La Segunda República: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

La primera idea es la crítica de Clara Campoamor a quienes querían condicionar el voto de las mujeres: algunos diputados de la izquierda republicana, proponían que solo pudieran votar cuando hubieran demostrado su fidelidad a la República, como si el voto fuera un premio. Campoamor responde que las mujeres ya han luchado por la República y que no se les puede exigir ninguna prueba que no se exija a los hombres.

La segunda idea es un argumento de igualdad: todas las mujeres, sean obreras, universitarias o de cualquier otra condición, pagan impuestos y sufren las consecuencias de las leyes igual que los hombres, y por tanto es injusto que no puedan votar ni intervenir en la elaboración de esas leyes.

La primera idea es que Catalunya se constituye en una región autónoma dentro del Estado español, de acuerdo con la Constitución republicana y el propio Estatuto: es una autonomía, no un estado independiente ni federado. Su organismo representativo es la Generalitat, que gobierna y representa esa autonomía, y su territorio son las cuatro provincias catalanas: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

La segunda idea es la doble oficialidad de las lenguas: el catalán es lengua oficial en Catalunya, igual que el castellano, y las disposiciones oficiales deben publicarse en los dos idiomas. Pero el castellano es la única lengua oficial en las relaciones de Catalunya con el resto de España y en la comunicación entre las autoridades del Estado y las catalanas.

La relación de Catalunya con el Estado cambió radicalmente entre la Segunda República y el franquismo. El 14 de abril de 1931, cuando se proclamó la República, Francesc Macià proclamó la República Catalana, pero tres días después, tras negociar con ministros del gobierno provisional, la convirtió en la Generalitat de Catalunya, un gobierno autónomo provisional. Empezaba así un régimen de autonomía que duraría hasta 1939.

La Generalitat redactó un proyecto de estatuto, el Estatuto de Núria, que los catalanes aprobaron en referéndum en agosto de 1931 y que definía Catalunya como un estado autónomo dentro de la República española. Las Cortes republicanas lo discutieron durante meses, en medio de una fuerte oposición, y lo recortaron: Catalunya sería una región autónoma dentro de un Estado integral, con menos competencias, sobre todo en enseñanza y hacienda. Finalmente, el Estatuto se aprobó en septiembre de 1932.

La aprobación del Estatuto se enmarca en la política de reformas de los gobiernos republicano-socialistas del primer bienio, presididos por Manuel Azaña, que defendió la autonomía catalana en las Cortes como una manera de encajar Catalunya en la República. El fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo, en agosto de 1932, facilitó su aprobación, al mismo tiempo que la de la reforma agraria.

Con el Estatuto, Catalunya tuvo Parlamento, presidente y gobierno propios, y el catalán fue oficial. La relación con el Estado pasó por momentos difíciles: el conflicto de la Ley de Contratos de Cultivo y los Sucesos de Octubre de 1934 llevaron a la suspensión de la autonomía, que se restableció en febrero de 1936, tras la victoria del Frente Popular. Durante la guerra, la Generalitat asumió mucho poder, que fue perdiendo frente al gobierno de la República.

El franquismo rompió del todo esta relación. El régimen, dictatorial y contrario a cualquier autonomía, quería un estado unitario y centralista. Por eso, cuando sus tropas entraron en Catalunya por Lleida, en abril de 1938, Franco derogó el Estatuto con la ley del 5 de abril, y al ocupar todo el país, a principios de 1939, suprimió la Generalitat. Catalunya pasó a ser gobernada como cuatro provincias más, con gobernadores civiles nombrados por el gobierno central, y la lengua y la cultura catalanas fueron perseguidas.

En conclusión, Catalunya pasó de una autonomía reconocida por la República, negociada y recortada pero real, a la sumisión total a un estado centralista que negaba su personalidad política.

La afirmación es en buena parte cierta, pero hay que matizarla. La Segunda República quiso construir un estado laico: la Constitución de 1931 separó la Iglesia y el Estado, permitió el divorcio y previó la supresión del presupuesto de culto y clero; en 1932 se disolvió la Compañía de Jesús, y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933) prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La República impulsó, además, una escuela pública laica y mixta.

Para la jerarquía de la Iglesia, esas reformas eran un ataque a la religión. La quema de conventos de mayo de 1931 en Madrid y en otras ciudades había envenenado las relaciones desde el principio, y el cardenal primado, Pedro Segura, se enfrentó abiertamente al gobierno. La Iglesia apoyó a los partidos de derechas contrarios a las reformas de los gobiernos republicano-socialistas, como la CEDA, que ganó las elecciones de 1933, y a las candidaturas de derechas que se enfrentaron al Frente Popular en 1936.

La guerra lo cambió todo. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, en la zona republicana estalló una violencia revolucionaria anticlerical: se asesinó a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y se quemaron iglesias y conventos. Esa persecución acabó de poner a la mayoría de los católicos españoles del lado de los sublevados, y en 1937 la Carta colectiva de los obispos españoles apoyó al bando de Franco. La guerra se presentó como una cruzada en defensa de la religión.

Aun así, no todos los católicos estuvieron del lado de los sublevados. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, no firmó la Carta colectiva y murió en el exilio; el político católico Manuel Carrasco i Formiguera, de Unió Democràtica de Catalunya, fue fusilado por los franquistas en 1938, y muchos católicos vascos defendieron la República. Más adelante, en los años sesenta y setenta, curas obreros y grupos católicos de base se opusieron al franquismo.

El franquismo supuso el retorno a un estado confesional católico, vertebrado por los valores tradicionales: el catolicismo volvió a ser la religión oficial, la Iglesia recuperó el control de la enseñanza y de la moral pública, se derogó el divorcio y el Estado volvió a pagar al clero. Es lo que se llama nacionalcatolicismo. El Concordato de 1953 con la Santa Sede consagró esa alianza, y a cambio el régimen intervenía en el nombramiento de los obispos.

Valorando los cambios y las continuidades, la afirmación es acertada en lo que se refiere a la jerarquía: la Iglesia se opuso a la República porque su política laica le quitaba privilegios e influencia, y apoyó al franquismo, que se los devolvía. Pero no se puede generalizar a todos los católicos, y la relación con el franquismo tampoco fue siempre igual: a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) una parte de la Iglesia se fue distanciando del régimen, y en los años setenta, con el cardenal Vicente Enrique y Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal, la jerarquía tomó distancias.

En conclusión, la afirmación describe bien la posición mayoritaria de la jerarquía católica, que se enfrentó a la República laica y legitimó el franquismo como una cruzada, pero no recoge la diversidad de los católicos ni la evolución de la Iglesia en los últimos años de la dictadura.

El primer factor es el desastre colonial de 1898. La derrota ante los Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron un golpe muy duro para el ejército, que se sintió culpado injustamente por la prensa y los políticos. Muchos militares desarrollaron un resentimiento contra el poder civil y una mentalidad corporativa, y empezaron a verse como los guardianes de la unidad y el honor de la patria.

El segundo factor son las campañas de Marruecos. Después de 1898, Marruecos se convirtió en la principal empresa colonial de España, y en 1912 se estableció allí un protectorado. La guerra contra las tribus rifeñas dio al ejército un protagonismo constante, pero también grandes desastres: el del Barranco del Lobo (1909), el mismo verano de la Semana Trágica, con centenares de muertos y heridos, y sobre todo el de Annual (1921), con miles de muertos. En Marruecos se formó una generación de oficiales africanistas, como Francisco Franco, que hicieron carrera rápida por méritos de guerra y tenían una visión autoritaria de la política.

El tercer factor son las tendencias golpistas. Acostumbrado a intervenir en la política desde los pronunciamientos del siglo XIX, el ejército no renunció a imponerse por la fuerza. En 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que acabó con el régimen parlamentario; en 1932 el general José Sanjurjo se sublevó contra la República, sin éxito, y en julio de 1936 un grupo de generales, entre ellos Mola y Franco, dieron el golpe de Estado antirrepublicano que desencadenó la Guerra Civil.

El cuarto factor es la rivalidad entre el poder militar y el poder civil. En noviembre de 1905, unos oficiales asaltaron en Barcelona las redacciones del ¡Cu-Cut! y de La Veu de Catalunya, y el gobierno, en lugar de castigarlos, aprobó en 1906 la Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la jurisdicción militar las ofensas al ejército y a la patria: empezó así un enfrentamiento duradero entre el ejército y el catalanismo. En 1917 las Juntas de Defensa demostraron que los oficiales podían presionar al gobierno. Durante la Segunda República, Manuel Azaña quiso someter al ejército al poder civil con unas reformas militares que reducían el número de oficiales y cerraban la Academia General Militar de Zaragoza, y muchos militares las vivieron como una humillación.

Razonando los cambios y las continuidades, hay una línea de fondo que atraviesa todo el periodo: el ejército se consideraba el garante de la unidad y del orden y se sentía autorizado a intervenir cuando creía que la patria estaba en peligro. Lo que cambió fue contra quién: en 1923 actuó contra un régimen liberal desprestigiado y con el visto bueno del rey, mientras que en 1932 y en 1936 se sublevó contra una república democrática. La guerra de Marruecos fue el escenario donde se forjó esa mentalidad, y los africanistas fueron los protagonistas del golpe de 1936.

En conclusión, la pérdida de las colonias, la guerra de Marruecos, el golpismo y la rivalidad con el poder civil explican que, entre 1898 y 1936, el ejército español tuviera un papel político mucho mayor del que le correspondía en un estado liberal, y que acabara provocando la Guerra Civil y la dictadura de Franco.

Es un cartel electoral de la campaña de las elecciones generales del 16 de febrero de 1936, editado por el Partido Comunista de España, uno de los partidos que formaban la coalición del Frente Popular. Por eso no pide el voto solo para los comunistas, sino para toda la candidatura: «Votad al Frente Popular».

El mensaje central es la petición de amnistía para los presos y represaliados por los sucesos de octubre de 1934. La figura roja, que representa al pueblo trabajador de izquierdas, separa los barrotes que hacen de dientes a una cabeza monstruosa con sombrero, que simboliza el capitalismo: votar al Frente Popular significa liberar a los encarcelados y vencer a los poderosos que los tienen encerrados.

Es un cartel electoral de las mismas elecciones, editado por Acción Popular, el partido principal de la CEDA, que se presentaba dentro de la coalición de derechas Unión de las Derechas (en Catalunya, el Front d’Ordre). Pide el voto para las derechas y «contra el marxismo».

Su mensaje es el miedo. Presenta el socialismo y el marxismo como un peligro para la economía y para el orden social, como dice el lema «Socialismo destruye nuestra economía». El joven sonriente que avanza entre vallas rotas y llamas representa a un hombre de izquierdas que lo destruye y lo quema todo a su paso: si gana la izquierda, llegarán el caos y la ruina.

Las elecciones del 16 de febrero de 1936 fueron las últimas de la Segunda República y las más polarizadas. Después del bienio de gobierno del centro y la derecha y de la revolución de octubre de 1934, la vida política se dividió en dos grandes bloques: el Frente Popular, que unía a republicanos de izquierdas, socialistas y comunistas (en Catalunya, el Front d’Esquerres), y la Unión de las Derechas, encabezada por la CEDA (en Catalunya, el Front d’Ordre). Los partidos de centro quedaron en un segundo plano.

El Frente Popular tenía dos grandes objetivos. El primero era la amnistía para los miles de presos por las insurrecciones de octubre de 1934 en Asturias y en Catalunya, que es lo que reclama el cartel A. El segundo era recuperar las reformas del primer bienio, el de los gobiernos republicano-socialistas, como la reforma agraria, la reforma educativa y la autonomía de Catalunya, suspendida después del Seis de Octubre.

Dentro del Frente Popular, los sectores más radicales, como el PCE, iban más allá y presentaban la campaña como una lucha contra el capitalismo más agresivo, que el cartel A dibuja como un monstruo que encarcela a los trabajadores.

Las derechas, en cambio, hicieron una campaña basada en el miedo: presentaban las elecciones como una elección entre el orden y la revolución y advertían de que una victoria del Frente Popular traería una revolución violenta. El cartel de Acción Popular lo expresa con el revolucionario que va prendiendo fuego a todo lo que encuentra. Defendían el orden, la propiedad y la religión.

La victoria del Frente Popular dejó al país dividido en dos bloques enfrentados, una fractura que desembocaría en el golpe de Estado de julio de 1936.

Las primeras grandes conquistas sociales y laborales de la España contemporánea llegaron con la Segunda República. Los gobiernos reformistas del primer bienio (1931-1933) y, de nuevo, los del Frente Popular en 1936 quisieron mejorar la condición de los trabajadores. La Constitución de 1931 definía España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y protegía el trabajo, y el Ministerio de Trabajo, dirigido por el socialista Francisco Largo Caballero hasta 1933, desarrolló esos principios con una legislación nueva.

Entre esas medidas destaca la Ley de Jurados Mixtos, que creaba organismos con representantes de los patronos y de los obreros para negociar las condiciones de trabajo y resolver los conflictos. La huelga era legal y no se perseguía como un delito de sedición, y los sindicatos podían actuar con libertad. Además, en 1931 los trabajadores conquistaron el permiso de trabajo retribuido, unos días de vacaciones pagadas cada año.

El franquismo deshizo casi todo ese camino. Ya durante la guerra, el Fuero del Trabajo de 1938, de inspiración falangista, impuso un modelo corporativo: patronos y obreros quedaban encuadrados a la fuerza en un sindicato único, el sindicato vertical, controlado por el régimen. Los sindicatos de clase, como la CNT y la UGT, fueron ilegalizados y perseguidos, y la huelga se convirtió en un delito: el Fuero consideraba delito de lesa patria cualquier acto que alterara la normalidad de la producción.

Los trabajadores también perdieron la negociación colectiva: los salarios y las condiciones de trabajo los fijaba el gobierno, hasta que en 1958 la Ley de Convenios Colectivos permitió una negociación muy limitada dentro del sindicato vertical. La protección social fue muy pobre: la Ley de Bases de la Seguridad Social, aprobada en 1963, no entró en vigor hasta 1967, y el sistema de previsión que creó era muy precario, con un gasto social ínfimo.

Este atraso alejó a España de la Europa occidental. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países democráticos del continente construyeron estados del bienestar, con sindicatos libres, negociación colectiva y sistemas amplios de sanidad, pensiones y subsidios de desempleo. España, aislada durante la posguerra y sometida a una dictadura, quedó al margen: los trabajadores no tenían derechos para defenderse y el Estado gastaba en protección social mucho menos que sus vecinos. El crecimiento económico de los años sesenta mejoró los salarios, pero no cerró esa distancia. En definitiva, la República abrió el camino de los derechos sociales que Europa consolidaría, y el franquismo lo cerró durante casi cuatro décadas.

La Segunda República supuso un cambio profundo para las mujeres, que por primera vez fueron reconocidas como ciudadanas con los mismos derechos que los hombres. La Constitución de 1931 estableció la igualdad ante la ley sin distinción de sexo y, tras un debate muy duro en las Cortes, en el que Clara Campoamor defendió el voto femenino, reconoció el derecho de voto a partir de los 23 años para hombres y mujeres. Las mujeres, que ya podían ser elegidas desde junio de 1931, votaron por primera vez en unas elecciones generales en noviembre de 1933.

También se abrieron las puertas de la educación y del trabajo. La República construyó muchas escuelas nuevas, impulsó la coeducación y favoreció que más chicas estudiaran el bachillerato y fueran a la universidad. La Constitución garantizaba la igualdad de acceso a los cargos y empleos públicos, y las mujeres se incorporaron a profesiones que hasta entonces les habían estado casi cerradas.

La familia también cambió. La Constitución basaba el matrimonio en la igualdad de derechos de ambos sexos, y en 1932 se aprobó la ley del divorcio. Ya en plena guerra, en Catalunya, la Generalitat legalizó el aborto a finales de 1936.

La dictadura franquista rompió con todo ello e impuso el retorno al modelo doméstico tradicional, bendecido por la Iglesia católica: la mujer debía ser esposa y madre, dedicada al hogar y sometida al hombre. La Sección Femenina de la Falange se encargó de difundir ese ideal, y el Fuero del Trabajo de 1938 prometía liberar a la mujer casada del taller y de la fábrica.

Este modelo se convirtió en leyes. En 1939 se derogó la ley del divorcio, y en el matrimonio la mujer quedó en una posición de desigualdad jurídica: la mujer casada necesitaba el permiso del marido, la licencia marital, para trabajar, abrir una cuenta en el banco o firmar un contrato. En la escuela se suprimió la coeducación: chicos y chicas estudiaban separados, y las chicas recibían una formación orientada a las tareas del hogar.

Para las mujeres, este retroceso fue inmenso en términos políticos, sociales y humanos. En pocos años pasaron de ser ciudadanas con los mismos derechos políticos que los hombres a estar sometidas jurídicamente al marido, y muchas quedaron apartadas de los estudios superiores, de buena parte de las profesiones y de la vida pública. Generaciones enteras de mujeres vieron limitadas sus vidas, y muchos de los derechos perdidos no se recuperaron hasta la democracia, casi cuarenta años después.

Como en el resto de Europa, en España las primeras reacciones autoritarias y conservadoras nacieron, tras la Primera Guerra Mundial, de la crisis del sistema liberal de partidos, del miedo a la revolución, sobre todo después de la Revolución Rusa, y del miedo a la entrada de las masas en la política. En Italia, Mussolini llegó al poder en 1922 y creó el primer régimen fascista.

La experiencia previa fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). No era un régimen fascista, pero acabó con el parlamentarismo liberal de la Restauración y ensayó una modernización autoritaria y corporativa: un partido único, la Unión Patriótica; una Asamblea Nacional Consultiva en lugar de las Cortes; y una Organización Corporativa Nacional que reunía a patronos y obreros en comités paritarios.

Durante la Segunda República el fascismo irrumpió como fuerza política. En 1931 Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crearon las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), y en 1933 José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó Falange Española. En 1934 se fusionaron en Falange Española de las JONS, un partido fascista, antidemocrático y antimarxista, que defendía la violencia política y un Estado nacionalsindicalista. En las elecciones de febrero de 1936 no obtuvo ningún diputado, pero tras la victoria del Frente Popular creció y participó en la violencia que precedió al golpe de Estado.

El golpe de Estado de julio de 1936, la guerra civil y la victoria de Franco llevaron a un régimen autoritario de partido único. En 1937 el Decreto de Unificación fusionó la Falange y los carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el único partido legal, con Franco al frente. El régimen, inspirado en el fascismo italiano, era corporativo y nacionalsindicalista: el Fuero del Trabajo (1938) y la Ley de Unidad Sindical (1940) encuadraron a patronos y obreros en un sindicato vertical controlado por la Falange, y se adoptaron símbolos, saludos y uniformes fascistas.

Franco, sin embargo, subordinó la nueva Falange a un Estado fuertemente impregnado de tradicionalismo católico: el partido único, que se fue conociendo como el Movimiento, agrupaba a falangistas, carlistas, monárquicos y católicos. A partir de 1945, con la derrota del Eje, el régimen se presentó como una «democracia orgánica»: rechazaba los partidos y el sufragio universal y decía que la representación llegaba a través de la familia, el municipio y el sindicato. Las Cortes (1942) eran nombradas o elegidas de forma indirecta, y leyes como el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum (1945) daban una apariencia de legalidad a una dictadura en la que todo el poder era de Franco.

La singularidad del fascismo español en los primeros años del franquismo fue que nunca dominó del todo el régimen. Tuvo un gran peso, sobre todo entre 1939 y 1945, pero siempre al servicio de Franco y compartiendo el poder con el ejército y la Iglesia. El catolicismo político, que desde el siglo XIX había sido la gran fuerza de la contrarrevolución en España, dio al régimen su legitimidad: la guerra se presentó como una cruzada, y el nacionalcatolicismo acabó pesando más que el fascismo.

La Constitución de 1876, inspirada por Antonio Cánovas del Castillo, fue la base del sistema de la Restauración. Se fundamentaba en la soberanía compartida: el poder no venía solo de la nación, sino del rey y de las Cortes juntos. El rey tenía un papel central, porque hacía las leyes con las Cortes, nombraba y cesaba al gobierno y podía disolver las cámaras. Las Cortes eran bicamerales: un Congreso elegido y un Senado formado en parte por senadores por derecho propio y por senadores vitalicios nombrados por la corona. El Estado era confesional: la religión católica era la oficial, el Estado se comprometía a mantener su culto y sus ministros y las demás religiones solo se toleraban en privado.

Además, la Constitución no fijaba el tipo de sufragio, que se dejó a leyes posteriores: fue censitario hasta 1890 y universal masculino después, pero siempre falseado por el caciquismo. Los derechos que reconocía se podían suspender y quedaban limitados por las leyes. El énfasis en las prerrogativas del rey permitió que Alfonso XIII interviniera demasiado en la política, y su apoyo al golpe de Estado de Primo de Rivera, en 1923, dejó sin efecto la Constitución y acabó arrastrando a la monarquía en 1931.

La Constitución de 1931, en cambio, definió España como una «república democrática de trabajadores de toda clase» y estableció que todos los poderes emanaban del pueblo. Las Cortes eran unicamerales, un solo Congreso elegido por sufragio universal, y el presidente de la República tenía unos poderes limitados. El Estado dejaba de tener religión oficial: se separaba de la Iglesia y reconocía la libertad de conciencia y de culto.

La Constitución republicana también garantizó la igualdad de derechos entre los sexos: reconoció el voto de las mujeres a partir de los 23 años y el divorcio. Además, protegió la situación de los trabajadores con el reconocimiento de sus derechos sociales, y abrió la puerta a la autonomía de regiones como Catalunya.

Por eso solo la de 1931 se considera democrática. La de 1876 era liberal, porque reconocía derechos y un parlamento, pero no democrática: la soberanía no residía en el pueblo, el sufragio, censitario y después solo masculino, estaba falseado por el caciquismo, el rey conservaba un poder enorme y los derechos y libertades de los ciudadanos no estaban garantizados. La de 1931 ponía la soberanía en el pueblo, garantizaba el sufragio universal de hombres y mujeres y protegía los derechos. En definitiva, una monarquía constitucional puede ser liberal sin ser democrática.

La Mancomunidad de Catalunya se constituyó en 1914. Fue fruto del auge del catalanismo político, sobre todo de la Lliga Regionalista, que desde la Diputación de Barcelona, presidida por Enric Prat de la Riba desde 1907, reclamaba una institución que uniera toda Catalunya. En diciembre de 1913, el gobierno de Eduardo Dato permitió por decreto que las diputaciones se unieran, y las cuatro diputaciones catalanas formaron la Mancomunidad.

La Mancomunidad tuvo tres presidentes. Prat de la Riba la dirigió hasta su muerte, en 1917, y puso en marcha su gran proyecto; lo sucedió el arquitecto Josep Puig i Cadafalch, que la presidió hasta los inicios de la dictadura de Primo de Rivera. Después, la dictadura colocó en ella a Alfons Sala, un hombre afín al régimen, hasta que la disolvió en 1925.

Su obra se centró en los servicios que el Estado no ofrecía. Construyó carreteras y una red telefónica que llegó a muchos pueblos; impulsó la enseñanza técnica y profesional, con la Escola del Treball, y la formación de maestros y de bibliotecarias; creó una red de bibliotecas populares y apoyó al Institut d’Estudis Catalans y la normalización de la lengua catalana. También promovió una agricultura más moderna.

La Generalitat republicana, en cambio, fue un auténtico gobierno autónomo. Se restableció en 1931, con la República, y en 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía, que le daba un Parlamento, un gobierno y competencias propias. La dirigió Esquerra Republicana de Catalunya, primero con Francesc Macià y, tras su muerte, con Lluís Companys, y su política fue más progresista que la que había inspirado la Lliga. En la enseñanza impulsó una escuela pública, laica y catalana, con la Escuela Normal de la Generalitat y la Universidad Autónoma; en el campo, mientras la Lliga defendía a los propietarios, Esquerra aprobó en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo para proteger a los rabassaires y a otros campesinos que cultivaban tierras ajenas.

Por eso las dos instituciones tenían una naturaleza política distinta. La Mancomunidad era una unión administrativa de las diputaciones provinciales dentro de un estado centralista, sin poder para hacer leyes, aunque fue la primera institución común de toda Catalunya desde 1714. La Generalitat era una institución de autogobierno con poder legislativo y ejecutivo, reconocida por un estatuto de autonomía dentro de una república democrática.

Precisamente por eso las dos dictaduras las suprimieron. Primo de Rivera aplicó una política anticatalanista: restringió el uso público del catalán y de la bandera catalana, y en 1925 disolvió la Mancomunidad. La Generalitat, suspendida tras los Sucesos de Octubre de 1934 y restablecida en 1936, fue abolida por Franco: en 1938, cuando sus tropas entraron en Catalunya, derogó el Estatuto, y tras la guerra el régimen persiguió la lengua y la cultura catalanas y fusiló al presidente Companys, en 1940. Ambas instituciones cayeron, pues, por la voluntad de dos dictaduras de suprimir cualquier forma de autogobierno catalán.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de una proclama dirigida a los catalanes.

La pronunció el presidente de la Generalitat, Lluís Companys i Jover, el 6 de octubre de 1934. En ella denuncia que las fuerzas monarquizantes y fascistas han llegado al poder y que la República está en peligro, y justifica la solidaridad de Catalunya con las fuerzas republicanas que se han alzado contra ellas. En esta misma proclama, Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española.

La proclama se sitúa en la Segunda República (1931-1936), durante el mandato del presidente de la Generalitat Lluís Companys, que había sucedido a Francesc Macià cuando este murió, en diciembre de 1933. En España gobernaban los partidos de centroderecha que habían ganado las elecciones de noviembre de 1933, y en Catalunya la Ley de Contratos de Cultivo enfrentaba a la Generalitat con el gobierno central. El 4 de octubre de 1934 tres ministros de la CEDA, que la izquierda consideraba un partido próximo al fascismo, entraron en el gobierno de Lerroux, y las izquierdas respondieron con una huelga general revolucionaria.

La primera idea es la denuncia de que las «fuerzas monarquizantes y fascistas» se han apoderado del poder y ponen en peligro la República. Companys interpreta la entrada de la CEDA en el gobierno como una amenaza fascista, en un clima europeo en el que las derechas autoritarias habían liquidado la democracia en Italia, con Mussolini, y en Alemania, con Hitler (1933), y acababan de hacerlo en Austria.

La segunda idea es la llamada a defender la República y las libertades conquistadas, entre ellas la autonomía de Catalunya, sumándose a las fuerzas republicanas que se han alzado en armas en toda España. Companys presenta una Catalunya «liberal, democrática y republicana», solidaria con quienes luchan «por la Libertad y por el Derecho».

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 ganó en Catalunya Esquerra Republicana de Catalunya, fundada pocas semanas antes y encabezada por Francesc Macià. El 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona y, poco después, Macià proclamó la República Catalana como estado integrante de una federación ibérica.

La proclamación de Macià iba más allá de lo pactado en San Sebastián y creaba un conflicto con el gobierno provisional de la República. El 17 de abril tres ministros de este gobierno, Fernando de los Ríos, Marcel·lí Domingo y Lluís Nicolau d’Olwer, llegaron a Barcelona y se alcanzó un acuerdo: Macià renunciaba a la República Catalana a cambio de restablecer la Generalitat, con un gobierno provisional, y del compromiso de redactar un estatuto de autonomía que tenían que aprobar las Cortes constituyentes.

Una comisión redactó el Estatuto en Núria y el 2 de agosto de 1931 fue aprobado en referéndum con un apoyo abrumador, fruto de una gran movilización ciudadana; como las mujeres todavía no votaban, cientos de miles de mujeres le dieron su apoyo con su firma. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un estado autónomo dentro de la República española, que concebía como una república federal.

En las Cortes constituyentes el Estatuto chocó con una fuerte oposición de las derechas y de una parte de la izquierda, y la Constitución de diciembre de 1931 definió un Estado integral, no federal, lo que obligaba a recortarlo. El debate se alargó hasta que el fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo, la Sanjurjada, en agosto de 1932, reforzó el gobierno de Manuel Azaña, y las Cortes aprobaron el Estatuto en septiembre de 1932.

El Estatuto de 1932 era menos ambicioso que el de Núria. Definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y establecía la cooficialidad del catalán y del castellano. La Generalitat la formaban el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y tenía competencias en agricultura, obras públicas, sanidad, administración local y derecho civil, compartidas en enseñanza, además de los servicios de orden público y de una hacienda limitada. Las primeras elecciones al Parlamento, en noviembre de 1932, las ganó ERC, y Macià fue elegido presidente.

La aplicación del Estatuto no fue fácil. El traspaso de servicios y de recursos fue lento, y en 1934 la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento para proteger a los rabassaires, enfrentó a la Generalitat con los propietarios agrarios y con el gobierno central, que la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales.

Cuando Lluís Companys llegó a la presidencia de la Generalitat, tras la muerte de Macià (diciembre de 1933), el partido hegemónico era Esquerra Republicana de Catalunya, catalanista, republicano y de izquierdas, con el apoyo de las clases medias, los menestrales y los campesinos, dirigido por Companys y por figuras como Josep Tarradellas. La principal fuerza de la oposición era la Lliga Regionalista, que en 1933 pasó a llamarse Lliga Catalana, un partido catalanista conservador y de orden dirigido por Francesc Cambó.

En la izquierda obrera estaba el Bloc Obrer i Camperol, marxista, que en 1935 se unió con el grupo de Andreu Nin para formar el POUM, y los partidos socialistas y comunistas que en 1936 se fusionarían en el PSUC. También había partidos más pequeños, como Acció Catalana o el católico Unió Democràtica de Catalunya.

El sindicato mayoritario era la CNT, anarcosindicalista, partidaria de la acción directa y contraria a la participación electoral, en la que tenía mucho peso la FAI, con dirigentes como Joan Garcia Oliver. La UGT, socialista, era minoritaria en Catalunya. El CADCI agrupaba a los dependientes del comercio y de la industria y era catalanista, y la Unió de Rabassaires, vinculada a ERC, defendía a los campesinos que cultivaban viñas a cambio de una parte de la cosecha.

La Generalitat desplegó su obra de gobierno: asumió el orden público, coordinado con el Estado por la Junta de Seguridad de Catalunya, y creó el Tribunal de Casación de Catalunya. El Parlamento aprobó la Ley de Contratos de Cultivo (abril de 1934), que permitía a los rabassaires acceder a la propiedad de la tierra que trabajaban. Los propietarios agrarios, con el Institut Agrícola Català de Sant Isidre y la Lliga, se opusieron, y el gobierno central la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales, que la anuló.

La entrada de la CEDA en el gobierno central precipitó los Sucesos de Octubre: el 6 de octubre de 1934 Companys proclamó el Estado Catalán de la República Federal Española, pero el ejército, dirigido por el general Domènec Batet, sofocó la revuelta en pocas horas. El gobierno de la Generalitat fue encarcelado, el Estatuto quedó suspendido y miles de personas fueron detenidas. El Tribunal de Garantías Constitucionales condenó a Companys y a sus consejeros a treinta años de prisión.

En las elecciones de febrero de 1936, el Front d’Esquerres, la versión catalana del Frente Popular, ganó en Catalunya. Companys y su gobierno fueron amnistiados y volvieron a la Generalitat, y el Estatuto se restableció. Pero la tensión política y social creció: la polarización entre derechas e izquierdas, los conflictos laborales y la conspiración militar condujeron hasta la vigilia del golpe de Estado de julio de 1936.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía, hecha por Sagarra según el pie, publicada como imagen principal de una portada de prensa.

Se trata de la portada del diario La Vanguardia de Barcelona del 17 de abril de 1931, tres días después de la proclamación de la República. Muestra a una joven que pasea la bandera republicana frente al Ayuntamiento de Barcelona, entre la gente que celebraba el nuevo régimen.

La fuente se sitúa en los inicios de la Segunda República (1931-1936). Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron la victoria a las candidaturas republicanas en la mayoría de las grandes ciudades, y el 14 de abril se proclamó la República y el rey Alfonso XIII marchó al exilio.

En Barcelona, aquel mismo 14 de abril Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento, y Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana. El 17 de abril, el día de esta portada, un acuerdo con tres ministros del Gobierno provisional de la República la convirtió en un gobierno autónomo, la Generalitat de Catalunya.

La protagonista de la fotografía es una joven adornada con simbología republicana: lleva un gorro de punta y una tela con un emblema cruzada sobre el pecho, y pasea una gran bandera republicana, como dice el pie de la foto.

Está sentada encima de un coche frente al Ayuntamiento de Barcelona, en la plaza de Sant Jaume, el lugar desde donde el 14 de abril se había proclamado la República en la ciudad.

La joven sonríe y la rodea mucha gente, entre la que hay algunos jóvenes también con gorro de punta. La escena transmite la alegría y el entusiasmo con que buena parte de la población recibió la República, que despertaba grandes esperanzas de cambio político y social tras la dictadura de Primo de Rivera y la crisis de la monarquía.

Tras la proclamación de la República, el gobierno provisional de la Generalitat hizo redactar un proyecto de Estatuto, el Estatuto de Núria, que los catalanes aprobaron en plebiscito en agosto de 1931 por una mayoría abrumadora. Las Cortes españolas lo recortaron, y el Estatuto de Autonomía de Catalunya se aprobó finalmente en septiembre de 1932, en un debate que se aceleró tras el fracaso del golpe de Estado del general Sanjurjo. El Estatuto hacía de Catalunya una región autónoma dentro del Estado español y creaba las instituciones de la Generalitat: el Parlamento, elegido por sufragio universal, que aprobaba las leyes; el presidente de la Generalitat y el Consejo Ejecutivo, el gobierno, responsable ante el Parlamento; y el Tribunal de Casación, el tribunal superior de Catalunya. Declaraba cooficiales el catalán y el castellano y daba a la Generalitat competencias en enseñanza y cultura, compartidas con el Estado, en sanidad y beneficencia, obras públicas, derecho civil, administración local y orden público, entre otras.

En las elecciones al Parlamento de noviembre de 1932, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) obtuvo una amplia mayoría, muy por delante de la Lliga Regionalista. Francesc Macià, fundador de Estat Català y líder de ERC, que presidía la Generalitat desde 1931, fue elegido presidente, y su gobierno empezó a organizar las nuevas instituciones y a recibir los traspasos de servicios del Estado.

Una parte importante de la obra de gobierno se dedicó a la enseñanza y la cultura. La Escuela Normal de la Generalitat formó maestros en la pedagogía activa y en catalán, y en 1933 la Universidad de Barcelona obtuvo la autonomía, gobernada por un patronato de la Generalitat y del Estado. También se impulsaron la sanidad y la asistencia social y se preparó una nueva división territorial de Catalunya en comarcas.

Macià murió en diciembre de 1933 y el Parlamento eligió presidente a Lluís Companys, también de ERC, que había sido presidente del Parlamento y ministro de Marina. Su ley más importante fue la Ley de Contratos de Cultivo (abril de 1934), pensada para los rabassaires y los demás campesinos que cultivaban tierras arrendadas: alargaba la duración de los contratos, los protegía de los desahucios y les permitía acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban desde hacía años.

Los propietarios agrarios, agrupados en el Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, y la Lliga se opusieron, y el gobierno de Madrid la llevó al Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1934 la anuló porque consideraba que el Parlamento catalán no tenía competencia para aprobarla. El Parlamento volvió a aprobarla sin cambios, y el conflicto entre la Generalitat y el gobierno radical de Ricardo Samper, sostenido por la CEDA, se envenenó a lo largo del verano de 1934.

Las elecciones generales de noviembre de 1933 dieron el gobierno de la República a la derecha: gobernaba el Partido Radical de Alejandro Lerroux con el apoyo parlamentario de la CEDA, que frenó las reformas del primer bienio. En Catalunya, el enfrentamiento con la Generalitat de ERC creció a raíz de la Ley de Contratos de Cultivo, que el Tribunal de Garantías Constitucionales había anulado en junio de 1934 y que el Parlamento de Catalunya había vuelto a aprobar.

El detonante fue la entrada de tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux, el 4 de octubre de 1934. Las izquierdas lo vieron como el primer paso hacia el fascismo, porque la CEDA no aceptaba claramente la República. Se convocó una huelga general en toda España, que en Asturias se convirtió en una revolución obrera.

En Catalunya, el 6 de octubre el presidente Lluís Companys proclamó desde el balcón del Palau de la Generalitat «el Estado Catalán dentro de la República Federal Española». El general Domènec Batet, jefe de la división militar de Catalunya, declaró el estado de guerra e hizo intervenir al ejército, y en la madrugada del 7 de octubre Companys se rindió, tras unos combates que causaron decenas de muertos.

La represión fue inmediata. Companys y su gobierno fueron encarcelados, y en 1935 el Tribunal de Garantías Constitucionales los condenó a treinta años de prisión por rebelión. Las Cortes suspendieron el Estatuto de Autonomía, y miles de personas fueron detenidas en Catalunya.

Durante más de un año la Generalitat estuvo intervenida por el gobierno central: la dirigieron gobernadores generales nombrados desde Madrid y el Parlamento quedó cerrado. Se dejó sin efecto la Ley de Contratos de Cultivo, y muchos campesinos fueron desahuciados por orden de los propietarios.

Las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 dieron la victoria al Frente Popular en España y, en Catalunya, al Front d’Esquerres, que agrupaba a ERC y a los demás partidos de izquierda, frente al Front Català d’Ordre, encabezado por la Lliga. El nuevo gobierno decretó la amnistía: Companys y los consejeros salieron de la cárcel, Companys recuperó la presidencia, el Parlamento volvió a reunirse y el Estatuto volvió a estar vigente.

Los meses siguientes fueron de fuerte tensión. En Catalunya se volvió a aplicar la Ley de Contratos de Cultivo, hubo huelgas y conflictos laborales y la CNT recuperó fuerza, mientras que en España crecía la violencia política entre la extrema izquierda y la extrema derecha y una parte del ejército preparaba una insurrección contra la República.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos que trata, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: el fragmento de un discurso parlamentario recogido en el Diario de Sesiones de las Cortes.

Es el discurso que la diputada Clara Campoamor pronunció en las Cortes Constituyentes de la Segunda República el 1 de octubre de 1931, durante el debate de la Constitución. En él defiende que las mujeres tengan derecho al voto y advierte a los diputados de que dejarlas al margen de la República sería un error histórico.

El discurso se sitúa en los inicios de la Segunda República (1931-1936). La República se había proclamado el 14 de abril de 1931, tras las elecciones municipales del 12 de abril, y en junio se habían elegido sus Cortes Constituyentes, con mayoría de republicanos y socialistas.

En octubre de 1931 esas Cortes debatían el proyecto de Constitución, y uno de los puntos más discutidos fue el sufragio femenino, que dividió incluso a los republicanos. La cámara lo aprobó, y las mujeres votaron por primera vez en unas elecciones generales en noviembre de 1933.

La primera idea es que solo se aprende a ejercer la libertad ejerciéndola. Campoamor responde así a quienes decían que las mujeres aún no estaban preparadas para votar: con la frase de Humboldt, defiende que la única manera de madurar políticamente es «caminar dentro de ella», es decir, votar. Negarles el voto porque no estaban preparadas era condenarlas a no estarlo nunca.

La segunda idea es la advertencia a los diputados: dejar a las mujeres al margen sería un «error histórico» para la misma República, que se privaría de una fuerza nueva que la había apoyado. Campoamor contesta así al temor, compartido por una parte de la izquierda, de que las mujeres votaran lo que les dijeran los curas; para ella, un régimen democrático no podía excluir a la mitad de la población.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) había desprestigiado la monarquía de Alfonso XIII, que la había aceptado. Tras la caída del dictador, los republicanos españoles y catalanes firmaron el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930), al que se sumaron los socialistas, para traer la República. El gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, que se vivieron como un plebiscito sobre la monarquía.

Las candidaturas republicanas y socialistas ganaron en la mayoría de las capitales de provincia. El 14 de abril se proclamó la República en Eibar, en Barcelona y en Madrid, y Alfonso XIII marchó al exilio sin abdicar. En Barcelona, Francesc Macià, de Esquerra Republicana de Catalunya, proclamó la República Catalana, que, tras negociar con el gobierno de Madrid, se convirtió en la Generalitat de Catalunya.

El poder lo asumió un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, con republicanos de derecha y de izquierda, socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos, que gobernó por decreto hasta que se reunieron las Cortes. Aprobó las primeras reformas: los decretos laborales del socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, y la reforma militar de Manuel Azaña, ministro de la Guerra, que ofrecía el retiro con el sueldo íntegro a los oficiales que no quisieran jurar fidelidad a la República.

El 28 de junio de 1931 se celebraron las elecciones a Cortes Constituyentes, con sufragio universal masculino. La conjunción republicano-socialista obtuvo una amplia mayoría, y el PSOE fue el grupo más numeroso. En octubre, Azaña pasó a presidir el gobierno y, una vez aprobada la Constitución, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República y Azaña formó un gobierno de republicanos de izquierda y socialistas, sin los radicales de Alejandro Lerroux.

La Constitución, aprobada el 9 de diciembre de 1931, definía España como una «República democrática de trabajadores de toda clase», con la soberanía en el pueblo. El poder legislativo estaba en manos de una sola cámara, las Cortes, y el jefe del Estado era el presidente de la República, elegido por seis años. El Estado era «integral», compatible con la autonomía de municipios y regiones, lo que abría la puerta a los estatutos de autonomía.

La Constitución separaba la Iglesia y el Estado: establecía la libertad de conciencia y de cultos, permitía el matrimonio civil y el divorcio y prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Incluía también una amplia declaración de derechos individuales y sociales, y reconocía el voto a las mujeres, aprobado tras un debate que encabezó Clara Campoamor. Era una constitución democrática y progresista, pero sus medidas religiosas dividieron al país desde el primer momento.

En las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 de junio de 1931 ganó ampliamente la conjunción de republicanos y socialistas, y el PSOE fue la minoría más numerosa. Con Manuel Azaña al frente del gobierno desde octubre, republicanos de izquierda y socialistas se propusieron modernizar el país con un programa de reformas que afectaba al trabajo, el campo, el ejército, la Iglesia y la escuela.

En el mundo laboral, el ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero, creó los jurados mixtos para negociar salarios y condiciones, y extendió la jornada de ocho horas al campo. La Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, quería expropiar, con indemnización, una parte de los grandes latifundios del sur para repartirlos entre los jornaleros, pero el Instituto de Reforma Agraria tuvo pocos recursos y se aplicó muy lentamente.

Ese mismo septiembre de 1932 las Cortes aprobaron el Estatuto de Autonomía de Catalunya, que restablecía la Generalitat con Parlamento y gobierno propios, presidida por Francesc Macià. En materia religiosa, el gobierno disolvió la Compañía de Jesús (1932) y, en 1933, aprobó la ley de congregaciones, que prohibía a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Para sustituir sus escuelas y luchar contra el analfabetismo, el ministerio de Instrucción Pública construyó miles de escuelas, creó plazas de maestros e impulsó las Misiones Pedagógicas, que llevaban la cultura a los pueblos.

Las reformas chocaron con una fuerte oposición de los grandes propietarios, de la Iglesia y de una parte del ejército, y el 10 de agosto de 1932 el general José Sanjurjo se sublevó en Sevilla. El golpe fracasó en pocas horas y Sanjurjo fue condenado a muerte, aunque la pena le fue conmutada; además, el fracaso del golpe aceleró la aprobación del Estatuto y de la reforma agraria.

Por la izquierda, la CNT, donde pesaban mucho los sectores más radicales, vinculados a la FAI, consideraba la República un régimen burgués y optó por la insurrección. En enero de 1932 los mineros del Alt Llobregat y el Cardener se sublevaron en Fígols, Berga, Sallent y Cardona y proclamaron el comunismo libertario; el ejército sofocó la revuelta y el gobierno deportó a África a algunos dirigentes anarquistas.

La conflictividad continuó en 1933 con nuevas huelgas generales e insurrecciones anarquistas. La de enero de 1933 acabó en Casas Viejas (Cádiz) con una represión brutal de la Guardia de Asalto contra los jornaleros sublevados, que desgastó mucho al gobierno de Azaña. Atacado por la derecha y por la izquierda obrera, el gobierno cayó en septiembre de 1933, y las elecciones de noviembre, las primeras elecciones generales en que votaron las mujeres, las ganó la derecha.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: un discurso pronunciado por Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona el 14 de abril de 1931.

En el discurso, Macià proclama la República Catalana como Estado integrante de una Federación Ibérica, asume provisionalmente la presidencia del gobierno de Catalunya y pide el apoyo de los demás pueblos de España y del mundo contra la monarquía borbónica.

El discurso se sitúa al inicio de la Segunda República (1931-1936), el mismo 14 de abril de 1931. Dos días antes, en las elecciones municipales del 12 de abril, las candidaturas republicanas habían ganado en la mayoría de las grandes ciudades, y en Catalunya la vencedora había sido Esquerra Republicana de Catalunya, fundada hacía pocas semanas.

A raíz de aquellos resultados, ese día se proclamó la República en Barcelona y en Madrid, y el rey Alfonso XIII partió hacia el exilio. En Catalunya empezaba una etapa de autogobierno que culminaría con el Estatuto de 1932.

En este fragmento, Macià dirige un llamamiento a todos los pueblos de España y del mundo para que apoyen, al menos «espiritualmente», a la República que acaba de proclamar y se sitúen como él frente a la monarquía borbónica, que considera abatida. Busca la solidaridad de los demás pueblos peninsulares, de acuerdo con la idea de una federación de repúblicas ibéricas, y el reconocimiento internacional.

Además, Macià habla como el jefe de un Estado soberano: ofrece el esfuerzo del «pueblo renaciente» catalán para consolidar la paz internacional, como si Catalunya fuera un miembro más de la comunidad de naciones. Esta proclamación soberana chocó con el Gobierno provisional de la República, y tres días después Macià aceptó convertir la República Catalana en la Generalitat de Catalunya.

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) había desacreditado a la monarquía de Alfonso XIII, que la había aceptado. Tras la caída del dictador, las fuerzas republicanas, con los catalanistas de izquierda, firmaron el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930) para poner fin a la monarquía, y el gobierno del almirante Aznar convocó elecciones municipales para el 12 de abril de 1931.

Las elecciones se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía. En Catalunya la gran vencedora fue Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), un partido creado en marzo de 1931 que unía el Estat Català de Francesc Macià, el Partit Republicà Català de Lluís Companys y el grupo de L’Opinió, y que superó a la Lliga Regionalista.

El 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona, y poco después Francesc Macià, desde el Palau de la Diputació, en la misma plaza de Sant Jaume, proclamó la República Catalana dentro de una federación ibérica. Para resolver el conflicto con el Gobierno provisional, el 17 de abril tres ministros, entre ellos el catalán Lluís Nicolau d’Olwer, viajaron a Barcelona y pactaron con Macià que la República Catalana se convertiría en un gobierno autónomo, la Generalitat de Catalunya, que redactaría un estatuto de autonomía y lo presentaría a las Cortes.

Las principales fuerzas políticas catalanas eran ERC, republicana, catalanista y de izquierdas, con el apoyo de las clases medias, de los rabassaires y de una parte de los obreros, que dominó la Generalitat, y la Lliga Regionalista de Francesc Cambó, conservadora, que representaba a la burguesía. El movimiento obrero estaba dominado por la CNT, anarcosindicalista, que rechazaba la política parlamentaria.

La Generalitat provisional encargó a una comisión la redacción del estatuto, que se terminó en Núria en junio de 1931. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un Estado autónomo dentro de una República federal, y el pueblo catalán lo aprobó en referéndum el 2 de agosto de 1931 con un apoyo abrumador.

La Constitución de diciembre de 1931, sin embargo, definió un «Estado integral», compatible con las autonomías pero no federal, y las Cortes recortaron el estatuto en un debate largo y tenso, con la oposición de las derechas. Tras el golpe de Estado fallido del general Sanjurjo, en agosto de 1932, las Cortes lo aprobaron el 9 de septiembre de 1932.

El Estatuto de 1932 definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y hacía oficiales el catalán y el castellano. Creaba la Generalitat, formada por el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y un Tribunal de Casación, y le daba competencias en enseñanza, cultura, orden público, obras públicas y derecho civil, entre otras, con una hacienda limitada. Era menos ambicioso que el de Núria, pero fue la primera autonomía política de la Catalunya contemporánea.

Aprobado el Estatuto, en noviembre de 1932 se celebraron las primeras elecciones al Parlamento de Catalunya, que ERC ganó por mayoría absoluta. Francesc Macià fue elegido presidente de la Generalitat, y el gobierno empezó a recibir los traspasos de servicios y a aprobar leyes propias. Cuando Macià murió, en diciembre de 1933, el Parlamento eligió presidente a Lluís Companys.

Mientras tanto, en las elecciones generales de noviembre de 1933 habían ganado las derechas, y en España empezó a gobernar el Partido Radical de Alejandro Lerroux con el apoyo de la CEDA. Un gobierno de centroderecha en Madrid tenía que convivir con un gobierno de izquierdas en Barcelona.

El gran conflicto fue la Ley de Contratos de Cultivo (1934), que permitía a los rabassaires y a otros cultivadores comprar las tierras que trabajaban desde hacía más de dieciocho años. Los propietarios del Institut Agrícola Català de Sant Isidre y la Lliga se opusieron, y el Tribunal de Garantías Constitucionales la anuló en junio de 1934. El Parlamento la volvió a aprobar, y la tensión entre los gobiernos de Madrid y de Barcelona se disparó.

Cuando el 4 de octubre de 1934 tres ministros de la CEDA entraron en el gobierno, las izquierdas lo vieron como un paso hacia el fascismo y convocaron una huelga general. El 6 de octubre, Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española, pero el ejército, dirigido por el general Batet, sofocó la revuelta en pocas horas y el gobierno de la Generalitat fue detenido.

La represión fue dura: el Estatuto quedó suspendido, miles de personas fueron detenidas, muchos ayuntamientos de izquierdas fueron destituidos y Companys y sus consejeros fueron juzgados y condenados a treinta años de prisión. El gobierno de Madrid nombró un gobernador general de Catalunya.

En las elecciones del 16 de febrero de 1936 el Frente Popular ganó en España, y en Catalunya el Front d’Esquerres, una coalición de ERC, los socialistas, los comunistas y otras fuerzas de izquierda, derrotó al Front Català d’Ordre, encabezado por la Lliga. El nuevo gobierno amnistió a los presos, Companys volvió a la presidencia de la Generalitat y se restableció el Estatuto.

Los meses siguientes fueron de gran tensión. La Generalitat volvió a aplicar la Ley de Contratos de Cultivo, con la hostilidad de los propietarios; la conflictividad obrera creció, con huelgas impulsadas por la CNT, y la violencia política entre la extrema izquierda y la extrema derecha se extendió por toda España, mientras una parte del ejército preparaba el golpe de Estado contra la República que estalló en julio de 1936.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico y político. Por su naturaleza, es un texto legal.

Recoge unos artículos del capítulo V de la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento de Catalunya, firmada por el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, el 11 de abril de 1934 y publicada al día siguiente en el Butlletí Oficial de la Generalitat de Catalunya. Estos artículos regulan el derecho de los campesinos que cultivan una tierra por contrato a comprarla al propietario.

La ley se sitúa en la Segunda República (1931-1936), en concreto en 1934. En Catalunya gobernaba Esquerra Republicana, con Lluís Companys de presidente desde hacía pocos meses, y aplicaba el Estatuto de Autonomía de 1932.

En España, en cambio, desde las elecciones de noviembre de 1933 gobernaban los radicales con el apoyo de la CEDA, en el llamado bienio conservador o radical-cedista, de modo que el gobierno de izquierdas catalán convivía con un gobierno de centroderecha en Madrid.

El artículo 44 fija las condiciones para que el campesino que cultiva una tierra por contrato pueda comprarla pagando su valor al propietario, como dice el artículo 43. Hacen falta tres requisitos a la vez: que sea una tierra cultivada con un contrato agrícola regulado por la ley; que el contrato haya durado más de dieciocho años; y que la tierra la haya trabajado directamente quien quiere comprarla o su familia.

Era la medida más innovadora de la ley: permitía que los rabassaires y los aparceros que llevaban muchos años trabajando la misma tierra se hicieran propietarios de ella, y por eso los propietarios se opusieron.

En el campo catalán, sobre todo en las zonas de viña, muchos campesinos trabajaban tierras que no eran suyas con contratos de rabassa morta o de aparcería, y tenían que entregar al propietario una parte de la cosecha. Desde la crisis de la filoxera, a finales del siglo XIX, los rabassaires reclamaban contratos más justos y el acceso a la propiedad. Se organizaban en la Unió de Rabassaires, cercana a ERC, mientras que los propietarios se agrupaban en el Institut Agrícola Català de Sant Isidre (IACSI), que tenía el apoyo de la Lliga.

Para resolver este conflicto, el gobierno de ERC impulsó la Ley de Contratos de Cultivo, aprobada por el Parlamento de Catalunya y promulgada en abril de 1934. La ley daba estabilidad a los contratos y permitía a los cultivadores comprar las tierras que trabajaban desde hacía más de dieciocho años.

El IACSI y la Lliga Catalana se opusieron y promovieron un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en junio de 1934 anuló la ley porque consideraba que la Generalitat no tenía competencia para aprobarla. El Parlamento de Catalunya la volvió a aprobar, y el conflicto interno se convirtió en un enfrentamiento entre el gobierno de izquierdas de Catalunya y el gobierno de centroderecha de Madrid.

El 4 de octubre de 1934 entraron tres ministros de la CEDA en el gobierno de Lerroux. Las izquierdas lo vieron como la llegada del fascismo al poder y convocaron una huelga general revolucionaria, que en Asturias se convirtió en una revolución obrera armada, aplastada por el ejército.

En Catalunya, el 6 de octubre Lluís Companys proclamó el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El general Batet declaró el estado de guerra y, tras unos enfrentamientos armados que causaron decenas de muertos, el gobierno de la Generalitat se rindió en la madrugada del 7. La huelga general también fracasó en Barcelona, porque la CNT no se sumó.

Las consecuencias fueron muy duras. Companys y los consejeros fueron encarcelados y condenados a treinta años de prisión, y muchos alcaldes y ayuntamientos de izquierdas fueron destituidos. El Estatuto quedó suspendido: el gobierno de Madrid nombró un gobernador general y un Consejo de la Generalitat designado desde Madrid. La autonomía quedó suspendida de hecho hasta que las izquierdas ganaron las elecciones de febrero de 1936.

Tras la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931, la Generalitat provisional de Francesc Macià encargó la redacción de un estatuto de autonomía. Una comisión lo redactó en Núria en junio de 1931, y el pueblo catalán lo aprobó en referéndum el 2 de agosto con más del 99 % de los votos. El Estatuto de Núria definía Catalunya como un Estado autónomo dentro de una República federal.

Las Cortes constituyentes, sin embargo, aprobaron en diciembre de 1931 una Constitución que definía un «Estado integral», no federal, y recortaron el estatuto en un debate largo. Finalmente lo aprobaron en septiembre de 1932, tras el golpe fallido del general Sanjurjo.

El Estatuto de 1932 definía Catalunya como una región autónoma dentro del Estado español y declaraba oficiales el catalán y el castellano. Instituía la Generalitat, formada por el Parlamento, el presidente y el Consejo Ejecutivo, y un Tribunal de Casación, y le daba competencias en orden público, enseñanza y cultura, derecho civil, obras públicas y administración local, entre otras, con una hacienda propia limitada.

La Generalitat, gobernada por ERC, primero con Macià y desde 1934 con Lluís Companys, desarrolló una obra de gobierno reformista. La ley más importante fue la Ley de Contratos de Cultivo (1934), que quería resolver el conflicto de los rabassaires y facilitarles el acceso a la propiedad de la tierra.

En la política educativa y lingüística, la Generalitat promovió la escuela en catalán y la renovación pedagógica, creó nuevos centros y, en 1933, obtuvo la autonomía de la Universidad de Barcelona. También fomentó la cultura catalana con bibliotecas, museos y ayudas a la creación, e hizo del catalán la lengua de la administración catalana.

Esta obra se vio interrumpida por los Sucesos de Octubre de 1934, que suspendieron la autonomía, y se reanudó en febrero de 1936, hasta que el estallido de la guerra lo trastocó todo.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico-político. Por su naturaleza, es un texto: un fragmento de un documento público y legal.

Es un fragmento de la Constitución de la República española, aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. Recoge el artículo primero, que define el nuevo régimen —una república democrática, con soberanía popular, un Estado integral compatible con las autonomías y una nueva bandera—, y el artículo tercero, que declara que el Estado no tiene religión oficial.

La Constitución se sitúa en 1931, en los inicios de la Segunda República (1931-1936). La República se había proclamado el 14 de abril de 1931, después de que republicanos y socialistas ganaran las elecciones municipales en las grandes ciudades, y en junio se eligieron unas Cortes Constituyentes, con mayoría republicana y socialista, que redactaron esta constitución. Empezaba así el primer bienio, el reformista, que duró hasta 1933.

El artículo primero define España como una «República democrática de trabajadores de toda clase», una fórmula que refleja el peso de los socialistas en las Cortes y el carácter social del nuevo régimen. Afirma la soberanía popular: todos los poderes «emanan del pueblo», y ya no se comparten entre el rey y las Cortes, como en la Constitución de 1876.

El Estado «integral» era una vía intermedia entre el Estado unitario y el federal, que permitía que regiones como Catalunya tuvieran un estatuto de autonomía. El artículo también adopta una nueva bandera tricolor, roja, amarilla y morada, símbolo de la ruptura con la monarquía.

El artículo tercero separa la Iglesia y el Estado: al declarar que el Estado no tiene religión oficial, pone fin a la confesionalidad católica y abre paso a la libertad de cultos. Fue uno de los puntos que más enfrentaron a la República con la Iglesia y con los católicos conservadores.

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 se convirtieron en un plebiscito sobre la monarquía de Alfonso XIII, desprestigiada por su apoyo a la dictadura de Primo de Rivera. Las candidaturas republicanas y socialistas, unidas por el Pacto de San Sebastián (1930), ganaron en la mayoría de las capitales de provincia. El 14 de abril se proclamó la República en Eibar y, después, en Barcelona, en Madrid y en muchas otras ciudades, en medio de la alegría popular, y el rey abandonó España sin abdicar.

En Barcelona, Lluís Companys proclamó la República desde el balcón del Ayuntamiento, y Francesc Macià, líder de Esquerra Republicana de Catalunya, ganadora de las elecciones en Catalunya, proclamó la República Catalana como estado integrante de una federación ibérica. Tres días después, tres ministros del Gobierno provisional pactaron con Macià que la República Catalana se convirtiera en la Generalitat de Catalunya, un gobierno autónomo provisional que debía redactar un estatuto de autonomía.

En Madrid se formó un Gobierno provisional presidido por Niceto Alcalá-Zamora, un republicano católico y moderado, con ministros republicanos, socialistas y nacionalistas. Entre los dirigentes de aquellos años destacan también Manuel Azaña, ministro de la Guerra y después jefe del gobierno, que impulsó las grandes reformas; el socialista Francisco Largo Caballero, ministro de Trabajo, y Alejandro Lerroux, líder del Partido Radical, que gobernaría en el segundo bienio.

Las Cortes Constituyentes, elegidas en junio de 1931, aprobaron la Constitución el 9 de diciembre. Era una constitución democrática y avanzada, que definía España como una «República democrática de trabajadores de toda clase» y como un Estado integral, compatible con la autonomía de municipios y regiones: por esa vía Catalunya obtuvo su Estatuto en 1932.

El poder legislativo residía en una sola cámara, las Cortes, elegidas por sufragio universal, que por primera vez incluía a las mujeres. El jefe del Estado era el presidente de la República, elegido por seis años —el primero fue Alcalá-Zamora—, que nombraba al jefe del gobierno, el cual necesitaba la confianza de las Cortes. Un Tribunal de Garantías Constitucionales velaba por el cumplimiento de la Constitución.

La Constitución contenía una amplia declaración de derechos individuales y sociales: la igualdad ante la ley, la libertad de expresión y de reunión, la enseñanza primaria obligatoria y gratuita, y la posibilidad de expropiar la propiedad por utilidad social. Los artículos sobre la Iglesia fueron los más polémicos: el Estado no tenía religión oficial, se reconocían el matrimonio civil y el divorcio, y las órdenes religiosas no podrían dedicarse a la enseñanza.

Durante el bienio de izquierdas o reformista (1931-1933), los gobiernos de republicanos de izquierda y socialistas, presididos por Niceto Alcalá-Zamora y, desde octubre de 1931, por Manuel Azaña, emprendieron un amplio programa de reformas para modernizar España. En el ámbito laboral, el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, aprobó unos decretos que establecían la jornada de ocho horas en el campo, los jurados mixtos para negociar salarios y condiciones de trabajo, y el decreto de términos municipales, que obligaba a los patronos a contratar primero a los jornaleros del mismo municipio.

La reforma militar, impulsada por Manuel Azaña como ministro de la Guerra en 1931, quería un ejército más pequeño, moderno y fiel a la República. Una ley permitía a los oficiales retirarse con el sueldo íntegro si no querían jurar fidelidad al nuevo régimen; se redujeron las divisiones, se suprimieron las capitanías generales y se cerró la Academia General Militar de Zaragoza. Muchos militares lo vivieron como una agresión.

La República separó la Iglesia y el Estado. Disolvió la Compañía de Jesús en enero de 1932 y confiscó sus bienes, aprobó el divorcio y el matrimonio civil, secularizó los cementerios y, con la ley de congregaciones de 1933, prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. Estas medidas enfrentaron al gobierno con la Iglesia y con buena parte de los católicos.

La reforma más esperada era la agraria. La Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, preveía expropiar, con indemnización, una parte de los latifundios, sobre todo en Andalucía y en Extremadura, para asentar en ellos a campesinos sin tierra. El Instituto de Reforma Agraria, que debía aplicarla, tuvo pocos recursos, y los resultados fueron muy limitados: decepcionó a los jornaleros y alarmó a los propietarios.

La gran apuesta de la República fue la educación. Para combatir un analfabetismo que afectaba a una parte muy grande de la población, el gobierno creó miles de escuelas y plazas de maestros, y mejoró sus sueldos y su formación. Las Misiones Pedagógicas llevaban bibliotecas, teatro, cine y música a los pueblos más aislados, y en Catalunya la Generalitat impulsó la enseñanza en catalán.

Estas reformas chocaron con la resistencia de los grandes propietarios, de la Iglesia y de una parte del ejército, y con la impaciencia de la CNT. El desgaste del gobierno de Azaña llevó a las elecciones de noviembre de 1933, que ganaron las derechas.