Historia, PAU 2022 de Cataluña: el examen de junio (serie 2) resuelto

Por su naturaleza, es una serie estadística: una tabla de datos electorales, de carácter político. La ha elaborado Mario Caciagli y se publicó en 1989 en un libro colectivo sobre la transición democrática, de modo que es una fuente secundaria, posterior a los hechos, aunque las cifras proceden de los resultados electorales.

Muestra el porcentaje de votos que obtuvo la Unión de Centro Democrático (UCD), la coalición encabezada por Adolfo Suárez, en cada región en las elecciones legislativas del 15 de junio de 1977.

Los datos se sitúan en la Transición a la democracia (1975-1986), el proceso que llevó de la dictadura franquista a un régimen democrático tras la muerte de Franco, en 1975.

En concreto, corresponden a las elecciones del 15 de junio de 1977, las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las convocó el gobierno de Adolfo Suárez tras la aprobación de la Ley para la Reforma Política y la legalización de los partidos, y eligieron las Cortes que redactarían la Constitución.

La UCD obtuvo resultados muy desiguales según las regiones. Los porcentajes más altos son los de Canarias (61 %), Galicia (53,9 %), Baleares (51 %) y Extremadura (50 %), donde consiguió la mitad de los votos o más, y Castilla-León (49,3 %) se quedó muy cerca. En la mayor parte de las regiones superó el 30 %.

En cambio, los porcentajes más bajos son los del País Vasco (13,1 %) y Catalunya (17,1 %), por debajo del 20 %. En estos dos territorios había un sistema de partidos propio, con fuerzas nacionalistas y de izquierda muy fuertes, como el PNV en el País Vasco o los socialistas, el PSUC y los nacionalistas de Jordi Pujol en Catalunya, y la UCD quedó lejos de ser la primera fuerza.

Tras la muerte de Franco, en noviembre de 1975, Juan Carlos I mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Arias solo quería reformar el franquismo superficialmente, mientras la oposición democrática llenaba las calles de huelgas y manifestaciones por la amnistía y las libertades. En Barcelona, la Assemblea de Catalunya convocó las manifestaciones del 1 y el 8 de febrero de 1976 con el lema «Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia», y en Vitoria la policía mató a cinco trabajadores en huelga en marzo. Ante el bloqueo, el rey forzó la dimisión de Arias en julio de 1976 y nombró presidente a Adolfo Suárez.

Suárez, que procedía del Movimiento, optó por una reforma hecha desde la legalidad franquista. En noviembre de 1976 las Cortes franquistas aprobaron la Ley para la Reforma Política, que preveía unas Cortes elegidas por sufragio universal, y el referéndum del 15 de diciembre la ratificó por una amplia mayoría. Después el gobierno legalizó los partidos, también el PCE, en abril de 1977.

En las elecciones del 15 de junio de 1977, la UCD de Suárez fue la fuerza más votada, seguida del PSOE de Felipe González; el PCE y la Alianza Popular de Manuel Fraga quedaron muy por detrás. En Catalunya y en el País Vasco, en cambio, ganaron la izquierda y los nacionalistas. En octubre de 1977 las nuevas Cortes aprobaron la Ley de Amnistía para los delitos políticos.

Las Cortes elegidas en 1977 actuaron como constituyentes. Una ponencia de siete diputados de varios partidos, entre ellos el catalán Miquel Roca, redactó el texto por consenso, y la Constitución se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Define España como un Estado social y democrático de derecho y una monarquía parlamentaria, sitúa la soberanía en el pueblo español, garantiza los derechos y las libertades y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.

Mientras tanto, el gobierno de Suárez afrontaba una grave crisis económica, con una inflación muy alta y un paro creciente. En octubre de 1977 el gobierno y los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, que combinaban medidas de ajuste, como la moderación de los salarios, con reformas como la fiscal. En 1978 se celebraron las primeras elecciones sindicales democráticas, que ganaron CCOO y UGT.

El gobierno también empezó a construir el Estado de las autonomías con los regímenes preautonómicos: en septiembre de 1977 restableció provisionalmente la Generalitat de Catalunya, y el presidente en el exilio, Josep Tarradellas, regresó a Barcelona en octubre. Todo el proceso se hacía bajo la presión del terrorismo de ETA y de los GRAPO, y de la extrema derecha, como en la matanza de los abogados laboralistas de Atocha, en enero de 1977.

Aprobada la Constitución, Suárez convocó nuevas elecciones generales el 1 de marzo de 1979, que la UCD volvió a ganar. Un mes después, en las primeras elecciones municipales democráticas, la izquierda obtuvo la alcaldía de muchas grandes ciudades, como Madrid y Barcelona.

El 1 de marzo de 1979 la UCD ganó las primeras elecciones generales celebradas con la Constitución, con unos resultados parecidos a los de 1977, y Adolfo Suárez siguió como presidente; el PSOE de Felipe González volvió a quedar segundo. En esta legislatura se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y de Catalunya (1979), y en 1980 Jordi Pujol ganó las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya.

La segunda legislatura de Suárez fue muy difícil. La crisis económica y el paro continuaban, y ETA vivió sus años más sangrientos. Además, la UCD era una coalición de grupos muy diversos, de democristianos a liberales y socialdemócratas, que se enfrentaban por cuestiones como el divorcio, el modelo autonómico o la política económica. En 1980 el PSOE presentó una moción de censura, y Suárez, cada vez más aislado dentro de su partido, dimitió en enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero asaltó el Congreso y retuvo a los diputados y al gobierno, y en Valencia el capitán general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques a la calle. El golpe fracasó sobre todo porque el rey, en un mensaje por televisión en la madrugada del 24 de febrero, apoyó la Constitución, y porque la mayoría del ejército no se sumó.

Calvo-Sotelo fue investido pocos días después y gobernó hasta 1982. Su gobierno aprobó la ley del divorcio (1981), hizo entrar a España en la OTAN (1982) y pactó con el PSOE la LOAPA, una ley para armonizar y frenar el proceso autonómico tras el golpe. Mientras tanto, la UCD seguía deshaciéndose: varios sectores la abandonaron, entre ellos el de Adolfo Suárez, que fundó el CDS.

Ante la descomposición del partido, Calvo-Sotelo adelantó las elecciones al 28 de octubre de 1982. El PSOE de Felipe González, con el lema «Por el cambio», obtuvo la mayoría absoluta, con 202 diputados; la UCD se hundió y Alianza Popular, de Manuel Fraga, se convirtió en el principal partido de la oposición. Felipe González fue investido presidente en diciembre de 1982.

La alternancia pacífica en el poder, siete años después de la muerte de Franco, se considera a menudo el final de la Transición y la prueba de que la democracia se había consolidado.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: un discurso pronunciado por Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona el 14 de abril de 1931.

En el discurso, Macià proclama la República Catalana como Estado integrante de una Federación Ibérica, asume provisionalmente la presidencia del gobierno de Catalunya y pide el apoyo de los demás pueblos de España y del mundo contra la monarquía borbónica.

El discurso se sitúa al inicio de la Segunda República (1931-1936), el mismo 14 de abril de 1931. Dos días antes, en las elecciones municipales del 12 de abril, las candidaturas republicanas habían ganado en la mayoría de las grandes ciudades, y en Catalunya la vencedora había sido Esquerra Republicana de Catalunya, fundada hacía pocas semanas.

A raíz de aquellos resultados, ese día se proclamó la República en Barcelona y en Madrid, y el rey Alfonso XIII partió hacia el exilio. En Catalunya empezaba una etapa de autogobierno que culminaría con el Estatuto de 1932.

En este fragmento, Macià dirige un llamamiento a todos los pueblos de España y del mundo para que apoyen, al menos «espiritualmente», a la República que acaba de proclamar y se sitúen como él frente a la monarquía borbónica, que considera abatida. Busca la solidaridad de los demás pueblos peninsulares, de acuerdo con la idea de una federación de repúblicas ibéricas, y el reconocimiento internacional.

Además, Macià habla como el jefe de un Estado soberano: ofrece el esfuerzo del «pueblo renaciente» catalán para consolidar la paz internacional, como si Catalunya fuera un miembro más de la comunidad de naciones. Esta proclamación soberana chocó con el Gobierno provisional de la República, y tres días después Macià aceptó convertir la República Catalana en la Generalitat de Catalunya.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) había desacreditado a la monarquía de Alfonso XIII, que la había aceptado. Tras la caída del dictador, las fuerzas republicanas, con los catalanistas de izquierda, firmaron el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) para poner fin a la monarquía, y el gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.

Las elecciones se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. En Catalunya la gran vencedora fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido creado en marzo de 1931 que unía el Estat Català de Francesc Macià, el Partit Republicà Català de Lluís Companys y el grupo de L’Opinió, y que superó a la Lliga Regionalista.

El 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, y poco después Francesc Macià, desde el Palau de la Diputació, en la misma plaza de Sant Jaume, proclamó la República Catalana dentro de una federación ibérica. Para resolver el conflicto con el Gobierno provisional, el 17 de abril tres ministros, entre ellos el catalán Lluís Nicolau d’Olwer, viajaron a Barcelona y pactaron con Macià que la República Catalana se convertiría en un gobierno autónomo, la Generalitat de Catalunya, que redactaría un estatuto de autonomía y lo presentaría a las Cortes.

Las principales fuerzas políticas catalanas eran ERC, republicana, catalanista y de izquierdas, con el apoyo de las clases medias, de los rabassaires y de una parte de los obreros, que dominó la Generalitat, y la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, conservadora, que representaba a la burguesía. El movimiento obrero estaba dominado por la CNT, anarcosindicalista, que rechazaba la política parlamentaria.

La Generalitat provisional encargó a una comisión la redacción del estatuto, que se terminó en Núria en junio de 1931. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un Estado autónomo dentro de una República federal, y el pueblo catalán lo aprobó en referéndum el 2 de agosto de 1931 con un apoyo abrumador.

La Constitución de diciembre de 1931, sin embargo, definió un «Estado integral», compatible con las autonomías pero no federal, y las Cortes recortaron el estatuto en un debate largo y tenso, con la oposición de las derechas. Tras el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo, en agosto de 1932, las Cortes lo aprobaron el 9 de septiembre de 1932.

El Estatuto de 1932 definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y hacía oficiales el catalán y el castellano. Creaba la Generalitat, formada por el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y un Tribunal de Casación, y le daba competencias en enseñanza, cultura, orden público, obras públicas y derecho civil, entre otras, con una hacienda limitada. Era menos ambicioso que el de Núria, pero fue la primera autonomía política de la Catalunya contemporánea.

Aprobado el Estatuto, en noviembre de 1932 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya, que ERC ganó por mayoría absoluta. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat, y el gobierno empezó a recibir los traspasos de servicios y a aprobar leyes propias. Cuando Macià murió, en diciembre de 1933, el Parlamento eligió presidente a Lluís Companys.

Mientras tanto, en las elecciones generales de noviembre de 1933 habían ganado las derechas, y en España empezó a gobernar el Partido Radical de Alejandro Lerroux con el apoyo de la CEDA. Un gobierno de centroderecha en Madrid tenía que convivir con un gobierno de izquierdas en Barcelona.

El gran conflicto fue la Ley de Contratos de Cultivo (1934), que permitía a los rabassaires y a otros cultivadores comprar las tierras que trabajaban desde hacía más de dieciocho años. Los propietarios del Institut Agrícola Català de Sant Isidre y la Lliga se opusieron, y el Tribunal de Garantías Constitucionales la anuló en junio de 1934. El Parlamento la volvió a aprobar, y la tensión entre los gobiernos de Madrid y de Barcelona se disparó.

Cuando el 4 de octubre de 1934 tres ministros de la CEDA entraron en el gobierno, las izquierdas lo vieron como un paso hacia el fascismo y convocaron una huelga general. El 6 de octubre, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero el ejército, dirigido por el general Batet, sofocó la revuelta en pocas horas y el gobierno de la Generalitat fue detenido.

La represión fue dura: el Estatuto quedó suspendido, miles de personas fueron detenidas, muchos ayuntamientos de izquierdas fueron destituidos y Companys y sus consejeros fueron juzgados y condenados a treinta años de prisión. El gobierno de Madrid nombró un gobernador general de Catalunya.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 el Frente Popular ganó en España, y en Catalunya el Front d’Esquerres, una coalición de ERC, los socialistas, los comunistas y otras fuerzas de izquierda, derrotó al Front Català d’Ordre, encabezado por la Lliga. El nuevo gobierno amnistió a los presos, Companys volvió a la presidencia de la Generalitat y se restableció el Estatuto.

Los meses siguientes fueron de gran tensión. La Generalitat volvió a aplicar la Ley de Contratos de Cultivo, con la hostilidad de los propietarios; la conflictividad obrera creció, con huelgas impulsadas por la CNT, y la violencia política entre la extrema izquierda y la extrema derecha se extendió por toda España, mientras una parte del ejército preparaba el golpe de Estado contra la República que estalló en julio de 1936.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía, obra del fotógrafo Carlos Pérez de Rozas, que se conserva en el Archivo Fotográfico de Barcelona.

Muestra al general Franco en Barcelona el 28 de enero de 1942, saludando desde un balcón a una multitud reunida en la calle durante una visita a la ciudad.

La fotografía se sitúa en el franquismo (1939-1975), en su primera etapa, la de los años cuarenta, cuando el régimen era más cercano a los fascismos y Europa vivía la Segunda Guerra Mundial. Fueron años de represión de los vencidos, de hambre y de autarquía económica.

En Catalunya, además, el régimen había suprimido el Estatuto y la Generalitat y perseguía la lengua y la cultura catalanas.

En primer plano está el general Franco, visto de espaldas, con la boina y el uniforme de Falange, el partido único, una indumentaria que en aquellos años subrayaba la cercanía del régimen a los fascismos.

Saluda con el brazo en alto a la multitud que llena la calle y los balcones, adornados con banderas. Estas concentraciones, a menudo organizadas por el propio régimen, querían mostrar la adhesión popular al Caudillo.

Lo rodean autoridades civiles y militares, la mayoría de uniforme, que expresan el apoyo del ejército y del partido al dictador. La imagen es un ejemplo del culto a la personalidad de Franco y del uso de la propaganda durante el primer franquismo.

El régimen franquista nació de la victoria militar en la Guerra Civil. Era una dictadura personal: el general Francisco Franco, nombrado Generalísimo y jefe del Estado por los militares sublevados en 1936, concentraba todos los poderes. Dirigía el gobierno, podía dictar leyes, era el jefe supremo del ejército y del partido, y no respondía ante ningún parlamento ni ninguna elección.

Hasta 1945 el régimen se inspiró en los fascismos italiano y alemán: un solo partido, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, creado en 1937; el saludo romano, los uniformes y los símbolos falangistas; un sindicato vertical que agrupaba obligatoriamente a obreros y empresarios, y una propaganda que exaltaba al Caudillo. Era, además, un Estado centralista y uniformizador, que suprimió las autonomías de Catalunya y del País Vasco y persiguió las lenguas y las culturas distintas de la castellana.

El otro gran pilar fue la Iglesia católica, que había presentado la guerra como una cruzada. El régimen le devolvió y amplió el poder: el catolicismo fue la religión oficial, la Iglesia controló buena parte de la educación y de la moral pública, y el divorcio fue abolido. Es lo que se llama nacionalcatolicismo.

El régimen se organizó con una serie de leyes. El Fuero del Trabajo (1938) regulaba unas relaciones laborales sin sindicatos libres ni derecho de huelga, bajo el control del Estado. La represión de los vencidos se hizo con la Ley de Responsabilidades Políticas (1939), que castigaba a quienes habían apoyado a la República, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940). Miles de personas fueron fusiladas, encarceladas o depuradas, y en 1940 el presidente de la Generalitat Lluís Companys fue fusilado en Montjuïc.

En 1942 la Ley Constitutiva de las Cortes creó las Cortes Españolas, un pseudoparlamento: los procuradores no se elegían por sufragio universal: los había por razón del cargo, designados por Franco o elegidos indirectamente por corporaciones como los ayuntamientos y el sindicato vertical, y no podían controlar al gobierno.

En 1945, cuando la derrota de la Alemania nazi y de la Italia fascista era un hecho, el régimen quiso borrar su imagen fascista y presentarse como una dictadura católica y anticomunista. En julio de 1945 aprobó el Fuero de los Españoles, una pseudodeclaración de derechos y libertades que en la práctica no garantizaba nada, y redujo el peso visible de Falange.

Cuando terminó la Guerra Civil, la España de Franco era muy cercana a la Alemania nazi y a la Italia fascista, que la habían ayudado a ganarla, y en 1939 se adhirió al Pacto Antikomintern. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1939, España se declaró neutral, en buena parte porque el país estaba arruinado por la guerra.

En junio de 1940, ante las victorias alemanas, Franco pasó a la no beligerancia: sin entrar en la guerra, se ponía del lado del Eje y lo ayudaba, y ocupó Tánger. En octubre de 1940 se entrevistó con Hitler en Hendaya para negociar la entrada en la guerra, pero sus demandas, como Gibraltar, el Marruecos francés, armas y alimentos, eran demasiado altas y no hubo acuerdo.

En 1941, tras el ataque alemán a la Unión Soviética, el régimen envió la División Azul, una unidad de voluntarios, muchos de ellos falangistas, que luchó con el ejército alemán en el frente de Rusia hasta 1943.

En 1943, cuando la guerra empezaba a girar a favor de los aliados, Franco retiró la División Azul y volvió a la neutralidad, y fue escondiendo los rasgos más fascistas del régimen.

Tras la derrota del Eje, en 1945, el régimen quedó aislado. España no fue admitida en la ONU, que en 1946 condenó el régimen de Franco y recomendó retirar los embajadores de Madrid; Francia cerró la frontera y España quedó fuera del Plan Marshall.

La Guerra Fría lo cambió todo: para Estados Unidos, el anticomunismo de Franco lo convertía en un aliado útil. En 1950 la ONU anuló la recomendación y los embajadores volvieron. En 1953 el régimen firmó el Concordato con el Vaticano, que le daba legitimidad católica, y los pactos con Estados Unidos, que permitían instalar bases militares norteamericanas en España a cambio de ayuda económica y militar. Era la salida parcial del aislamiento, que se completaría con la entrada en la ONU en 1955.