Historia, PAU 2023 de Cataluña: el examen de junio (serie 5) resuelto

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter oficial y educativo. Por su naturaleza, es un texto normativo: una circular de la Inspección Provincial de Primera Enseñanza publicada en el Boletín Oficial de la provincia de Barcelona el 14 de noviembre de 1939.

La firma el inspector jefe, José Junquera Muné, en Barcelona el 10 de noviembre de 1939, «Año de la Victoria», y da instrucciones a todos los maestros de la provincia: en la escuela solo se puede enseñar en castellano y hay que suprimir la coeducación de niños y niñas.

La circular se sitúa en los inicios del franquismo (1939-1975), en 1939, pocos meses después de que las tropas franquistas ocuparan Barcelona, en enero de 1939, y de que la guerra terminara, el 1 de abril. Por eso el documento habla del «Año de la Victoria».

Era la primera etapa del régimen, la más dura: el nuevo Estado había abolido la autonomía de Catalunya y depuraba a los funcionarios y a los maestros que habían sido fieles a la República. La escuela debía transmitir los valores del nacionalcatolicismo y de la Falange y debía servir para imponer el castellano y acabar con la obra educativa republicana y catalana.

El inspector recuerda a los maestros que el único «idioma vehicular» en la escuela es el castellano, al que llama «idioma nacional», porque algunos todavía usaban el catalán en clase. Era una prohibición del catalán en la enseñanza y una muestra de la persecución de la lengua: el franquismo lo expulsó de la escuela, de la administración y de la vida pública.

En segundo lugar, ordena suprimir «radicalmente» la coeducación, es decir, que niños y niñas estudien juntos en la misma aula. Solo se admite en los párvulos, los niños menores de seis años. La República había extendido la escuela mixta, y el franquismo la prohibió porque la consideraba contraria a la moral católica: niños y niñas debían recibir una educación separada y distinta, y las niñas debían prepararse para ser madres y esposas.

La circular apela al «patriotismo» de los educadores: la escuela franquista debía formar buenos españoles y buenos católicos, según los principios del nacionalcatolicismo, y romper con la escuela catalana, laica y mixta de los años republicanos.

Para el franquismo, la autonomía de Catalunya era incompatible con la unidad de España. Franco ya había abolido el Estatuto de Autonomía en abril de 1938, cuando sus tropas entraron en Lleida, y con la ocupación de Catalunya, en enero y febrero de 1939, la Generalitat y el Parlamento desaparecieron. Catalunya volvió a ser solo cuatro provincias.

El poder pasó a las autoridades del «Nuevo Estado»: los gobernadores civiles nombrados desde Madrid, las diputaciones provinciales y unos ayuntamientos con alcaldes designados. La única organización política permitida era el partido único, FET de las JONS, y los partidos catalanes, republicanos y de izquierda y los sindicatos obreros fueron prohibidos; los trabajadores fueron encuadrados en el sindicato vertical.

La represión contra las personas fue sistemática. Cerca de medio millón de personas habían huido al exilio, y quienes se quedaron y habían sido fieles a la República fueron juzgados en consejos de guerra sumarísimos: miles de personas fueron fusiladas, muchas en el Camp de la Bota de Barcelona, y decenas de miles pasaron por cárceles y campos de concentración. En 1940 el presidente Lluís Companys, detenido en Francia por la Gestapo y puesto en manos de Franco, fue fusilado en el castillo de Montjuïc.

La represión tenía también una vertiente económica y laboral. La Ley de Responsabilidades Políticas (1939) castigaba con multas y confiscaciones a quienes habían apoyado a la República, y muchos funcionarios y maestros fueron depurados y perdieron su trabajo. Las denuncias y los avales que se exigían para trabajar mantenían a la población atemorizada y en silencio.

Contra la lengua y la cultura catalanas, el régimen llevó a cabo una persecución sistemática: el catalán perdió toda oficialidad y fue prohibido en la escuela, la administración, la prensa, la radio y los rótulos, y se castellanizaron los nombres de las calles y de los pueblos. Las instituciones culturales catalanas fueron suprimidas o castellanizadas, y se prohibieron los símbolos, como la senyera y Els Segadors. Muchos intelectuales, como Pompeu Fabra, tuvieron que marchar al exilio, y la cultura catalana sobrevivió en el ámbito privado y en la clandestinidad.

Tras la guerra, el franquismo aplicó una política económica autárquica, inspirada en los fascismos y en el nacionalismo económico: España debía producir todo lo que necesitaba y reducir al mínimo las importaciones. El aislamiento internacional posterior a 1945 reforzó esta política, que se mantuvo hasta el Plan de Estabilización de 1959.

La autarquía iba acompañada de un fuerte intervencionismo del Estado: el gobierno fijaba precios y salarios, controlaba el comercio exterior y las divisas, decidía qué empresas podían abrir o ampliarse y qué materias primas recibían, y creaba empresas públicas a través del Instituto Nacional de Industria (1941). El resultado fue el estancamiento: la producción no recuperó el nivel de antes de la guerra hasta los años cincuenta.

Para la población, los años cuarenta fueron «los años del hambre». Los alimentos básicos se repartían con la cartilla de racionamiento, vigente hasta 1952, pero las cantidades eran insuficientes, y creció el estraperlo, el mercado negro, donde los productos se vendían a precios muy altos. Quienes se enriquecían con él, a menudo con la protección del régimen, contrastaban con la miseria de la mayoría.

En Catalunya los efectos fueron especialmente graves, porque su economía dependía de la industria. El textil, el sector principal, necesitaba importar el algodón y otras materias primas, además de maquinaria y combustibles, que con la autarquía llegaban en cantidades muy pequeñas y con permisos del Estado. Muchas fábricas trabajaban pocos días a la semana, y las restricciones eléctricas, que duraron hasta los años cincuenta, paraban a menudo su producción.

El intervencionismo también afectó a la agricultura y al comercio: los campesinos debían vender el trigo y otros productos al Estado a precios fijados, lo que favorecía su ocultación para venderlos en el estraperlo, y el comercio estaba sometido a cupos y permisos. Las clases trabajadoras catalanas sufrieron salarios muy bajos, sin derecho de huelga ni sindicatos libres, mientras los precios subían, y el hambre, las enfermedades y las colas fueron habituales. El malestar estalló en el boicot a los tranvías y la huelga general de Barcelona de 1951.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es un texto: un documento público, un mensaje dirigido a la reina regente María Cristina de Habsburgo.

Lo redactó la Lliga de Catalunya y lo presentó en 1888, cuando la reina regente visitó Barcelona con motivo de la Exposición Universal. Contiene una serie de peticiones: que Catalunya tenga unas Cortes propias, que gobierne sus asuntos interiores, que el catalán sea la lengua oficial y la de la enseñanza y que los cargos públicos de Catalunya los ocupen catalanes.

El documento se sitúa durante la Restauración, en la década de los ochenta del siglo XIX, cuando el catalanismo se convertía en un movimiento político. Tras la Renaixença cultural, el federalista Valentí Almirall había fundado el Centre Català (1882) y había impulsado el Memorial de Agravios (1885), pero en 1887 los sectores más moderados y conservadores se separaron de él y fundaron la Lliga de Catalunya.

El Mensaje, de 1888, fue una de las primeras actuaciones de la Lliga de Catalunya y muestra el desarrollo de un catalanismo conservador, católico y respetuoso con la monarquía, que reclamaba el autogobierno para Catalunya. Ese mismo año Barcelona celebraba la Exposición Universal, el escaparate de la Catalunya industrial.

Primera petición: que Catalunya recupere sus «Cortes Generales libres e independientes», un parlamento propio que vote los presupuestos catalanes y la contribución de Catalunya a los gastos del Estado, y que sea «señora de su gobierno interior». Es la reivindicación de un autogobierno, que recuerda las instituciones propias abolidas por el Decreto de Nueva Planta (1716).

Segunda: que el catalán sea la lengua oficial en Catalunya «para todas las manifestaciones de la vida». Era una respuesta a la situación del catalán, que desde el siglo XVIII había sido apartado de la administración y de la vida oficial, aunque la Renaixença lo había recuperado como lengua de cultura.

Tercera: que la enseñanza se imparta en catalán. En las escuelas se enseñaba solo en castellano, y los catalanistas consideraban que la escuela en catalán era imprescindible para preservar la lengua y la personalidad de Catalunya.

El catalanismo político nació en la Restauración con dos grandes tendencias. La progresista procedía del republicanismo federal de Francesc Pi i Margall, y su principal dirigente fue Valentí Almirall, que, decepcionado por el fracaso de la Primera República, defendió un catalanismo de izquierdas, laico y moderno: fundó el Diari Català (1879), el primer diario en catalán, convocó el Primer Congreso Catalanista (1880) y creó el Centre Català (1882).

Para Almirall, Catalunya tenía una personalidad y unos rasgos diferenciales propios, como la lengua, el derecho civil y un carácter más emprendedor, y había que defender el derecho catalán. Pero no quería separarse de España: quería regenerarla y transformarla en un Estado federal, y lo expuso en Lo catalanisme (1886).

La tendencia conservadora tenía raíces católicas y tradicionalistas. Su gran ideólogo fue el sacerdote Josep Torras i Bages, que después sería obispo de Vic, autor de La tradició catalana (1892). Para él, la esencia de Catalunya era el cristianismo, y el catalanismo debía basarse en la familia, la propiedad y la religión y en la defensa de las tradiciones, no en el progresismo federal.

La primera diferencia es, por tanto, ideológica: el catalanismo progresista era laico, republicano y federalista, y el conservador, católico, tradicionalista y aceptaba la monarquía. La segunda es social y de estrategia: Almirall buscaba el apoyo de las clases populares y de la pequeña burguesía y quería intervenir en la política española para reformarla, mientras que los conservadores se dirigían sobre todo a la burguesía y a los propietarios y reclamaban un autogobierno que respetara el orden social tradicional.

Este sector, más moderado, se organizó en la Lliga de Catalunya (1887) y en la Unió Catalanista (1891), donde destacaba el joven Enric Prat de la Riba, y a finales de siglo se había impuesto al catalanismo de Almirall.

El catalanismo político nació durante la Restauración sobre la base de la Renaixença, el movimiento cultural que desde mediados del siglo XIX había recuperado el catalán como lengua literaria, con los Juegos Florales restaurados en 1859. Frente a un Estado centralista y un sistema político corrupto, una parte de la sociedad catalana empezó a reclamar el reconocimiento político de Catalunya.

El primer impulsor fue el federalista Valentí Almirall, que en 1880 convocó el Primer Congreso Catalanista y en 1882 fundó el Centre Català, la primera entidad política catalanista. En 1885 el Centre promovió el Memorial de Agravios, que una comisión presentó al rey Alfonso XII: denunciaba el centralismo y defendía la industria catalana frente a los tratados comerciales librecambistas y el derecho civil catalán frente a los intentos de unificación.

En 1887 los sectores más conservadores se separaron del Centre Català y fundaron la Lliga de Catalunya, que en 1888, aprovechando la Exposición Universal de Barcelona, dirigió el Mensaje a la reina regente, en el que reclamaba Cortes propias, la oficialidad del catalán y la enseñanza en catalán. En 1889 el catalanismo encabezó una gran campaña en defensa del derecho civil catalán frente al proyecto de Código civil español, y consiguió que el derecho catalán se mantuviera.

En 1891 se creó la Unió Catalanista, una federación de entidades y de periódicos catalanistas que agrupó sobre todo al catalanismo conservador y moderado. En 1892 su asamblea de Manresa aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana, las Bases de Manresa, redactadas, entre otros, por Enric Prat de la Riba.

Las Bases proponían una Catalunya autónoma dentro de España, con unas Cortes catalanas elegidas por sufragio corporativo, el catalán como única lengua oficial, los cargos públicos reservados a los catalanes y el mantenimiento del derecho civil catalán, y dejaban al Estado las relaciones exteriores, el ejército y las aduanas. Eran un programa conservador, pero fueron la base del catalanismo posterior, que tras el desastre de 1898 se convertiría en un movimiento de masas.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos, de carácter político. Por su naturaleza, es una fotografía de prensa, de la Agencia EFE, la agencia de noticias española.

Muestra la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, el 22 de noviembre de 1975, en las Cortes Españolas de Madrid, dos días después de la muerte del general Franco. Se ve al nuevo rey, con uniforme militar, acompañado de su familia y rodeado de autoridades del régimen.

La fotografía se sitúa al comienzo de la Transición a la democracia (1975-1986), el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, el 20 de noviembre. De acuerdo con la ley de sucesión de 1947, Franco había designado en 1969 a Juan Carlos de Borbón, nieto de Alfonso XIII, como su sucesor a título de rey.

En aquel momento no estaba claro qué pasaría: el rey había jurado las leyes fundamentales del franquismo y mantuvo como presidente del gobierno a Carlos Arias Navarro, mientras que la oposición democrática reclamaba la ruptura con la dictadura. Este acto abría una etapa que acabaría llevando a la democracia.

En el centro de la fotografía está el rey Juan Carlos I de Borbón, vestido con uniforme militar, con una banda cruzada sobre el pecho y condecoraciones, que mira un libro abierto durante la ceremonia. El uniforme recuerda el peso del ejército, uno de los pilares del franquismo, en el momento del relevo.

A su lado está la reina Sofía y, a la derecha, sus tres hijos, los infantes Felipe, Elena y Cristina. La presencia de la familia real quería transmitir una imagen de continuidad y de estabilidad de la nueva monarquía.

El acto tiene lugar en las Cortes Españolas, la cámara del régimen franquista, y los rodean autoridades civiles y militares de la dictadura. La imagen muestra que la monarquía nacía dentro de la legalidad franquista: el rey era el heredero designado por Franco, aunque poco después impulsaría la reforma hacia la democracia.

A principios de 1981 la democracia atravesaba un momento difícil. La crisis económica, los atentados de ETA, que causaban decenas de muertos cada año, el malestar de parte del ejército con la legalización del PCE y con el Estado de las autonomías, y la división interna de UCD llevaron a Adolfo Suárez a dimitir como presidente del gobierno, en enero de 1981.

El 23 de febrero de 1981, mientras el Congreso votaba la investidura del nuevo candidato de UCD, Leopoldo Calvo-Sotelo, el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero entró en la cámara con guardias civiles armados y secuestró al gobierno y a los diputados. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Jaime Milans del Bosch, sacó los tanques a la calle, y el general Alfonso Armada pretendía encabezar un gobierno de excepción.

El golpe fracasó porque la mayor parte del ejército no se sumó a él y porque el rey Juan Carlos I, en un mensaje televisado de madrugada, defendió la Constitución y ordenó a los militares que respetaran la legalidad. Al día siguiente los secuestradores se rindieron, y pocos días después grandes manifestaciones llenaron las calles en defensa de la democracia. El 23-F reforzó el papel del rey y demostró que la democracia podía resistir, pese al miedo que dejó.

El nuevo gobierno de Calvo-Sotelo llevó a España a la OTAN (1982) y, de acuerdo con el PSOE, aprobó la LOAPA, una ley que quería «armonizar» y frenar el desarrollo de las autonomías y que el Tribunal Constitucional recortó en 1983. Mientras tanto, UCD se deshacía por las divisiones internas.

En las elecciones de octubre de 1982 el PSOE de Felipe González obtuvo la mayoría absoluta y UCD se hundió. Era la primera vez desde la República que la izquierda llegaba al gobierno, y la alternancia pacífica consolidó la democracia. El gobierno socialista aplicó una dura reconversión industrial para modernizar sectores en crisis, como la siderurgia y la construcción naval, con muchos despidos, y una política de ajuste para frenar la inflación.

También amplió el Estado del bienestar: extendió las pensiones y las becas, aprobó la LODE (1985), que regulaba el derecho a la educación, y universalizó la sanidad pública con la Ley General de Sanidad (1986). En junio de 1985 España firmó el tratado de adhesión a la Comunidad Económica Europea, en la que entró el 1 de enero de 1986, y en marzo de 1986 un referéndum aprobó la permanencia en la OTAN. En junio de 1986 el PSOE volvió a ganar las elecciones por mayoría absoluta.

Tras la muerte de Franco, el rey mantuvo a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno, que solo quería hacer reformas limitadas. La oposición democrática, que en 1976 se unió en la Coordinación Democrática, respondió con manifestaciones y huelgas masivas para exigir amnistía, libertades y la ruptura con el franquismo; en Catalunya, la Assemblea de Catalunya añadía el Estatuto de Autonomía. El gobierno respondió con represión: en marzo de 1976 la policía mató a cinco obreros en una huelga en Vitoria, y hubo detenciones, torturas y encarcelamientos.

La incapacidad de Arias para controlar la situación llevó al rey a forzar su dimisión, el 1 de julio de 1976, y a nombrar presidente a Adolfo Suárez, un antiguo dirigente del Movimiento que impulsó una reforma desde la legalidad franquista. La Ley para la Reforma Política, que establecía unas Cortes democráticas elegidas por sufragio universal, fue aprobada por las propias Cortes franquistas en noviembre de 1976 y ratificada en referéndum el 15 de diciembre de 1976.

Para ganarse a la oposición, Suárez decretó amnistías parciales (julio de 1976 y marzo de 1977), que la Ley de Amnistía aprobada por las nuevas Cortes en octubre de 1977 completó, y legalizó los partidos, también el PSOE y, en abril de 1977, el PCE, pese a la violencia de la extrema derecha, como la matanza de los abogados laboralistas de Atocha (enero de 1977). Para presentarse a las elecciones, Suárez y otros reformistas formaron la Unión de Centro Democrático (UCD).

Las elecciones generales del 15 de junio de 1977, las primeras democráticas desde 1936, las ganó UCD, seguida del PSOE de Felipe González; muy por detrás quedaron el PCE y Alianza Popular, de Manuel Fraga. En Catalunya ganaron los socialistas, y la presión de las fuerzas catalanas llevó al restablecimiento provisional de la Generalitat y al regreso del presidente Josep Tarradellas.

Ante la grave crisis económica, en octubre de 1977 el gobierno y los principales partidos firmaron los Pactos de la Moncloa, que combinaban medidas para frenar la inflación con reformas fiscales y sociales. Al mismo tiempo, las Cortes elegidas en 1977 elaboraron una Constitución por consenso: una ponencia de siete diputados de las principales fuerzas redactó su texto, que las Cortes aprobaron en octubre de 1978 y que los españoles ratificaron en referéndum el 6 de diciembre de 1978.

La Constitución de 1978 define España como un Estado social y democrático de derecho, con una monarquía parlamentaria, en la que la soberanía nacional reside en el pueblo español. Establece la división de poderes: el legislativo en unas Cortes bicamerales, con Congreso y Senado; el ejecutivo en el gobierno, y el judicial en unos jueces independientes. Reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y las regiones, que pueden aprobar sus estatutos, y una amplia declaración de derechos y libertades, y declara el Estado aconfesional.