Historia, PAU 2026 de Cataluña: el examen de junio (serie 5) resuelto

Madrid, julio de 1876. Queridos lectores: hace poco más de un año y medio que España vuelve a ser una monarquía. Para entenderlo hay que recordar el caos de los últimos años. Tras la revolución de 1868 y el breve reinado de Amadeo de Saboya, en febrero de 1873 se proclamó la Primera República, que en menos de un año tuvo cuatro presidentes y tuvo que hacer frente a la revuelta cantonal, a la tercera guerra carlista y a la guerra de Cuba. En enero de 1874 el general Pavía disolvió las Cortes, y el general Serrano gobernó sin Cortes y con las garantías constitucionales suspendidas. Muchos, sobre todo la burguesía y los propietarios, deseaban orden. Desde el exilio, el príncipe Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II, se ofrecía como solución: el 1 de diciembre de 1874, desde la academia militar británica de Sandhurst, donde estudiaba, hizo público el manifiesto de Sandhurst, preparado por Cánovas, en el que se presentaba como un rey católico, liberal y constitucional, dispuesto a volver a España.

Cánovas quería una restauración pacífica, preparada por los civiles, pero los militares se adelantaron. El 29 de diciembre de 1874 el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto y proclamó rey a Alfonso XII. El gobierno no se opuso, y en enero de 1875 el joven rey llegó a Barcelona y a Madrid. El pronunciamiento precipitó el regreso del monarca.

El hombre fuerte del nuevo régimen es Antonio Cánovas del Castillo. Dirigió el gobierno provisional mientras llegaba el rey y ahora preside el gobierno. Su objetivo es acabar con los pronunciamientos y la inestabilidad: un régimen en el que dos grandes partidos monárquicos, uno conservador y otro liberal, se alternen pacíficamente en el gobierno, y en el que el ejército quede apartado de la política. Ha sido también el artífice de la nueva Constitución, aprobada por unas Cortes constituyentes elegidas a principios de este año.

La Constitución, promulgada el 30 de junio, es conservadora y a la vez flexible. Establece la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, que hacen las leyes conjuntamente, y da amplias prerrogativas a la corona: el rey nombra y destituye a los ministros, sanciona las leyes, puede suspender y disolver las Cortes y nombra una parte de los senadores, mientras que los demás lo son por derecho propio o son elegidos por las corporaciones y los mayores contribuyentes. Define España como un estado confesional católico: el Estado mantiene el culto y el clero, y las demás religiones solo se toleran en privado. Reconoce los derechos de los ciudadanos, pero deja que las leyes los limiten.

La Constitución no fija el tipo de sufragio, que deberá regular una ley. Las Cortes constituyentes se eligieron con el sufragio universal masculino que venía del Sexenio, pero Cánovas es partidario de un sufragio censitario, en el que solo voten los hombres con una cierta renta, y todo hace pensar que es el que se impondrá.

Epílogo, escrito desde hoy: Cánovas impuso el sufragio censitario con la ley electoral de 1878, y en 1890 un gobierno liberal de Práxedes Mateo Sagasta restableció el sufragio universal masculino. Desde 1881 conservadores y liberales se alternaron en el poder en el llamado turno pacífico, que se sostuvo en el falseamiento de las elecciones: el gobierno que convocaba las elecciones decidía antes los resultados con el encasillado, y los caciques locales controlaban el voto con favores, amenazas y fraudes. Con estas características, el sistema llegó a la crisis de 1898.

Barcelona, noviembre de 1936. Querido compañero: te debía esta carta desde julio, y ahora que las cosas se han calmado un poco te cuento todo lo que ha pasado. El 19 de julio, a primera hora de la mañana, las tropas de los cuarteles de Barcelona salieron a la calle para sumarse al golpe de Estado que los militares habían empezado el día 17 en Marruecos. El general Goded llegó de Mallorca en hidroavión para dirigir la revuelta, pero la aplastamos en poco más de un día.

Los militantes de la CNT y de la FAI conseguimos armas y levantamos barricadas por toda la ciudad. Te lo tengo que reconocer: la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, fieles al gobierno, también fueron decisivas para derrotar a los soldados. Goded se rindió y tuvo que pedir por radio a los suyos que dejaran las armas.

Con la victoria, el poder estaba en la calle, en manos de los trabajadores armados. Aquella revolución que empezamos, la Generalitat quería controlarla. El presidente de la Generalitat, Lluís Companys, nos reunió y reconoció que la victoria era nuestra, y el 21 de julio la Generalitat creó el Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de todos los partidos y sindicatos antifascistas, para controlar el orden público y organizar las milicias que tenían que ir a luchar al frente de Aragón.

Para nosotros, el Comité era mucho más que eso: era el nuevo poder popular, el poder de los trabajadores, y desde allí dirigimos de hecho la vida de la ciudad durante el verano.

En la ciudad había, pues, dos poderes, la Generalitat y el Comité, y nadie controlaba de verdad el orden público. Patrullas y grupos armados persiguieron y mataron a muchos de los que consideraban apoyos de los sublevados: curas, propietarios, patronos y gente de derechas. Te lo tengo que decir con sinceridad: ha habido muchos excesos, y algunas muertes no tienen ninguna justificación.

Mientras los milicianos luchaban en el frente, en la retaguardia los trabajadores nos hicimos cargo de las fábricas, de los tranvías, de los servicios y de muchas tierras. La colectivización se extendió por toda Catalunya, y en muchos pueblos los campesinos pusieron las tierras en común.

A finales de septiembre la situación cambió. Se formó un nuevo gobierno de la Generalitat, con Josep Tarradellas como consejero primero, y entramos en él la CNT y otras organizaciones obreras; a primeros de octubre el Comité de Milicias se disolvió. Muchos compañeros dicen que hemos renunciado a la revolución, pero el 24 de octubre el gobierno Tarradellas aprobó el decreto de colectivizaciones, que reconoce lo que hicimos en verano. Todavía no sé si ganaremos la guerra ni si la revolución resistirá, pero nunca había visto Barcelona tan viva. Un abrazo.

La afirmación es en buena parte cierta, pero hay que matizarla. La Segunda República quiso construir un estado laico: la Constitución de 1931 separó la Iglesia y el Estado, permitió el divorcio y previó la supresión del presupuesto de culto y clero; en 1932 se disolvió la Compañía de Jesús, y la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas (1933) prohibió a las órdenes religiosas dedicarse a la enseñanza. La República impulsó, además, una escuela pública laica y mixta.

Para la jerarquía de la Iglesia, esas reformas eran un ataque a la religión. La quema de conventos de mayo de 1931 en Madrid y en otras ciudades había envenenado las relaciones desde el principio, y el cardenal primado, Pedro Segura, se enfrentó abiertamente al gobierno. La Iglesia apoyó a los partidos de derechas contrarios a las reformas de los gobiernos republicano-socialistas, como la CEDA, que ganó las elecciones de 1933, y a las candidaturas de derechas que se enfrentaron al Frente Popular en 1936.

La guerra lo cambió todo. Tras el golpe de Estado de julio de 1936, en la zona republicana estalló una violencia revolucionaria anticlerical: se asesinó a miles de sacerdotes, religiosos y religiosas, y se quemaron iglesias y conventos. Esa persecución acabó de poner a la mayoría de los católicos españoles del lado de los sublevados, y en 1937 la Carta colectiva de los obispos españoles apoyó al bando de Franco. La guerra se presentó como una cruzada en defensa de la religión.

Aun así, no todos los católicos estuvieron del lado de los sublevados. El cardenal arzobispo de Tarragona, Francesc Vidal i Barraquer, no firmó la Carta colectiva y murió en el exilio; el político católico Manuel Carrasco i Formiguera, de Unió Democràtica de Catalunya, fue fusilado por los franquistas en 1938, y muchos católicos vascos defendieron la República. Más adelante, en los años sesenta y setenta, curas obreros y grupos católicos de base se opusieron al franquismo.

El franquismo supuso el retorno a un estado confesional católico, vertebrado por los valores tradicionales: el catolicismo volvió a ser la religión oficial, la Iglesia recuperó el control de la enseñanza y de la moral pública, se derogó el divorcio y el Estado volvió a pagar al clero. Es lo que se llama nacionalcatolicismo. El Concordato de 1953 con la Santa Sede consagró esa alianza, y a cambio el régimen intervenía en el nombramiento de los obispos.

Valorando los cambios y las continuidades, la afirmación es acertada en lo que se refiere a la jerarquía: la Iglesia se opuso a la República porque su política laica le quitaba privilegios e influencia, y apoyó al franquismo, que se los devolvía. Pero no se puede generalizar a todos los católicos, y la relación con el franquismo tampoco fue siempre igual: a partir del Concilio Vaticano II (1962-1965) una parte de la Iglesia se fue distanciando del régimen, y en los años setenta, con el cardenal Vicente Enrique y Tarancón al frente de la Conferencia Episcopal, la jerarquía tomó distancias.

En conclusión, la afirmación describe bien la posición mayoritaria de la jerarquía católica, que se enfrentó a la República laica y legitimó el franquismo como una cruzada, pero no recoge la diversidad de los católicos ni la evolución de la Iglesia en los últimos años de la dictadura.

El primer factor es el desastre colonial de 1898. La derrota ante los Estados Unidos y la pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas fueron un golpe muy duro para el ejército, que se sintió culpado injustamente por la prensa y los políticos. Muchos militares desarrollaron un resentimiento contra el poder civil y una mentalidad corporativa, y empezaron a verse como los guardianes de la unidad y el honor de la patria.

El segundo factor son las campañas de Marruecos. Después de 1898, Marruecos se convirtió en la principal empresa colonial de España, y en 1912 se estableció allí un protectorado. La guerra contra las tribus rifeñas dio al ejército un protagonismo constante, pero también grandes desastres: el del Barranco del Lobo (1909), el mismo verano de la Semana Trágica, con centenares de muertos y heridos, y sobre todo el de Annual (1921), con miles de muertos. En Marruecos se formó una generación de oficiales africanistas, como Francisco Franco, que hicieron carrera rápida por méritos de guerra y tenían una visión autoritaria de la política.

El tercer factor son las tendencias golpistas. Acostumbrado a intervenir en la política desde los pronunciamientos del siglo XIX, el ejército no renunció a imponerse por la fuerza. En 1923 el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado que acabó con el régimen parlamentario; en 1932 el general José Sanjurjo se sublevó contra la República, sin éxito, y en julio de 1936 un grupo de generales, entre ellos Mola y Franco, dieron el golpe de Estado antirrepublicano que desencadenó la Guerra Civil.

El cuarto factor es la rivalidad entre el poder militar y el poder civil. En noviembre de 1905, unos oficiales asaltaron en Barcelona las redacciones del ¡Cu-Cut! y de La Veu de Catalunya, y el gobierno, en lugar de castigarlos, aprobó en 1906 la Ley de Jurisdicciones, que ponía bajo la jurisdicción militar las ofensas al ejército y a la patria: empezó así un enfrentamiento duradero entre el ejército y el catalanismo. En 1917 las Juntas de Defensa demostraron que los oficiales podían presionar al gobierno. Durante la Segunda República, Manuel Azaña quiso someter al ejército al poder civil con unas reformas militares que reducían el número de oficiales y cerraban la Academia General Militar de Zaragoza, y muchos militares las vivieron como una humillación.

Razonando los cambios y las continuidades, hay una línea de fondo que atraviesa todo el periodo: el ejército se consideraba el garante de la unidad y del orden y se sentía autorizado a intervenir cuando creía que la patria estaba en peligro. Lo que cambió fue contra quién: en 1923 actuó contra un régimen liberal desprestigiado y con el visto bueno del rey, mientras que en 1932 y en 1936 se sublevó contra una república democrática. La guerra de Marruecos fue el escenario donde se forjó esa mentalidad, y los africanistas fueron los protagonistas del golpe de 1936.

En conclusión, la pérdida de las colonias, la guerra de Marruecos, el golpismo y la rivalidad con el poder civil explican que, entre 1898 y 1936, el ejército español tuviera un papel político mucho mayor del que le correspondía en un estado liberal, y que acabara provocando la Guerra Civil y la dictadura de Franco.