Historia, PAU 2022 de Cataluña: el examen extraordinario resuelto

Es una tabla estadística de carácter demográfico. Está extraída de una obra de historia, El Franquisme i la transició democràtica, 1939-1988, de Borja de Riquer y Joan B. Culla, publicada en 1989: es, por tanto, una fuente secundaria elaborada a partir de datos de la época.

Muestra cuántos inmigrantes llegaron a Catalunya entre 1962 y 1965 y de qué regiones de España procedían, con el número de personas y el porcentaje de cada región sobre el total.

Los datos se sitúan en el franquismo (1939-1975), en su segunda gran etapa, la del desarrollismo. Tras el Plan de Estabilización de 1959, que liberalizó la economía y dejó atrás la autarquía, la industria y los servicios crecieron con fuerza, sobre todo en el área de Barcelona, y atrajeron a cientos de miles de trabajadores de las zonas rurales más pobres de España, donde la mecanización del campo dejaba sin trabajo a los jornaleros.

La tabla muestra un volumen de inmigración enorme: en solo cuatro años, de 1962 a 1965, llegaron a Catalunya 415.482 personas, más de cien mil por año de media. Es uno de los momentos de mayor intensidad de la gran oleada migratoria del desarrollismo.

En cuanto a la procedencia, más de la mitad, 217.064 personas (el 52,2 %), venían de Andalucía. Muy por detrás estaban las Dos Castillas y León, con 70.447 (el 17 %), Extremadura, con 48.661 (el 11,7 %), y Aragón, con 24.870 (el 6 %). Andalucía, las Castillas y Extremadura suman más del 80 %: eran regiones agrarias y pobres, de donde la falta de trabajo en el campo expulsaba población hacia las zonas industriales; en Andalucía y Extremadura, además, dominaban los latifundios y los jornaleros sin tierra.

A finales de los años cincuenta la autarquía había dejado la economía española al borde de la quiebra. En 1959 el gobierno, con ministros tecnócratas vinculados al Opus Dei, aprobó el Plan de Estabilización, que liberalizaba la economía, la abría a las importaciones y al capital extranjero y devaluaba la peseta. Después llegaron los planes de desarrollo, y la economía creció muy deprisa durante los años sesenta, hasta la crisis de 1973.

Catalunya fue uno de los grandes motores de ese crecimiento. La industria se modernizó y diversificó, con sectores como el automóvil —la SEAT, en la Zona Franca de Barcelona—, la química o los electrodomésticos, y llegó mucha inversión extranjera. La Costa Brava y la Costa Daurada se convirtieron en destinos del turismo de masas, que aportaba divisas y empleo.

El crecimiento atrajo una gran inmigración, sobre todo andaluza, y la población de Catalunya pasó de poco más de tres millones de habitantes en 1950 a más de cinco millones y medio en 1975. El área de Barcelona creció sin planificación: barracas, polígonos de viviendas levantados deprisa, como Bellvitge, y ciudades dormitorio sin suficientes escuelas, ambulatorios, transporte ni calles urbanizadas. Esas disfunciones generaron graves problemas sociales.

En los años sesenta la oposición al franquismo se hizo más masiva. En el mundo obrero nacieron las Comisiones Obreras, que aprovechaban las elecciones del sindicato vertical para infiltrarse en él, y las huelgas se multiplicaron, como la de la SEAT de 1971. En la universidad, en 1966 los estudiantes fundaron en la Caputxinada el Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, y en los barrios las asociaciones de vecinos reclamaban los servicios que faltaban.

Los partidos clandestinos tuvieron un papel clave, sobre todo el PSUC, la fuerza más organizada del antifranquismo catalán y muy presente en Comisiones Obreras. El 7 de noviembre de 1971 se creó la Asamblea de Catalunya, que unía partidos, sindicatos y entidades con un programa común: amnistía, libertades democráticas, restablecimiento del Estatuto de 1932 y coordinación con los otros pueblos del Estado. Su lema era «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia».

Una pequeña parte de la oposición optó por la lucha armada. El Movimiento Ibérico de Liberación (MIL), un grupo anarquista que hacía atracos para financiar la lucha obrera, fue el ejemplo más conocido: uno de sus miembros, Salvador Puig Antich, fue ejecutado a garrote el 2 de marzo de 1974, pese a las protestas internacionales. La represión continuó hasta la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, pero para entonces la oposición ya era lo bastante fuerte para exigir la ruptura democrática.

Franco abolió el Estatuto de Autonomía el 5 de abril de 1938, pocos días después de que sus tropas entraran en Lleida, y el 26 de enero de 1939 ocuparon Barcelona. El nuevo régimen suprimió todas las instituciones catalanas: la Generalitat, el Parlamento, el Tribunal de Casación y las leyes aprobadas durante la República, como la Ley de Contratos de Cultivo.

En lugar de las instituciones de autogobierno se restablecieron las cuatro provincias, con unos gobernadores civiles que dirigían también el Movimiento en cada provincia, y unas diputaciones y unos ayuntamientos nombrados desde arriba. Catalunya quedó sometida, como el resto de España, al partido único, la Falange Española Tradicionalista y de las JONS, al sindicato vertical y a todas las instituciones del Nuevo Estado, un régimen que no admitía partidos ni elecciones libres.

En economía, la autarquía y el intervencionismo fueron muy perjudiciales para la industria catalana, que dependía de la importación de materias primas, como el algodón, y de la energía. Las fábricas textiles trabajaban pocas horas a la semana por la falta de materia prima y por las restricciones eléctricas, y el racionamiento, el estraperlo y los salarios de miseria empobrecieron a las clases populares.

La represión fue especialmente dura en Catalunya. Miles de personas fueron juzgadas en consejos de guerra y fusiladas, muchas en el Camp de la Bota de Barcelona, y el presidente de la Generalitat Lluís Companys, entregado por la Gestapo, fue ejecutado en Montjuïc en 1940. Las cárceles se llenaron, cientos de miles de personas habían huido a Francia por la frontera catalana en 1939, y las depuraciones apartaron de su trabajo a muchos funcionarios y maestros.

Además, el régimen quiso borrar la personalidad catalana. El catalán perdió la oficialidad y fue expulsado de la escuela, de la administración, de la prensa, de la radio y de los rótulos; se prohibieron los símbolos catalanes, como la senyera y Els Segadors, y se castellanizaron los nombres de calles y de pueblos. Las entidades culturales fueron cerradas o perseguidas, y el catalán quedó reducido al uso familiar y a una cultura clandestina que, poco a poco, fue recuperando espacios.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico-político. Por su naturaleza, es un texto: un fragmento de un documento público y legal.

Es un fragmento de la Constitución de la República española, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Recoge el artículo primero, que define el nuevo régimen —una república democrática, con soberanía popular, un Estado integral compatible con las autonomías y una nueva bandera—, y el artículo tercero, que declara que el Estado no tiene religión oficial.

La Constitución se sitúa en 1931, en los inicios de la Segunda República (1931-1936). La República se había proclamado el 14 de abril de 1931, después de que republicanos y socialistas ganaran las elecciones municipales en las grandes ciudades, y en junio se eligieron unas Cortes Constituyentes, con mayoría republicana y socialista, que redactaron esta constitución. Empezaba así el primer bienio, el reformista, que duró hasta 1933.

El artículo primero define España como una «República democrática de trabajadores de toda clase», una fórmula que refleja el peso de los socialistas en las Cortes y el carácter social del nuevo régimen. Afirma la soberanía popular: todos los poderes «emanan del pueblo», y ya no se comparten entre el rey y las Cortes, como en la Constitución de 1876.

El Estado «integral» era una vía intermedia entre el Estado unitario y el federal, que permitía que regiones como Catalunya tuvieran un estatuto de autonomía. El artículo también adopta una nueva bandera tricolor, roja, amarilla y morada, símbolo de la ruptura con la monarquía.

El artículo tercero separa la Iglesia y el Estado: al declarar que el Estado no tiene religión oficial, pone fin a la confesionalidad católica y abre paso a la libertad de cultos. Fue uno de los puntos que más enfrentaron a la República con la Iglesia y con los católicos conservadores.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía de Alfonso XIII, desprestigiada por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Las candidaturas republicanas y socialistas, unidas por el Pacto de San Sebastián (1930), ganaron en la mayoría de las capitales de provincia. El 14 de abril se proclamó la República en Eibar y, después, en Barcelona, en Madrid y en muchas otras ciudades, en medio de la alegría popular, y el rey abandonó España sin abdicar.

En Barcelona, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento, y Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ganadora de las elecciones en Catalunya, proclamó la República Catalana como estado integrante de una federación ibérica. Tres días después, tres ministros del Gobierno provisional pactaron con Macià que la República Catalana se convirtiera en la Generalitat de Catalunya, un gobierno autónomo provisional que debía redactar un estatuto de autonomía.

En Madrid se formó un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, un republicano católico y moderado, con ministros republicanos, socialistas y nacionalistas. Entre los dirigentes de aquellos años destacan también Manuel Azaña, ministro de la Guerra y después jefe del gobierno, que impulsó las grandes reformas; el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, y Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, que gobernaría en el segundo bienio.

Las Cortes Constituyentes, elegidas en junio de 1931, aprobaron la Constitución el 9 de diciembre. Era una constitución democrática y avanzada, que definía España como una «República democrática de trabajadores de toda clase» y como un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones: por esa vía Catalunya obtuvo su Estatuto en 1932.

El poder legislativo residía en una sola cámara, las Cortes, elegidas por sufragio universal, que por primera vez incluía a las mujeres. El jefe del Estado era el presidente de la República, elegido por seis años —el primero fue Alcalá-Zamora—, que nombraba al jefe del gobierno, el cual necesitaba la confianza de las Cortes. Un Tribunal de Garantías Constitucionales velaba por el cumplimiento de la Constitución.

La Constitución contenía una amplia declaración de derechos individuales y sociales: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de reunión, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y la posibilidad de expropiar la propiedad por utilidad social. Los artículos sobre la Iglesia fueron los más polémicos: el Estado no tenía religión oficial, se reconocían el matrimonio civil y el divorcio, y las órdenes religiosas no podrían dedicarse a la enseñanza.

Durante el bienio de izquierdas o reformista (1931-1933), los gobiernos de republicanos de izquierda y socialistas, presididos por Niceto Alcalá-Zamora y, desde octubre de 1931, por Manuel Azaña, emprendieron un amplio programa de reformas para modernizar España. En el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, aprobó unos decretos que establecían la jornada de ocho horas en el campo, los jurados mixtos para negociar salarios y condiciones de trabajo, y el decreto de términos municipales, que obligaba a los patronos a contratar primero a los jornaleros del mismo municipio.

La reforma militar, impulsada por Manuel Azaña como ministro de la Guerra en 1931, quería un ejército más pequeño, moderno y fiel a la República. Una ley permitía a los oficiales retirarse con el sueldo íntegro si no querían jurar fidelidad al nuevo régimen; se redujeron las divisiones, se suprimieron las capitanías generales y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza. Muchos militares lo vivieron como una agresión.

La República separó la Iglesia y el Estado. Disolvió la Compañía de Jesús en enero de 1932 y confiscó sus bienes, aprobó el divorcio y el matrimonio civil, secularizó los cementerios y, con la ley de congregaciones de 1933, prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Estas medidas enfrentaron al gobierno con la Iglesia y con buena parte de los católicos.

La reforma más esperada era la agraria. La Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, preveía expropiar, con indemnización, una parte de los latifundios, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, para asentar en ellos a campesinos sin tierra. El Instituto de Reforma Agraria, que debía aplicarla, tuvo pocos recursos, y los resultados fueron muy limitados: decepcionó a los jornaleros y alarmó a los propietarios.

La gran apuesta de la República fue la educación. Para combatir un analfabetismo que afectaba a una parte muy grande de la población, el gobierno creó miles de escuelas y plazas de maestros, y mejoró sus sueldos y su formación. Las Misiones Pedagógicas llevaban bibliotecas, teatro, cine y música a los pueblos más aislados, y en Catalunya la Generalitat impulsó la enseñanza en catalán.

Estas reformas chocaron con la resistencia de los grandes propietarios, de la Iglesia y de una parte del ejército, y con la impaciencia de la CNT. El desgaste del gobierno de Azaña llevó a las elecciones de noviembre de 1933, que ganaron las derechas.

Es una fuente primaria de carácter político y social. Por su naturaleza, es una fotografía, hecha por el fotoperiodista Manel Armengol.

Muestra la represión policial de una manifestación a favor de la amnistía para los presos políticos, en el paseo de Sant Joan de Barcelona, el 6 de febrero de 1976, menos de tres meses después de la muerte de Franco.

La fotografía se sitúa en los inicios de la Transición a la democracia (1975-1986). Franco había muerto el 20 de noviembre de 1975 y Juan Carlos I había sido proclamado rey, pero el gobierno de Carlos Arias Navarro mantenía las estructuras franquistas. La oposición, que en Catalunya se agrupaba en la Asamblea de Catalunya, salió a la calle para exigir «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia», y la policía seguía reprimiendo las manifestaciones.

La fotografía muestra una carga de la policía, con casco y porra, contra un grupo de manifestantes que se han sentado en el suelo, en medio de un humo espeso que llena el paseo.

Los manifestantes, apiñados unos contra otros, se protegen la cabeza como pueden de los golpes, mientras los agentes los rodean con las porras levantadas. Era una protesta pacífica: sentarse en el suelo era una forma de no enfrentarse a la policía. La imagen muestra que, meses después de la muerte de Franco, la policía del régimen seguía reprimiendo con violencia las reivindicaciones democráticas.

El Estatuto de Autonomía de Catalunya, el llamado Estatut de Sau, fue aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 y promulgado en diciembre. Definía Catalunya como una nacionalidad que accedía al autogobierno dentro de la Constitución de 1978. La Generalitat la formaban el Parlamento, elegido por sufragio universal; el presidente, elegido por el Parlamento, y el Consejo Ejecutivo o Gobierno. El catalán era la lengua propia de Catalunya y oficial junto con el castellano, y se preveía un Tribunal Superior de Justicia.

La Generalitat asumía competencias en derecho civil catalán, cultura, enseñanza, sanidad, agricultura y urbanismo, entre otras, y podía crear una policía propia.

Las primeras elecciones al Parlamento, el 20 de marzo de 1980, las ganó Convergència i Unió, de Jordi Pujol, con 43 de los 135 diputados, por delante de los socialistas (33), el PSUC (25), Centristes de Catalunya-UCD (18) y ERC (14). Pujol fue investido con el apoyo de los centristas y de ERC, y empezó una presidencia que duró hasta 2003.

El 23 de febrero de 1981, mientras el teniente coronel Antonio Tejero ocupaba el Congreso de los Diputados, Catalunya vivió el golpe con angustia. El presidente Pujol estuvo en contacto con el rey e hizo un llamamiento a la calma por la radio. El fracaso del golpe reforzó la democracia, pero también frenó el despliegue autonómico: en 1982 la UCD y el PSOE aprobaron la LOAPA, que el Tribunal Constitucional recortó en 1983.

El primer gobierno Pujol puso en marcha la administración autonómica y recibió los traspasos del Estado en enseñanza, sanidad o cultura. En 1983 el Parlamento aprobó tres leyes decisivas: la Ley de Normalización Lingüística, para extender el uso del catalán a la escuela, la administración y los medios; la que creó la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, con TV3 y Catalunya Ràdio, y la de la policía de la Generalitat, que convirtió a los Mossos d’Esquadra en la policía autonómica.

En las elecciones de 1984, CiU obtuvo la mayoría absoluta, con 72 escaños. En esta segunda legislatura, el gobierno de Pujol siguió consolidando el autogobierno y las políticas lingüísticas y culturales, y en 1986, cuando España entró en la Comunidad Económica Europea, el sistema autonómico catalán ya funcionaba plenamente.

La muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, abrió un período de incertidumbre. Juan Carlos I fue proclamado rey, pero mantuvo como jefe del gobierno a Carlos Arias Navarro, que solo quería reformar el régimen en apariencia. En Catalunya, la Asamblea de Catalunya y los partidos todavía ilegales intensificaron la presión para forzar una ruptura democrática: manifestaciones por la amnistía como las de febrero de 1976, que la policía disolvió a golpes, huelgas obreras, encierros de estudiantes y movilizaciones en los barrios. El Once de Septiembre de 1976 se celebró en Sant Boi de Llobregat la primera Diada autorizada.

En julio de 1976 el rey sustituyó a Arias por Adolfo Suárez, que optó por una reforma desde la legalidad franquista. Las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, que se sometió a referéndum el 15 de diciembre de 1976 y obtuvo un sí abrumador. Entre 1976 y 1977 se aprobaron varias amnistías, que liberaron a los presos políticos, y en abril de 1977 se legalizaron los partidos, incluido el PCE.

En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, en Catalunya ganaron las izquierdas: los Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE) fueron la primera fuerza y el PSUC la segunda en votos, mientras que el Pacte Democràtic per Catalunya de Jordi Pujol y la UCD de Suárez quedaban detrás. El resultado contrastaba con la victoria de la UCD en el conjunto de España y reforzaba la demanda de autonomía.

Los diputados y senadores elegidos en Catalunya se constituyeron en Asamblea de Parlamentarios, que reclamó el restablecimiento de la Generalitat y un estatuto de autonomía. Suárez, que no quería que las izquierdas ganadoras controlaran el proceso, negoció directamente con el presidente de la Generalitat en el exilio, Josep Tarradellas: era la «operación Tarradellas».

Tras la gran manifestación del Once de Septiembre de 1977, el gobierno restableció provisionalmente la Generalitat el 29 de septiembre. Tarradellas regresó el 23 de octubre y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunció la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». Presidió un gobierno provisional de unidad con los principales partidos.

Mientras las Cortes elaboraban la Constitución, en 1978 una comisión de veinte parlamentarios redactó el proyecto de Estatuto en el parador de Sau, en Osona, y por eso se le conoce como Estatut de Sau. Ese texto, negociado después en Madrid, fue la base del Estatuto de Autonomía de 1979.