se alternaban en el gobierno bajo la Constitución de 1876, que organizaba un Estado muy centralista.

Es también el momento del nacimiento del catalanismo político, que pasaba de la defensa cultural de la Renaixença a las reivindicaciones políticas. El Memorial surgió de la protesta contra dos proyectos del gobierno: un tratado comercial con el Reino Unido, que amenazaba a la industria catalana, y la unificación del Código civil, que ponía en peligro el derecho civil catalán.

La primera idea es la crítica al centralismo. Los autores no quieren romper la unidad de España; al contrario, dicen que quieren fortalecerla, pero creen que el camino no es «ahogar y destruir la vida regional» en beneficio del centro, sino dejar que las provincias se desarrollen libremente. Es el planteamiento regionalista del primer catalanismo: una España más fuerte porque las regiones tienen vida propia.

La segunda idea es la situación de la lengua. El catalán solo puede usarse en casa y en la conversación familiar: ha sido desterrado de las escuelas, de la contratación pública y de los tribunales, donde a menudo jueces y testigos no se entienden. El Memorial denuncia así que la lengua del país no tiene ningún reconocimiento oficial, una reivindicación que el catalanismo mantendría desde entonces.

Valentí Almirall, que venía del republicanismo federal, había organizado el Primer Congreso Catalanista (1880) y en 1882 había fundado el Centre Català, la primera entidad política del catalanismo, que quería reunir a catalanistas de todas las tendencias. Desde el Centre Català impulsó el Memorial de Greuges, que él mismo redactó en buena parte y que una comisión presentó al rey Alfonso XII el 10 de marzo de 1885.

El Memorial era a la vez un documento de reivindicación y de protesta. Denunciaba que la monarquía no atendía a Catalunya ni administrativa ni políticamente, y pedía el respeto y la restitución de las libertades perdidas, en especial el derecho civil propio y la lengua. También protestaba contra medidas concretas del gobierno, como los tratados comerciales que abrían el mercado español a los productos extranjeros, y defendía el proteccionismo que reclamaba la industria catalana.

Siete años más tarde, en 1892, la Unió Catalanista, una federación de entidades catalanistas creada en 1891, aprobó en Manresa las Bases para la Constitución Regional Catalana, conocidas como Bases de Manresa. Las promovieron los sectores conservadores del catalanismo, con Lluís Domènech i Montaner como presidente de la asamblea y Enric Prat de la Riba como secretario.

Las Bases eran un proyecto de autonomía para Catalunya dentro del Estado español. El poder central se reservaba las relaciones exteriores, el ejército, las aduanas y las grandes obras públicas, y Catalunya tendría sus Cortes, un poder ejecutivo y unos tribunales propios, y el catalán como única lengua oficial. Pero era un proyecto muy conservador: las Cortes catalanas se elegirían por sufragio corporativo, restringido a los cabezas de familia agrupados por oficios y profesiones, y no por sufragio universal.

La diferencia entre los dos documentos es clara. El Memorial era un texto reivindicativo, dirigido al rey, que recogía quejas generales y coyunturales contra la política del gobierno y no proponía ninguna organización política nueva. Las Bases, en cambio, eran una carta constitucional regional: un programa articulado que definía cómo debía organizarse y gobernarse Catalunya. Entre uno y otro, el catalanismo había pasado de la protesta a la propuesta y, a la vez, de la dirección progresista de Almirall a la conservadora de la Unió Catalanista.

Durante la primera etapa de la Restauración, el catalanismo pasó de la Renaixença literaria y cultural, que había restaurado los Juegos Florales en 1859, a la acción política. En ese paso se definieron dos grandes corrientes: una conservadora y católica, y otra progresista y laica, que procedía del republicanismo federal.

La corriente conservadora tenía un núcleo importante en Vic, de donde le viene el nombre de vigatanismo: un grupo de clérigos e intelectuales católicos, como el canónigo Jaume Collell, que desde el semanario La Veu del Montserrat defendía una Catalunya tradicional y católica. Su gran figura fue Josep Torras i Bages, que en 1899 fue nombrado obispo de Vic.

En La tradició catalana (1892), Torras i Bages definió un catalanismo católico y conservador: Catalunya era una nación forjada por el cristianismo, y su identidad se basaba en la religión, la familia y la propiedad, unos fundamentos que el liberalismo centralista ponía en peligro. Se le atribuye la frase «Catalunya serà cristiana o no serà». Este regionalismo tradicionalista influyó mucho en el catalanismo conservador posterior.

La otra corriente la encabezó Valentí Almirall (1841-1904). Había sido republicano federal, seguidor de Pi i Margall, pero el fracaso de la Primera República lo llevó a defender un catalanismo progresista, laico y democrático, independiente de los partidos españoles. En 1879 fundó el Diari Català, el primer diario en catalán, y en 1880 organizó el Primer Congreso Catalanista.

En 1882 Almirall fundó el Centre Català, una entidad política que quería unir a todos los catalanistas al margen de los partidos españoles, y en 1886 publicó Lo catalanisme, donde exponía su doctrina: Catalunya tenía una personalidad propia, distinta de la castellana, y había que organizar el Estado de forma federal para que se le reconociera el autogobierno.

Las dos corrientes coincidieron en la movilización que condujo al Memorial de Greuges, pero las diferencias de fondo entre el laicismo de Almirall y el catolicismo conservador llevaron a los moderados a dejar el Centre Català y a fundar la Lliga de Catalunya en 1887, el antecedente de la Unió Catalanista.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico-político. Por su naturaleza, es un texto: un fragmento de las Bases per a la Constitució Regional Catalana, redactadas por la Unió Catalanista y aprobadas en Manresa en 1892.

Conocido como las Bases de Manresa, el documento plantea un modelo de organización política para Catalunya dentro del Estado español: reparte las competencias entre un poder central, que se ocuparía de los asuntos comunes, y un poder regional catalán, con lengua oficial, cargos públicos y Cortes propios.

Las Bases de Manresa, de 1892, se sitúan en la Restauración (1875-1931), en su primera etapa (1875-1898), durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. El sistema creado por Cánovas era centralista y se basaba en el turno pacífico entre conservadores y liberales, que el caciquismo y el fraude electoral hacían posible.

Es también el momento del nacimiento del catalanismo político. Tras la Renaixença cultural y las primeras iniciativas de Valentí Almirall, en 1891 se fundó la Unió Catalanista, que con estas Bases dio al catalanismo su primer programa político.

La base primera reserva al poder central las competencias propias de un Estado: las relaciones internacionales, el ejército y la defensa, las relaciones económicas con el exterior, con los aranceles y las aduanas, y un presupuesto común que, en lo que no cubran las aduanas, pagarán las regiones en proporción a su riqueza.

La base tercera hace del catalán la única lengua oficial en Catalunya, también en las relaciones con el poder central.

La base cuarta reserva a los catalanes, de nacimiento o por naturalización, todos los cargos públicos en Catalunya, incluso los que dependen del poder central y los militares con jurisdicción.

La base séptima sitúa el poder legislativo en las Cortes catalanas, que deben reunirse cada año en un lugar diferente. No se elegirían por sufragio universal, sino corporativo: votarían los jefes de casa agrupados según el trabajo manual, las profesiones y la propiedad, la industria y el comercio, si es posible a través de los gremios.

A partir de los años ochenta del siglo XIX, el catalanismo pasó de la reivindicación cultural de la Renaixença a la política. Junto al catalanismo progresista y federal de Valentí Almirall, surgió una corriente católica y conservadora, que tendría un gran peso en el catalanismo posterior.

Esta corriente se formó en Vic, y por eso se la llama vigatanismo. En ella destacaban el canónigo Jaume Collell, desde el semanario La Veu del Montserrat, y sobre todo el sacerdote Josep Torras i Bages, que en 1899 fue nombrado obispo de Vic.

Torras i Bages expuso su pensamiento en La tradició catalana (1892). En ella defendía que el espíritu de Catalunya era esencialmente cristiano y que la sociedad catalana descansaba sobre tres pilares: la religión católica, la familia y la propiedad. Rechazaba el liberalismo y el centralismo uniformista del Estado, y reclamaba que Catalunya recuperase sus instituciones y su derecho. Era, pues, un catalanismo regionalista, católico y conservador, que unía la defensa de Catalunya con la de la Iglesia y el orden social.

En 1891 se fundó la Unió Catalanista, una federación de entidades, centros y periódicos catalanistas que quería agrupar las diversas tendencias del movimiento. En ella tenían un papel destacado los jóvenes conservadores de la Lliga de Catalunya, como Enric Prat de la Riba. La Unió no se presentaba a las elecciones, porque consideraba corrupto el sistema de la Restauración, y actuaba como un movimiento de opinión.

Su realización fundamental fueron las Bases per a la Constitució Regional Catalana, aprobadas en una asamblea en Manresa en 1892, presidida por el arquitecto Lluís Domènech i Montaner. Fueron el primer programa político del catalanismo.

Las Bases proponían un Estado compuesto, de tipo federal, en el que Catalunya tendría un amplio autogobierno. El poder central solo se encargaría de los asuntos comunes, como las relaciones internacionales, el ejército, las aduanas y el presupuesto común, mientras que Catalunya tendría el catalán como única lengua oficial, los cargos públicos reservados a los catalanes y unas Cortes propias. Estas Cortes, sin embargo, no se elegirían por sufragio universal, sino corporativo, por los jefes de casa agrupados por clases y gremios. Era, por tanto, un proyecto de autogobierno muy amplio, pero tradicionalista y alejado de la democracia liberal.

Valentí Almirall (1841-1904) fue un político y periodista barcelonés que había militado en el republicanismo federal de Francesc Pi i Margall. Durante el Sexenio Democrático luchó por una república federal y en 1879 fundó el Diari Català, el primer diario en catalán.

Tras el fracaso de la Primera República, Almirall se alejó de los partidos de ámbito español, incluido el de Pi i Margall, y evolucionó hacia un catalanismo progresista, laico y democrático: quería que los catalanes de todas las tendencias se unieran en un movimiento propio. Con ese objetivo, en 1880 impulsó el Primer Congreso Catalanista.

Su pensamiento se encuentra en Lo catalanisme (1886), donde criticaba el Estado centralista, que consideraba incapaz de modernizar el país, y defendía un sistema federal, o «particularista», que reconociera la personalidad de Catalunya y de las demás regiones.

En 1882 Almirall fundó el Centre Català, la primera entidad política catalanista, que quería agrupar a los catalanistas al margen de los partidos españoles, y en 1883 organizó el Segundo Congreso Catalanista, que consolidó el catalanismo como movimiento político.

En 1885 el Centre Català impulsó el Memorial de Greuges (Memorial de Agravios). Su origen era doble: el gobierno preparaba un tratado comercial librecambista con el Reino Unido, que amenazaba la industria textil catalana, y quería unificar el derecho civil en toda España. El documento denunciaba el centralismo y los perjuicios que causaba a Catalunya, y defendía la industria y el derecho civil catalanes. Una comisión de representantes de la sociedad catalana lo entregó al rey Alfonso XII en Madrid en marzo de 1885.

La segunda gran movilización fue la campaña en defensa del derecho civil catalán de 1889, cuando el gobierno tramitó el Código Civil español, que podía sustituir el derecho civil propio de Catalunya. Las protestas, con actos y escritos de juristas y entidades, consiguieron que el Código respetara el derecho catalán. Estas campañas mostraron que el catalanismo ya podía movilizar a una parte importante de la sociedad catalana.

El catalanismo de Almirall, sin embargo, quedó en minoría: en 1887 el sector conservador abandonó el Centre Català y fundó la Lliga de Catalunya, que más adelante impulsaría la Unió Catalanista.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político e ideológico. Por su naturaleza, es un texto: un fragmento de un ensayo político.

Es un fragmento de Lo catalanisme, el libro que Valentí Almirall, la principal figura del catalanismo progresista, publicó en Barcelona en 1886. En él expone el programa del catalanismo: romper los lazos que oprimen a Catalunya, regenerar un país que ve atrasado y sustituir la organización centralista del Estado por otra de fundamentos opuestos.

El texto se sitúa en la Restauración (1875-1931), en su primera etapa (1875-1898), durante el reinado de Alfonso XII, que murió en 1885, y la regencia de su viuda, María Cristina. El sistema creado por Cánovas era centralista y se basaba en el turno pacífico entre conservadores y liberales y en el caciquismo.

Es también el momento en que el catalanismo da el paso de la cultura a la política. Tras la Renaixença, Almirall había fundado el Centre Català (1882) y había impulsado el Memorial de Greuges (1885), y Lo catalanisme fue su principal obra teórica.

Almirall afirma que el Estado español, sea cual sea la forma de gobierno, monarquía o república, y las instituciones que tenga, es un Estado centralista que nunca permitirá que las regiones, y Catalunya en particular, tengan el poder y el lugar que les corresponde entre los pueblos avanzados. Para él el problema no es el régimen político, sino el centralismo mismo.

Por eso el catalanismo aspira a destruir esa organización y a sustituirla por otra de fundamentos opuestos: un Estado compuesto, de tipo federal, basado en una relación entre iguales de las regiones, que respete la personalidad de cada una. Es una propuesta de transformación profunda del Estado, no de separación.

Durante el siglo XIX la Renaixença recuperó el catalán como lengua de cultura, y a partir de los años ochenta el catalanismo dio el paso a la política. Hasta la fundación de la Lliga Regionalista, en 1901, pueden distinguirse en él dos grandes tendencias: una católica y conservadora y otra progresista y laica.

La tendencia conservadora se formó en torno a Vic, y por eso se la llama vigatanismo. Su gran ideólogo fue el sacerdote Josep Torras i Bages, que en 1899 fue nombrado obispo de Vic.

Su obra principal es La tradició catalana (1892). Torras i Bages defendía en ella que la esencia de Catalunya era cristiana y que la sociedad catalana se fundamentaba en la religión católica, la familia y la propiedad. Rechazaba el liberalismo, que consideraba extranjero, y el centralismo uniformista, y proponía una Catalunya regionalista que recuperara sus instituciones tradicionales. Era un catalanismo católico y conservador, que influyó mucho en la Lliga.

Valentí Almirall (1841-1904) procedía del republicanismo federal de Francesc Pi i Margall y había luchado por la república federal durante el Sexenio Democrático. Tras el fracaso de la Primera República se alejó de los partidos de ámbito español y evolucionó hacia un catalanismo progresista, democrático y laico, independiente de los partidos de Madrid. Impulsó el Primer Congreso Catalanista (1880) y fundó el Centre Català (1882).

Su libro principal es Lo catalanisme (1886). En él criticaba el Estado centralista, que consideraba incapaz de modernizar el país, y defendía un sistema federal, o «particularista», que reconociera la personalidad de Catalunya. Su catalanismo era liberal, laico y modernizador: quería regenerar Catalunya, que veía atrasada, y acercarla a los países más avanzados de Europa.

Las dos tendencias se separaron en 1887, cuando el sector conservador dejó el Centre Català y fundó la Lliga de Catalunya. El catalanismo conservador acabó siendo el mayoritario, y en 1901 la Lliga Regionalista recogería buena parte de su herencia.

Con la Restauración, en 1875, se impuso un Estado centralista. Al mismo tiempo, la Renaixença había recuperado el catalán como lengua literaria, y el federalismo catalán, derrotado con la Primera República, buscaba un camino nuevo. Valentí Almirall fue quien llevó el catalanismo a la política, con un programa progresista y laico.

Almirall impulsó el Primer Congreso Catalanista, en 1880, que reunió a los diversos sectores del catalanismo, y en 1882 fundó el Centre Català, la primera entidad política catalanista, que quería unir a los catalanistas al margen de los partidos españoles.

En 1885 el Centre Català promovió el Memorial de Greuges. Sus causas eran el proyecto de un tratado comercial librecambista con el Reino Unido, que amenazaba la industria textil, y la intención del gobierno de unificar el derecho civil. El documento denunciaba el centralismo y defendía la industria y el derecho propios, y una comisión lo presentó al rey Alfonso XII en Madrid en 1885. En 1889, cuando se aprobó el Código Civil español, una gran campaña de protesta consiguió que se respetara el derecho civil catalán.

Mientras tanto, en 1887 el sector conservador había abandonado el Centre Català y había fundado la Lliga de Catalunya. En 1891 se fundó la Unió Catalanista, una federación de entidades y periódicos catalanistas, en la que los conservadores tenían un gran peso, y en 1892 aprobó las Bases de Manresa.

Las Bases proponían un modelo de Estado federal en el que Catalunya tendría amplios poderes: el poder central se reservaría las relaciones exteriores, el ejército, las aduanas y el presupuesto común, y Catalunya tendría el catalán como única lengua oficial, los cargos públicos reservados a los catalanes y unas Cortes propias. Estas Cortes, sin embargo, se elegirían por un sufragio restringido y corporativo, el de los jefes de casa agrupados por clases, y no por el sufragio universal masculino, que se había aprobado en España en 1890.

Durante la guerra de Cuba (1895-1898), el catalanismo criticó la política colonial de los gobiernos de Madrid, que habían negado la autonomía a la isla hasta que ya era demasiado tarde, y presentó la derrota de 1898 como la prueba del fracaso del Estado centralista de la Restauración. Tras el desastre, una parte importante de la burguesía catalana se acercó al catalanismo.