Historia, PAU 2023 de Cataluña: el examen extraordinario resuelto

Es una fuente primaria de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía, que se conserva en el Archivo Montserrat Tarradellas i Macià, en el monasterio de Poblet.

Muestra el acto de toma de posesión de Josep Tarradellas como presidente de la Generalitat restaurada, celebrado en Barcelona el 24 de octubre de 1977. Tarradellas, que presidía la Generalitat en el exilio, volvía a Catalunya después de casi cuarenta años.

La fotografía se sitúa en la Transición a la democracia (1975-1986), pocos meses después de las primeras elecciones democráticas, del 15 de junio de 1977. En Catalunya las ganaron las izquierdas, y los parlamentarios catalanes reclamaron el restablecimiento de la Generalitat. El gobierno de Adolfo Suárez la restableció provisionalmente en septiembre de 1977 y aceptó el regreso de Tarradellas, incluso antes de que se aprobara la Constitución de 1978.

La fotografía muestra el momento central del acto de toma de posesión de Tarradellas: detrás de una tribuna llena de micrófonos, un grupo de autoridades, entre las que hay un militar de uniforme, aplaude en un salón presidido por un gran retrato del rey Juan Carlos I con su hijo, el príncipe Felipe.

En el centro, con el brazo levantado, está Josep Tarradellas, que acaba de tomar posesión como presidente de la Generalitat. A su lado, sonriente y aplaudiendo, está Adolfo Suárez, presidente del gobierno español.

La presencia de Suárez y el retrato del rey muestran que la Generalitat se restablecía por un pacto con el gobierno de Madrid y dentro de la nueva monarquía, antes de la Constitución.

En las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde 1936, en Catalunya ganaron las izquierdas: los Socialistes de Catalunya fueron la fuerza más votada, seguidos del PSUC. Los diputados y senadores elegidos en Catalunya se constituyeron en Asamblea de Parlamentarios y reclamaron al presidente Adolfo Suárez el restablecimiento de la Generalitat y un estatuto de autonomía.

La presión popular se hizo evidente el Once de Septiembre de 1977, cuando cientos de miles de personas se manifestaron en Barcelona con el lema «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia». Suárez optó por negociar directamente con Josep Tarradellas, el presidente de la Generalitat en el exilio, que aceptaba la monarquía y la unidad del Estado.

Un decreto ley del 29 de septiembre de 1977 restableció provisionalmente la Generalitat. El 23 de octubre Tarradellas regresó a Barcelona y, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunció la frase «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí!». Al día siguiente tomó posesión y, unas semanas después, formó un gobierno de unidad con representantes de los principales partidos, que debía preparar el paso a la autonomía.

En 1978 una comisión de veinte parlamentarios redactó el proyecto de Estatuto en el parador de Sau, y por eso se le conoce como Estatut de Sau. Una vez aprobada la Constitución, el texto se negoció con la comisión constitucional del Congreso; el 25 de octubre de 1979 los catalanes lo aprobaron en referéndum, con una amplia mayoría de votos favorables, y las Cortes lo ratificaron: se promulgó el 18 de diciembre de 1979.

El Estatuto de 1979 definía Catalunya como una nacionalidad que accedía al autogobierno de acuerdo con la Constitución. Las instituciones de la Generalitat eran el Parlamento, elegido por sufragio universal, que hacía las leyes y elegía al presidente; el presidente de la Generalitat, y el Consejo Ejecutivo o Gobierno. Preveía también un Tribunal Superior de Justicia, que culminaría la organización judicial en Catalunya.

El catalán era la lengua propia de Catalunya y oficial junto con el castellano. La Generalitat asumía competencias en enseñanza, cultura, sanidad, derecho civil catalán, agricultura, urbanismo y medios de comunicación, entre otras, y podía crear una policía propia. Las competencias, sin embargo, debían traspasarse poco a poco, y la financiación dependía del Estado.

Aprobado el Estatuto, el 20 de marzo de 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya. Las ganó Convergència i Unió (CiU), la coalición nacionalista de centroderecha de Jordi Pujol, con 43 de los 135 diputados.

La seguían los Socialistes de Catalunya (PSC-PSOE), con 33 escaños; el PSUC, con 25; Centristes de Catalunya-UCD, con 18; Esquerra Republicana de Catalunya, con 14, y el Partido Socialista de Andalucía, con 2. Las izquierdas habían ganado en Catalunya las elecciones generales de 1977 y de 1979, pero en las primeras autonómicas el nacionalismo moderado pasó por delante.

Sin mayoría absoluta, Pujol fue investido presidente en 1980 con el apoyo de Centristes de Catalunya-UCD y de Esquerra Republicana, que obtuvo la presidencia del Parlamento para Heribert Barrera. Formó su primer gobierno, que sustituyó al gobierno provisional de Tarradellas.

El primer gobierno Pujol (1980-1984) tuvo que construir la administración autonómica y negociar los traspasos de competencias del Estado en un clima difícil: el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 y la LOAPA de 1982, una ley pactada por la UCD y el PSOE para armonizar las autonomías, que los nacionalistas veían como un recorte y que el Tribunal Constitucional anuló en buena parte en 1983.

Entre las leyes más importantes están la Ley de Normalización Lingüística (1983), que quería extender el uso del catalán a la enseñanza, la administración y los medios de comunicación; la ley que creó la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (1983), de donde salieron TV3 y Catalunya Ràdio, y la ley de la policía de la Generalitat, que reorganizó a los Mossos d’Esquadra como policía autonómica.

En las elecciones del 29 de abril de 1984, CiU obtuvo la mayoría absoluta, con 72 diputados, y Pujol gobernó en solitario. La Generalitat surgida de esas elecciones siguió desplegando el autogobierno en enseñanza, sanidad y cultura, y consolidó los nuevos medios públicos en catalán. En 1986, el año de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, Catalunya ya tenía unas instituciones de autogobierno consolidadas.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de un memorial, es decir, de un escrito de queja y de petición dirigido al rey.

Es el Memorial de Greuges, que una comisión de representantes catalanes presentó al rey Alfonso XII en Madrid el 10 de marzo de 1885. En él exponen los agravios, es decir, las quejas, de Catalunya: el centralismo ahoga la vida de las regiones, el sistema administrativo propio se ha sustituido por el castellano y después por una copia del francés, y el catalán ha sido desterrado de la escuela, de la contratación y de los tribunales. Aun así, proclaman su fidelidad a la unidad de España.

El Memorial se sitúa en 1885, en el régimen de la Restauración (1875-1931), dentro de su primera etapa (1875-1898), cuando conservadores y liberales se alternaban en el gobierno bajo la Constitución de 1876, que organizaba un Estado muy centralista.

Es también el momento del nacimiento del catalanismo político, que pasaba de la defensa cultural de la Renaixença a las reivindicaciones políticas. El Memorial surgió de la protesta contra dos proyectos del gobierno: un tratado comercial con el Reino Unido, que amenazaba a la industria catalana, y la unificación del Código civil, que ponía en peligro el derecho civil catalán.

La primera idea es la crítica al centralismo. Los autores no quieren romper la unidad de España; al contrario, dicen que quieren fortalecerla, pero creen que el camino no es «ahogar y destruir la vida regional» en beneficio del centro, sino dejar que las provincias se desarrollen libremente. Es el planteamiento regionalista del primer catalanismo: una España más fuerte porque las regiones tienen vida propia.

La segunda idea es la situación de la lengua. El catalán solo puede usarse en casa y en la conversación familiar: ha sido desterrado de las escuelas, de la contratación pública y de los tribunales, donde a menudo jueces y testigos no se entienden. El Memorial denuncia así que la lengua del país no tiene ningún reconocimiento oficial, una reivindicación que el catalanismo mantendría desde entonces.

Valentí Almirall, que venía del republicanismo federal, había organizado el Primer Congreso Catalanista (1880) y en 1882 había fundado el Centre Català, la primera entidad política del catalanismo, que quería reunir a catalanistas de todas las tendencias. Desde el Centre Català impulsó el Memorial de Greuges, que él mismo redactó en buena parte y que una comisión presentó al rey Alfonso XII el 10 de marzo de 1885.

El Memorial era a la vez un documento de reivindicación y de protesta. Denunciaba que la monarquía no atendía a Catalunya ni administrativa ni políticamente, y pedía el respeto y la restitución de las libertades perdidas, en especial el derecho civil propio y la lengua. También protestaba contra medidas concretas del gobierno, como los tratados comerciales que abrían el mercado español a los productos extranjeros, y defendía el proteccionismo que reclamaba la industria catalana.

Siete años más tarde, en 1892, la Unió Catalanista, una federación de entidades catalanistas creada en 1891, aprobó en Manresa las Bases para la Constitución Regional Catalana, conocidas como Bases de Manresa. Las promovieron los sectores conservadores del catalanismo, con Lluís Domènech i Montaner como presidente de la asamblea y Enric Prat de la Riba como secretario.

Las Bases eran un proyecto de autonomía para Catalunya dentro del Estado español. El poder central se reservaba las relaciones exteriores, el ejército, las aduanas y las grandes obras públicas, y Catalunya tendría sus Cortes, un poder ejecutivo y unos tribunales propios, y el catalán como única lengua oficial. Pero era un proyecto muy conservador: las Cortes catalanas se elegirían por sufragio corporativo, restringido a los cabezas de familia agrupados por oficios y profesiones, y no por sufragio universal.

La diferencia entre los dos documentos es clara. El Memorial era un texto reivindicativo, dirigido al rey, que recogía quejas generales y coyunturales contra la política del gobierno y no proponía ninguna organización política nueva. Las Bases, en cambio, eran una carta constitucional regional: un programa articulado que definía cómo debía organizarse y gobernarse Catalunya. Entre uno y otro, el catalanismo había pasado de la protesta a la propuesta y, a la vez, de la dirección progresista de Almirall a la conservadora de la Unió Catalanista.

Durante la primera etapa de la Restauración, el catalanismo pasó de la Renaixença literaria y cultural, que había restaurado los Juegos Florales en 1859, a la acción política. En ese paso se definieron dos grandes corrientes: una conservadora y católica, y otra progresista y laica, que procedía del republicanismo federal.

La corriente conservadora tenía un núcleo importante en Vic, de donde le viene el nombre de vigatanismo: un grupo de clérigos e intelectuales católicos, como el canónigo Jaume Collell, que desde el semanario La Veu del Montserrat defendía una Catalunya tradicional y católica. Su gran figura fue Josep Torras i Bages, que en 1899 fue nombrado obispo de Vic.

En La tradició catalana (1892), Torras i Bages definió un catalanismo católico y conservador: Catalunya era una nación forjada por el cristianismo, y su identidad se basaba en la religión, la familia y la propiedad, unos fundamentos que el liberalismo centralista ponía en peligro. Se le atribuye la frase «Catalunya serà cristiana o no serà». Este regionalismo tradicionalista influyó mucho en el catalanismo conservador posterior.

La otra corriente la encabezó Valentí Almirall (1841-1904). Había sido republicano federal, seguidor de Pi i Margall, pero el fracaso de la Primera República lo llevó a defender un catalanismo progresista, laico y democrático, independiente de los partidos españoles. En 1879 fundó el Diari Català, el primer diario en catalán, y en 1880 organizó el Primer Congreso Catalanista.

En 1882 Almirall fundó el Centre Català, una entidad política que quería unir a todos los catalanistas al margen de los partidos españoles, y en 1886 publicó Lo catalanisme, donde exponía su doctrina: Catalunya tenía una personalidad propia, distinta de la castellana, y había que organizar el Estado de forma federal para que se le reconociera el autogobierno.

Las dos corrientes coincidieron en la movilización que condujo al Memorial de Greuges, pero las diferencias de fondo entre el laicismo de Almirall y el catolicismo conservador llevaron a los moderados a dejar el Centre Català y a fundar la Lliga de Catalunya en 1887, el antecedente de la Unió Catalanista.

Es un cuadro estadístico, una fuente de carácter judicial y social. Es una fuente primaria y oficial: los datos los publicó el propio régimen franquista.

Recoge el número total de reclusos en las cárceles españolas de 1940 a 1947, y lo desglosa en hombres y mujeres. Los datos salen del cuadro «Reclusos en las fechas que se detallan», del Anuario año 1955 del Ministerio de Justicia, publicado en Madrid en 1955.

El anuario se publicó en 1955, en pleno franquismo (1939-1975), pero los datos corresponden a la primera etapa del régimen, la de la posguerra. Tras la victoria en la Guerra Civil, la dictadura encarceló a cientos de miles de republicanos y opositores, y las cárceles se llenaron muy por encima de su capacidad.

En 1955, en cambio, el régimen ya había superado el aislamiento internacional, tras los pactos con Estados Unidos de 1953, y podía presentar aquellas cifras como algo del pasado.

La primera característica es la fuerte disminución del número de presos: en 1940 había 270.719 y en 1947, 36.379, más de siete veces menos. La caída es especialmente acusada entre 1941 y 1944, cuando se pasa de 233.373 a 74.095 reclusos. Se explica por las libertades condicionales y los indultos con que el régimen vaciaba unas cárceles masificadas, y también por las ejecuciones; no significa que la represión terminara.

La segunda característica es que las mujeres eran una minoría de la población reclusa: en 1940 eran 23.232, menos de un 9 % del total, frente a 247.487 hombres. El número de mujeres también baja, hasta 3.999 en 1947, pero algo más despacio que el de los hombres, de modo que su peso en el total sube hasta cerca de un 11 %. En 1944 la tabla no da datos por sexo.

Terminada la guerra, en 1939, la dictadura de Franco organizó una represión sistemática contra los vencidos, para castigarlos y para evitar cualquier resistencia. Cientos de miles de soldados y civiles republicanos pasaron por campos de concentración y por cárceles masificadas, como muestran las cifras oficiales de 1940, y muchos presos tuvieron que trabajar en batallones de trabajadores y en colonias penitenciarias.

La jurisdicción militar juzgaba en consejos de guerra sumarísimos, sin garantías, a los acusados de «rebelión militar», una acusación que invertía los hechos, ya que los rebeldes habían sido los militares golpistas. Miles de personas fueron fusiladas; entre ellas, el presidente de la Generalitat Lluís Companys, entregado por la Gestapo y ejecutado en Montjuïc el 15 de octubre de 1940.

Además, el régimen creó jurisdicciones especiales: la Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas y confiscaciones de bienes a quienes habían apoyado a la República, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) perseguía a masones y comunistas. Las depuraciones expulsaron de su trabajo a funcionarios y maestros considerados desafectos al régimen.

Ante esta represión, la oposición interior tuvo muy poco peso en la posguerra inmediata. Los partidos y sindicatos que intentaban reorganizarse en la clandestinidad —el PCE, el PSOE, la CNT, la UGT, el PSUC, ERC y otros— sufrían caídas y detenciones constantes de sus militantes, y muchos dirigentes fueron ejecutados o encarcelados.

La resistencia armada la protagonizó el maquis, guerrilleros que actuaban en las montañas de Galicia, Asturias, León, Aragón, el País Valenciano o Andalucía. En octubre de 1944 varios miles de guerrilleros organizados por el PCE entraron desde Francia por el Valle de Arán, pero la invasión fracasó. El maquis rural se fue extinguiendo a finales de los años cuarenta y comienzos de los cincuenta, y en Barcelona hubo una guerrilla urbana anarquista, con figuras como Josep Lluís Facerias o Quico Sabaté.

La primera gran protesta popular en el interior fue la huelga de tranvías de Barcelona, en marzo de 1951: a raíz de una subida del precio del billete, la población dejó de coger los tranvías durante días, y la protesta acabó en una huelga general. En el exilio se mantenían el gobierno de la República y el de la Generalitat, que esperaban en vano una intervención de los aliados contra Franco después de 1945. Los pactos con Estados Unidos y el Concordato con el Vaticano, en 1953, desvanecieron esa esperanza y consolidaron el régimen.

Terminada la Guerra Civil, en 1939, el régimen franquista impuso la autarquía: una política económica que pretendía que España se abasteciera a sí misma, sin depender del exterior, y en la que el Estado intervenía en la producción, los precios y el comercio. Se inspiraba en el modelo de los fascismos, y el aislamiento internacional del régimen después de 1945 la reforzó.

El Estado controlaba todo el comercio exterior: hacían falta permisos para importar y exportar, y la falta de divisas, de petróleo, de fertilizantes y de maquinaria provocó graves problemas de abastecimiento de materias primas. La producción agraria e industrial cayó por debajo de los niveles de antes de la guerra, y las restricciones de electricidad eran constantes.

Para repartir los alimentos escasos, el gobierno estableció el racionamiento de los productos básicos, que duró hasta 1952. Cada familia tenía una cartilla de racionamiento que daba derecho a unas cantidades mínimas de pan, aceite, azúcar o legumbres a precios fijados por el Estado, pero que no bastaban para vivir. Los años cuarenta fueron los «años del hambre»: muchas familias pasaban hambre, y la desnutrición favoreció enfermedades como la tuberculosis.

La escasez hizo crecer un mercado negro, el estraperlo, donde se vendían los productos racionados a precios mucho más altos que los oficiales. Había un estraperlo de supervivencia, el de la gente humilde que compraba o vendía pequeñas cantidades, y uno a gran escala, en el que empresarios, funcionarios y personas bien relacionadas con el régimen acumularon grandes fortunas.

Las condiciones de trabajo eran muy duras. Los salarios, fijados por el gobierno, eran muy bajos, y como el coste de la vida subía sin parar, el poder adquisitivo de los trabajadores cayó muy por debajo del de antes de la guerra. Las jornadas eran largas, muchos obreros necesitaban más de un empleo para sobrevivir, y la disciplina en las fábricas era rígida, con el miedo constante al despido y a la denuncia política.

Los sindicatos obreros, como la CNT y la UGT, quedaron prohibidos, y la huelga se consideraba un delito. La única organización permitida era la Organización Sindical, el sindicato vertical, que agrupaba obligatoriamente a empresarios y trabajadores bajo el control del Estado y de la Falange, y que no defendía los intereses obreros. Hasta los años cincuenta, con el final del racionamiento en 1952, las condiciones de vida no empezaron a mejorar.