Historia, PAU 2024 de Cataluña: el examen de junio (serie 1) resuelto

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político y social. Por su naturaleza, es un texto: un documento administrativo oficial, mecanografiado, con sellos y firma.

Lo emitió el alcalde de Ripoll el 18 de agosto de 1937 y procede de la Oficina Administrativa del Comité Central de Ayuda a los Refugiados de Catalunya. Autoriza a tres refugiados que vivían en un pueblo de la provincia de Lleida a trasladarse a Ripoll como refugiados de guerra, y pide a las autoridades de aquel pueblo que no pongan dificultades.

El documento se sitúa en el contexto de la Guerra Civil española (1936-1939). En agosto de 1937 Catalunya era la retaguardia de la zona republicana, lejos de los frentes de batalla, y acogía a muchos refugiados que huían de las zonas donde avanzaban las tropas franquistas. Para organizar su acogida existía el Comité Central de Ayuda a los Refugiados de Catalunya, del que procede el documento.

El documento es la autorización del alcalde de Ripoll para que tres refugiados que residían en un pueblo de la provincia de Lleida se trasladen a su villa. El alcalde pide a las autoridades de aquel pueblo que no pongan obstáculos al traslado, lo que muestra que los ayuntamientos intervenían en la acogida y los desplazamientos de los refugiados.

El caso es un ejemplo de un fenómeno masivo: la acogida de refugiados fue una característica de la vida cotidiana en la retaguardia catalana. A medida que avanzaban las tropas franquistas, llegaban a Catalunya muchísimas personas, sobre todo mujeres, ancianos y niños, que eran repartidas por pueblos y ciudades, donde había que alojarlas y alimentarlas en un contexto de escasez.

El fracaso del golpe de Estado en Barcelona, en julio de 1936, hundió la autoridad del Estado y de la Generalitat. Durante los primeros meses, patrullas y comités armados ejercieron una violencia revolucionaria contra quienes consideraban enemigos de la revolución: sacerdotes y religiosos, propietarios, empresarios y personas de derechas. Miles de personas fueron asesinadas, sobre todo en 1936, y muchas otras tuvieron que huir o esconderse. Esta violencia fue disminuyendo a medida que las instituciones recuperaron el control del orden público.

La población civil también sufrió los bombardeos de la aviación italiana y alemana, aliada de Franco, y también desde el mar. Barcelona, Lleida, Granollers, Figueres y muchas otras poblaciones fueron bombardeadas; en Barcelona, los ataques de marzo de 1938 causaron cerca de un millar de muertos. Para protegerse, los vecinos construyeron cientos de refugios antiaéreos.

Con los hombres movilizados en el frente, las mujeres tuvieron un papel decisivo en la retaguardia. Al principio algunas fueron al frente como milicianas, pero sobre todo ocuparon puestos de trabajo en las fábricas, especialmente en la industria de guerra, en los transportes y en los servicios, y se hicieron cargo de la asistencia sanitaria y de la atención a los refugiados. Organizaciones como Mujeres Libres o la Unió de Dones de Catalunya impulsaron su participación y su formación.

La economía se puso al servicio de la guerra. La Generalitat creó la Comisión de Industrias de Guerra, que reconvirtió muchas fábricas para producir armas y munición, y muchas empresas fueron colectivizadas. Pero la pérdida de mercados, la falta de materias primas y la movilización de los hombres hicieron caer la producción.

Catalunya, lejos de los frentes hasta 1938, acogió a cientos de miles de refugiados: primero de Madrid y de Aragón, después del sur y del norte de España y, en 1938, de las comarcas de Poniente ocupadas por el ejército franquista. Pueblos y ciudades los alojaban en edificios requisados y tenían que alimentarlos, lo que agravaba la escasez.

Todo ello provocó una fuerte erosión de las condiciones de vida. La falta de alimentos obligó a racionarlos, los precios se dispararon y creció el mercado negro; las colas, el hambre y las enfermedades se hicieron habituales, sobre todo en 1938. El cansancio de la población ante la guerra fue creciendo hasta la ocupación de Catalunya por las tropas franquistas, a principios de 1939.

El 19 de julio de 1936 las tropas de la guarnición de Barcelona se sumaron al levantamiento militar contra la República, y el general Manuel Goded llegó de Mallorca para dirigirlo. El golpe de Estado fracasó gracias a la resistencia de los obreros armados, sobre todo de la CNT, y de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que se mantuvieron fieles al gobierno. Goded fue detenido y Catalunya quedó en la zona republicana.

El fracaso del golpe abrió una revolución. Los obreros armados se hicieron dueños de la calle y, para ordenar la nueva situación, el 21 de julio se creó el Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de los partidos y sindicatos de izquierda. Durante unos meses concentró el poder real, mientras el gobierno de la Generalitat, presidido por Lluís Companys, mantenía la autoridad formal: era una situación de doble poder.

La revolución también fue económica. Muchas fábricas y empresas fueron colectivizadas y gestionadas por sus trabajadores, y en el campo se hicieron colectivizaciones de tierras. La Generalitat intentó recuperar la iniciativa: en otoño de 1936 se formó un gobierno de unidad con la CNT y el POUM, con Josep Tarradellas como conseller primer, el Comité de Milicias se disolvió y un decreto reguló las colectivizaciones.

Mientras tanto, columnas de milicianos voluntarios, como la de Buenaventura Durruti, salieron hacia el frente de Aragón para tomar Zaragoza, Huesca y Teruel, pero no lo consiguieron, y el frente se estabilizó. Esta guerra de columnas, poco disciplinada, mostró la necesidad de un ejército regular, que sería el Ejército Popular de la República.

Las tensiones entre los partidarios de hacer primero la revolución, la CNT-FAI y el POUM, y los que querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno, el PSUC y ERC, estallaron en los Hechos de Mayo de 1937, cuando los enfrentamientos armados paralizaron Barcelona durante varios días. Después de los hechos, el gobierno de la República asumió el orden público y la defensa de Catalunya, el POUM fue ilegalizado y perseguido y la Generalitat perdió poder.

En 1938 la guerra llegó a Catalunya. La ofensiva franquista de Aragón ocupó Lleida y las comarcas de Poniente y, en abril, llegó al Mediterráneo por Vinaròs, de manera que dividió en dos la zona republicana. Para intentar dar la vuelta a la situación, el Ejército Popular inició en julio de 1938 la batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra, que terminó en noviembre con la derrota republicana.

Agotado, el ejército republicano no pudo detener la ofensiva sobre Catalunya que empezó en diciembre de 1938. Barcelona fue ocupada el 26 de enero de 1939 y, en las semanas siguientes, cientos de miles de personas, entre ellas el gobierno de la Generalitat, huyeron hacia Francia. La guerra terminó el 1 de abril de 1939.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter jurídico y político. Por su naturaleza, es un texto legal.

Recoge tres artículos de la Ley de Jurisdicciones, del 23 de marzo de 1906, firmada por el rey Alfonso XIII y por el presidente del Consejo de Ministros, Segismundo Moret, y publicada en la Colección Legislativa del Ejército. La ley castiga las ofensas a la nación y a sus símbolos, como la bandera y el himno, y al ejército y la armada, y amenaza con penas que pueden llegar a la muerte a quien tome las armas por la independencia de una parte del territorio.

La ley se sitúa durante el reinado de Alfonso XIII, en la segunda etapa de la Restauración borbónica (1875-1931). Después del desastre de 1898, el sistema del turno dinástico estaba en crisis y crecían los movimientos que lo cuestionaban: el republicanismo y el catalanismo político, que en 1901 había ganado las elecciones en Barcelona con la Lliga Regionalista. El ejército, desprestigiado por la derrota colonial, reaccionaba con dureza contra las críticas.

La ley quería preservar la nación española y sus símbolos, la bandera, el himno nacional y los demás emblemas, y castigaba a quien los ultrajara de palabra, por escrito o con caricaturas. Con ello, el Estado de la Restauración se defendía del catalanismo y de cualquier movimiento que pusiera en duda la unidad de España.

También protegía al ejército y la armada de las injurias y las ofensas. La ley nació a raíz del asalto de unos oficiales a las redacciones de la revista satírica ¡Cu-Cut! y del diario La Veu de Catalunya, en noviembre de 1905, por un chiste que se burlaba del ejército. Los militares exigieron que estos delitos los juzgaran tribunales militares, y el gobierno de Moret lo aceptó.

Después del desastre de 1898, buena parte de la burguesía catalana perdió la confianza en los partidos dinásticos. En 1901 se fundó la Lliga Regionalista y, en las elecciones generales de aquel año, la candidatura de los «cuatro presidentes» de entidades económicas y culturales barcelonesas, entre los que estaba el doctor Bartomeu Robert, derrotó a los partidos del turno en Barcelona y rompió el dominio caciquil en la ciudad.

La Lliga, dirigida por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, representaba un catalanismo conservador, católico y de orden, que aceptaba la monarquía y quería la autonomía de Catalunya y la modernización de España. Prat de la Riba fijó su doctrina en La nacionalitat catalana (1906): Catalunya es una nación, con lengua, derecho y cultura propios, mientras que España es el Estado, que debería organizarse de forma federal.

El asalto militar al ¡Cu-Cut! (1905) y la Ley de Jurisdicciones (1906) provocaron la creación de Solidaridad Catalana, una coalición contra la ley de casi todas las fuerzas catalanas, de la Lliga a los republicanos federales y nacionalistas y a los carlistas. En las elecciones generales de 1907 obtuvo 41 de los 44 diputados catalanes. Pese a este éxito, las diferencias internas, agravadas por la Semana Trágica (1909), la disolvieron.

Frente a la Lliga se consolidó un catalanismo de izquierdas y republicano. Los catalanistas que rechazaban el conservadurismo de la Lliga y su acercamiento a la monarquía fundaron el Centre Nacionalista Republicà (1906) y, en 1910, la Unió Federal Nacionalista Republicana, que quería unir catalanismo, republicanismo y reformas sociales, pero no consiguió arrebatar la hegemonía a la Lliga.

El otro gran rival de la Lliga fue el republicanismo lerrouxista. Alejandro Lerroux, con un discurso populista, anticlerical y contrario al catalanismo, tenía mucho apoyo entre los obreros y los inmigrantes de Barcelona, y en 1908 fundó el Partido Republicano Radical. Los lerrouxistas se opusieron a Solidaridad Catalana y disputaron a la Lliga el voto de Barcelona.

Pese a estos rivales, la Lliga se convirtió en el partido hegemónico del catalanismo. Prat de la Riba presidió la Diputación de Barcelona a partir de 1907, desde donde impulsó instituciones como el Institut d’Estudis Catalans, y en 1914 consiguió la creación de la Mancomunidad de Catalunya, de la que fue el primer presidente.

La Mancomunidad fue una aspiración de la Lliga Regionalista y de su dirigente Enric Prat de la Riba, presidente de la Diputación de Barcelona. En 1911 las cuatro diputaciones catalanas aprobaron unas bases para unirse en una sola institución. Para conseguirlo hacía falta el apoyo del gobierno central: el proyecto de ley de mancomunidades de José Canalejas fue aprobado en el Congreso, pero su asesinato (1912) lo detuvo en el Senado. Finalmente, el gobierno conservador de Eduardo Dato lo aprobó por decreto en diciembre de 1913, y la Mancomunidad se constituyó en abril de 1914.

La Mancomunidad era una federación de las cuatro diputaciones provinciales, con funciones solo administrativas y sin poder legislativo. La formaban una Asamblea, integrada por todos los diputados provinciales, un Consejo Permanente y un presidente. Pese a sus limitaciones, fue la primera institución de gobierno común para toda Catalunya desde 1714.

Durante la presidencia de Prat de la Riba (1914-1917) se puso en marcha un ambicioso programa de modernización. La Mancomunidad asumió y amplió las instituciones culturales impulsadas por la Diputación de Barcelona, como el Institut d’Estudis Catalans y la Biblioteca de Catalunya, impulsó la enseñanza técnica y profesional e inició un plan de carreteras, caminos vecinales y teléfonos para conectar todos los municipios.

Cuando Prat de la Riba murió, en 1917, le sucedió el arquitecto Josep Puig i Cadafalch (1917-1923), que continuó la obra. Se abrieron las primeras bibliotecas populares, se extendieron las redes de caminos y de teléfonos, se impulsaron la enseñanza y los servicios técnicos para la agricultura y se desarrolló la asistencia sanitaria y social. En 1918 y 1919 la Mancomunidad también encabezó la campaña por un estatuto de autonomía, que las Cortes no aprobaron.

El golpe de Estado de Primo de Rivera (1923) abrió la última etapa. El dictador, contrario al catalanismo, sustituyó a Puig i Cadafalch por Alfons Sala i Argemí (1924-1925), un político monárquico afín al régimen, que vació la Mancomunidad de su programa catalanista. En 1925 la dictadura la disolvió.

En once años y con tres presidentes, Prat de la Riba, Puig i Cadafalch y Sala, la Mancomunidad modernizó Catalunya en la cultura, la educación, las comunicaciones y la agricultura, y demostró que el autogobierno era posible: fue un precedente de la Generalitat republicana.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político y propagandístico. Por su naturaleza, es un cartel de la serie La Frase Quincenal, editado en Barcelona por la Jefatura Provincial de Propaganda, un organismo del régimen franquista, el 15 de julio de 1942.

El cartel reproduce, junto al retrato de Franco, una frase suya: para los países de Europa solo hay un peligro, «de ayer, de hoy y de mañana», el comunismo. Apela, por tanto, al miedo al comunismo en toda Europa y presenta a Franco como su gran enemigo.

El cartel se sitúa en la primera etapa del régimen franquista (1939-1975), en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. España, que se había declarado no beligerante, estaba al lado de las potencias del Eje: en 1941 había enviado la División Azul a luchar contra la Unión Soviética junto al ejército alemán. En el interior era la etapa más fascista del régimen, con un gran peso de la Falange y una represión muy dura.

El anticomunismo era un pilar del discurso franquista. El régimen presentaba la Guerra Civil como una cruzada contra el comunismo y llamaba «rojos» a todos sus enemigos, fueran republicanos, socialistas, anarquistas o catalanistas; así justificaba la dictadura y la represión.

La propaganda recordaba a la población, año tras año, la victoria de las tropas franquistas de 1939, presentada como la salvación de España frente al comunismo. Carteles como este, que salían cada quince días, repetían la idea para mantener a la población movilizada y atemorizada.

Además, en 1942 Franco apoyaba a la Alemania nazi en su guerra contra la Unión Soviética, que presentaba como una lucha de Europa contra el comunismo, y el cartel justificaba así el acercamiento al Eje.

El régimen franquista tenía una gran afinidad ideológica con la Alemania nazi y la Italia fascista, que le habían ayudado a ganar la Guerra Civil con tropas, aviones y armamento. El partido único, Falange Española Tradicionalista y de las JONS, copiaba el modelo fascista: el culto al caudillo, el saludo, el uniforme, el encuadramiento de la juventud y de las mujeres y el sindicato vertical.

Al empezar la Segunda Guerra Mundial (1939), España se declaró neutral, pero en 1940, con las victorias alemanas, se proclamó no beligerante y ocupó Tánger. Franco se entrevistó con Hitler en Hendaya (octubre de 1940), pero no entró en la guerra, porque el país estaba arruinado y Hitler no aceptó sus demandas territoriales en el norte de África. Aun así, colaboró con el Eje: en 1941 envió la División Azul, formada por voluntarios, a luchar contra la Unión Soviética, y suministró a Alemania materias primas como el wolframio.

Cuando la guerra giró a favor de los aliados, en 1943, Franco volvió a la neutralidad y retiró la División Azul. El régimen intentó ocultar su pasado fascista y presentarse como una dictadura católica y anticomunista.

Terminada la guerra, en 1945, la victoria aliada dejó aislado al franquismo. En 1946 la ONU lo condenó y recomendó la retirada de los embajadores, y España quedó fuera del Plan Marshall. El régimen respondió con la autarquía y con grandes movilizaciones de apoyo al dictador.

La Guerra Fría lo cambió todo: para los Estados Unidos, el anticomunismo de Franco y la posición estratégica de España importaban más que la falta de democracia. En 1950 la ONU anuló la condena; en 1953 el régimen firmó el Concordato con la Santa Sede y los pactos con los Estados Unidos, que instalaron en España bases militares a cambio de ayuda económica y militar, y en 1955 España entró en la ONU. Los países de la Europa occidental restablecieron las relaciones diplomáticas, aunque no la admitieron en la Comunidad Económica Europea.

El régimen franquista nació de la victoria en la Guerra Civil y se construyó sobre la violencia. Durante la guerra y después de 1939, la represión eliminó o neutralizó a los vencidos: miles de fusilamientos tras consejos de guerra sumarísimos, entre ellos el del presidente de la Generalitat Lluís Companys (1940), campos de concentración, cárceles llenas y batallones de trabajadores forzados.

Esta represión se institucionalizó con leyes. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas, confiscaciones e inhabilitaciones a quienes habían apoyado a la República, incluso con efectos retroactivos, y la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940) perseguía a los masones y a los comunistas. También se depuró a los maestros y a los funcionarios, y miles de personas tuvieron que exiliarse.

El Estado que se estableció era una dictadura personal y totalitaria. Franco, Caudillo y Generalísimo, concentraba todos los poderes: era jefe del Estado, del gobierno, del ejército y del partido único, y podía dictar leyes. El régimen se apoyaba en el ejército, en la Iglesia católica, que lo legitimó como defensor de la fe (el nacionalcatolicismo), y en la Falange. También suprimió la autonomía de Catalunya y persiguió la lengua y la cultura catalanas.

El partido único había nacido con el Decreto de Unificación (1937), que fusionó la Falange y los carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el único partido permitido, conocido después como el Movimiento Nacional. A continuación, el régimen se dotó de unas Leyes Fundamentales que hacían de constitución: el Fuero del Trabajo (1938), la Ley Constitutiva de las Cortes (1942), que creaba unas Cortes sin poder real, y el Fuero de los Españoles (1945), una declaración de derechos que no se respetaban.

La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado (1947) definió España como un reino y dio a Franco la facultad de designar a su sucesor, y la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) fijó sus principios ideológicos. Así, el franquismo se fue institucionalizando sin dejar de ser una dictadura.