Historia, PAU 2025 de Cataluña: el examen extraordinario resuelto

Para entender la lucha obrera en Catalunya entre 1914 y 1923 tienes que empezar por la CNT, el sindicato anarcosindicalista fundado en Barcelona en 1910, que durante la Primera Guerra Mundial creció muchísimo. España era neutral y la industria catalana vendió tejidos y otros productos a los países en guerra: la producción industrial y los beneficios de los empresarios se dispararon, pero los precios de los alimentos subieron mucho más que los salarios, y las familias obreras vivían cada vez peor. Ese malestar llevó a muchos trabajadores al sindicato.

En 1917 el malestar estalló. En agosto, la CNT y la UGT convocaron una huelga general revolucionaria en toda España, que el gobierno aplastó con el ejército. Ese mismo año triunfó en Rusia la revolución bolchevique, y su ejemplo hizo creer a muchos trabajadores que un cambio revolucionario era posible. Ese trasfondo explica la radicalización de los años siguientes.

La conflictividad llegó a su punto más alto en 1919 con la huelga de La Canadiense, la principal compañía eléctrica de Barcelona. La huelga dejó la ciudad sin luz y con muchos tranvías y fábricas parados durante semanas, y terminó con una gran victoria: el gobierno estableció la jornada laboral máxima de ocho horas. En aquellos años, uno de los dirigentes más respetados de la CNT era Salvador Seguí, el Noi del Sucre, partidario de una acción sindical fuerte pero también de la negociación.

La respuesta de una parte de la patronal fue la violencia, y así empezó el pistolerismo, una auténtica guerra social en las calles de Barcelona. Por un lado, la patronal pagaba a pistoleros para matar a sindicalistas, y a esos sicarios se sumaron miembros de los Sindicatos Libres, unos sindicatos nacidos en 1919 para enfrentarse a la CNT; por otro, grupos radicales del anarquismo respondían con atentados contra patronos, encargados y policías.

Entre 1919 y 1923 hubo cientos de atentados y asesinatos. Cuando el general Martínez Anido fue gobernador civil de Barcelona, a partir de 1920, la represión aplicó la ley de fugas: las fuerzas del orden mataban a detenidos y decían que habían intentado escapar. Entre las víctimas estuvieron el abogado de los sindicalistas Francesc Layret, en 1920, y el presidente del gobierno Eduardo Dato, muerto por anarquistas en 1921. En marzo de 1923, unos pistoleros asesinaron a Salvador Seguí en la calle. Aquella espiral de violencia y el miedo de la burguesía a la revolución fueron la excusa que utilizó en septiembre de 1923 el capitán general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, para dar su golpe militar. Como ves, la lucha obrera de aquellos años fue a la vez una lucha por mejoras laborales y una guerra en las calles.

Barcelona, septiembre de 1888. Estimado amigo: me pregunta cómo funciona la política española y por qué hay tanta gente que queda fuera de ella. Se lo explicaré con franqueza. Desde que en 1874 se restauró la monarquía de los Borbones, tras seis años de revoluciones, una república y guerras, el país se gobierna con un sistema ideado por Antonio Cánovas del Castillo: el turno dinástico. Los dos grandes partidos que aceptan la monarquía, el Conservador de Cánovas y el Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, se alternan pacíficamente en el gobierno. Pero este juego solo está abierto a quienes aceptan la monarquía y la Constitución de 1876: es excluyente por naturaleza y, con quien lo cuestiona, represivo.

Quedan fuera, en primer lugar, los republicanos. El republicanismo gobernó durante la Primera República, en 1873, y todavía tiene muchos seguidores en las ciudades. Está dividido entre los federales de Francesc Pi i Margall, los posibilistas de Emilio Castelar y los partidarios de la insurrección de Manuel Ruiz Zorrilla, pero todos quieren acabar con la monarquía, y por eso el sistema los margina y los vigila.

En segundo lugar, los carlistas. El carlismo defiende a otro rey, el pretendiente carlista, y una monarquía tradicional y católica, contraria al liberalismo. Perdió la última guerra en 1876, pero muchos de sus partidarios, sobre todo en las zonas rurales de Catalunya, del País Vasco y de Navarra, siguen rechazando el sistema.

Y, por último, los obreros organizados. Los anarquistas, muy fuertes aquí en Barcelona, rechazan toda participación política, y los socialistas apenas empiezan: Pablo Iglesias, un tipógrafo de Madrid, fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español, y este mismo agosto se ha creado en Barcelona la Unión General de Trabajadores. Todavía son pocos, pero defienden la lucha de clases, y los gobiernos los ven como una amenaza.

¿Cómo se consigue que el sistema funcione sin ellos? Controlando las elecciones. Solo vota una pequeña parte de los hombres, los que tienen propiedades o pagan suficientes impuestos, e incluso así los resultados se deciden antes de votar: el gobierno que debe ganar prepara la lista de quienes deben salir elegidos, el encasillado, y los caciques de cada pueblo se encargan de que salgan, con favores, amenazas o manipulando directamente las urnas. Así, las Cortes no representan al país real.

Quienes protestan tampoco tienen muchas garantías. Los derechos que reconoce la Constitución se pueden suspender cuando el gobierno lo decide, y las autoridades abusan de ello; los jueces no son independientes del poder político, y muchos periódicos viven de los favores del gobierno, que los utiliza a su servicio. En realidad, no hay un pluralismo político auténtico: hay dos partidos que se reparten el poder por turnos.

Para nosotros, los fabricantes, este sistema tiene un precio pero también una ventaja: tras tantos años de inestabilidad, nos da el orden que necesitan los negocios, como demuestra este año la Exposición Universal. Esta es la clave de todo: la estabilidad del sistema se paga con la exclusión de quienes no aceptan el juego y con la corrupción de las elecciones.

La Constitución de 1876, inspirada por Antonio Cánovas del Castillo, fue la base del sistema de la Restauración. Se fundamentaba en la soberanía compartida: el poder no venía solo de la nación, sino del rey y de las Cortes juntos. El rey tenía un papel central, porque hacía las leyes con las Cortes, nombraba y cesaba al gobierno y podía disolver las cámaras. Las Cortes eran bicamerales: un Congreso elegido y un Senado formado en parte por senadores por derecho propio y por senadores vitalicios nombrados por la corona. El Estado era confesional: la religión católica era la oficial, el Estado se comprometía a mantener su culto y sus ministros y las demás religiones solo se toleraban en privado.

Además, la Constitución no fijaba el tipo de sufragio, que se dejó a leyes posteriores: fue censitario hasta 1890 y universal masculino después, pero siempre falseado por el caciquismo. Los derechos que reconocía se podían suspender y quedaban limitados por las leyes. El énfasis en las prerrogativas del rey permitió que Alfonso XIII interviniera demasiado en la política, y su apoyo al golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, dejó sin efecto la Constitución y acabó arrastrando a la monarquía en 1931.

La Constitución de 1931, en cambio, definió España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y estableció que todos los poderes emanaban del pueblo. Las Cortes eran unicamerales, un solo Congreso elegido por sufragio universal, y el presidente de la República tenía unos poderes limitados. El Estado dejaba de tener religión oficial: se separaba de la Iglesia y reconocía la libertad de conciencia y de culto.

La Constitución republicana también garantizó la igualdad de derechos entre los sexos: reconoció el voto de las mujeres a partir de los 23 años y el divorcio. Además, protegió la situación de los trabajadores con el reconocimiento de sus derechos sociales, y abrió la puerta a la autonomía de regiones como Catalunya.

Por eso solo la de 1931 se considera democrática. La de 1876 era liberal, porque reconocía derechos y un parlamento, pero no democrática: la soberanía no residía en el pueblo, el sufragio, censitario y después solo masculino, estaba falseado por el caciquismo, el rey conservaba un poder enorme y los derechos y libertades de los ciudadanos no estaban garantizados. La de 1931 ponía la soberanía en el pueblo, garantizaba el sufragio universal de hombres y mujeres y protegía los derechos. En definitiva, una monarquía constitucional puede ser liberal sin ser democrática.

La Mancomunidad de Catalunya se constituyó en 1914. Fue fruto del auge del catalanismo político, sobre todo de la Lliga Regionalista, que desde la Diputación de Barcelona, presidida por Enric Prat de la Riba desde 1907, reclamaba una institución que uniera toda Catalunya. En diciembre de 1913, el gobierno de Eduardo Dato permitió por decreto que las diputaciones se unieran, y las cuatro diputaciones catalanas formaron la Mancomunidad.

La Mancomunidad tuvo tres presidentes. Prat de la Riba la dirigió hasta su muerte, en 1917, y puso en marcha su gran proyecto; lo sucedió el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que la presidió hasta los inicios de la dictadura de Primo de Rivera. Después, la dictadura colocó en ella a Alfons Sala, un hombre afín al régimen, hasta que la disolvió en 1925.

Su obra se centró en los servicios que el Estado no ofrecía. Construyó carreteras y una red telefónica que llegó a muchos pueblos; impulsó la enseñanza técnica y profesional, con la Escola del Treball, y la formación de maestros y de bibliotecarias; creó una red de bibliotecas populares y apoyó al Institut d’Estudis Catalans y la normalización de la lengua catalana. También promovió una agricultura más moderna.

La Generalitat republicana, en cambio, fue un auténtico gobierno autónomo. Se restableció en 1931, con la República, y en 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía, que le daba un Parlamento, un gobierno y competencias propias. La dirigió Esquerra Republicana de Catalunya, primero con Francesc Macià y, tras su muerte, con Lluís Companys, y su política fue más progresista que la que había inspirado la Lliga. En la enseñanza impulsó una escuela pública, laica y catalana, con la Escuela Normal de la Generalitat y la Universidad Autónoma; en el campo, mientras la Lliga defendía a los propietarios, Esquerra aprobó en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo para proteger a los rabassaires y a otros campesinos que cultivaban tierras ajenas.

Por eso las dos instituciones tenían una naturaleza política distinta. La Mancomunidad era una unión administrativa de las diputaciones provinciales dentro de un estado centralista, sin poder para hacer leyes, aunque fue la primera institución común de toda Catalunya desde 1714. La Generalitat era una institución de autogobierno con poder legislativo y ejecutivo, reconocida por un estatuto de autonomía dentro de una república democrática.

Precisamente por eso las dos dictaduras las suprimieron. Primo de Rivera aplicó una política anticatalanista: restringió el uso público del catalán y de la bandera catalana, y en 1925 disolvió la Mancomunidad. La Generalitat, suspendida tras los Sucesos de Octubre de 1934 y restablecida en 1936, fue abolida por Franco: en 1938, cuando sus tropas entraron en Catalunya, derogó el Estatuto, y tras la guerra el régimen persiguió la lengua y la cultura catalanas y fusiló al presidente Companys, en 1940. Ambas instituciones cayeron, pues, por la voluntad de dos dictaduras de suprimir cualquier forma de autogobierno catalán.