Historia, PAU 2025 de Cataluña: el examen de junio (serie 4) resuelto

Barcelona, julio de 1977. Desde que el general Franco murió, el 20 de noviembre de 1975, vivimos unos años llenos de incertidumbre: nadie sabe con certeza si llegará la democracia o si los franquistas conseguirán mantener el régimen. Juan Carlos I, proclamado rey dos días después, había sido designado por el propio Franco como sucesor, y al principio mucha gente desconfiaba de él, sobre todo cuando mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno. Pero el rey ha acabado impulsando el cambio y se ha convertido en una pieza clave del proceso.

En julio de 1976 el rey nombró presidente del gobierno a Adolfo Suárez, un político joven que venía del Movimiento. Mucha gente se decepcionó, pero Suárez sorprendió a todos: hizo aprobar por las propias Cortes franquistas la Ley para la Reforma Política, que el pueblo ratificó en referéndum en diciembre de 1976. Esa ley permitió desmontar jurídicamente las instituciones franquistas desde su propia legalidad y abrió el camino a unas elecciones generales libres.

No todo el mundo lo quería. Los franquistas más duros, lo que la gente llama el búnker, se oponían a cualquier reforma y todavía tenían mucho poder en el ejército y en la administración; algunos grupos de extrema derecha incluso recurrieron a la violencia, como en la matanza de los abogados laboralistas de la calle de Atocha de Madrid, en enero de este año. Suárez les ha plantado cara, y para presentarse a las elecciones ha creado la Unión de Centro Democrático (UCD), una coalición de partidos de centro que ha ganado las elecciones del 15 de junio.

Pero el cambio no ha venido solo de arriba. En estos años hemos salido a la calle muchas veces: manifestaciones por la amnistía y por la libertad, huelgas convocadas por sindicatos que eran ilegales, como Comisiones Obreras y la UGT, y las asociaciones de vecinos, que luchaban por mejorar los barrios y han acabado reclamando también la democracia. Esa presión ciudadana, organizada en partidos, sindicatos y entidades, ha obligado al gobierno a ir más lejos de lo que quería.

Todo ello ha pasado en medio de una grave crisis económica, con una inflación altísima y cada vez más paro, y de una oposición muy diversa, especialmente activa en Catalunya, el País Vasco y Galicia, que quería ir más allá de las reformas: no solo libertades, sino también autonomía. Los principales partidos de la oposición, sin embargo, estaban divididos: el PCE, de Santiago Carrillo, había impulsado la Junta Democrática (1974), y el PSOE, de Felipe González, la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). No se unieron hasta marzo de 1976, en la Coordinación Democrática, y todavía hoy compiten por encabezar la izquierda.

La legalización del PCE, el pasado abril, fue el gesto más arriesgado de Suárez, y ha permitido que los dos partidos se presentaran a las elecciones: el PSOE ha quedado segundo y el PCE, tercero. Ahora las nuevas Cortes deben redactar una constitución. Todavía tengo miedo de lo que pueda pasar, pero por primera vez en más de cuarenta años he podido votar libremente.

París, 1974. A petición de la Organización, presento en este estudio las transformaciones económicas y sociales de España antes y después del Plan de Estabilización de 1959. Hasta ese año, el régimen del general Franco había aplicado la autarquía: una economía cerrada e intervenida por el Estado, que pretendía la autosuficiencia. El resultado fue un fracaso. En los años cincuenta la economía crecía poco, con una inflación alta y un fuerte déficit comercial, y las reservas de oro y de moneda extranjera se habían casi agotado: en 1959 el Estado estaba cerca de la suspensión de pagos.

Para evitar la quiebra, los ministros tecnócratas, asesorados por el Fondo Monetario Internacional y por la OECE, la antecesora de esta Organización, prepararon el plan. Para ofrecer garantías a los inversores extranjeros y aprovechar el ciclo expansivo de la economía europea había que sanear la economía: se devaluó la peseta, se congelaron los salarios, se recortó el gasto público y se liberalizaron el comercio exterior y la inversión extranjera. Los primeros efectos fueron duros, con una recesión y más paro.

Después llegaron los planes de desarrollo, a partir de 1964, que marcaron la etapa del desarrollismo: durante los años sesenta y hasta 1973, España creció más deprisa que casi todos los países europeos. La crisis del petróleo del año pasado ha frenado este ciclo y abre ahora muchos interrogantes.

Gracias a la inversión extranjera, que llegó atraída por los salarios bajos y por un mercado en crecimiento, la industria ha experimentado cambios espectaculares: se han modernizado las fábricas y han crecido sectores nuevos, como el automóvil, la química o los electrodomésticos.

La economía española tiene, sin embargo, un punto débil: la balanza comercial es deficitaria, porque el país importa mucho más de lo que exporta, sobre todo maquinaria y petróleo. Ese déficit de la balanza de pagos se ha compensado con dos fuentes de divisas: los ingresos del turismo de masas, que cada verano llena las costas de visitantes europeos, y las remesas de los trabajadores españoles que han tenido que emigrar a la Europa industrial, a Alemania, Francia o Suiza.

Las transformaciones sociales han sido tan grandes como las económicas. La modernización de la agricultura y las desigualdades del campo, donde muchos jornaleros no tenían tierra ni trabajo, han provocado un gran éxodo rural: millones de personas han ido a vivir a las ciudades industriales de Catalunya, Madrid y el País Vasco. Ha habido problemas de vivienda y de servicios, pero el nivel de vida ha mejorado y ha aparecido una sociedad de consumo.

Las dos grandes corrientes del movimiento obrero español nacieron con la llegada de la Primera Internacional, durante el Sexenio Democrático. Su sección española, la Federación Regional Española, era mayoritariamente anarquista y fue disuelta por decreto en enero de 1874. Durante los primeros años de la Restauración, el régimen la mantuvo prohibida y persiguió a las organizaciones obreras, que tuvieron que sobrevivir en la clandestinidad.

A partir de 1881, con el gobierno liberal de Sagasta, las asociaciones obreras fueron toleradas y se abrió un clima reformista: en 1883 se creó la Comisión de Reformas Sociales, para estudiar las condiciones de vida de los trabajadores, y la Ley de Asociaciones de 1887 permitió que las organizaciones obreras fueran legales.

Los anarquistas rechazaban el Estado, los partidos y las elecciones, y querían llegar por medio de la revolución a una sociedad sin clases ni gobierno. A finales de siglo predominaron el individualismo radical y la táctica de la propaganda por el hecho, es decir, los atentados, como la bomba del Liceo (1893) y la de la procesión del Corpus de Barcelona (1896). La represión culminó en el proceso de Montjuïc (1896), con torturas y ejecuciones, y en 1897 un anarquista asesinó al presidente del gobierno, Antonio Cánovas del Castillo.

Los socialistas, de ideología marxista, creían que la clase obrera industrial debía dirigir la transformación de la sociedad y que había que luchar también en la política. Pablo Iglesias fundó el PSOE en 1879, y en 1888 se creó en Barcelona su sindicato, la UGT. A diferencia de los anarquistas, defendían la participación electoral, las huelgas bien organizadas y las reformas graduales, y en 1910 Pablo Iglesias fue el primer diputado socialista.

A principios del siglo XX el anarquismo se reorganizó como sindicalismo. Tras el fracaso de la huelga general de Barcelona de 1902, en 1907 se creó Solidaridad Obrera, una federación de sociedades obreras de Barcelona que en 1908 se extendió a toda Catalunya y que tuvo un papel destacado en la huelga general de la Semana Trágica (1909). En 1910 Solidaridad Obrera se convirtió en la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), de ámbito español, que celebró su primer congreso en 1911 y, tras una huelga general ese mismo año, fue declarada ilegal.

Las diferencias entre las dos corrientes eran claras: los socialistas eran centralizados y disciplinados y querían llegar al poder político, mientras que los anarquistas eran descentralizados, antipolíticos y partidarios de la acción directa. Hasta 1914 las dos crecieron y protagonizaron las principales huelgas y protestas obreras, pero con estrategias opuestas.

En cuanto a la implantación territorial, el anarquismo fue fuerte sobre todo en la Catalunya industrial, en el País Valenciano y entre los jornaleros y campesinos de Andalucía. El socialismo, en cambio, tuvo su base inicial en el núcleo de tipógrafos de Madrid, de donde venía Pablo Iglesias, y se extendió a la minería de Asturias y a la industria pesada de Vizcaya.

Como en el resto de Europa, en España las primeras reacciones autoritarias y conservadoras nacieron, tras la Primera Guerra Mundial, de la crisis del sistema liberal de partidos, del miedo a la revolución, sobre todo después de la Revolución Rusa, y del miedo a la entrada de las masas en la política. En Italia, Mussolini llegó al poder en 1922 y creó el primer régimen fascista.

La experiencia previa fue la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). No era un régimen fascista, pero acabó con el parlamentarismo liberal de la Restauración y ensayó una modernización autoritaria y corporativa: un partido único, la Unión Patriótica; una Asamblea Nacional Consultiva en lugar de las Cortes; y una Organización Corporativa Nacional que reunía a patronos y obreros en comités paritarios.

Durante la Segunda República el fascismo irrumpió como fuerza política. En 1931 Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo crearon las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), y en 1933 José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, fundó Falange Española. En 1934 se fusionaron en Falange Española de las JONS, un partido fascista, antidemocrático y antimarxista, que defendía la violencia política y un Estado nacionalsindicalista. En las elecciones de febrero de 1936 no obtuvo ningún diputado, pero tras la victoria del Frente Popular creció y participó en la violencia que precedió al golpe de Estado.

El golpe de Estado de julio de 1936, la guerra civil y la victoria de Franco llevaron a un régimen autoritario de partido único. En 1937 el Decreto de Unificación fusionó la Falange y los carlistas en Falange Española Tradicionalista y de las JONS, el único partido legal, con Franco al frente. El régimen, inspirado en el fascismo italiano, era corporativo y nacionalsindicalista: el Fuero del Trabajo (1938) y la Ley de Unidad Sindical (1940) encuadraron a patronos y obreros en un sindicato vertical controlado por la Falange, y se adoptaron símbolos, saludos y uniformes fascistas.

Franco, sin embargo, subordinó la nueva Falange a un Estado fuertemente impregnado de tradicionalismo católico: el partido único, que se fue conociendo como el Movimiento, agrupaba a falangistas, carlistas, monárquicos y católicos. A partir de 1945, con la derrota del Eje, el régimen se presentó como una «democracia orgánica»: rechazaba los partidos y el sufragio universal y decía que la representación llegaba a través de la familia, el municipio y el sindicato. Las Cortes (1942) eran nombradas o elegidas de forma indirecta, y leyes como el Fuero de los Españoles y la Ley del Referéndum (1945) daban una apariencia de legalidad a una dictadura en la que todo el poder era de Franco.

La singularidad del fascismo español en los primeros años del franquismo fue que nunca dominó del todo el régimen. Tuvo un gran peso, sobre todo entre 1939 y 1945, pero siempre al servicio de Franco y compartiendo el poder con el ejército y la Iglesia. El catolicismo político, que desde el siglo XIX había sido la gran fuerza de la contrarrevolución en España, dio al régimen su legitimidad: la guerra se presentó como una cruzada, y el nacionalcatolicismo acabó pesando más que el fascismo.