Historia, PAU 2025 de Cataluña: el examen de junio (serie 1) resuelto

Barcelona, 12 de septiembre de 1977. Ayer Barcelona vivió la manifestación más grande que he visto nunca. Cerca de un millón de personas llenaron las calles del centro de la ciudad para celebrar el Once de Septiembre, la fiesta nacional de Catalunya, y para reclamar la autonomía política y, en concreto, el restablecimiento del Estatuto de Autonomía que Catalunya había tenido durante la Segunda República, el de 1932. Después de décadas de prohibición, la Diada pudo celebrarse a plena luz del día y sin miedo.

No era la protesta de un solo partido. El catalanismo político ha conseguido reunir a casi todas las fuerzas democráticas: partidos de izquierda y de centro, sindicatos, asociaciones de vecinos, colegios profesionales y entidades culturales. Ya en la clandestinidad, la Asamblea de Catalunya, nacida en 1971, había resumido sus reivindicaciones en un lema que ayer se gritaba en todas partes: «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia» (Libertad, amnistía, Estatuto de Autonomía). La libertad significa unos derechos democráticos que el país apenas empieza a recuperar tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975, y las elecciones del pasado junio; la amnistía, que salgan de la cárcel los presos políticos.

Para entender esta fuerza hay que mirar atrás. El centralismo político y cultural fue una de las características de la dictadura franquista, que en 1938 abolió el Estatuto, suprimió la Generalitat y persiguió la lengua catalana. Pero no era una novedad: el estado liberal construido en el siglo XIX ya se había organizado de forma centralista, con una administración uniforme dividida en provincias desde 1833, que no reconocía la personalidad de Catalunya. El catalanismo nació, en buena parte, como respuesta a ese modelo.

La fecha no es casual: el Once de Septiembre recuerda la caída de Barcelona en 1714, al final de la guerra de Sucesión, tras la cual los decretos de Nueva Planta abolieron las instituciones propias de Catalunya. En las elecciones de junio, además, las fuerzas que defienden la autonomía ganaron en Catalunya con una gran mayoría, y sus diputados y senadores han hecho suya la demanda del Estatuto. Ayer el catalanismo demostró que tiene detrás a la mayoría del país, y el gobierno de Madrid ya no podrá ignorar esta voz.

Epílogo, escrito desde hoy: aquella movilización contribuyó, en su medida, a conseguir los objetivos que reclamaba. A finales del mismo septiembre, el gobierno de Adolfo Suárez restableció provisionalmente la Generalitat, y el presidente en el exilio, Josep Tarradellas, volvió a Barcelona en octubre; ese mismo octubre las Cortes aprobaron la Ley de Amnistía, y en 1979 Catalunya recuperó un Estatuto de Autonomía, el Estatut de Sau, en el marco de la Constitución de 1978.

Junio de 1975. Vecinos y vecinas: muchos de nosotros llegamos a este barrio en los años cincuenta y sesenta, desde Andalucía, Murcia, Extremadura o Galicia, para trabajar en las fábricas y en las obras de Barcelona y de los pueblos de alrededor, que necesitaban mano de obra. Aquella avalancha de inmigrantes hizo crecer las ciudades mucho más deprisa que los servicios. Los bloques donde vivimos se levantaron deprisa y sin ninguna planificación, con malos materiales, y todavía hay calles sin asfaltar ni alumbrar.

Nos faltan los servicios sociales más elementales. No hay suficientes escuelas y muchos niños estudian en aulas abarrotadas. En el barrio no hay centros sanitarios: para ir al médico tenemos que coger dos autobuses, y el transporte público es tan escaso que los trabajadores pierden horas cada día para ir a la fábrica. Estas carencias no son culpa nuestra: son el resultado de una especulación que ha hecho negocio con las viviendas y de unos ayuntamientos que no hemos podido elegir democráticamente.

Por eso creamos nuestra asociación de vecinos. Aprovechando los pocos márgenes legales que deja el régimen, nos reunimos, recogemos firmas y llevamos nuestras demandas al ayuntamiento: un ambulatorio, una escuela, una línea de autobús, semáforos en la calle principal. En muchos barrios de Barcelona y de su área, otras asociaciones hacen lo mismo, y algunas ya han conseguido pequeñas victorias.

Cuando el ayuntamiento no nos escucha, salimos a la calle. Hemos hecho manifestaciones, hemos cortado calles y nos hemos encerrado en la parroquia, aunque la policía nos ha disuelto más de una vez y algunos vecinos han sido detenidos. Ocupar el espacio público es la única manera que tenemos de hacernos oír, porque en una dictadura no hay libertad de reunión ni de manifestación.

Así hemos aprendido que las reivindicaciones sociales no se pueden separar de las políticas. Mientras no podamos elegir a nuestros alcaldes ni reunirnos libremente, no tendremos los servicios que necesitamos. Por eso muchas entidades de barrio, como la nuestra, apoyan a la Asamblea de Catalunya, que desde 1971 reúne a partidos, sindicatos y entidades en la lucha por la libertad, la amnistía y el Estatuto de Autonomía. La lucha por el ambulatorio y por el autobús es también la lucha por la democracia. Os esperamos en la próxima asamblea del barrio.

Las primeras grandes conquistas sociales y laborales de la España contemporánea llegaron con la Segunda República. Los gobiernos reformistas del primer bienio (1931-1933) y, de nuevo, los del Frente Popular en 1936 quisieron mejorar la condición de los trabajadores. La Constitución de 1931 definía España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y protegía el trabajo, y el Ministerio de Trabajo, dirigido por el socialista Francisco Largo Caballero hasta 1933, desarrolló esos principios con una legislación nueva.

Entre esas medidas destaca la Ley de Jurados Mixtos, que creaba organismos con representantes de los patronos y de los obreros para negociar las condiciones de trabajo y resolver los conflictos. La huelga era legal y no se perseguía como un delito de sedición, y los sindicatos podían actuar con libertad. Además, en 1931 los trabajadores conquistaron el permiso de trabajo retribuido, unos días de vacaciones pagadas cada año.

El franquismo deshizo casi todo ese camino. Ya durante la guerra, el Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración falangista, impuso un modelo corporativo: patronos y obreros quedaban encuadrados a la fuerza en un sindicato único, el sindicato vertical, controlado por el régimen. Los sindicatos de clase, como la CNT y la UGT, fueron ilegalizados y perseguidos, y la huelga se convirtió en un delito: el Fuero consideraba delito de lesa patria cualquier acto que alterara la normalidad de la producción.

Los trabajadores también perdieron la negociación colectiva: los salarios y las condiciones de trabajo los fijaba el gobierno, hasta que en 1958 la Ley de Convenios Colectivos permitió una negociación muy limitada dentro del sindicato vertical. La protección social fue muy pobre: la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada en 1963, no entró en vigor hasta 1967, y el sistema de previsión que creó era muy precario, con un gasto social ínfimo.

Este atraso alejó a España de la Europa occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países democráticos del continente construyeron estados del bienestar, con sindicatos libres, negociación colectiva y sistemas amplios de sanidad, pensiones y subsidios de desempleo. España, aislada durante la posguerra y sometida a una dictadura, quedó al margen: los trabajadores no tenían derechos para defenderse y el Estado gastaba en protección social mucho menos que sus vecinos. El crecimiento económico de los años sesenta mejoró los salarios, pero no cerró esa distancia. En definitiva, la República abrió el camino de los derechos sociales que Europa consolidaría, y el franquismo lo cerró durante casi cuatro décadas.

La Segunda República supuso un cambio profundo para las mujeres, que por primera vez fueron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos que los hombres. La Constitución de 1931 estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo y, tras un debate muy duro en las Cortes, en el que Clara Campoamor defendió el voto femenino, reconoció el derecho de voto a partir de los 23 años para hombres y mujeres. Las mujeres, que ya podían ser elegidas desde junio de 1931, votaron por primera vez en unas elecciones generales en noviembre de 1933.

También se abrieron las puertas de la educación y del trabajo. La República construyó muchas escuelas nuevas, impulsó la coeducación y favoreció que más chicas estudiaran el bachillerato y fueran a la universidad. La Constitución garantizaba la igualdad de acceso a los cargos y empleos públicos, y las mujeres se incorporaron a profesiones que hasta entonces les habían estado casi cerradas.

La familia también cambió. La Constitución basaba el matrimonio en la igualdad de derechos de ambos sexos, y en 1932 se aprobó la ley del divorcio. Ya en plena guerra, en Catalunya, la Generalitat legalizó el aborto a finales de 1936.

La dictadura franquista rompió con todo ello e impuso el retorno al modelo doméstico tradicional, bendecido por la Iglesia católica: la mujer debía ser esposa y madre, dedicada al hogar y sometida al hombre. La Sección Femenina de la Falange se encargó de difundir ese ideal, y el Fuero del Trabajo de 1938 prometía liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica.

Este modelo se convirtió en leyes. En 1939 se derogó la ley del divorcio, y en el matrimonio la mujer quedó en una posición de desigualdad jurídica: la mujer casada necesitaba el permiso del marido, la licencia marital, para trabajar, abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato. En la escuela se suprimió la coeducación: chicos y chicas estudiaban separados, y las chicas recibían una formación orientada a las tareas del hogar.

Para las mujeres, este retroceso fue inmenso en términos políticos, sociales y humanos. En pocos años pasaron de ser ciudadanas con los mismos derechos políticos que los hombres a estar sometidas jurídicamente al marido, y muchas quedaron apartadas de los estudios superiores, de buena parte de las profesiones y de la vida pública. Generaciones enteras de mujeres vieron limitadas sus vidas, y muchos de los derechos perdidos no se recuperaron hasta la democracia, casi cuarenta años después.