La Restauración: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

La Restauración empezó a finales de 1874, cuando, después de los seis años convulsos del Sexenio Democrático, el pronunciamiento del general Martínez Campos devolvió la corona a los Borbones con Alfonso XII. Su artífice, Antonio Cánovas del Castillo, diseñó un sistema liberal pero no democrático, recogido en la Constitución de 1876, que quería garantizar la estabilidad tras décadas de pronunciamientos. Las Cortes que la redactaron, dominadas por los conservadores, defendieron un sufragio censitario, que solo dejaba votar a los hombres con más riqueza.

La primera característica de este sistema es la soberanía compartida: el rey legislaba con las Cortes, que tenían dos cámaras, el Congreso y el Senado, y nombraba al gobierno. La segunda es el falseamiento electoral. Ni siquiera el sufragio universal masculino, que un gobierno liberal aprobó en 1890, cambió las cosas, porque el resultado de las elecciones se decidía antes de votar gracias al caciquismo: los caciques controlaban el voto con favores y amenazas, y así conservadores y liberales se alternaban en el poder en el llamado turno pacífico, que dejaba fuera del juego a los republicanos y al movimiento obrero.

La Transición empezó con la muerte de Franco, en noviembre de 1975. El nuevo jefe del Estado, el rey Juan Carlos I, confió en 1976 a Adolfo Suárez la tarea de desmontar la dictadura desde su propia legalidad, mientras la oposición antifranquista presionaba en la calle por la democracia. Por eso la primera característica del nuevo sistema es que nació de una reforma pactada: la Ley para la Reforma Política de 1976 abrió el camino a unas elecciones libres, que el gobierno de Suárez negoció con la oposición.

Para hacerlas posibles se legalizaron los partidos, incluso el Partido Comunista de España, y en junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936, con sufragio universal de hombres y mujeres. La segunda característica es la soberanía popular: las Cortes elegidas, con dos cámaras, el Congreso y el Senado, redactaron la Constitución de 1978, que define España como una monarquía parlamentaria en la que la soberanía reside en el pueblo y el rey, sin responsabilidad política, reina pero no gobierna.

Si comparamos los dos sistemas, hay continuidades formales: ambos son monarquías constitucionales, con un rey como jefe del Estado y un parlamento de dos cámaras. Pero el cambio de fondo es enorme. En la Restauración el rey compartía la soberanía con las Cortes y las elecciones eran un ritual controlado por los caciques; en la democracia de 1978 la soberanía es del pueblo, el voto es libre y universal para hombres y mujeres, y todas las fuerzas políticas, también las republicanas y obreras que la Restauración marginaba, pueden participar.

En conclusión, la Restauración fue un sistema liberal pero oligárquico, que dio estabilidad a costa de falsear la voluntad popular y que acabó en la dictadura de Primo de Rivera. El sistema surgido de la Transición, en cambio, es una democracia parlamentaria basada en el consenso, que integró a las fuerzas que la Restauración había dejado fuera.

Madrid, julio de 1876. Queridos lectores: hace poco más de un año y medio que España vuelve a ser una monarquía. Para entenderlo hay que recordar el caos de los últimos años. Tras la revolución de 1868 y el breve reinado de Amadeo de Saboya, en febrero de 1873 se proclamó la Primera República, que en menos de un año tuvo cuatro presidentes y tuvo que hacer frente a la revuelta cantonal, a la tercera guerra carlista y a la guerra de Cuba. En enero de 1874 el general Pavía disolvió las Cortes, y el general Serrano gobernó sin Cortes y con las garantías constitucionales suspendidas. Muchos, sobre todo la burguesía y los propietarios, deseaban orden. Desde el exilio, el príncipe Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, se ofrecía como solución: el 1 de diciembre de 1874, desde la academia militar británica de Sandhurst, donde estudiaba, hizo público el manifiesto de Sandhurst, preparado por Cánovas, en el que se presentaba como un rey católico, liberal y constitucional, dispuesto a volver a España.

Cánovas quería una restauración pacífica, preparada por los civiles, pero los militares se adelantaron. El 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII. El gobierno no se opuso, y en enero de 1875 el joven rey llegó a Barcelona y a Madrid. El pronunciamiento precipitó el regreso del monarca.

El hombre fuerte del nuevo régimen es Antonio Cánovas del Castillo. Dirigió el gobierno provisional mientras llegaba el rey y ahora preside el gobierno. Su objetivo es acabar con los pronunciamientos y la inestabilidad: un régimen en el que dos grandes partidos monárquicos, uno conservador y otro liberal, se alternen pacíficamente en el gobierno, y en el que el ejército quede apartado de la política. Ha sido también el artífice de la nueva Constitución, aprobada por unas Cortes constituyentes elegidas a principios de este año.

La Constitución, promulgada el 30 de junio, es conservadora y a la vez flexible. Establece la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que hacen las leyes conjuntamente, y da amplias prerrogativas a la corona: el rey nombra y destituye a los ministros, sanciona las leyes, puede suspender y disolver las Cortes y nombra una parte de los senadores, mientras que los demás lo son por derecho propio o son elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Define España como un estado confesional católico: el Estado mantiene el culto y el clero, y las demás religiones solo se toleran en privado. Reconoce los derechos de los ciudadanos, pero deja que las leyes los limiten.

La Constitución no fija el tipo de sufragio, que deberá regular una ley. Las Cortes constituyentes se eligieron con el sufragio universal masculino que venía del Sexenio, pero Cánovas es partidario de un sufragio censitario, en el que solo voten los hombres con una cierta renta, y todo hace pensar que es el que se impondrá.

Epílogo, escrito desde hoy: Cánovas impuso el sufragio censitario con la ley electoral de 1878, y en 1890 un gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta restableció el sufragio universal masculino. Desde 1881 conservadores y liberales se alternaron en el poder en el llamado turno pacífico, que se sostuvo en el falseamiento de las elecciones: el gobierno que convocaba las elecciones decidía antes los resultados con el encasillado, y los caciques locales controlaban el voto con favores, amenazas y fraudes. Con estas características, el sistema llegó a la crisis de 1898.

El primer factor es el desastre colonial de 1898. La derrota ante los Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron un golpe muy duro para el ejército, que se sintió culpado injustamente por la prensa y los políticos. Muchos militares desarrollaron un resentimiento contra el poder civil y una mentalidad corporativa, y empezaron a verse como los guardianes de la unidad y el honor de la patria.

El segundo factor son las campañas de Marruecos. Después de 1898, Marruecos se convirtió en la principal empresa colonial de España, y en 1912 se estableció allí un protectorado. La guerra contra las tribus rifeñas dio al ejército un protagonismo constante, pero también grandes desastres: el del Barranco del Lobo (1909), el mismo verano de la Semana Trágica, con centenares de muertos y heridos, y sobre todo el de Annual (1921), con miles de muertos. En Marruecos se formó una generación de oficiales africanistas, como Francisco Franco, que hicieron carrera rápida por méritos de guerra y tenían una visión autoritaria de la política.

El tercer factor son las tendencias golpistas. Acostumbrado a intervenir en la política desde los pronunciamientos del siglo XIX, el ejército no renunció a imponerse por la fuerza. En 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que acabó con el régimen parlamentario; en 1932 el general José Sanjurjo se sublevó contra la República, sin éxito, y en julio de 1936 un grupo de generales, entre ellos Mola y Franco, dieron el golpe de Estado antirrepublicano que desencadenó la Guerra Civil.

El cuarto factor es la rivalidad entre el poder militar y el poder civil. En noviembre de 1905, unos oficiales asaltaron en Barcelona las redacciones del ¡Cu-Cut! y de La Veu de Catalunya, y el gobierno, en lugar de castigarlos, aprobó en 1906 la Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la jurisdicción militar las ofensas al ejército y a la patria: empezó así un enfrentamiento duradero entre el ejército y el catalanismo. En 1917 las Juntas de Defensa demostraron que los oficiales podían presionar al gobierno. Durante la Segunda República, Manuel Azaña quiso someter al ejército al poder civil con unas reformas militares que reducían el número de oficiales y cerraban la Academia General Militar de Zaragoza, y muchos militares las vivieron como una humillación.

Razonando los cambios y las continuidades, hay una línea de fondo que atraviesa todo el periodo: el ejército se consideraba el garante de la unidad y del orden y se sentía autorizado a intervenir cuando creía que la patria estaba en peligro. Lo que cambió fue contra quién: en 1923 actuó contra un régimen liberal desprestigiado y con el visto bueno del rey, mientras que en 1932 y en 1936 se sublevó contra una república democrática. La guerra de Marruecos fue el escenario donde se forjó esa mentalidad, y los africanistas fueron los protagonistas del golpe de 1936.

En conclusión, la pérdida de las colonias, la guerra de Marruecos, el golpismo y la rivalidad con el poder civil explican que, entre 1898 y 1936, el ejército español tuviera un papel político mucho mayor del que le correspondía en un estado liberal, y que acabara provocando la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Barcelona, septiembre de 1888. Estimado amigo: me pregunta cómo funciona la política española y por qué hay tanta gente que queda fuera de ella. Se lo explicaré con franqueza. Desde que en 1874 se restauró la monarquía de los Borbones, tras seis años de revoluciones, una república y guerras, el país se gobierna con un sistema ideado por Antonio Cánovas del Castillo: el turno dinástico. Los dos grandes partidos que aceptan la monarquía, el Conservador de Cánovas y el Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, se alternan pacíficamente en el gobierno. Pero este juego solo está abierto a quienes aceptan la monarquía y la Constitución de 1876: es excluyente por naturaleza y, con quien lo cuestiona, represivo.

Quedan fuera, en primer lugar, los republicanos. El republicanismo gobernó durante la Primera República, en 1873, y todavía tiene muchos seguidores en las ciudades. Está dividido entre los federales de Francesc Pi i Margall, los posibilistas de Emilio Castelar y los partidarios de la insurrección de Manuel Ruiz Zorrilla, pero todos quieren acabar con la monarquía, y por eso el sistema los margina y los vigila.

En segundo lugar, los carlistas. El carlismo defiende a otro rey, el pretendiente carlista, y una monarquía tradicional y católica, contraria al liberalismo. Perdió la última guerra en 1876, pero muchos de sus partidarios, sobre todo en las zonas rurales de Catalunya, del País Vasco y de Navarra, siguen rechazando el sistema.

Y, por último, los obreros organizados. Los anarquistas, muy fuertes aquí en Barcelona, rechazan toda participación política, y los socialistas apenas empiezan: Pablo Iglesias, un tipógrafo de Madrid, fundó en 1879 el Partido Socialista Obrero Español, y este mismo agosto se ha creado en Barcelona la Unión General de Trabajadores. Todavía son pocos, pero defienden la lucha de clases, y los gobiernos los ven como una amenaza.

¿Cómo se consigue que el sistema funcione sin ellos? Controlando las elecciones. Solo vota una pequeña parte de los hombres, los que tienen propiedades o pagan suficientes impuestos, e incluso así los resultados se deciden antes de votar: el gobierno que debe ganar prepara la lista de quienes deben salir elegidos, el encasillado, y los caciques de cada pueblo se encargan de que salgan, con favores, amenazas o manipulando directamente las urnas. Así, las Cortes no representan al país real.

Quienes protestan tampoco tienen muchas garantías. Los derechos que reconoce la Constitución se pueden suspender cuando el gobierno lo decide, y las autoridades abusan de ello; los jueces no son independientes del poder político, y muchos periódicos viven de los favores del gobierno, que los utiliza a su servicio. En realidad, no hay un pluralismo político auténtico: hay dos partidos que se reparten el poder por turnos.

Para nosotros, los fabricantes, este sistema tiene un precio pero también una ventaja: tras tantos años de inestabilidad, nos da el orden que necesitan los negocios, como demuestra este año la Exposición Universal. Esta es la clave de todo: la estabilidad del sistema se paga con la exclusión de quienes no aceptan el juego y con la corrupción de las elecciones.

La Constitución de 1876, inspirada por Antonio Cánovas del Castillo, fue la base del sistema de la Restauración. Se fundamentaba en la soberanía compartida: el poder no venía solo de la nación, sino del rey y de las Cortes juntos. El rey tenía un papel central, porque hacía las leyes con las Cortes, nombraba y cesaba al gobierno y podía disolver las cámaras. Las Cortes eran bicamerales: un Congreso elegido y un Senado formado en parte por senadores por derecho propio y por senadores vitalicios nombrados por la corona. El Estado era confesional: la religión católica era la oficial, el Estado se comprometía a mantener su culto y sus ministros y las demás religiones solo se toleraban en privado.

Además, la Constitución no fijaba el tipo de sufragio, que se dejó a leyes posteriores: fue censitario hasta 1890 y universal masculino después, pero siempre falseado por el caciquismo. Los derechos que reconocía se podían suspender y quedaban limitados por las leyes. El énfasis en las prerrogativas del rey permitió que Alfonso XIII interviniera demasiado en la política, y su apoyo al golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, dejó sin efecto la Constitución y acabó arrastrando a la monarquía en 1931.

La Constitución de 1931, en cambio, definió España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y estableció que todos los poderes emanaban del pueblo. Las Cortes eran unicamerales, un solo Congreso elegido por sufragio universal, y el presidente de la República tenía unos poderes limitados. El Estado dejaba de tener religión oficial: se separaba de la Iglesia y reconocía la libertad de conciencia y de culto.

La Constitución republicana también garantizó la igualdad de derechos entre los sexos: reconoció el voto de las mujeres a partir de los 23 años y el divorcio. Además, protegió la situación de los trabajadores con el reconocimiento de sus derechos sociales, y abrió la puerta a la autonomía de regiones como Catalunya.

Por eso solo la de 1931 se considera democrática. La de 1876 era liberal, porque reconocía derechos y un parlamento, pero no democrática: la soberanía no residía en el pueblo, el sufragio, censitario y después solo masculino, estaba falseado por el caciquismo, el rey conservaba un poder enorme y los derechos y libertades de los ciudadanos no estaban garantizados. La de 1931 ponía la soberanía en el pueblo, garantizaba el sufragio universal de hombres y mujeres y protegía los derechos. En definitiva, una monarquía constitucional puede ser liberal sin ser democrática.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos: forma parte de la investigación que se abrió a raíz del desastre. Por su naturaleza, es un texto de carácter militar y jurídico.

Es un fragmento del Expediente Picasso, la investigación que el general de división Juan Picasso instruyó para el Ministerio de la Guerra sobre las responsabilidades de la actuación española en Marruecos en julio de 1921. Trata del desastre de Annual: recoge la declaración del teniente coronel Fernández Tamarit sobre la falta de medios en las posiciones españolas y la conclusión del juzgado, que considera una temeridad haber emprendido aquella operación sin preparación.

El texto se sitúa en el régimen de la Restauración (1875-1931), en su segunda etapa, que empieza con la crisis de 1898 o con el reinado personal de Alfonso XIII, en 1902, y en concreto en el año 1921. En aquellos años el sistema del turno estaba en crisis: tras la crisis de 1917, los gobiernos cambiaban a menudo y debían hacer frente a la vez a una fuerte conflictividad social y a la guerra de Marruecos.

Desde 1912 España tenía un protectorado en el norte de Marruecos, donde el ejército combatía la resistencia de las tribus rifeñas. En julio de 1921 las tropas de la Comandancia General de Melilla, dirigidas por el general Manuel Fernández Silvestre, que habían avanzado hasta Annual, fueron derrotadas por las fuerzas de Abd el-Krim, y la retirada se convirtió en una desbandada con miles de muertos. El desastre abrió un gran debate sobre las responsabilidades militares y políticas, y el Ministerio de la Guerra encargó la investigación al general Picasso.

El texto llega a la conclusión de que la falta de medios y de preparación del ejército hizo que fuera una auténtica temeridad emprender el avance hasta Annual, una operación que fracasó y terminó en el desastre. La declaración de Fernández Tamarit aporta pruebas concretas: en Annual, que debía ser la base de un nuevo avance, no había hospital de campaña, sino dos tiendas en mal estado; faltaban leña, pan y raciones para el ganado, y los medios sanitarios eran deficientísimos o nulos.

Según el declarante, la causa de fondo es la falta de preparación, el afán de improvisarlo todo y el exceso de confianza, y culpa también a la oficialidad, que no había cumplido la promesa de mejorar la condición del soldado y la capacidad del ejército. El juzgado añade que la propia Comandancia General había reclamado esos medios y subrayaba las peticiones con tinta roja: sabía, por tanto, que le faltaban, y por eso comprometerse en una empresa tan arriesgada, sin ninguna urgencia que lo justificara, fue una temeridad. Es una conclusión que apunta a la responsabilidad del mando.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918) España fue neutral y vendió productos industriales y agrícolas a los países en guerra. La industria textil catalana, la siderurgia vasca y la minería asturiana obtuvieron grandes beneficios, pero los precios subieron mucho más deprisa que los salarios y los productos básicos escaseaban. La carestía de la vida empeoró las condiciones de la clase trabajadora e hizo crecer los sindicatos.

En 1917 el descontento estalló en una triple crisis. En junio, los oficiales del ejército, organizados en Juntas de Defensa, protestaron por los sueldos y el sistema de ascensos. En julio, la Lliga Regionalista de Francesc Cambó convocó en Barcelona una Asamblea de Parlamentarios que reclamaba unas Cortes constituyentes. En agosto, la UGT y la CNT convocaron una huelga general revolucionaria, que el gobierno reprimió con el ejército. El sistema sobrevivió, pero el turno de los partidos dinásticos ya no funcionó: hasta 1923 se sucedieron gobiernos de concentración y gobiernos de corta duración.

Con el final de la guerra llegó una posguerra difícil: las exportaciones cayeron, muchas empresas cerraron y creció el paro, mientras los precios seguían altos. La CNT, que en 1918 se reorganizó en sindicatos únicos en el Congreso de Sants, se convirtió en un sindicato de masas, y entre 1918 y 1920 los jornaleros andaluces protagonizaron huelgas y ocupaciones de tierras: el trienio bolchevique.

En Barcelona, en febrero de 1919 empezó la huelga de La Canadiense, en la compañía eléctrica Riegos y Fuerza del Ebro, que dejó la ciudad sin luz durante semanas. La CNT obtuvo una gran victoria y el gobierno decretó la jornada de ocho horas. La patronal respondió con un cierre patronal y apoyó a los Sindicatos Libres, fundados en 1919 contra la CNT. Empezó el pistolerismo: atentados de pistoleros pagados por la patronal y de grupos de acción anarquistas, y una dura represión del gobernador civil Severiano Martínez Anido, con la «ley de fugas». Entre las víctimas estuvieron el abogado Francesc Layret, el presidente del gobierno Eduardo Dato y el dirigente de la CNT Salvador Seguí.

El otro gran problema era Marruecos. En el protectorado español, las tribus rifeñas, dirigidas por Abd el-Krim, resistían la ocupación, y la guerra era muy impopular entre las clases populares, que eran las que enviaban a sus hijos. En julio de 1921 el avance del general Silvestre terminó en el desastre de Annual: la posición cayó y la retirada hacia Melilla se convirtió en una desbandada con miles de muertos.

El desastre abrió el debate sobre las responsabilidades. El general Picasso instruyó un expediente que señalaba la falta de medios y la imprevisión de los mandos, y en las Cortes los socialistas y los republicanos reclamaban también responsabilidades políticas, incluso las del rey. Los gobiernos que siguieron no consiguieron ni resolver el problema de Marruecos ni cerrar el debate, y en septiembre de 1923 esta etapa terminó con la dictadura de Primo de Rivera.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de un manifiesto.

Lo publicó el general Camilo García de Polavieja el 1 de septiembre de 1898, pocas semanas después de la derrota de Cuba. Es un manifiesto regeneracionista o reformista: critica el caciquismo y el fraude electoral, pide que la política se ocupe de los problemas económicos del país y reclama una descentralización que responda a las quejas de las regiones más ricas y dinámicas.

El manifiesto se sitúa en el régimen de la Restauración, al final de su primera etapa (1875-1898), durante la regencia de María Cristina de Habsburgo. En 1898 España había perdido la guerra contra los Estados Unidos y, con ella, las últimas colonias, y la derrota provocó una crisis de confianza en el sistema del turno y la aparición del regeneracionismo. Polavieja, antiguo capitán general de Cuba y de Filipinas, intentó aprovechar este descontento, y su programa atrajo a una parte de la burguesía catalana.

La primera idea es la crítica al sistema político de la Restauración, basado en el caciquismo. El texto denuncia las «falsificaciones electorales» y la manera de «fabricar» las mayorías e incluso las minorías del Parlamento, y pide dejar de lado estas maniobras para ocuparse de los problemas reales del país: el regadío, los caminos, los transportes, los puertos y la industria.

La segunda idea es la necesidad de descentralizar. Polavieja reconoce que las regiones más cultas, trabajadoras y ricas, como Catalunya, culpan al poder central de los males del país, y considera legítimas sus aspiraciones: hace falta que la vida económica se desarrolle sin las trabas de una centralización asfixiante y que las «fuerzas sociales» participen directamente en la administración.

En 1895 empezó en Cuba una nueva insurrección independentista, dirigida por José Martí y Antonio Maceo, contra un dominio colonial que no concedía ni autonomía ni reformas y que imponía aranceles favorables a los productos españoles. En 1896 también se sublevó el archipiélago de Filipinas. El gobierno envió a miles de soldados, sobre todo hijos de familias humildes que no podían pagar la redención en metálico, y el general Valeriano Weyler aplicó en Cuba una dura política de reconcentración de la población rural.

Los Estados Unidos, con grandes intereses económicos en la isla, aprovecharon la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana (febrero de 1898) para declarar la guerra a España. La flota española fue destruida en Cavite, en Filipinas, y en Santiago de Cuba. Por el Tratado de París (diciembre de 1898), España perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam, y al año siguiente vendió a Alemania sus últimas islas del Pacífico.

La pérdida de las colonias, el «Desastre», tuvo un impacto económico limitado, pero una gran repercusión moral: la opinión pública descubrió que España era una potencia de segundo orden. Creció la crítica al sistema de la Restauración, que denunciaban los intelectuales de la Generación del 98 y los regeneracionistas, como Joaquín Costa, que reclamaba «escuela y despensa» y acabar con el caciquismo, y en Catalunya se fortaleció el catalanismo.

Los partidos dinásticos intentaron responder con un regeneracionismo desde el poder. El conservador Francisco Silvela (1899-1900) formó un gobierno con el general Polavieja y el jurista catalán Manuel Duran i Bas, y su ministro de Hacienda, Raimundo Fernández Villaverde, saneó las finanzas con nuevos impuestos, que en Barcelona provocaron el «tancament de caixes» (cierre de cajas).

Con Alfonso XIII ya en el trono (1902), el conservador Antonio Maura propuso una «revolución desde arriba» para atraer a las clases medias a la política. Durante su «gobierno largo» (1907-1909) aprobó una nueva ley electoral y creó el Instituto Nacional de Previsión, pero la represión de la Semana Trágica provocó su caída.

El liberal José Canalejas (1910-1912) impulsó un reformismo más social y laico: la «ley del candado», que limitaba el establecimiento de nuevas órdenes religiosas, la sustitución del impuesto de consumos, el servicio militar obligatorio en tiempo de guerra y el proyecto de ley de mancomunidades. Su asesinato en 1912 por un anarquista dejó al regeneracionismo sin liderazgo, y hasta 1914 el sistema se mantuvo sin haber resuelto el problema del caciquismo.

Cuando empezó la Primera Guerra Mundial (1914), el sistema de la Restauración ya estaba debilitado: los partidos dinásticos, el conservador y el liberal, se habían dividido en facciones enfrentadas tras la desaparición de sus grandes líderes, y los gobiernos duraban poco. La neutralidad de España trajo un gran crecimiento económico, porque el país exportó a los países en guerra, pero también una fuerte inflación: los precios subían más que los salarios y el malestar social creció.

Todo ello estalló en la crisis de 1917. Los oficiales del ejército, organizados en Juntas de Defensa, protestaban por los sueldos bajos y por los ascensos por méritos de guerra de los militares africanistas, e impusieron sus exigencias al gobierno. En julio, la Lliga Regionalista, dirigida por Francesc Cambó, convocó en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios, que reclamaba unas Cortes constituyentes y la autonomía, pero fue disuelta. En agosto, la UGT y la CNT convocaron una huelga general revolucionaria, que el ejército reprimió.

El sistema sobrevivió porque el ejército se puso del lado del orden y la Lliga, asustada por la huelga, aceptó entrar en los gobiernos de concentración, primero con Manuel García Prieto (1917) y después con el gobierno nacional de Antonio Maura (1918), en el que Cambó fue ministro. Pero estos gobiernos, formados por jefes de facciones rivales, no duraron.

Terminada la guerra, en 1918, las exportaciones se hundieron y llegaron el paro y las huelgas: el trienio bolchevique en el campo andaluz y, en Barcelona, la huelga de La Canadiense (1919) y el pistolerismo. Los gobiernos se sucedían cada pocos meses. El conservador Eduardo Dato, que ya había reprimido la huelga de 1917 como presidente del gobierno, volvió a serlo en 1920 y apoyó una política de mano dura en Barcelona, con el general Martínez Anido como gobernador civil, hasta que en 1921 fue asesinado por unos anarquistas.

El golpe definitivo llegó de Marruecos. En julio de 1921, en Annual, el ejército español fue derrotado por los rifeños de Abd el-Krim, con miles de muertos. El desastre de Annual provocó una indignación general y un debate sobre las responsabilidades que apuntaba a los mandos militares e incluso al rey. Para hacerle frente, Maura volvió a presidir un gobierno de concentración (agosto de 1921 – marzo de 1922), con Cambó como ministro de Hacienda, que tampoco duró.

El hundimiento del sistema de partidos, la conflictividad social y el debate sobre Annual prepararon el terreno al golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera, el 13 de septiembre de 1923, que el rey Alfonso XIII aceptó y que puso fin al régimen constitucional de la Restauración.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político e ideológico. Por su naturaleza, es un texto periodístico: un artículo de opinión publicado en el diario La Rebeldía de Barcelona.

El autor es Alejandro Lerroux, el dirigente del republicanismo radical en Barcelona, que lo publicó el 1 de septiembre de 1906 con el título «¡Rebeldes!, ¡Rebeldes!…». Es un llamamiento de tono anticlerical y revolucionario a los jóvenes, a quienes llama «jóvenes bárbaros», para que destruyan la Iglesia y el orden social y construyan un mundo nuevo.

El artículo se sitúa en la segunda etapa de la Restauración (1875-1931), en 1906, durante el reinado personal de Alfonso XIII, que había empezado en 1902. Tras el desastre de 1898, el turno pacífico entre conservadores y liberales estaba en crisis, y en Barcelona las elecciones ya no las ganaban los partidos dinásticos, sino la Lliga Regionalista y los republicanos.

Lerroux, diputado por Barcelona desde 1901, se había ganado a muchos obreros con un discurso populista, anticlerical y contrario al catalanismo. 1906 es también el año de la Ley de Jurisdicciones y de la formación de Solidaritat Catalana, a la que Lerroux se opuso; en 1908 fundó el Partido Republicano Radical.

La primera idea es el anticlericalismo. Lerroux anima a los jóvenes a destruir los templos y a «acabar con sus dioses», e incluso les dice «alzad el velo de las novicias», una incitación a violar a las monjas. Para el republicanismo radical, la Iglesia era la aliada de la monarquía y de los ricos y el gran obstáculo para el progreso. Este anticlericalismo arraigó entre las clases populares de Barcelona, como se vio en la quema de iglesias y conventos de la Semana Trágica de 1909.

La segunda idea es la revolución social. Lerroux llama a quemar los papeles de los registros de la propiedad «para que el fuego purifique la infame organización social» y a levantar «legiones de proletarios»: quiere movilizar a la clase obrera para destruir un orden basado en la propiedad y construir un «nuevo mundo moral». Era un lenguaje demagógico e incendiario, pensado para atraer a los obreros barceloneses hacia el republicanismo y alejarlos del anarquismo y del catalanismo.

Desde principios del siglo XX el sistema de la Restauración estaba en crisis. Muertos Cánovas (1897) y Sagasta (1903), los partidos dinásticos se dividieron en facciones enfrentadas y el turno pacífico dejó de funcionar: entre 1914 y 1923 hubo más de una docena de gobiernos, muchos de pocos meses. Fuera del sistema crecían las fuerzas que lo cuestionaban: el catalanismo de la Lliga Regionalista, el movimiento obrero y el republicanismo, renovado por el Partido Republicano Radical de Lerroux y por el Partido Reformista de Melquíades Álvarez.

El estallido de la Primera Guerra Mundial (1914) dividió a la opinión pública entre aliadófilos, sobre todo republicanos, liberales y catalanistas, y germanófilos, sobre todo conservadores, militares y la Iglesia, aunque España se mantuvo neutral. La guerra trajo beneficios a la industria, pero también una fuerte inflación, que agudizó las tensiones sociales.

En 1917 la crisis estalló en tres frentes. En junio, los oficiales del ejército peninsular, organizados en Juntas de Defensa, protestaron por los sueldos bajos y por los ascensos por méritos de guerra de los militares destinados en Marruecos. En julio, la Lliga Regionalista de Francesc Cambó reunió en Barcelona la Asamblea de Parlamentarios, catalanes y del resto de España, que reclamaba unas Cortes constituyentes y una nueva Constitución. En agosto, la UGT y la CNT convocaron una huelga general revolucionaria. El gobierno reprimió la huelga con el ejército, y la Lliga acabó entrando, en noviembre de 1917, en el gobierno de concentración de García Prieto; en 1918 Cambó fue ministro del gobierno nacional de Maura.

De 1918 a 1923 los gobiernos se sucedieron sin estabilidad y respondieron a la conflictividad social, sobre todo en Barcelona y en el campo andaluz, con una política de orden público basada en la represión: suspensión de las garantías constitucionales, estado de guerra y, en Barcelona, la «ley de fugas» del gobernador civil Martínez Anido.

La cuestión de Marruecos fue el golpe definitivo. En julio de 1921, las tropas españolas del general Fernández Silvestre sufrieron el desastre de Annual ante los rifeños de Abd el-Krim, con miles de muertos. El gobierno encargó al general Juan Picasso una investigación sobre las responsabilidades de la derrota, el Expediente Picasso, que apuntaba a altos mandos; muchos acusaban también al rey Alfonso XIII de haber alentado el avance imprudente de Silvestre.

El debate sobre las responsabilidades de Annual desprestigió aún más a la monarquía y al sistema parlamentario. En 1923, cuando esas responsabilidades se iban a discutir en las Cortes, sectores del ejército, de la burguesía y del entorno del rey querían impedir que se exigieran a la propia monarquía, y vieron con buenos ojos una solución de fuerza, que llegó en septiembre de 1923.

En diciembre de 1874, tras el fracaso del Sexenio Democrático y de la Primera República, el pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto restauró la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII, hijo de Isabel II. El gran artífice del nuevo régimen fue Antonio Cánovas del Castillo, que ya había preparado el regreso del rey con el Manifiesto de Sandhurst.

Cánovas quería un sistema estable, que acabara con los pronunciamientos y con la inestabilidad de las décadas anteriores. La Constitución de 1876 establecía la soberanía compartida entre el rey y las Cortes; unas Cortes bicamerales, con Congreso y Senado; un rey con grandes poderes, que nombraba al gobierno y podía disolver las Cortes; y un Estado confesional católico, que solo toleraba los demás cultos en privado. Reconocía derechos y libertades, pero dejaba que las leyes los limitaran, y no fijaba el sufragio: fue censitario hasta 1890, cuando se aprobó el sufragio universal masculino.

El sistema se basaba en el turno pacífico de dos partidos dinásticos, que aceptaban la monarquía y la Constitución: el Partido Conservador, dirigido por Cánovas, y el Partido Liberal, dirigido por Práxedes Mateo Sagasta. Cuando el gobierno de un partido se desgastaba, el rey llamaba al otro a gobernar, y este convocaba elecciones para obtener una mayoría en las Cortes. A la muerte de Alfonso XII, en 1885, el Pacto de El Pardo garantizó el turno durante la regencia de María Cristina.

Para que el turno funcionara, la corrupción electoral era consustancial al sistema. El ministro de la Gobernación preparaba el encasillado, la lista de los candidatos que debían salir elegidos en cada distrito, y los gobernadores civiles y los caciques locales aseguraban el resultado. Los caciques, terratenientes o notables de cada pueblo, controlaban el voto con favores, amenazas y presiones, sobre todo en el mundo rural.

Cuando esto no bastaba, se recurría al fraude, el pucherazo: se falsificaban las actas, se hacía votar a muertos y ausentes, se compraban votos o se cambiaban las urnas. Así, ni siquiera con el sufragio universal las elecciones reflejaban la voluntad de los ciudadanos. El sistema dio estabilidad, pero dejaba fuera de la vida política a los republicanos, al movimiento obrero y a los nacionalismos, y entró en crisis con el desastre de 1898.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos que describe, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto público: el fragmento de un ensayo político.

Es un fragmento del libro España tal cual es, del político catalanista Valentí Almirall, publicado en Barcelona en 1886. Dirigiéndose a los lectores extranjeros, Almirall denuncia con ejemplos casi grotescos la falsificación de las elecciones en el sistema de la Restauración: muertos que votan, listas inventadas y un candidato que obtiene muchos más votos que habitantes tiene el distrito.

La fuente se sitúa en el régimen de la Restauración (1875-1931), dentro de su primera etapa, la que va de 1875 hasta 1898 o 1902. Era el momento de mayor estabilidad del sistema: bajo la Constitución de 1876, conservadores y liberales se alternaban en el gobierno gracias al turno pacífico y al fraude electoral.

Es también la época del desarrollo del catalanismo político. Almirall, que había fundado el Centre Català en 1882, publicó ese mismo 1886 Lo catalanisme, y su crítica del sistema político español formaba parte de ese movimiento.

La primera práctica es la manipulación del censo: en las listas de electores se mezclaban algunos nombres reales con nombres inventados y, sobre todo, con nombres de personas muertas. Almirall explica que había visto muchas veces cómo su padre, muerto hacía años, «votaba».

Esos muertos votaban porque alguien los suplantaba: empleados subalternos, un barrendero o un sabueso de la policía vestidos para la ocasión. Así se inflaban los resultados hasta el absurdo, como en el caso del general candidato por el distrito de Berga, que obtuvo más de un millón y medio de votos en un distrito de solo varios miles de habitantes.

Por último, el Congreso aceptaba esos resultados con toda naturalidad y confirmaba la elección, porque el fraude era la norma del sistema y nadie tenía interés en denunciarlo.

El sistema político de la Restauración lo diseñó Antonio Cánovas del Castillo cuando los Borbones volvieron al trono con Alfonso XII, en 1875. La Constitución de 1876 establecía una monarquía constitucional con la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, unas Cortes con dos cámaras —el Congreso y el Senado— y un rey con grandes poderes: nombraba el gobierno y podía disolver las Cortes.

El sistema se basaba en dos grandes partidos dinásticos, el Conservador de Cánovas y el Liberal de Práxedes Mateo Sagasta, que aceptaban la monarquía y se alternaban pacíficamente en el gobierno: era el turno pacífico, consolidado con el Pacto de El Pardo a la muerte de Alfonso XII, en 1885. Cuando un gobierno se desgastaba, el rey llamaba al otro partido, que disolvía las Cortes y convocaba elecciones para obtener una mayoría cómoda.

Para garantizar los resultados, el ministro de la Gobernación elaboraba el encasillado, la lista de los candidatos que debían salir elegidos en cada distrito, incluidos algunos de la oposición. Los gobernadores civiles y los caciques locales, que controlaban empleos, préstamos y favores, se encargaban de cumplirla con la compra de votos, las amenazas, la manipulación del censo y las tupinadas, es decir, la falsificación de las actas y el relleno de las urnas con votos falsos. En 1890 se aprobó el sufragio universal masculino, pero el fraude siguió igual.

El caciquismo era más eficaz en el mundo rural, donde el cacique tenía un gran poder sobre los campesinos. En las grandes ciudades, como Barcelona, el voto era más difícil de controlar, y fue allí donde el sistema empezó a romperse, sobre todo a partir de 1901, con los éxitos de la Lliga Regionalista y de los republicanos.

En un sistema democrático, en cambio, la soberanía reside en el pueblo, y son los ciudadanos quienes deciden con su voto qué partido gobierna. No hay ningún «turno» pactado: la alternancia depende de los resultados, y cualquier partido que respete las reglas puede ganar. En la Restauración ocurría lo contrario: no eran las elecciones las que hacían el gobierno, sino el gobierno el que hacía las elecciones.

Unas elecciones limpias necesitan un censo fiable, un voto secreto y libre, sin compra ni coacciones, un recuento controlado por los propios partidos y una justicia independiente que resuelva las reclamaciones. En la Restauración, en cambio, votaban los muertos, se compraban los votos y las Cortes validaban resultados imposibles, como denuncia Almirall. Por eso el sistema era liberal en las formas pero no democrático: daba estabilidad a la monarquía a costa de falsear la voluntad popular y de dejar fuera a los partidos que no aceptaban el turno.

El turno dejaba fuera de la política oficial a todas las fuerzas que no aceptaban la monarquía ni la Constitución de 1876. Hasta 1898 esas fuerzas eran minoritarias y estaban divididas, pero fueron ganando peso, sobre todo en las ciudades.

Los carlistas, partidarios de una monarquía tradicional y católica con otro pretendiente, fueron derrotados en 1876 en la Tercera Guerra Carlista. Muchos acabaron aceptando la Restauración y el resto optó por la vía política; en 1888 se separó de ellos el sector más intransigente, el Partido Integrista de Ramón Nocedal.

Nacieron también los primeros regionalismos. En Catalunya, el catalanismo político pasó del Centre Català de Valentí Almirall (1882) a la Lliga de Catalunya (1887) y a la Unió Catalanista, que en 1892 aprobó las Bases de Manresa. En el País Vasco, Sabino Arana fundó en 1895 el Partido Nacionalista Vasco, católico y defensor de los fueros abolidos en 1876.

El republicanismo estaba dividido tras el fracaso de la Primera República. Emilio Castelar encabezaba el republicanismo posibilista, unitario y conservador, dispuesto a actuar dentro de la legalidad; Francisco Pi y Margall, el federal, defendía una república federal construida desde abajo, y Manuel Ruiz Zorrilla, desde el exilio, intentaba llegar a la república mediante pronunciamientos militares.

La otra gran fuerza de oposición era el movimiento obrero. El socialismo se organizó en un partido, el Partido Socialista Obrero Español, fundado en Madrid en 1879 por Pablo Iglesias, y en un sindicato, la Unión General de Trabajadores, nacida en Barcelona en 1888. Defendían la lucha política y sindical para mejorar las condiciones de trabajo y, como objetivo final, una sociedad sin clases.

El anarquismo, más fuerte en Catalunya y Andalucía, se dividió. Un sector apostaba por la organización sindical de los trabajadores, la línea de la que saldría más adelante el anarcosindicalismo; otro defendía la acción directa y la «propaganda por el hecho», es decir, los atentados. En Barcelona estallaron la bomba del Liceo (1893) y la de la procesión del Corpus (1896), y en 1897 el anarquista italiano Michele Angiolillo asesinó a Cánovas. La represión, con los procesos de Montjuïc, fue durísima.