La Guerra Civil: ejercicios de la PAU de Historia resueltos

Los dos golpes de Estado se produjeron en momentos de crisis profunda. El de 1923 llegó cuando el sistema de la Restauración estaba agotado: el desastre de Annual (1921) en Marruecos había abierto el debate sobre las responsabilidades del ejército y de la corona, y en Catalunya el pistolerismo enfrentaba a sindicalistas y patronal. El 13 de septiembre, el capitán general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, se pronunció en Barcelona, y el rey Alfonso XIII, en lugar de oponerse, lo nombró jefe del gobierno.

El de 1936 se produjo en plena Segunda República. Tras la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936, el país vivía una gran polarización, con el recuerdo de la revolución de octubre de 1934 y con asesinatos políticos de uno y otro bando durante la primavera. El 17 de julio una parte del ejército se sublevó en Marruecos y al día siguiente la revuelta se extendió a la Península, con el general Mola como organizador.

Los dos golpes tienen dos semejanzas claras. La primera es el apoyo que recibieron: ambos contaron con el apoyo mayoritario de los empresarios y de la patronal, que querían acabar con la conflictividad obrera, y de prácticamente toda la jerarquía de la Iglesia católica. La segunda es que ambos fueron precedidos por un clima de violencia política y social, el pistolerismo antes de 1923 y, en 1936, la revolución de octubre y los asesinatos de la primavera, que los golpistas presentaron como la prueba de que había que restablecer el orden.

Las diferencias son igual de importantes. La primera es el resultado: el golpe de Primo de Rivera triunfó casi sin resistencia, mientras que el de 1936 fracasó en la mayoría de las grandes ciudades, como Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao, y dio paso a una guerra civil de casi tres años, con una violencia desatada en ambos bandos. La segunda es la actitud de la izquierda: en 1923 el lerrouxismo y la UGT tuvieron una actitud favorable o, al menos, no se opusieron, y la UGT llegó a colaborar con la dictadura, mientras que el golpe de 1936 iba dirigido contra todas las fuerzas políticas y sindicales de izquierdas, sin distinción.

La comparación muestra una continuidad de fondo: el ejército seguía considerándose el árbitro de la vida política, con derecho a intervenir cuando creía que el orden o la unidad de la patria estaban en peligro, una tradición que venía de los pronunciamientos del siglo XIX. Pero el contexto había cambiado mucho. En 1923 un general sustituía un régimen liberal desprestigiado con el acuerdo del rey; en 1936 una parte del ejército se sublevaba contra el gobierno de una república democrática, salido de unas elecciones que el Frente Popular acababa de ganar, en una Europa donde avanzaban los fascismos.

En conclusión, ambos golpes nacieron del miedo de las clases conservadoras ante la conflictividad social y la izquierda, y ambos llevaron a una dictadura. Pero el de 1923 dio paso a una dictadura que se hundió en 1930 y arrastró a la monarquía, mientras que el de 1936 provocó una guerra y un régimen que duró hasta la muerte de Franco, en 1975.

Barcelona, noviembre de 1936. Querido compañero: te debía esta carta desde julio, y ahora que las cosas se han calmado un poco te cuento todo lo que ha pasado. El 19 de julio, a primera hora de la mañana, las tropas de los cuarteles de Barcelona salieron a la calle para sumarse al golpe de Estado que los militares habían empezado el día 17 en Marruecos. El general Goded llegó de Mallorca en hidroavión para dirigir la revuelta, pero la aplastamos en poco más de un día.

Los militantes de la CNT y de la FAI conseguimos armas y levantamos barricadas por toda la ciudad. Te lo tengo que reconocer: la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, fieles al gobierno, también fueron decisivas para derrotar a los soldados. Goded se rindió y tuvo que pedir por radio a los suyos que dejaran las armas.

Con la victoria, el poder estaba en la calle, en manos de los trabajadores armados. Aquella revolución que empezamos, la Generalitat quería controlarla. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, nos reunió y reconoció que la victoria era nuestra, y el 21 de julio la Generalitat creó el Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de todos los partidos y sindicatos antifascistas, para controlar el orden público y organizar las milicias que tenían que ir a luchar al frente de Aragón.

Para nosotros, el Comité era mucho más que eso: era el nuevo poder popular, el poder de los trabajadores, y desde allí dirigimos de hecho la vida de la ciudad durante el verano.

En la ciudad había, pues, dos poderes, la Generalitat y el Comité, y nadie controlaba de verdad el orden público. Patrullas y grupos armados persiguieron y mataron a muchos de los que consideraban apoyos de los sublevados: curas, propietarios, patronos y gente de derechas. Te lo tengo que decir con sinceridad: ha habido muchos excesos, y algunas muertes no tienen ninguna justificación.

Mientras los milicianos luchaban en el frente, en la retaguardia los trabajadores nos hicimos cargo de las fábricas, de los tranvías, de los servicios y de muchas tierras. La colectivización se extendió por toda Catalunya, y en muchos pueblos los campesinos pusieron las tierras en común.

A finales de septiembre la situación cambió. Se formó un nuevo gobierno de la Generalitat, con Josep Tarradellas como consejero primero, y entramos en él la CNT y otras organizaciones obreras; a primeros de octubre el Comité de Milicias se disolvió. Muchos compañeros dicen que hemos renunciado a la revolución, pero el 24 de octubre el gobierno Tarradellas aprobó el decreto de colectivizaciones, que reconoce lo que hicimos en verano. Todavía no sé si ganaremos la guerra ni si la revolución resistirá, pero nunca había visto Barcelona tan viva. Un abrazo.

La afirmación es en buena parte cierta, pero hay que matizarla. La Segunda República quiso construir un estado laico: la Constitución de 1931 separó la Iglesia y el Estado, permitió el divorcio y previó la supresión del presupuesto de culto y clero; en 1932 se disolvió la Compañía de Jesús, y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933) prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La República impulsó, además, una escuela pública laica y mixta.

Para la jerarquía de la Iglesia, esas reformas eran un ataque a la religión. La quema de conventos de mayo de 1931 en Madrid y en otras ciudades había envenenado las relaciones desde el principio, y el cardenal primado, Pedro Segura, se enfrentó abiertamente al gobierno. La Iglesia apoyó a los partidos de derechas contrarios a las reformas de los gobiernos republicano-socialistas, como la CEDA, que ganó las elecciones de 1933, y a las candidaturas de derechas que se enfrentaron al Frente Popular en 1936.

La guerra lo cambió todo. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, en la zona republicana estalló una violencia revolucionaria anticlerical: se asesinó a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y se quemaron iglesias y conventos. Esa persecución acabó de poner a la mayoría de los católicos españoles del lado de los sublevados, y en 1937 la Carta colectiva de los obispos españoles apoyó al bando de Franco. La guerra se presentó como una cruzada en defensa de la religión.

Aun así, no todos los católicos estuvieron del lado de los sublevados. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, no firmó la Carta colectiva y murió en el exilio; el político católico Manuel Carrasco i Formiguera, de Unió Democràtica de Catalunya, fue fusilado por los franquistas en 1938, y muchos católicos vascos defendieron la República. Más adelante, en los años sesenta y setenta, curas obreros y grupos católicos de base se opusieron al franquismo.

El franquismo supuso el retorno a un estado confesional católico, vertebrado por los valores tradicionales: el catolicismo volvió a ser la religión oficial, la Iglesia recuperó el control de la enseñanza y de la moral pública, se derogó el divorcio y el Estado volvió a pagar al clero. Es lo que se llama nacionalcatolicismo. El Concordato de 1953 con la Santa Sede consagró esa alianza, y a cambio el régimen intervenía en el nombramiento de los obispos.

Valorando los cambios y las continuidades, la afirmación es acertada en lo que se refiere a la jerarquía: la Iglesia se opuso a la República porque su política laica le quitaba privilegios e influencia, y apoyó al franquismo, que se los devolvía. Pero no se puede generalizar a todos los católicos, y la relación con el franquismo tampoco fue siempre igual: a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) una parte de la Iglesia se fue distanciando del régimen, y en los años setenta, con el cardenal Vicente Enrique y Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal, la jerarquía tomó distancias.

En conclusión, la afirmación describe bien la posición mayoritaria de la jerarquía católica, que se enfrentó a la República laica y legitimó el franquismo como una cruzada, pero no recoge la diversidad de los católicos ni la evolución de la Iglesia en los últimos años de la dictadura.

La primera idea es que la acción debe ser extremadamente violenta y ejemplar. Mola, que firma con el seudónimo de «El Director», ordena a los conspiradores que encarcelen a todos los dirigentes de los partidos, las asociaciones y los sindicatos que no apoyen el movimiento y que les apliquen castigos ejemplares, para ahogar enseguida cualquier resistencia o huelga de un enemigo al que considera fuerte y bien organizado.

La segunda idea es el objetivo final del golpe: una vez conquistado el poder, hay que instaurar una dictadura militar que restablezca el orden público, imponga el imperio de la ley y refuerce el ejército, de modo que la situación de hecho creada por el golpe se convierta en una nueva legalidad.

La primera idea es la justificación del golpe. Mola niega que lo hayan preparado unos generales ambiciosos al servicio de los partidos derrotados en las elecciones de febrero de 1936 y lo presenta como una acción del ejército para salvar la patria y restablecer el orden frente al caos de la anarquía que, según él, el Frente Popular había ido preparando desde que llegó al poder.

La segunda idea es el proyecto de los sublevados y el modo de conseguirlo: imponer el orden, dar pan y trabajo y construir un estado grande, fuerte y poderoso coronado por una cruz, símbolo de la religión católica. Para llegar a él, Mola no acepta ningún acuerdo: las alusiones al abrazo de Vergara (1839) y a la paz de Zanjón (1878), que cerraron con pactos la primera guerra carlista y la guerra de los Diez Años de Cuba, le sirven para decir que solo admitirá una victoria aplastante y definitiva.

Los dos textos son del general Emilio Mola, el organizador del golpe de Estado de julio de 1936, pero tienen contextos muy diferentes. El texto A es una instrucción secreta de abril de 1936, escrita en plena preparación del golpe, poco después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero. Como solo iba dirigida a los conspiradores y no debía hacerse pública, nos permite conocer los verdaderos objetivos de los golpistas, sin ninguna propaganda.

Esos objetivos son claros. La violencia debe ser extrema y ejemplar contra todos los dirigentes de los partidos, las asociaciones y los sindicatos que no se sumaran al movimiento, es decir, contra el conjunto de las fuerzas del Frente Popular y del movimiento obrero: no es un efecto no deseado, sino un método planificado para eliminar al adversario. El Estado que se quiere construir es una dictadura militar, con un ejército reforzado, que debe convertir el hecho consumado del golpe en una nueva legalidad. En este texto la religión no aparece.

El texto B es de un momento muy distinto. En agosto de 1936 el golpe había fracasado en las principales ciudades, como Madrid y Barcelona y se había convertido en una guerra civil, y en la zona republicana había estallado una revolución social, con una violencia que castigó especialmente a la Iglesia. Mola habla por radio desde Burgos, donde se había constituido la Junta de Defensa Nacional de los militares sublevados, y su discurso tiene un carácter justificativo y legitimador: quiere convencer a la población de que el alzamiento no era obra de generales ambiciosos, sino una necesidad para salvar la patria.

Por eso insiste en la búsqueda del orden frente al caos y la anarquía y en la promesa de pan y trabajo, y da a la religión católica un papel central: el estado grande y fuerte que quiere edificar debe estar coronado por una cruz, símbolo de una fe que presenta como lo único que ha quedado intacto. La violencia ya no se nombra abiertamente, pero sigue presente en la exigencia de una victoria aplastante y sin pactos.

En conclusión, el texto secreto muestra el proyecto real, una dictadura militar impuesta con una violencia planificada, y el texto público lo justifica con los argumentos del orden y de la religión. Esta alianza entre el ejército y la Iglesia, que presentaría la guerra como una cruzada, fue uno de los fundamentos del régimen franquista.

La portada A es del 25 de enero de 1939, los últimos días de la Catalunya republicana. Tras la derrota republicana en la batalla del Ebro, el ejército franquista había iniciado a finales de diciembre de 1938 la ofensiva de Catalunya y avanzaba rápidamente hacia Barcelona, mientras la aviación extranjera bombardeaba las ciudades catalanas.

El diario, que se presenta como un «diario al servicio de la democracia», hace un llamamiento a resistir: el titular pide que el río Llobregat, la última línea antes de Barcelona, sea «el Manzanares de Barcelona». Es una alusión a la heroica defensa de Madrid, que en noviembre de 1936 había frenado el ataque franquista en la línea del río Manzanares. La portada quiere animar a soldados y civiles a repetir aquella gesta y presenta a los atacantes como invasores extranjeros, las «divisiones italofacciosas».

Entre las dos portadas, el ejército franquista ocupó Barcelona. La resistencia que pedía la primera no se produjo: el 26 de enero de 1939 las tropas de Franco entraron en la ciudad casi sin combatir, y en pocas semanas ocuparon el resto de Catalunya. Al día siguiente, el mismo diario decía exactamente lo contrario. El 25 de enero La Vanguardia era un diario «al servicio de la democracia», al servicio de una República que se presentaba como la defensora de la libertad frente a los invasores; el 27 era un diario «al servicio de España y del Generalísimo Franco». En la cabecera vuelven a aparecer los nombres de los fundadores, Carlos y Bartolomé Godó, y la numeración da un salto atrás (año LV y número 22.575, frente al año LVIII y el número 23.357 de dos días antes), como si los números publicados durante la guerra no contaran.

La comparación muestra el papel propagandístico de la prensa. En una guerra, cada bando utiliza los medios para mantener la moral, movilizar a la población y presentar al enemigo como un invasor o un criminal, y la objetividad queda sacrificada. En una dictadura, además, no hay libertad de prensa: con la Ley de Prensa de 1938, el franquismo sometió los diarios a la censura previa y a las consignas del gobierno, y la prensa se convirtió en un instrumento de propaganda del régimen.

El cambio tan rápido se explica también por la historia del diario. La Vanguardia, propiedad de la familia Godó, había sido habitualmente un diario vinculado al liberalismo monárquico y, por eso mismo, nada afín a la República. Durante la guerra sus propietarios habían perdido el control del diario y el diario se había puesto al servicio de la República; con la entrada de las tropas franquistas, los Godó lo recuperaron y lo pusieron al servicio del nuevo régimen.

En conclusión, las dos portadas muestran que un mismo diario puede decir cosas opuestas con dos días de diferencia según quién tiene el poder. Los medios nunca son del todo neutrales, y en las coyunturas de guerra y de dictadura se convierten en instrumentos de propaganda: por eso, cuando los usamos como fuente, hay que saber quién los controlaba y con qué finalidad.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político y social. Por su naturaleza, es un texto: un documento administrativo oficial, mecanografiado, con sellos y firma.

Lo emitió el alcalde de Ripoll el 18 de agosto de 1937 y procede de la Oficina Administrativa del Comité Central de Ayuda a los Refugiados de Catalunya. Autoriza a tres refugiados que vivían en un pueblo de la provincia de Lleida a trasladarse a Ripoll como refugiados de guerra, y pide a las autoridades de aquel pueblo que no pongan dificultades.

El documento se sitúa en el contexto de la Guerra Civil española (1936-1939). En agosto de 1937 Catalunya era la retaguardia de la zona republicana, lejos de los frentes de batalla, y acogía a muchos refugiados que huían de las zonas donde avanzaban las tropas franquistas. Para organizar su acogida existía el Comité Central de Ayuda a los Refugiados de Catalunya, del que procede el documento.

El documento es la autorización del alcalde de Ripoll para que tres refugiados que residían en un pueblo de la provincia de Lleida se trasladen a su villa. El alcalde pide a las autoridades de aquel pueblo que no pongan obstáculos al traslado, lo que muestra que los ayuntamientos intervenían en la acogida y los desplazamientos de los refugiados.

El caso es un ejemplo de un fenómeno masivo: la acogida de refugiados fue una característica de la vida cotidiana en la retaguardia catalana. A medida que avanzaban las tropas franquistas, llegaban a Catalunya muchísimas personas, sobre todo mujeres, ancianos y niños, que eran repartidas por pueblos y ciudades, donde había que alojarlas y alimentarlas en un contexto de escasez.

El fracaso del golpe de Estado en Barcelona, en julio de 1936, hundió la autoridad del Estado y de la Generalitat. Durante los primeros meses, patrullas y comités armados ejercieron una violencia revolucionaria contra quienes consideraban enemigos de la revolución: sacerdotes y religiosos, propietarios, empresarios y personas de derechas. Miles de personas fueron asesinadas, sobre todo en 1936, y muchas otras tuvieron que huir o esconderse. Esta violencia fue disminuyendo a medida que las instituciones recuperaron el control del orden público.

La población civil también sufrió los bombardeos de la aviación italiana y alemana, aliada de Franco, y también desde el mar. Barcelona, Lleida, Granollers, Figueres y muchas otras poblaciones fueron bombardeadas; en Barcelona, los ataques de marzo de 1938 causaron cerca de un millar de muertos. Para protegerse, los vecinos construyeron cientos de refugios antiaéreos.

Con los hombres movilizados en el frente, las mujeres tuvieron un papel decisivo en la retaguardia. Al principio algunas fueron al frente como milicianas, pero sobre todo ocuparon puestos de trabajo en las fábricas, especialmente en la industria de guerra, en los transportes y en los servicios, y se hicieron cargo de la asistencia sanitaria y de la atención a los refugiados. Organizaciones como Mujeres Libres o la Unió de Dones de Catalunya impulsaron su participación y su formación.

La economía se puso al servicio de la guerra. La Generalitat creó la Comisión de Industrias de Guerra, que reconvirtió muchas fábricas para producir armas y munición, y muchas empresas fueron colectivizadas. Pero la pérdida de mercados, la falta de materias primas y la movilización de los hombres hicieron caer la producción.

Catalunya, lejos de los frentes hasta 1938, acogió a cientos de miles de refugiados: primero de Madrid y de Aragón, después del sur y del norte de España y, en 1938, de las comarcas de Poniente ocupadas por el ejército franquista. Pueblos y ciudades los alojaban en edificios requisados y tenían que alimentarlos, lo que agravaba la escasez.

Todo ello provocó una fuerte erosión de las condiciones de vida. La falta de alimentos obligó a racionarlos, los precios se dispararon y creció el mercado negro; las colas, el hambre y las enfermedades se hicieron habituales, sobre todo en 1938. El cansancio de la población ante la guerra fue creciendo hasta la ocupación de Catalunya por las tropas franquistas, a principios de 1939.

El 19 de julio de 1936 las tropas de la guarnición de Barcelona se sumaron al levantamiento militar contra la República, y el general Manuel Goded llegó de Mallorca para dirigirlo. El golpe de Estado fracasó gracias a la resistencia de los obreros armados, sobre todo de la CNT, y de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que se mantuvieron fieles al gobierno. Goded fue detenido y Catalunya quedó en la zona republicana.

El fracaso del golpe abrió una revolución. Los obreros armados se hicieron dueños de la calle y, para ordenar la nueva situación, el 21 de julio se creó el Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de los partidos y sindicatos de izquierda. Durante unos meses concentró el poder real, mientras el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, mantenía la autoridad formal: era una situación de doble poder.

La revolución también fue económica. Muchas fábricas y empresas fueron colectivizadas y gestionadas por sus trabajadores, y en el campo se hicieron colectivizaciones de tierras. La Generalitat intentó recuperar la iniciativa: en otoño de 1936 se formó un gobierno de unidad con la CNT y el POUM, con Josep Tarradellas como conseller primer, el Comité de Milicias se disolvió y un decreto reguló las colectivizaciones.

Mientras tanto, columnas de milicianos voluntarios, como la de Buenaventura Durruti, salieron hacia el frente de Aragón para tomar Zaragoza, Huesca y Teruel, pero no lo consiguieron, y el frente se estabilizó. Esta guerra de columnas, poco disciplinada, mostró la necesidad de un ejército regular, que sería el Ejército Popular de la República.

Las tensiones entre los partidarios de hacer primero la revolución, la CNT-FAI y el POUM, y los que querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno, el PSUC y ERC, estallaron en los Hechos de Mayo de 1937, cuando los enfrentamientos armados paralizaron Barcelona durante varios días. Después de los hechos, el gobierno de la República asumió el orden público y la defensa de Catalunya, el POUM fue ilegalizado y perseguido y la Generalitat perdió poder.

En 1938 la guerra llegó a Catalunya. La ofensiva franquista de Aragón ocupó Lleida y las comarcas de Poniente y, en abril, llegó al Mediterráneo por Vinaròs, de manera que dividió en dos la zona republicana. Para intentar dar la vuelta a la situación, el Ejército Popular inició en julio de 1938 la batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra, que terminó en noviembre con la derrota republicana.

Agotado, el ejército republicano no pudo detener la ofensiva sobre Catalunya que empezó en diciembre de 1938. Barcelona fue ocupada el 26 de enero de 1939 y, en las semanas siguientes, cientos de miles de personas, entre ellas el gobierno de la Generalitat, huyeron hacia Francia. La guerra terminó el 1 de abril de 1939.

Es un cuadro estadístico. Es una fuente secundaria, porque lo han elaborado historiadores a partir de documentos de la época y se publica en un libro de historia.

Procede del primer volumen de la Breu història de la Guerra Civil a Catalunya, dirigida por los historiadores Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font (Edicions 62, 2005). Recoge, para cada uno de los ocho obispados de Catalunya, el número de sacerdotes que había en 1936, cuántos murieron a partir del 19 de julio de 1936 y qué porcentaje representaban: en total, 1.541 muertos de 5.060 sacerdotes.

Los datos se sitúan en la Guerra Civil española (1936-1939), en la retaguardia republicana de Catalunya. El golpe de Estado militar contra la República fracasó en Barcelona el 19 de julio de 1936, y la autoridad del Estado y de la Generalitat se hundió ante los obreros armados. En aquel vacío de poder estalló una revolución social y una oleada de violencia contra quienes eran considerados enemigos de la revolución, y la Iglesia fue uno de los blancos principales: se asesinó a miles de personas y se quemaron iglesias y conventos, sobre todo en los primeros meses de la guerra.

Este anticlericalismo tenía raíces antiguas, porque buena parte del movimiento obrero veía a la Iglesia como una aliada de los ricos y de las derechas, y ya había estallado, por ejemplo, durante la Semana Trágica de 1909. La violencia fue disminuyendo a medida que las instituciones republicanas recuperaron el control del orden público, a partir del otoño de 1936 y sobre todo después de los Sucesos de Mayo de 1937.

Los dos obispados con más sacerdotes muertos en cifras absolutas fueron el de Tortosa, con 316, y el de Barcelona, con 277. Entre los dos suman 593 muertos, más de un tercio (un 38 %) de los 1.541 de toda Catalunya.

Sus porcentajes, sin embargo, son muy distintos. En el obispado de Tortosa murió el 61,2 % de los sacerdotes, el doble que en el conjunto de Catalunya, donde murió el 30,45 % (1.541 de 5.060). En el de Barcelona, en cambio, el porcentaje es del 23,3 %, por debajo de la media: murieron muchos sacerdotes porque era, con diferencia, el obispado que más tenía (1.251). El obispado de Lleida, con 270 muertos, tiene el porcentaje más alto de todos, el 65,8 %, más del doble de la media. Lleida y Tortosa, en el oeste y el sur de Catalunya, son los dos obispados que doblan la media catalana: murieron cerca de dos de cada tres sacerdotes.

El 19 de julio de 1936 las tropas de la guarnición de Barcelona salieron de los cuarteles para sumarse al golpe de Estado contra la República. El general Manuel Goded llegó de Mallorca para dirigirlo, pero los militantes obreros armados, sobre todo de la CNT, y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que se mantuvieron fieles a la Generalitat, los derrotaron entre el 19 y el 20 de julio. Goded se rindió y Catalunya quedó en manos de la República.

El fracaso del golpe hundió la autoridad del Estado y abrió una revolución. Grupos armados, patrullas de control y comités locales, sobre todo anarquistas, desencadenaron una oleada de violencia contra quienes consideraban enemigos de la revolución. Las causas eran el odio acumulado en años de conflictos sociales, el miedo al triunfo de los sublevados y la falta de autoridad. Las víctimas fueron sacerdotes y religiosos, propietarios, empresarios, políticos y militantes de derechas: miles de personas, entre ellas los 1.541 sacerdotes muertos que recoge la tabla. También se quemaron iglesias y conventos.

Para ordenar aquella situación, el 21 de julio el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aceptó la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de los partidos y sindicatos de izquierda, como la CNT, la FAI, la UGT, ERC y el POUM. El Comité, donde la CNT tenía un peso decisivo, organizaba las milicias que salían hacia el frente de Aragón y controlaba el orden público, mientras el gobierno de la Generalitat mantenía la autoridad formal: era un doble poder.

La revolución también fue económica. Los trabajadores se hicieron cargo de muchas fábricas, empresas de servicios y transportes, a menudo porque los propietarios habían huido o habían sido asesinados, y en muchas comarcas los campesinos colectivizaron tierras. Comités obreros dirigían la producción.

La Generalitat fue recuperando el control. A finales de septiembre de 1936 se formó un gobierno de unidad, con Josep Tarradellas como consejero primero, en el que entraban la CNT y el POUM, y a primeros de octubre el Comité de Milicias se disolvió. El 24 de octubre el gobierno aprobó el Decreto de colectivizaciones y control obrero, que legalizaba y ordenaba el proceso: las empresas de más de cien trabajadores y las abandonadas por sus propietarios pasaban a ser colectivas, y en el resto había un control obrero.

Aun así, de hecho seguía habiendo una dualidad de poderes. Por un lado, la Generalitat y las fuerzas que la apoyaban, como ERC y el PSUC, querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno y un ejército regular; por otro, la CNT-FAI y el POUM querían hacer avanzar la revolución, y las patrullas de control actuaban por su cuenta. En diciembre de 1936 el POUM quedó fuera del gobierno, y durante la primavera de 1937 las tensiones por el orden público, los abastecimientos y el control de las milicias fueron creciendo.

Los Sucesos de Mayo fueron el estallido de la tensión entre los dos bloques de la retaguardia: por un lado, la CNT-FAI y el POUM, partidarios de hacer primero la revolución; por otro, la Generalitat, ERC y el PSUC, que querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno. El detonante llegó el 3 de mayo de 1937, cuando la policía de la Generalitat, por orden del comisario de orden público Eusebi Rodríguez Salas, del PSUC, intentó ocupar el edificio de la Telefónica de la plaza de Catalunya, controlado por la CNT.

Barcelona se llenó de barricadas y durante varios días, hasta el 7 de mayo, hubo combates en las calles entre los militantes de la CNT-FAI y del POUM y las fuerzas de la Generalitat y del PSUC, con centenares de muertos y heridos. Los dirigentes de la CNT pidieron a sus militantes que dejaran las armas, y el gobierno de la República envió miles de guardias de asalto desde Valencia para restablecer el orden.

Las consecuencias fueron muy grandes. El gobierno de la República asumió el orden público y la defensa de Catalunya, y la Generalitat perdió buena parte del poder que había acumulado. Francisco Largo Caballero tuvo que dimitir y lo sustituyó Juan Negrín. El POUM fue ilegalizado y perseguido, y su dirigente Andreu Nin fue detenido y asesinado. La CNT perdió influencia. A finales de 1937 el gobierno de la República se trasladó de Valencia a Barcelona, y las relaciones con la Generalitat de Companys fueron tensas, porque el gobierno central fue asumiendo competencias catalanas, como la industria de guerra.

Militarmente, Catalunya había estado lejos de los combates. Desde el verano de 1936 había enviado columnas de milicianos, como la de Buenaventura Durruti, al frente de Aragón, donde no consiguieron tomar Zaragoza ni Huesca. En la primavera de 1938, la ofensiva franquista de Aragón entró en Catalunya: ocupó Lleida en abril y llegó al Mediterráneo por Vinaròs, de modo que la zona republicana quedó partida en dos.

Para intentar dar la vuelta a la guerra, el Ejército Popular de la República cruzó el Ebro el 25 de julio de 1938. La batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra, duró hasta noviembre y terminó con la derrota republicana y el desgaste definitivo de su ejército.

El 23 de diciembre de 1938 empezó la ofensiva franquista sobre Catalunya. Tarragona cayó a mediados de enero y Barcelona el 26 de enero de 1939, y las tropas de Franco llegaron a la frontera francesa a principios de febrero. En la retirada, centenares de miles de refugiados civiles y militares, entre ellos el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente Companys, cruzaron la frontera hacia Francia, y muchos acabaron en campos de internamiento como el de Argelès. Sin Catalunya, la República ya no pudo rehacerse, y la guerra terminó el 1 de abril de 1939.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político y social. Por su naturaleza, es una fotografía, obra del fotógrafo Carlos Pérez de Rozas, que se conserva en el Archivo Fotográfico de Barcelona.

Muestra la salida hacia el frente, desde Barcelona, de la columna Los Aguiluchos, formada por milicianos de la FAI (Federación Anarquista Ibérica), el 28 de agosto de 1936, poco más de un mes después del inicio de la Guerra Civil.

La fotografía se sitúa en los primeros tiempos de la Guerra Civil española (1936-1939), que empezó con el golpe de Estado militar del 17 y el 18 de julio de 1936 contra la República. En Barcelona el golpe fracasó el 19 y el 20 de julio por la resistencia de las fuerzas de orden público leales y de los obreros armados, sobre todo de la CNT-FAI.

Catalunya quedó en la zona republicana y en ella estalló una revolución social. Los partidos y los sindicatos de izquierda organizaron columnas de milicianos voluntarios, que marcharon hacia el frente de Aragón para intentar recuperar ciudades como Zaragoza y Huesca.

La fotografía muestra un grupo numeroso de milicianos, mujeres y hombres jóvenes, que se preparan para marchar al frente. La presencia de tantas mujeres es significativa: en los primeros meses de la guerra muchas milicianas fueron a combatir, lo que rompía con el papel tradicional de la mujer.

Llevan una especie de uniforme improvisado, con gorras y pañuelos al cuello, van armados con fusiles, levantan banderas y algunos saludan con el puño cerrado, el saludo antifascista del movimiento obrero. Eran milicias de partido y de sindicato, formadas por voluntarios y sin la disciplina de un ejército regular.

La escena tiene lugar en medio de una calle de Barcelona y transmite alegría y entusiasmo: los milicianos sonríen y posan ante la cámara. Refleja el ambiente revolucionario del verano de 1936, cuando muchos pensaban que la guerra sería corta y que la victoria contra el fascismo abriría el camino hacia una nueva sociedad.

Tras la derrota de los militares sublevados en Barcelona, en julio de 1936, el poder real pasó a los obreros armados. El 21 de julio el presidente Lluís Companys aceptó la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, formado por los partidos y los sindicatos de izquierda con predominio de la CNT-FAI, que organizaba las milicias, el abastecimiento y el orden en la retaguardia. Así nació una dualidad de poder: el Gobierno de la Generalitat mantenía la autoridad legal, pero el Comité tenía el poder efectivo.

Los primeros meses fueron de revolución social: los comités obreros se hicieron cargo de fábricas, transportes y servicios, muchos propietarios huyeron y hubo una violencia incontrolada contra religiosos, patronos y personas de derechas. Para recuperar el control, en septiembre de 1936 se formó un gobierno de la Generalitat con todas las fuerzas antifascistas, también la CNT y el POUM, con Josep Tarradellas como consejero primero, y en octubre el Comité de Milicias se disolvió.

Aquel gobierno aprobó el decreto de colectivizaciones y control obrero (octubre de 1936), que legalizaba las colectivizaciones: las empresas de más de cien trabajadores y las de los propietarios que habían huido pasaban a ser gestionadas por los trabajadores. Tarradellas, que también era consejero de Finanzas, intentó dirigir una economía de guerra y adaptar la industria catalana a la producción militar.

Las tensiones entre los anarquistas y el POUM, que querían profundizar la revolución, y el PSUC y ERC, que daban prioridad a ganar la guerra y reforzar el Estado, estallaron en los Sucesos de Mayo de 1937. El 3 de mayo la policía de la Generalitat intentó ocupar el edificio de la Telefónica, controlado por la CNT, y Barcelona se llenó de barricadas durante casi una semana, con cientos de muertos.

Las consecuencias fueron graves para el autogobierno y para la revolución: el gobierno de la República asumió el orden público en Catalunya, el POUM fue ilegalizado y su dirigente Andreu Nin fue asesinado, y Largo Caballero fue sustituido al frente del gobierno por Juan Negrín. En otoño de 1937 el gobierno de Negrín se trasladó de Valencia a Barcelona, lo que redujo aún más el papel de la Generalitat.

Mientras tanto, a Catalunya llegaban cada vez más refugiados que huían del avance franquista en otras partes de la zona republicana, hasta sumar cientos de miles. Su acogida, en medio del racionamiento, la escasez y los bombardeos de la aviación italiana y alemana, fue uno de los grandes problemas de la retaguardia catalana.

La batalla del Ebro (julio-noviembre de 1938), la más larga y sangrienta de la guerra, acabó con la retirada del ejército republicano, que quedó muy debilitado. El 23 de diciembre de 1938 las tropas de Franco iniciaron la ofensiva de Catalunya, con una gran superioridad en hombres, artillería y aviación.

El avance franquista fue rápido: Tarragona cayó el 15 de enero de 1939, Barcelona el 26 de enero, sin resistencia, y Girona el 4 de febrero. Por el camino, la aviación bombardeaba las ciudades y las carreteras llenas de gente que huía, y a principios de febrero las tropas franquistas llegaron a la frontera francesa.

Ante el avance, cerca de medio millón de personas, soldados y civiles, cruzaron la frontera hacia Francia en pleno invierno y en condiciones durísimas, entre ellos el presidente Companys y el presidente de la República, Manuel Azaña. Muchos fueron encerrados en campos en las playas, como los de Argelès y Saint-Cyprien. Empezó así el exilio republicano.

La derrota republicana se explica por varias causas. La primera, la desigualdad de la ayuda exterior: Franco recibió de manera continuada tropas, aviación y armamento de la Alemania nazi y de la Italia fascista, mientras que la República, por la política de no intervención de Francia y del Reino Unido, solo contó con la ayuda irregular, y pagada, de la Unión Soviética y con las Brigadas Internacionales.

La segunda, la división interna del bando republicano. Anarquistas y poumistas, que querían hacer la revolución, y comunistas, socialistas y republicanos, que querían ganar primero la guerra, se enfrentaron hasta con las armas, como en los Sucesos de Mayo de 1937. Esta división causó una gran desorganización, con milicias y poderes diversos que no obedecían a un mando único.

La tercera, la diferencia de eficacia militar. Franco disponía de un ejército profesional, con las tropas de África, y, desde octubre de 1936, de un mando único, mientras que la República tuvo que construir un nuevo ejército, el Ejército Popular, a partir de milicias poco preparadas y sin suficientes oficiales.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos. Por su naturaleza, es una fotografía de Carlos Pérez de Rozas, que se conserva en el Archivo Fotográfico de Barcelona.

Se tomó en Barcelona el 19 de julio de 1936, el día en que la sublevación militar llegó a la ciudad, y muestra a un grupo de civiles y de militares armados que avanzan juntos por una calle, muchos con el brazo o el puño en alto.

La fotografía se sitúa al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939), el 19 de julio de 1936. El 17 de julio una parte del ejército se había sublevado en Marruecos contra el gobierno del Frente Popular, y el 19 la revuelta llegó a Barcelona, donde las tropas salieron de los cuarteles para ocupar la ciudad.

El fracaso del golpe en Catalunya abrió una guerra que duraría casi tres años y, en la retaguardia republicana, una revolución social.

La imagen muestra a un grupo de civiles, algunos en mangas de camisa o con mono, y de militares o guardias de uniforme que marchan juntos por el centro de una calle de Barcelona. Esgrimen fusiles, levantan el puño y hacen gestos de victoria, como quien celebra haber ganado.

La escena debe relacionarse con los combates de ese mismo día. Las tropas sublevadas, dirigidas por el general Goded, fueron derrotadas en las calles de Barcelona por la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, fieles a la Generalitat y a la República, y por los obreros armados, sobre todo de la CNT. La fotografía refleja esa unión de civiles y fuerzas leales que hizo fracasar el golpe en Catalunya, y a la vez el poder que los obreros armados ganaron en la calle.

La Guerra Civil se internacionalizó desde el principio, en una Europa dividida entre democracias, fascismos y la URSS. Francia y Gran Bretaña, por miedo a una guerra general y al contagio revolucionario, impulsaron en agosto de 1936 un acuerdo de No Intervención, vigilado por un comité con sede en Londres, que prohibía vender armas a los dos bandos. Alemania, Italia y la URSS lo firmaron pero no lo cumplieron, y la No Intervención perjudicó sobre todo a la República, el gobierno legítimo, que no podía comprar armas a las democracias mientras los sublevados recibían una ayuda constante.

El bando franquista recibió la ayuda decisiva de la Alemania nazi y de la Italia fascista: aviones que ya en julio de 1936 permitieron pasar el ejército de África a la Península, armas, asesores y tropas. Mussolini envió el Corpo Truppe Volontarie, con decenas de miles de soldados, y el Portugal de Salazar dio apoyo logístico y dejó pasar suministros por su frontera.

La República solo contó con la ayuda de la URSS, que a partir de octubre de 1936 envió tanques, aviones, armas y asesores militares, pagados con las reservas de oro del Banco de España, y con la de México, que le vendió armas y, al terminar la guerra, acogió a miles de exiliados.

Las Brigadas Internacionales eran unidades de voluntarios extranjeros, mayoritariamente antifascistas y comunistas, alistados a partir del llamamiento de la Internacional Comunista (Comintern) en 1936. En ellas lucharon decenas de miles de combatientes de más de cincuenta países, organizados desde Albacete. Tuvieron un papel destacado en la defensa de Madrid en noviembre de 1936 y en batallas como las del Jarama, Guadalajara o el Ebro, y el gobierno de Negrín las retiró a finales de 1938, con una despedida multitudinaria en Barcelona.

La Legión Cóndor era la unidad militar que la Alemania nazi envió en ayuda de Franco a partir de noviembre de 1936. Estaba formada por aviadores, personal de apoyo y tanquistas, y Alemania la utilizó para probar armas y tácticas nuevas. Fue muy importante para el ejército franquista, porque le dio la superioridad aérea, y protagonizó bombardeos como el de Guernica, en abril de 1937.

La desigualdad de las ayudas extranjeras fue uno de los factores que explican la victoria franquista.

En la zona sublevada, conocida como «nacional», los militares crearon en julio de 1936 en Burgos una Junta de Defensa Nacional, que prohibió los partidos y los sindicatos de izquierda y declaró el estado de guerra. A finales de septiembre de 1936 los generales nombraron a Franco Generalísimo y jefe del Estado, y el 1 de octubre tomó posesión; así el mando militar y el poder político quedaron en manos de una sola persona.

En abril de 1937 el Decreto de Unificación fusionó la Falange y los carlistas en un partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, dirigido por Franco, y en enero de 1938 se formó el primer gobierno, en Burgos. Se construía así un Estado dictatorial, militarizado y muy jerarquizado, con el apoyo de la Iglesia, que presentó la guerra como una cruzada, y con una represión sistemática de los vencidos.

En la zona republicana, el golpe hundió la autoridad del Estado. El poder pasó a la calle, a los comités de partidos y sindicatos y a las milicias obreras, que hicieron una revolución social, con colectivizaciones de empresas y de tierras, y desataron una violencia incontrolada contra los considerados enemigos. En Catalunya, el Comité Central de Milicias Antifascistas tuvo de hecho más poder que la Generalitat durante los primeros meses.

En septiembre de 1936 el socialista Francisco Largo Caballero formó un gobierno de unidad con republicanos, socialistas, comunistas y, desde noviembre, anarquistas. Dentro del bando republicano se enfrentaban dos posiciones: la de los comunistas, los socialistas moderados y los republicanos, que querían un Estado fuerte y un ejército regular para ganar primero la guerra, y la de los anarquistas de la CNT-FAI y del POUM, que querían hacer a la vez la guerra y la revolución.

El conflicto estalló en Barcelona con los Hechos de Mayo de 1937, unos combates en las calles entre anarquistas y poumistas, por un lado, y las fuerzas de la Generalitat y los comunistas del PSUC, por otro. Después, Largo Caballero dimitió y el socialista Juan Negrín formó un gobierno que ilegalizó el POUM y centralizó el poder. La Generalitat de Companys perdió competencias, como el orden público, y las tensiones con el gobierno central crecieron cuando este se trasladó a Barcelona a finales de 1937.

Al final de la guerra, en marzo de 1939, el coronel Segismundo Casado dio un golpe de Estado en Madrid contra Negrín, que quería seguir resistiendo, para negociar la rendición con Franco. La negociación fracasó y a finales de marzo las tropas franquistas entraron en Madrid.

Así, mientras en la zona franquista el poder se concentró desde el principio en una sola persona, en la republicana las divisiones internas debilitaron el esfuerzo de guerra hasta el final.