Historia, PAU 2024 de Cataluña: el examen extraordinario resuelto

Es una tabla estadística de carácter demográfico. Los datos son de 1970, pero la tabla la han elaborado Anna Cabré e Isabel Pujadas para una obra de historia económica publicada en 1989: es, por tanto, una fuente secundaria hecha a partir de datos primarios.

Muestra diez provincias españolas de origen de los inmigrantes residentes en Catalunya en 1970, ordenadas de más a menos: Granada es la primera, con 166.327 personas, y Huesca la última de la lista, con 54.417.

Los datos corresponden a los últimos años del franquismo (1939-1975), durante la etapa del desarrollismo, que empezó con el Plan de Estabilización de 1959. El crecimiento de la industria y de los servicios, concentrado en el área de Barcelona, atrajo a más de un millón de personas de las zonas rurales más pobres de España, donde la mecanización del campo y los bajos salarios empujaban a emigrar. Fue la gran oleada migratoria de los años cincuenta y sesenta, que transformó la población de Catalunya.

La tabla muestra la magnitud de la inmigración: solo estas diez provincias suman casi 1.100.000 personas residentes en Catalunya en 1970, y cinco de ellas superan las cien mil.

La gran mayoría procedía de Andalucía: seis de las diez provincias son andaluzas (Granada, Jaén, Córdoba, Almería, Sevilla y Málaga) y suman unos 770.000 residentes, más de dos terceras partes del total de la tabla. También destacan Extremadura, con Badajoz, y Murcia. Eran zonas rurales con mucho paro y con muchos jornaleros sin tierra.

Por último, es notable la posición de las provincias aragonesas, Teruel y Huesca, que, aunque tenían mucha menos población, están en la lista por su proximidad y por una larga tradición de emigración hacia Catalunya.

A finales de los años cincuenta el régimen, en plena crisis económica, dio el poder económico a unos ministros tecnócratas, muchos vinculados al Opus Dei, como Alberto Ullastres, Mariano Navarro Rubio y Laureano López Rodó, que desplazaron a los falangistas. Su objetivo era modernizar la economía sin cambiar la dictadura. En Catalunya, el régimen buscó el apoyo de las élites locales: Josep Maria de Porcioles, alcalde de Barcelona de 1957 a 1973, impulsó un crecimiento urbano desordenado y especulativo.

El Plan de Estabilización de 1959 puso fin a la autarquía: devaluó la peseta, liberalizó el comercio y abrió el país a las inversiones extranjeras. Tras una breve recesión, empezó un gran crecimiento económico, orientado a partir de 1964 por los planes de desarrollo. Catalunya, que ya tenía una base industrial, fue una de las grandes beneficiarias: se modernizaron el textil y el metal y crecieron la química, el automóvil, con la SEAT, y los electrodomésticos.

El turismo se convirtió en uno de los motores de la economía: la Costa Brava y la Costa Dorada recibieron a millones de visitantes europeos, que aportaron divisas pero también una urbanización masiva del litoral. Las divisas del turismo y las remesas de los emigrantes en Europa financiaron la importación de maquinaria.

El crecimiento provocó una gran oleada migratoria: más de un millón de personas de Andalucía, Murcia, Extremadura y Aragón llegaron a Catalunya, sobre todo al área de Barcelona. Muchos tuvieron que instalarse en barracas, como las de Montjuïc o el Somorrostro, o en polígonos de viviendas construidos deprisa en los barrios periféricos y en ciudades como L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Badalona o Santa Coloma de Gramenet.

Estos barrios suburbanos crecían sin servicios sociales: faltaban escuelas, ambulatorios, transporte público, alcantarillado y calles asfaltadas, y esta carencia hizo nacer las asociaciones de vecinos. La inmigración y el aumento de la natalidad hicieron crecer mucho la población catalana, que se rejuveneció y cambió su composición lingüística y cultural, una realidad que Francesc Candel describió en Els altres catalans (1964). El desarrollismo hizo de Catalunya una sociedad urbana, industrial y de consumo, pero sin libertades.

Durante los primeros años de la dictadura, la oposición fue muy débil. La represión era extrema: miles de fusilados, como el presidente Lluís Companys (1940), cárceles llenas y depuraciones, y los principales dirigentes de los partidos y sindicatos habían muerto, estaban en la cárcel o en el exilio. Los grupos que sobrevivieron en la clandestinidad, como el PSUC, la CNT, ERC o el Front Nacional de Catalunya, actuaban aislados, y la Generalitat se mantenía en el exilio.

Con la esperanza de que la derrota del Eje trajera la caída de Franco, a partir de 1944 se desarrolló el maquis, una guerrilla antifranquista. Aquel año, guerrilleros comunistas procedentes de Francia intentaron una invasión por el Valle de Arán, que fracasó, y en Catalunya actuaron sobre todo grupos anarquistas, como los de Josep Lluís Facerias y Quico Sabaté, con atentados y atracos. La represión y la falta de apoyo internacional hicieron que el PCE abandonara la lucha armada en 1948, y los últimos guerrilleros anarquistas cayeron en 1957 (Facerias) y en 1960 (Sabaté).

La primera protesta social masiva fue la huelga de tranvías de Barcelona de 1951: la subida del precio del billete provocó un boicot ciudadano a los tranvías, seguido de una huelga general, y el gobierno tuvo que dar marcha atrás. En 1957 hubo un segundo boicot.

Con el desarrollismo, la oposición creció. El movimiento obrero se reorganizó con las Comisiones Obreras, nacidas de las asambleas de fábrica (la primera de Catalunya es de 1964), que aprovechaban las elecciones del sindicato vertical para hacer elegir a sus representantes y protagonizaron huelgas cada vez más numerosas, como la de la SEAT de 1971.

La oposición catalanista tuvo un papel clave. Núcleos católicos como el de Jordi Pujol protagonizaron los Hechos del Palau (1960), en los que se cantó el Cant de la senyera ante ministros franquistas, y el abad de Montserrat, Aureli M. Escarré, criticó el régimen en una entrevista en Le Monde (1963). Los estudiantes crearon un sindicato democrático en la Caputxinada (1966). El frente cultural, con la Nova Cançó, Òmnium Cultural y las editoriales en catalán, defendió la lengua, y en los barrios obreros nacieron las asociaciones de vecinos.

En 1971 se creó la Asamblea de Catalunya, que unió a partidos, sindicatos, entidades y personas de todas las tendencias con un programa común: «Llibertat, amnistia, Estatut d’autonomia». Cuando Franco murió, en 1975, la oposición catalana era amplia y unitaria.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de una proclama dirigida a los catalanes.

La pronunció el presidente de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, el 6 de octubre de 1934. En ella denuncia que las fuerzas monarquizantes y fascistas han llegado al poder y que la República está en peligro, y justifica la solidaridad de Catalunya con las fuerzas republicanas que se han alzado contra ellas. En esta misma proclama, Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española.

La proclama se sitúa en la Segunda República (1931-1936), durante el mandato del presidente de la Generalitat Lluís Companys, que había sucedido a Francesc Macià cuando este murió, en diciembre de 1933. En España gobernaban los partidos de centroderecha que habían ganado las elecciones de noviembre de 1933, y en Catalunya la Ley de Contratos de Cultivo enfrentaba a la Generalitat con el gobierno central. El 4 de octubre de 1934 tres ministros de la CEDA, que la izquierda consideraba un partido próximo al fascismo, entraron en el gobierno de Lerroux, y las izquierdas respondieron con una huelga general revolucionaria.

La primera idea es la denuncia de que las «fuerzas monarquizantes y fascistas» se han apoderado del poder y ponen en peligro la República. Companys interpreta la entrada de la CEDA en el gobierno como una amenaza fascista, en un clima europeo en el que las derechas autoritarias habían liquidado la democracia en Italia, con Mussolini, y en Alemania, con Hitler (1933), y acababan de hacerlo en Austria.

La segunda idea es la llamada a defender la República y las libertades conquistadas, entre ellas la autonomía de Catalunya, sumándose a las fuerzas republicanas que se han alzado en armas en toda España. Companys presenta una Catalunya «liberal, democrática y republicana», solidaria con quienes luchan «por la Libertad y por el Derecho».

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 ganó en Catalunya Esquerra Republicana de Catalunya, fundada pocas semanas antes y encabezada por Francesc Macià. El 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y, poco después, Macià proclamó la República Catalana como estado integrante de una federación ibérica.

La proclamación de Macià iba más allá de lo pactado en San Sebastián y creaba un conflicto con el gobierno provisional de la República. El 17 de abril tres ministros de este gobierno, Fernando de los Ríos, Marcel·lí Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer, llegaron a Barcelona y se alcanzó un acuerdo: Macià renunciaba a la República Catalana a cambio de restablecer la Generalitat, con un gobierno provisional, y del compromiso de redactar un estatuto de autonomía que tenían que aprobar las Cortes constituyentes.

Una comisión redactó el Estatuto en Núria y el 2 de agosto de 1931 fue aprobado en referéndum con un apoyo abrumador, fruto de una gran movilización ciudadana; como las mujeres todavía no votaban, cientos de miles de mujeres le dieron su apoyo con su firma. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un estado autónomo dentro de la República española, que concebía como una república federal.

En las Cortes constituyentes el Estatuto chocó con una fuerte oposición de las derechas y de una parte de la izquierda, y la Constitución de diciembre de 1931 definió un Estado integral, no federal, lo que obligaba a recortarlo. El debate se alargó hasta que el fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo, la Sanjurjada, en agosto de 1932, reforzó el gobierno de Manuel Azaña, y las Cortes aprobaron el Estatuto en septiembre de 1932.

El Estatuto de 1932 era menos ambicioso que el de Núria. Definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y establecía la cooficialidad del catalán y del castellano. La Generalitat la formaban el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y tenía competencias en agricultura, obras públicas, sanidad, administración local y derecho civil, compartidas en enseñanza, además de los servicios de orden público y de una hacienda limitada. Las primeras elecciones al Parlamento, en noviembre de 1932, las ganó ERC, y Macià fue elegido presidente.

La aplicación del Estatuto no fue fácil. El traspaso de servicios y de recursos fue lento, y en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento para proteger a los rabassaires, enfrentó a la Generalitat con los propietarios agrarios y con el gobierno central, que la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales.

Cuando Lluís Companys llegó a la presidencia de la Generalitat, tras la muerte de Macià (diciembre de 1933), el partido hegemónico era Esquerra Republicana de Catalunya, catalanista, republicano y de izquierdas, con el apoyo de las clases medias, los menestrales y los campesinos, dirigido por Companys y por figuras como Josep Tarradellas. La principal fuerza de la oposición era la Lliga Regionalista, que en 1933 pasó a llamarse Lliga Catalana, un partido catalanista conservador y de orden dirigido por Francesc Cambó.

En la izquierda obrera estaba el Bloc Obrer i Camperol, marxista, que en 1935 se unió con el grupo de Andreu Nin para formar el POUM, y los partidos socialistas y comunistas que en 1936 se fusionarían en el PSUC. También había partidos más pequeños, como Acció Catalana o el católico Unió Democràtica de Catalunya.

El sindicato mayoritario era la CNT, anarcosindicalista, partidaria de la acción directa y contraria a la participación electoral, en la que tenía mucho peso la FAI, con dirigentes como Joan Garcia Oliver. La UGT, socialista, era minoritaria en Catalunya. El CADCI agrupaba a los dependientes del comercio y de la industria y era catalanista, y la Unió de Rabassaires, vinculada a ERC, defendía a los campesinos que cultivaban viñas a cambio de una parte de la cosecha.

La Generalitat desplegó su obra de gobierno: asumió el orden público, coordinado con el Estado por la Junta de Seguridad de Catalunya, y creó el Tribunal de Casación de Catalunya. El Parlamento aprobó la Ley de Contratos de Cultivo (abril de 1934), que permitía a los rabassaires acceder a la propiedad de la tierra que trabajaban. Los propietarios agrarios, con el Institut Agrícola Català de Sant Isidre y la Lliga, se opusieron, y el gobierno central la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la anuló.

La entrada de la CEDA en el gobierno central precipitó los Sucesos de Octubre: el 6 de octubre de 1934 Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española, pero el ejército, dirigido por el general Domènec Batet, sofocó la revuelta en pocas horas. El gobierno de la Generalitat fue encarcelado, el Estatuto quedó suspendido y miles de personas fueron detenidas. El Tribunal de Garantías Constitucionales condenó a Companys y a sus consejeros a treinta años de prisión.

En las elecciones de febrero de 1936, el Front d’Esquerres, la versión catalana del Frente Popular, ganó en Catalunya. Companys y su gobierno fueron amnistiados y volvieron a la Generalitat, y el Estatuto se restableció. Pero la tensión política y social creció: la polarización entre derechas e izquierdas, los conflictos laborales y la conspiración militar condujeron hasta la vigilia del golpe de Estado de julio de 1936.

Es una tabla estadística de carácter político y electoral. Los datos son de las elecciones de 1979, pero la tabla procede de un libro de Álvaro Soto sobre la transición publicado en 1998: es, por tanto, una fuente secundaria hecha a partir de datos primarios.

Recoge los resultados de las elecciones generales de 1979 al Congreso de los Diputados: para cada partido o coalición, el porcentaje de votos, el número de escaños y el porcentaje de escaños sobre los 350 de la cámara.

Los datos se sitúan en plena transición a la democracia (1975-1982). Fueron las primeras elecciones generales después de la aprobación de la Constitución de 1978: Adolfo Suárez las convocó para el 1 de marzo de 1979 y abrieron la primera legislatura constitucional, en un contexto de crisis económica y de terrorismo.

La UCD de Adolfo Suárez ganó las elecciones, con el 35 % de los votos y 168 de los 350 escaños, casi la mitad de la cámara. No llegaba a la mayoría absoluta (176 escaños), pero pudo seguir gobernando en minoría.

La tabla muestra también la consolidación de un sistema bipartidista: la UCD, de centroderecha, y el PSOE de Felipe González, de centroizquierda, con el 30,5 % y 121 escaños, sumaban cerca de dos tercios de los votos y más del 80 % de los escaños. Muy por debajo quedaban el PCE, con el PSUC, a su izquierda (10,8 %); la coalición de derecha CD, de Manuel Fraga (6,1 %), y los partidos nacionalistas catalán (CiU) y vasco (PNB), fuertes en sus territorios. El sistema electoral favorecía a los grandes partidos: con el 35 % de los votos, la UCD tenía casi la mitad de los escaños.

Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y, de acuerdo con la Ley de Sucesión, Juan Carlos de Borbón fue proclamado rey dos días después. El rey mantuvo como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, que solo quería reformas limitadas dentro de las leyes franquistas. La presión de la oposición, unida en Coordinación Democrática, y las grandes huelgas y manifestaciones de 1976, como las de Vitoria, donde la policía mató a cinco obreros, o las de la Asamblea de Catalunya por la amnistía y el Estatuto, demostraron que aquel proyecto no tenía futuro.

En julio de 1976 el rey sustituyó a Arias por Adolfo Suárez, que hizo la reforma desde la misma legalidad franquista. Aprobó una primera amnistía para los presos políticos e hizo aprobar por las Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que preveía unas Cortes elegidas por sufragio universal y que fue ratificada en referéndum en diciembre de 1976. A principios de 1977 legalizó los partidos, incluido el PCE (abril), reconoció el derecho de huelga y aprobó una nueva ley electoral.

El proceso tuvo que superar muchos obstáculos. Los sectores intransigentes del franquismo, el «búnker», y una parte del ejército se oponían a los cambios, y el terrorismo de ETA y de los GRAPO y el de la extrema derecha, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977), buscaban provocar una involución. Además, la crisis económica iniciada en 1973 había traído una fuerte inflación y un paro creciente.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936. Las ganó la UCD de Suárez, seguida del PSOE de Felipe González, mientras que el PCE y la Alianza Popular de Manuel Fraga quedaron muy por detrás. En Catalunya ganaron las izquierdas, y el regreso del presidente Josep Tarradellas permitió restablecer la Generalitat provisional. Para afrontar la crisis, el gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa (octubre de 1977).

Las Cortes elegidas en 1977 actuaron como Cortes constituyentes. Una ponencia de siete diputados de diferentes partidos, entre ellos los catalanes Miquel Roca y Jordi Solé Tura, redactó el texto, que se negoció con un amplio consenso entre las principales fuerzas políticas. Las Cortes lo aprobaron en octubre de 1978 y el pueblo español lo ratificó en referéndum el 6 de diciembre de 1978, con una amplia mayoría de votos favorables. Así culminaba el paso de la dictadura a la democracia.

Después de las elecciones de 1979, los principales partidos eran la UCD, de centroderecha, dirigida por Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo; el PSOE, de centroizquierda, con Felipe González y Alfonso Guerra; el PCE, con Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri; la coalición de derecha CD, con Manuel Fraga y José María de Areilza; y los nacionalistas de CiU, con Jordi Pujol y Miquel Roca, y del PNB, con Xabier Arzalluz y Carlos Garaikoetxea.

Suárez empezó su segunda legislatura con mucho menos apoyo. Su gobierno desarrolló la Constitución: en 1979 se aprobaron los estatutos de autonomía del País Vasco y de Catalunya, el Estatut de Sau, y en 1980 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya, que ganó CiU, y Jordi Pujol fue elegido presidente de la Generalitat. El referéndum andaluz de 1980 abrió el camino para que otras regiones llegaran a la autonomía plena.

El terrorismo, sobre todo el de ETA, vivió sus años más sangrientos y desgastaba al gobierno y al ejército. La oposición democrática, encabezada por el PSOE, endureció la crítica y en 1980 Felipe González presentó una moción de censura contra Suárez que, aunque no prosperó, reforzó su imagen de futuro presidente. Al mismo tiempo, los sindicatos, como CCOO y UGT, y los movimientos ciudadanos y autonomistas mantuvieron la movilización a favor de la democracia y del cambio.

La UCD era una coalición de corrientes muy diversas, democristianos, liberales y socialdemócratas, enfrentados por cuestiones como el divorcio, las autonomías o la política económica. Aislado dentro de su partido, Suárez dimitió en enero de 1981. El 23 de febrero, durante la votación de la investidura de su sucesor, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel Antonio Tejero asaltó el Congreso con guardias civiles, y el general Jaime Milans del Bosch sacó los tanques en Valencia. El golpe fracasó, sobre todo porque el rey lo condenó por televisión.

Calvo-Sotelo (1981-1982) llevó a España a la OTAN (1982), aprobó la ley del divorcio y pactó con el PSOE la LOAPA para armonizar el proceso autonómico. Pero la UCD se desintegró, y Suárez salió de ella para fundar un nuevo partido, el CDS. Calvo-Sotelo adelantó las elecciones al 28 de octubre de 1982.

En la izquierda, el PCE entró en crisis por las divisiones internas, que también dividieron el PSUC, mientras que el PSOE, que en 1979 había renunciado a definirse como marxista, se convirtió en la alternativa de gobierno. En las elecciones de 1982 obtuvo la mayoría absoluta, con 202 escaños, y Felipe González fue presidente del gobierno; la UCD y el PCE se hundieron, y Carrillo dejó la dirección del partido. Era el cambio político: la primera alternancia en el poder, que consolidaba la democracia.