Historia, PAU 2026 de Cataluña: el examen extraordinario resuelto

Madrid, 1945. Mis superiores me han pedido que explique por qué nos alzamos en 1936 y qué papel tiene hoy el ejército en el nuevo Estado. En julio de 1936 yo servía como oficial en una plaza donde el Alzamiento triunfó. Nosotros creíamos que la República, gobernada por el Frente Popular desde febrero, llevaba a España a la revolución comunista y a la ruptura, y que el ejército tenía el deber de salvar la patria. Por eso el Alzamiento fue, desde el primer momento, obra de los militares.

Como el golpe no triunfó en todas partes, los generales sublevados crearon en Burgos la Junta de Defensa de Burgos, que gobernó la zona nacional los primeros meses de la guerra. A finales de septiembre de 1936, la Junta designó al general Francisco Franco Generalísimo de todos los ejércitos y jefe del Estado, y desde entonces todo el poder está en sus manos.

El nuevo Estado que salió de la victoria de 1939 es, sobre todo, un régimen militar: el Generalísimo concentra todo el poder, muchos militares ocupan ministerios y gobiernos civiles, y los tribunales militares han juzgado a los vencidos. Su ideal es el anticomunismo: luchamos contra el marxismo y la revolución, y el Movimiento, con la Falange, ha adoptado la simbología y muchas ideas de los regímenes fascistas de Italia y Alemania, que nos ayudaron a ganar la guerra.

Ese espíritu se vio en 1941, cuando Alemania atacó a la Unión Soviética. Miles de voluntarios, militares y falangistas, marcharon al frente ruso con la División Azul para combatir el comunismo, aunque España no entrara oficialmente en la guerra mundial.

La guerra, además, no ha terminado del todo. En las montañas quedan partidas de guerrilleros, el maquis, y el año pasado algunas entraron desde Francia por el Valle de Arán. El Ejército y la Guardia Civil los persiguen sin descanso, y eso demuestra que el ejército sigue siendo el guardián del orden.

Ahora que Alemania e Italia han perdido la guerra, las democracias vencedoras nos miran con desconfianza. Pero el anticomunismo seguirá siendo nuestra bandera: cuando los aliados occidentales vean el peligro de la Unión Soviética, recordarán que España fue la primera en vencer al comunismo.

Epílogo, escrito desde hoy: aquel discurso anticomunista permitió que el régimen se adaptara a la Guerra Fría y sobreviviera. A partir de los años cincuenta, cada vez más ministros eran civiles, pero el franquismo nunca dejó de ser visto como un régimen militar: Franco nunca renunció al título de Generalísimo, y en los últimos años puso al frente del gobierno a un militar, el almirante Luis Carrero Blanco.

Antes de coger el avión a París he querido saber quién era Josep Tarradellas, el político que da nombre al aeropuerto de El Prat. Tarradellas fue consejero de la Generalitat durante la Segunda República y la Guerra Civil. En 1939, con la victoria de Franco, tuvo que marchar al exilio, como miles de catalanes, y el franquismo abolió la autonomía de Catalunya. La Generalitat solo sobrevivió fuera del país: en 1954 Tarradellas fue elegido su presidente en el exilio, y durante más de veinte años mantuvo viva la institución desde Francia.

Mientras tanto, en Catalunya, la lucha por la autonomía iba unida a la lucha por la democracia. Tras la muerte de Franco, en 1975, la sociedad catalana se movilizó con la campaña «Volem l’Estatut» y con el lema «Llibertat, amnistia, Estatut d’Autonomia». El 11 de septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat un gran acto a favor del Estatut.

Las primeras elecciones democráticas, en junio de 1977, dieron la victoria en Catalunya a los partidos que reclamaban la autonomía. Los diputados y senadores elegidos en Catalunya formaron la Asamblea de Parlamentarios catalanes, que reclamó el restablecimiento de la Generalitat. El 11 de septiembre de ese mismo año, casi un millón de personas se manifestaron en Barcelona con la misma reivindicación.

El gobierno de Adolfo Suárez decidió negociar con Tarradellas, porque representaba la continuidad de la institución. En septiembre de 1977 se restableció provisionalmente la Generalitat, y el 23 de octubre Tarradellas volvió del exilio y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, saludó a la multitud con su famoso «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí!» («Ciudadanos de Catalunya, ¡ya estoy aquí!»). Por eso es el símbolo del regreso del autogobierno y de la continuidad entre la Generalitat republicana y la democrática.

Mientras Tarradellas presidía la Generalitat provisional, una comisión de parlamentarios redactó el nuevo Estatut en el parador del pantano de Sau, en Osona, y por eso se llama Estatut de Sau. Siguiendo el camino que abría la Constitución de 1978, el Estatut fue aprobado en referéndum en 1979.

En 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlament de Catalunya desde 1932. Las ganó Convergència i Unió, y su líder, Jordi Pujol, fue elegido presidente de la Generalitat, un cargo que ocupó hasta 2003. Así se formó la actual Catalunya autónoma, y Tarradellas pasó a la historia como el político que hizo de puente entre la Generalitat del exilio y la de la democracia.

Entre 1875 y 1930, durante la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera, España era todavía un país mayoritariamente agrario, con una población rural numerosa y pobre y una industria concentrada en pocas zonas, sobre todo en Catalunya y el País Vasco. La falta de trabajo en el campo empujó a mucha gente a marcharse, y la primera característica de estas migraciones es que las había de dos tipos, exteriores e interiores. La emigración exterior se dirigía sobre todo a América, especialmente a Argentina, Cuba y Brasil, y Galicia era la región que enviaba más emigrantes.

La segunda característica es el cambio de tendencia a partir de 1914, con la Primera Guerra Mundial: la emigración al exterior se redujo y las migraciones se concentraron dentro de España, del campo a la ciudad y hacia las zonas con trabajo, como Catalunya, Madrid, el País Vasco, Canarias, Valencia y Sevilla. A Catalunya llegaban sobre todo personas de Aragón, Valencia, Murcia y Almería. Como resultado, la población activa agraria bajó ligeramente y creció la de la industria y los servicios, aunque en 1930 España todavía era un país poco urbanizado.

Los años sesenta corresponden a la etapa del desarrollismo franquista. Después del Plan de Estabilización de 1959, la economía española creció muy deprisa gracias a la industria, el turismo y las inversiones extranjeras, mientras que el campo se mecanizaba y necesitaba mucha menos mano de obra. La primera característica de estas migraciones es, de nuevo, la doble dirección: más de un millón de españoles emigraron a la Europa occidental, a países como Francia, Alemania y Suiza, y una minoría a América Latina, y las divisas que enviaban a sus familias ayudaron a financiar el crecimiento económico.

La segunda es el gran éxodo rural hacia las zonas industriales: Catalunya, Madrid y el País Vasco. En Catalunya, los inmigrantes, muchos de Andalucía, Extremadura y Murcia, se instalaron en Barcelona y su cinturón industrial, en ciudades como Badalona, Santa Coloma, Sabadell, Terrassa, Cornellà, Sant Feliu de Llobregat o Sant Boi, y la población catalana pasó de 3,9 millones de habitantes en 1960 a 5,5 millones en 1975.

Este crecimiento tan rápido despobló muchas zonas rurales y provocó grandes desequilibrios urbanos: la falta de vivienda y la especulación hicieron crecer el chabolismo y los barrios dormitorio, construidos deprisa y sin servicios.

Si comparamos los dos períodos, hay continuidades claras: en ambos la causa principal era la pobreza del campo y la búsqueda de trabajo, y en ambos Catalunya fue una de las grandes zonas de atracción. Pero también hay cambios importantes: la emigración exterior cambió de destino, de América a Europa, y las migraciones interiores de los años sesenta fueron mucho más masivas y transformaron por completo las ciudades y la sociedad catalanas.

En conclusión, las migraciones fueron uno de los motores de la modernización de España: vaciaron el campo, hicieron crecer las ciudades y la industria y, en Catalunya, formaron una sociedad hecha en buena parte de gente venida de todas partes.

El catalanismo político nació durante la Restauración, un sistema centralista y basado en el caciquismo, del que una parte de la burguesía catalana se sentía excluida, y la Renaixença le había preparado el terreno recuperando la lengua y la cultura catalanas. En los últimos años del siglo XIX predominó en él un catalanismo tradicionalista y católico, como el del vigatanismo, el grupo de Vic de Josep Torras i Bages, que defendía una Catalunya cristiana, rural y fiel a sus tradiciones.

Al mismo tiempo, el catalanismo se organizó en entidades como el Centre Català, fundado por Valentí Almirall en 1882; la Lliga de Catalunya, creada en 1887 por los sectores más moderados que se separaron de él, y la Unió Catalanista, que en 1892 aprobó las Bases de Manresa. En estas entidades había sobre todo burgueses de distintos tipos: propietarios, banqueros, fabricantes, comerciantes y profesionales liberales.

En 1901 nació la Lliga Regionalista, el gran partido del catalanismo conservador, dirigido por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, que rompió el dominio de los partidos dinásticos en Barcelona. En 1906, ante la Ley de Jurisdicciones, impulsó la Solidaritat Catalana, una coalición con la mayor parte de los republicanos y con los carlistas que ganó ampliamente las elecciones de 1907. Desde 1914, la Lliga dirigió la Mancomunitat de Catalunya, presidida por Prat de la Riba, que creó escuelas, bibliotecas, carreteras y redes de teléfono.

La Lliga, sin embargo, era un partido de orden. Ante la conflictividad obrera y el pistolerismo, apoyó el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera en 1923, porque esperaba que acabara con el desorden. Pero la dictadura fue muy centralista y en 1925 suprimió la Mancomunitat.

Durante la Segunda República, la Lliga, que en 1933 pasó a llamarse Lliga Catalana, quedó en segundo plano frente a Esquerra Republicana y se opuso a muchas políticas del gobierno de la Generalitat, como la Ley de Contratos de Cultivo. Cuando se produjo el golpe de Estado de julio de 1936, muchos de sus dirigentes, amenazados por la revolución en la retaguardia, se marcharon de Catalunya, y algunos, como Cambó, acabaron apoyando al bando de Franco.

A lo largo de estos sesenta años hay una continuidad clara: el catalanismo conservador defendió siempre la autonomía de Catalunya dentro de España, el orden social y los intereses de la burguesía. El cambio más importante fue el paso de un movimiento cultural y tradicionalista a un partido moderno, capaz de ganar elecciones y de gobernar una institución como la Mancomunitat. Pero su doble fidelidad, al catalanismo y al orden social, lo llevó a contradicciones: cuando vio amenazado el orden, apoyó soluciones autoritarias que acabarían perjudicando al autogobierno.

En conclusión, el catalanismo conservador fue la fuerza hegemónica del catalanismo hasta 1931 y consiguió el primer autogobierno catalán contemporáneo, la Mancomunitat, pero con la República perdió el protagonismo en favor de la izquierda, y la Guerra Civil acabó de hundirlo.