Historia, PAU 2022 de Cataluña: el examen de junio (serie 5) resuelto

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos. Por su naturaleza, es una fotografía de Carlos Pérez de Rozas, que se conserva en el Archivo Fotográfico de Barcelona.

Se tomó en Barcelona el 19 de julio de 1936, el día en que la sublevación militar llegó a la ciudad, y muestra a un grupo de civiles y de militares armados que avanzan juntos por una calle, muchos con el brazo o el puño en alto.

La fotografía se sitúa al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939), el 19 de julio de 1936. El 17 de julio una parte del ejército se había sublevado en Marruecos contra el gobierno del Frente Popular, y el 19 la revuelta llegó a Barcelona, donde las tropas salieron de los cuarteles para ocupar la ciudad.

El fracaso del golpe en Catalunya abrió una guerra que duraría casi tres años y, en la retaguardia republicana, una revolución social.

La imagen muestra a un grupo de civiles, algunos en mangas de camisa o con mono, y de militares o guardias de uniforme que marchan juntos por el centro de una calle de Barcelona. Esgrimen fusiles, levantan el puño y hacen gestos de victoria, como quien celebra haber ganado.

La escena debe relacionarse con los combates de ese mismo día. Las tropas sublevadas, dirigidas por el general Goded, fueron derrotadas en las calles de Barcelona por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, fieles a la Generalitat y a la República, y por los obreros armados, sobre todo de la CNT. La fotografía refleja esa unión de civiles y fuerzas leales que hizo fracasar el golpe en Catalunya, y a la vez el poder que los obreros armados ganaron en la calle.

La Guerra Civil se internacionalizó desde el principio, en una Europa dividida entre democracias, fascismos y la URSS. Francia y Gran Bretaña, por miedo a una guerra general y al contagio revolucionario, impulsaron en agosto de 1936 un acuerdo de No Intervención, vigilado por un comité con sede en Londres, que prohibía vender armas a los dos bandos. Alemania, Italia y la URSS lo firmaron pero no lo cumplieron, y la No Intervención perjudicó sobre todo a la República, el gobierno legítimo, que no podía comprar armas a las democracias mientras los sublevados recibían una ayuda constante.

El bando franquista recibió la ayuda decisiva de la Alemania nazi y de la Italia fascista: aviones que ya en julio de 1936 permitieron pasar el ejército de África a la Península, armas, asesores y tropas. Mussolini envió el Corpo Truppe Volontarie, con decenas de miles de soldados, y el Portugal de Salazar dio apoyo logístico y dejó pasar suministros por su frontera.

La República solo contó con la ayuda de la URSS, que a partir de octubre de 1936 envió tanques, aviones, armas y asesores militares, pagados con las reservas de oro del Banco de España, y con la de México, que le vendió armas y, al terminar la guerra, acogió a miles de exiliados.

Las Brigadas Internacionales eran unidades de voluntarios extranjeros, mayoritariamente antifascistas y comunistas, alistados a partir del llamamiento de la Internacional Comunista (Comintern) en 1936. En ellas lucharon decenas de miles de combatientes de más de cincuenta países, organizados desde Albacete. Tuvieron un papel destacado en la defensa de Madrid en noviembre de 1936 y en batallas como las del Jarama, Guadalajara o el Ebro, y el gobierno de Negrín las retiró a finales de 1938, con una despedida multitudinaria en Barcelona.

La Legión Cóndor era la unidad militar que la Alemania nazi envió en ayuda de Franco a partir de noviembre de 1936. Estaba formada por aviadores, personal de apoyo y tanquistas, y Alemania la utilizó para probar armas y tácticas nuevas. Fue muy importante para el ejército franquista, porque le dio la superioridad aérea, y protagonizó bombardeos como el de Guernica, en abril de 1937.

La desigualdad de las ayudas extranjeras fue uno de los factores que explican la victoria franquista.

En la zona sublevada, conocida como «nacional», los militares crearon en julio de 1936 en Burgos una Junta de Defensa Nacional, que prohibió los partidos y los sindicatos de izquierda y declaró el estado de guerra. A finales de septiembre de 1936 los generales nombraron a Franco Generalísimo y jefe del Estado, y el 1 de octubre tomó posesión; así el mando militar y el poder político quedaron en manos de una sola persona.

En abril de 1937 el Decreto de Unificación fusionó la Falange y los carlistas en un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, dirigido por Franco, y en enero de 1938 se formó el primer gobierno, en Burgos. Se construía así un Estado dictatorial, militarizado y muy jerarquizado, con el apoyo de la Iglesia, que presentó la guerra como una cruzada, y con una represión sistemática de los vencidos.

En la zona republicana, el golpe hundió la autoridad del Estado. El poder pasó a la calle, a los comités de partidos y sindicatos y a las milicias obreras, que hicieron una revolución social, con colectivizaciones de empresas y de tierras, y desataron una violencia incontrolada contra los considerados enemigos. En Catalunya, el Comité Central de Milicias Antifascistas tuvo de hecho más poder que la Generalitat durante los primeros meses.

En septiembre de 1936 el socialista Francisco Largo Caballero formó un gobierno de unidad con republicanos, socialistas, comunistas y, desde noviembre, anarquistas. Dentro del bando republicano se enfrentaban dos posiciones: la de los comunistas, los socialistas moderados y los republicanos, que querían un Estado fuerte y un ejército regular para ganar primero la guerra, y la de los anarquistas de la CNT-FAI y del POUM, que querían hacer a la vez la guerra y la revolución.

El conflicto estalló en Barcelona con los Hechos de Mayo de 1937, unos combates en las calles entre anarquistas y poumistas, por un lado, y las fuerzas de la Generalitat y los comunistas del PSUC, por otro. Después, Largo Caballero dimitió y el socialista Juan Negrín formó un gobierno que ilegalizó el POUM y centralizó el poder. La Generalitat de Companys perdió competencias, como el orden público, y las tensiones con el gobierno central crecieron cuando este se trasladó a Barcelona a finales de 1937.

Al final de la guerra, en marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado dio un golpe de Estado en Madrid contra Negrín, que quería seguir resistiendo, para negociar la rendición con Franco. La negociación fracasó y a finales de marzo las tropas franquistas entraron en Madrid.

Así, mientras en la zona franquista el poder se concentró desde el principio en una sola persona, en la republicana las divisiones internas debilitaron el esfuerzo de guerra hasta el final.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico y político. Por su naturaleza, es un texto legal.

Recoge unos artículos del capítulo V de la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento de Catalunya, firmada por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el 11 de abril de 1934 y publicada al día siguiente en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. Estos artículos regulan el derecho de los campesinos que cultivan una tierra por contrato a comprarla al propietario.

La ley se sitúa en la Segunda República (1931-1936), en concreto en 1934. En Catalunya gobernaba Esquerra Republicana, con Lluís Companys de presidente desde hacía pocos meses, y aplicaba el Estatuto de Autonomía de 1932.

En España, en cambio, desde las elecciones de noviembre de 1933 gobernaban los radicales con el apoyo de la CEDA, en el llamado bienio conservador o radical-cedista, de modo que el gobierno de izquierdas catalán convivía con un gobierno de centroderecha en Madrid.

El artículo 44 fija las condiciones para que el campesino que cultiva una tierra por contrato pueda comprarla pagando su valor al propietario, como dice el artículo 43. Hacen falta tres requisitos a la vez: que sea una tierra cultivada con un contrato agrícola regulado por la ley; que el contrato haya durado más de dieciocho años; y que la tierra la haya trabajado directamente quien quiere comprarla o su familia.

Era la medida más innovadora de la ley: permitía que los rabassaires y los aparceros que llevaban muchos años trabajando la misma tierra se hicieran propietarios de ella, y por eso los propietarios se opusieron.

En el campo catalán, sobre todo en las zonas de viña, muchos campesinos trabajaban tierras que no eran suyas con contratos de rabassa morta o de aparcería, y tenían que entregar al propietario una parte de la cosecha. Desde la crisis de la filoxera, a finales del siglo XIX, los rabassaires reclamaban contratos más justos y el acceso a la propiedad. Se organizaban en la Unió de Rabassaires, cercana a ERC, mientras que los propietarios se agrupaban en el Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), que tenía el apoyo de la Lliga.

Para resolver este conflicto, el gobierno de ERC impulsó la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento de Catalunya y promulgada en abril de 1934. La ley daba estabilidad a los contratos y permitía a los cultivadores comprar las tierras que trabajaban desde hacía más de dieciocho años.

El IACSI y la Lliga Catalana se opusieron y promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1934 anuló la ley porque consideraba que la Generalitat no tenía competencia para aprobarla. El Parlamento de Catalunya la volvió a aprobar, y el conflicto interno se convirtió en un enfrentamiento entre el gobierno de izquierdas de Catalunya y el gobierno de centroderecha de Madrid.

El 4 de octubre de 1934 entraron tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux. Las izquierdas lo vieron como la llegada del fascismo al poder y convocaron una huelga general revolucionaria, que en Asturias se convirtió en una revolución obrera armada, aplastada por el ejército.

En Catalunya, el 6 de octubre Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El general Batet declaró el estado de guerra y, tras unos enfrentamientos armados que causaron decenas de muertos, el gobierno de la Generalitat se rindió en la madrugada del 7. La huelga general también fracasó en Barcelona, porque la CNT no se sumó.

Las consecuencias fueron muy duras. Companys y los consejeros fueron encarcelados y condenados a treinta años de prisión, y muchos alcaldes y ayuntamientos de izquierdas fueron destituidos. El Estatuto quedó suspendido: el gobierno de Madrid nombró un gobernador general y un Consejo de la Generalitat designado desde Madrid. La autonomía quedó suspendida de hecho hasta que las izquierdas ganaron las elecciones de febrero de 1936.

Tras la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, la Generalitat provisional de Francesc Macià encargó la redacción de un estatuto de autonomía. Una comisión lo redactó en Núria en junio de 1931, y el pueblo catalán lo aprobó en referéndum el 2 de agosto con más del 99 % de los votos. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un Estado autónomo dentro de una República federal.

Las Cortes constituyentes, sin embargo, aprobaron en diciembre de 1931 una Constitución que definía un «Estado integral», no federal, y recortaron el estatuto en un debate largo. Finalmente lo aprobaron en septiembre de 1932, tras el golpe fallido del general Sanjurjo.

El Estatuto de 1932 definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y declaraba oficiales el catalán y el castellano. Instituía la Generalitat, formada por el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y un Tribunal de Casación, y le daba competencias en orden público, enseñanza y cultura, derecho civil, obras públicas y administración local, entre otras, con una hacienda propia limitada.

La Generalitat, gobernada por ERC, primero con Macià y desde 1934 con Lluís Companys, desarrolló una obra de gobierno reformista. La ley más importante fue la Ley de Contratos de Cultivo (1934), que quería resolver el conflicto de los rabassaires y facilitarles el acceso a la propiedad de la tierra.

En la política educativa y lingüística, la Generalitat promovió la escuela en catalán y la renovación pedagógica, creó nuevos centros y, en 1933, obtuvo la autonomía de la Universidad de Barcelona. También fomentó la cultura catalana con bibliotecas, museos y ayudas a la creación, e hizo del catalán la lengua de la administración catalana.

Esta obra se vio interrumpida por los Sucesos de Octubre de 1934, que suspendieron la autonomía, y se reanudó en febrero de 1936, hasta que el estallido de la guerra lo trastocó todo.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía en color, del archivo de la agencia de noticias Europa Press.

Muestra el entierro del general Francisco Franco en la basílica del Valle de los Caídos, el 23 de noviembre de 1975, tres días después de su muerte.

La fotografía se sitúa al final del franquismo (1939-1975), en 1975. Franco murió el 20 de noviembre tras una larga enfermedad, en un momento de crisis del régimen: habían crecido la protesta obrera y estudiantil, la oposición democrática y el terrorismo de ETA, y en septiembre de 1975 el régimen aún había fusilado a cinco militantes antifranquistas.

Dos días después de la muerte del dictador, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey, tal como había previsto Franco, y empezó la Transición.

En el centro de la imagen está el ataúd del general Franco cubierto con la bandera española del régimen, con el escudo del águila, un símbolo de la España franquista.

El ataúd está junto a la tumba abierta en el suelo, dentro de la basílica, donde está a punto de ser inhumado. Franco fue enterrado en el Valle de los Caídos, el monumento que el régimen había mandado construir para conmemorar su victoria en la Guerra Civil, en parte con el trabajo de presos políticos.

Lo rodean su familia, autoridades del régimen, militares de uniforme y eclesiásticos, entre ellos monjes de la basílica. Esta presencia muestra los pilares que habían sostenido la dictadura durante casi cuarenta años: el ejército, la Iglesia y el personal político del régimen.

El régimen franquista fue una dictadura porque todo el poder se concentraba en una sola persona, el general Francisco Franco, Caudillo y Generalísimo. Como jefe del Estado y del gobierno, ejercía el poder ejecutivo y podía dictar leyes, era el jefe supremo del ejército y del partido único, y tenía la última palabra en las condenas a muerte. No había separación de poderes, ni elecciones libres, ni partidos, y los derechos y las libertades estaban suprimidos.

Era una dictadura de carácter fascista, sobre todo en los primeros años, centralista y uniformizadora, que suprimió las autonomías y persiguió las lenguas y las culturas no castellanas, con un partido único, FET y de las JONS, y el apoyo del ejército y de la Iglesia.

Una de las primeras normas del régimen fue el Decreto de Unificación, de abril de 1937, en plena guerra. Franco fusionó en él la Falange y los carlistas en un solo partido, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, del que él era el jefe. Todos los demás partidos quedaban prohibidos, y el partido único, que más adelante se llamaría Movimiento Nacional, fue el instrumento político del régimen.

Las Cortes Españolas se crearon en 1942 con la Ley Constitutiva de las Cortes. No eran un parlamento democrático: los procuradores no se elegían por sufragio universal: los había por razón del cargo, designados por Franco o elegidos indirectamente por corporaciones como los ayuntamientos y el sindicato vertical, y solo preparaban y aprobaban las leyes, que el jefe del Estado podía vetar. El régimen las presentaba como una «democracia orgánica», basada en la familia, el municipio y el sindicato.

La Ley de Sucesión (1947), aprobada en referéndum, definía España como un reino y establecía que Franco sería jefe del Estado de forma vitalicia y que él designaría a su sucesor a título de rey o de regente. En aplicación de esta ley, en 1969 Franco nombró sucesor a Juan Carlos de Borbón.

Ni las Cortes ni la Ley de Sucesión limitaron el poder personal de Franco, que gobernó como dictador hasta su muerte, en 1975.

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, España se declaró neutral, pese a su cercanía a la Alemania nazi y a la Italia fascista, que habían ayudado a Franco a ganar la Guerra Civil. El país estaba arruinado y no podía hacer una nueva guerra.

En junio de 1940, ante las victorias alemanas, Franco pasó a la no beligerancia, una posición de apoyo al Eje sin entrar en la guerra. En octubre de 1940 se entrevistó con Hitler en Hendaya para negociar la entrada en la guerra, pero no hubo acuerdo porque sus demandas eran demasiado altas. En 1941, tras el ataque alemán a la Unión Soviética, el régimen envió la División Azul, una unidad de voluntarios que luchó con el ejército alemán en el frente ruso. En 1943, cuando la guerra giraba a favor de los aliados, Franco volvió a la neutralidad.

Tras la derrota de Alemania e Italia, en 1945, el régimen quedó aislado: la ONU no lo admitió y en 1946 recomendó retirar los embajadores de Madrid. Franco intentó ocultar su antigua amistad con el Eje y presentarse como un régimen católico y anticomunista: en 1945 aprobó el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum, en 1947 la Ley de Sucesión, y formó un gobierno con ministros católicos, como Alberto Martín-Artajo en Asuntos Exteriores, que redujo el peso de Falange.

Desde 1939 el régimen aplicó una política económica autárquica e intervencionista, inspirada en el fascismo italiano: quería que España se autoabasteciera sin depender del exterior, y el Estado controlaba los precios, la producción y el comercio exterior. En 1941 se creó el Instituto Nacional de Industria (INI) para impulsar la industria pública.

El resultado fue un fracaso. La producción agraria e industrial cayó, y faltó de todo: alimentos, electricidad y materias primas. Las cartillas de racionamiento, que duraron hasta 1952, no cubrían las necesidades, y se extendió el estraperlo, el mercado negro, con el que unos pocos se enriquecían mientras la mayoría pasaba hambre. Los años cuarenta fueron los «años del hambre», con un gran empobrecimiento de la población.

La autarquía supuso un retroceso económico de una década, que no empezó a superarse hasta los años cincuenta y, sobre todo, hasta el Plan de Estabilización de 1959.