Historia, PAU 2024 de Cataluña: el examen de junio (serie 5) resuelto

Es un cuadro estadístico. Es una fuente secundaria, porque lo han elaborado historiadores a partir de documentos de la época y se publica en un libro de historia.

Procede del primer volumen de la Breu història de la Guerra Civil a Catalunya, dirigida por los historiadores Josep Maria Solé i Sabaté y Joan Villarroya i Font (Edicions 62, 2005). Recoge, para cada uno de los ocho obispados de Catalunya, el número de sacerdotes que había en 1936, cuántos murieron a partir del 19 de julio de 1936 y qué porcentaje representaban: en total, 1.541 muertos de 5.060 sacerdotes.

Los datos se sitúan en la Guerra Civil española (1936-1939), en la retaguardia republicana de Catalunya. El golpe de Estado militar contra la República fracasó en Barcelona el 19 de julio de 1936, y la autoridad del Estado y de la Generalitat se hundió ante los obreros armados. En aquel vacío de poder estalló una revolución social y una oleada de violencia contra quienes eran considerados enemigos de la revolución, y la Iglesia fue uno de los blancos principales: se asesinó a miles de personas y se quemaron iglesias y conventos, sobre todo en los primeros meses de la guerra.

Este anticlericalismo tenía raíces antiguas, porque buena parte del movimiento obrero veía a la Iglesia como una aliada de los ricos y de las derechas, y ya había estallado, por ejemplo, durante la Semana Trágica de 1909. La violencia fue disminuyendo a medida que las instituciones republicanas recuperaron el control del orden público, a partir del otoño de 1936 y sobre todo después de los Sucesos de Mayo de 1937.

Los dos obispados con más sacerdotes muertos en cifras absolutas fueron el de Tortosa, con 316, y el de Barcelona, con 277. Entre los dos suman 593 muertos, más de un tercio (un 38 %) de los 1.541 de toda Catalunya.

Sus porcentajes, sin embargo, son muy distintos. En el obispado de Tortosa murió el 61,2 % de los sacerdotes, el doble que en el conjunto de Catalunya, donde murió el 30,45 % (1.541 de 5.060). En el de Barcelona, en cambio, el porcentaje es del 23,3 %, por debajo de la media: murieron muchos sacerdotes porque era, con diferencia, el obispado que más tenía (1.251). El obispado de Lleida, con 270 muertos, tiene el porcentaje más alto de todos, el 65,8 %, más del doble de la media. Lleida y Tortosa, en el oeste y el sur de Catalunya, son los dos obispados que doblan la media catalana: murieron cerca de dos de cada tres sacerdotes.

El 19 de julio de 1936 las tropas de la guarnición de Barcelona salieron de los cuarteles para sumarse al golpe de Estado contra la República. El general Manuel Goded llegó de Mallorca para dirigirlo, pero los militantes obreros armados, sobre todo de la CNT, y la Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que se mantuvieron fieles a la Generalitat, los derrotaron entre el 19 y el 20 de julio. Goded se rindió y Catalunya quedó en manos de la República.

El fracaso del golpe hundió la autoridad del Estado y abrió una revolución. Grupos armados, patrullas de control y comités locales, sobre todo anarquistas, desencadenaron una oleada de violencia contra quienes consideraban enemigos de la revolución. Las causas eran el odio acumulado en años de conflictos sociales, el miedo al triunfo de los sublevados y la falta de autoridad. Las víctimas fueron sacerdotes y religiosos, propietarios, empresarios, políticos y militantes de derechas: miles de personas, entre ellas los 1.541 sacerdotes muertos que recoge la tabla. También se quemaron iglesias y conventos.

Para ordenar aquella situación, el 21 de julio el presidente de la Generalitat, Lluís Companys, aceptó la creación del Comité Central de Milicias Antifascistas, con representantes de los partidos y sindicatos de izquierda, como la CNT, la FAI, la UGT, ERC y el POUM. El Comité, donde la CNT tenía un peso decisivo, organizaba las milicias que salían hacia el frente de Aragón y controlaba el orden público, mientras el gobierno de la Generalitat mantenía la autoridad formal: era un doble poder.

La revolución también fue económica. Los trabajadores se hicieron cargo de muchas fábricas, empresas de servicios y transportes, a menudo porque los propietarios habían huido o habían sido asesinados, y en muchas comarcas los campesinos colectivizaron tierras. Comités obreros dirigían la producción.

La Generalitat fue recuperando el control. A finales de septiembre de 1936 se formó un gobierno de unidad, con Josep Tarradellas como consejero primero, en el que entraban la CNT y el POUM, y a primeros de octubre el Comité de Milicias se disolvió. El 24 de octubre el gobierno aprobó el Decreto de colectivizaciones y control obrero, que legalizaba y ordenaba el proceso: las empresas de más de cien trabajadores y las abandonadas por sus propietarios pasaban a ser colectivas, y en el resto había un control obrero.

Aun así, de hecho seguía habiendo una dualidad de poderes. Por un lado, la Generalitat y las fuerzas que la apoyaban, como ERC y el PSUC, querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno y un ejército regular; por otro, la CNT-FAI y el POUM querían hacer avanzar la revolución, y las patrullas de control actuaban por su cuenta. En diciembre de 1936 el POUM quedó fuera del gobierno, y durante la primavera de 1937 las tensiones por el orden público, los abastecimientos y el control de las milicias fueron creciendo.

Los Sucesos de Mayo fueron el estallido de la tensión entre los dos bloques de la retaguardia: por un lado, la CNT-FAI y el POUM, partidarios de hacer primero la revolución; por otro, la Generalitat, ERC y el PSUC, que querían ganar primero la guerra y restablecer la autoridad del gobierno. El detonante llegó el 3 de mayo de 1937, cuando la policía de la Generalitat, por orden del comisario de orden público Eusebi Rodríguez Salas, del PSUC, intentó ocupar el edificio de la Telefónica de la plaza de Catalunya, controlado por la CNT.

Barcelona se llenó de barricadas y durante varios días, hasta el 7 de mayo, hubo combates en las calles entre los militantes de la CNT-FAI y del POUM y las fuerzas de la Generalitat y del PSUC, con centenares de muertos y heridos. Los dirigentes de la CNT pidieron a sus militantes que dejaran las armas, y el gobierno de la República envió miles de guardias de asalto desde Valencia para restablecer el orden.

Las consecuencias fueron muy grandes. El gobierno de la República asumió el orden público y la defensa de Catalunya, y la Generalitat perdió buena parte del poder que había acumulado. Francisco Largo Caballero tuvo que dimitir y lo sustituyó Juan Negrín. El POUM fue ilegalizado y perseguido, y su dirigente Andreu Nin fue detenido y asesinado. La CNT perdió influencia. A finales de 1937 el gobierno de la República se trasladó de Valencia a Barcelona, y las relaciones con la Generalitat de Companys fueron tensas, porque el gobierno central fue asumiendo competencias catalanas, como la industria de guerra.

Militarmente, Catalunya había estado lejos de los combates. Desde el verano de 1936 había enviado columnas de milicianos, como la de Buenaventura Durruti, al frente de Aragón, donde no consiguieron tomar Zaragoza ni Huesca. En la primavera de 1938, la ofensiva franquista de Aragón entró en Catalunya: ocupó Lleida en abril y llegó al Mediterráneo por Vinaròs, de modo que la zona republicana quedó partida en dos.

Para intentar dar la vuelta a la guerra, el Ejército Popular de la República cruzó el Ebro el 25 de julio de 1938. La batalla del Ebro, la más larga y sangrienta de la guerra, duró hasta noviembre y terminó con la derrota republicana y el desgaste definitivo de su ejército.

El 23 de diciembre de 1938 empezó la ofensiva franquista sobre Catalunya. Tarragona cayó a mediados de enero y Barcelona el 26 de enero de 1939, y las tropas de Franco llegaron a la frontera francesa a principios de febrero. En la retirada, centenares de miles de refugiados civiles y militares, entre ellos el presidente de la República, Manuel Azaña, y el presidente Companys, cruzaron la frontera hacia Francia, y muchos acabaron en campos de internamiento como el de Argelès. Sin Catalunya, la República ya no pudo rehacerse, y la guerra terminó el 1 de abril de 1939.

Es una fuente primaria, contemporánea de los hechos: se publicó en 1892, cuando nacía el catalanismo político. Por su naturaleza, es un texto de carácter político y religioso, un fragmento de un libro.

El autor es Josep Torras i Bages, un eclesiástico que en 1899 sería nombrado obispo de Vic, y el libro es La tradició catalana. Estudi del valor ètic i racional del regionalisme català (Barcelona, 1892). Trata del papel de la religión en el regionalismo: para el autor, la fe católica es la que da fuerza y duración al amor a la tierra y, por tanto, la que configura la manera de ser de los catalanes.

El texto se sitúa en la Restauración (1875-1931), en su primera gran etapa, que se cierra con la crisis de 1898 o en 1902. Eran los años del sistema canovista, en el que conservadores y liberales se alternaban en el gobierno gracias al caciquismo.

En Catalunya, la Renaixença había reivindicado la lengua y la cultura catalanas, y en los años ochenta y noventa nacía el catalanismo político, con dos tendencias: la progresista y republicana de Valentí Almirall y la católica y conservadora, de la que Torras i Bages fue el gran ideólogo. En 1892, el mismo año del libro, la Unió Catalanista aprobó las Bases de Manresa.

La idea principal es que la religión católica es la que vertebra el regionalismo. Según Torras i Bages, solo Dios puede crear y restaurar a los pueblos, y por eso la restauración de Catalunya debe ser religiosa: sin religión no se puede hacer nada sólido ni duradero.

El regionalismo se basa en un sentimiento, el amor a la tierra donde se ha nacido, pero ese sentimiento, por sí solo, es débil: se deshace ante las tentaciones mundanas, como el lujo y los placeres. Solo cuando la religión lo consagra, el amor al país adquiere consistencia. Es una visión conservadora y tradicionalista del catalanismo, que identificaba Catalunya con la fe católica.

A finales del siglo XIX nació un catalanismo de raíz católica y conservadora. Defendía la familia, la propiedad y la religión como fundamentos de la sociedad catalana, y veía en las tradiciones, el derecho civil catalán y las instituciones históricas el espíritu propio de Catalunya. Rechazaba el liberalismo centralista y el uniformismo del Estado, pero también las ideas revolucionarias, y quería una Catalunya autónoma dentro de España, ordenada según la tradición.

La figura más importante de este catalanismo fue Josep Torras i Bages, eclesiástico y, desde 1899, obispo de Vic. En 1892 publicó La tradició catalana, su obra principal, en la que defendía que la religión es la base de la identidad catalana y del amor al país; de ahí la frase que se le atribuye: «Catalunya serà cristiana o no serà». Su pensamiento influyó en el catalanismo conservador que después representaría la Lliga Regionalista.

El primer hecho es el Memorial de Agravios (1885). Valentí Almirall, desde el Centre Català, impulsó su redacción, y una comisión de representantes de la sociedad catalana lo entregó al rey Alfonso XII. Protestaba contra los proyectos del gobierno que perjudicaban a Catalunya, como el tratado comercial que se negociaba con el Reino Unido, que amenazaba la industria textil, y la unificación del derecho civil, y pedía respetar las instituciones y el derecho propios. Fue la primera gran acción unitaria del catalanismo.

El segundo hecho son las Bases de Manresa (1892). La Unió Catalanista, una federación de entidades catalanistas creada en 1891, reunió una asamblea en Manresa que aprobó las Bases para la Constitución Regional Catalana. Proponían una Catalunya autónoma dentro de España, con unas Cortes catalanas elegidas por sufragio corporativo, el catalán como única lengua oficial y el derecho civil propio. Era un proyecto conservador y tradicionalista, con protagonistas como Lluís Domènech i Montaner, que presidía la asamblea, y Enric Prat de la Riba, que era uno de sus secretarios, y fue el primer programa político del catalanismo.

Las Bases y La tradició catalana son del mismo año y comparten la misma visión: una Catalunya con personalidad propia, fundamentada en la tradición, la religión y el derecho histórico, que el catalanismo conservador defendería durante las décadas siguientes.

La primera causa es cultural: la Renaixença. Desde la publicación de la oda La pàtria, de Bonaventura Carles Aribau, en 1833, escritores e intelectuales reivindicaron el catalán como lengua de cultura, recuperaron la historia de Catalunya y en 1859 restauraron los Juegos Florales. La Renaixença creó una conciencia de Catalunya como pueblo con una lengua y una historia propias.

Ese sentimiento no se quedó en las élites. Los coros de Josep Anselm Clavé, que desde mediados de siglo reunían a obreros y artesanos para cantar en catalán, llevaron el amor a la lengua y al país a las clases populares. Así se fue preparando el terreno para que aquel catalanismo cultural se convirtiera en un movimiento político a partir de los años ochenta.

La segunda causa es económica: la defensa de los intereses de la industria catalana. Catalunya era el principal centro industrial de España, sobre todo textil, y su burguesía necesitaba aranceles proteccionistas que la protegieran de la competencia de los productos británicos. Los gobiernos de Madrid, sin embargo, eran más sensibles a los intereses agrarios y comerciales y a veces aprobaban medidas librecambistas, como el arancel Figuerola de 1869 o el tratado comercial que se negociaba con el Reino Unido en 1885.

Los industriales catalanes llegaron a la conclusión de que un Estado centralista, que no tenía en cuenta los intereses económicos de Catalunya, ahogaba al país, y reclamaron que Catalunya tuviera voz y un cierto autogobierno para defenderlos. Por eso buena parte de la burguesía acabó apoyando al catalanismo político. La cultura de la Renaixença y los intereses económicos se unieron así en un mismo movimiento, que a finales de siglo ya tenía un programa propio, las Bases de Manresa (1892).

Es un cuadro estadístico. Es una fuente secundaria, elaborada por historiadores de la economía a partir de las estadísticas de la época.

Procede del libro La España de Franco (1939-1975). Economía (Madrid, 2001), de Carlos Barciela López, M.ª Inmaculada López Ortiz, Joaquín Melgarejo Moreno y José Antonio Miranda Encarnación. Muestra la evolución de la población activa española durante el franquismo, de 1940 a 1975: qué porcentaje trabajaba en la agricultura, en la industria y en los servicios en cinco años distintos.

Los datos se sitúan en el franquismo (1939-1975) y recorren todo el régimen: empiezan en 1940, el año siguiente al final de la Guerra Civil, en plena posguerra, y terminan en 1975, el año de la muerte de Franco.

Entre esas dos fechas el régimen cambió de política económica: hasta 1959 aplicó la autarquía, que estancó la economía, y a partir del Plan de Estabilización de ese año llegó el desarrollismo, un crecimiento rápido que transformó la estructura económica y social del país.

La tabla muestra una modernización profunda de la economía española durante el franquismo: España dejó de ser un país mayoritariamente agrario y se convirtió en un país industrial y de servicios.

La población activa agraria bajó del 50,5 % en 1940 al 21,7 % en 1975, casi 29 puntos menos. La bajada fue lenta en los años cuarenta (todavía era el 47,6 % en 1950) y muy rápida a partir de los años cincuenta y, sobre todo, en los sesenta, cuando muchos campesinos dejaron el campo para ir a las ciudades o al extranjero.

La población activa industrial creció del 22,1 % al 38,0 %, casi 16 puntos más, sobre todo entre 1950 y 1970, gracias a la industrialización de esos años.

La población ocupada en los servicios pasó del 27,4 % al 40,3 %, casi 13 puntos más. Hasta 1960 apenas varió (incluso bajó al 25,9 % en 1950), pero a partir de los años sesenta creció con fuerza, con el turismo y el crecimiento de las ciudades, y en 1975 ya era el sector con más población activa.

Tras la guerra, en 1939, el régimen impuso en todo el país una política autárquica e intervencionista. Había razones ideológicas, porque imitaba los modelos fascistas, que querían una economía nacional autosuficiente, y razones prácticas: la destrucción de la guerra, la Segunda Guerra Mundial y, a partir de 1945, el aislamiento internacional del régimen. El Estado controlaba los precios, el comercio exterior y la producción, y en 1941 creó el Instituto Nacional de Industria (INI) para fomentar las industrias que consideraba estratégicas, como las militares, la siderurgia o la energía.

Los resultados fueron un fracaso y un retroceso económico: la producción tardó más de una década en recuperar los niveles de antes de la guerra. Los alimentos básicos se racionaron con la cartilla de racionamiento, que duró hasta 1952, y apareció el estraperlo, el mercado negro, donde se vendía a precios muy altos lo que faltaba en las tiendas. Para la población fueron los «años del hambre»: escasez, salarios muy bajos, enfermedades como la tuberculosis y el empobrecimiento de amplios sectores de las clases populares, mientras unos pocos se enriquecían con el estraperlo.

A finales de los años cincuenta la autarquía estaba agotada: había inflación, déficit y el Estado estaba cerca de la quiebra. En 1957 entraron en el gobierno los tecnócratas, vinculados al Opus Dei, y en 1959 aprobaron el Plan de Estabilización, el punto de inflexión: devaluó la peseta, liberalizó el comercio exterior, abrió el país a la inversión extranjera y recortó el gasto público. A partir de 1964 llegaron los planes de desarrollo, que impulsaron la industria con los polos de desarrollo.

El resultado fue el desarrollismo, un crecimiento económico muy rápido durante los años sesenta y hasta la crisis del petróleo de 1973. Llegó una oleada industrial, financiada con la inversión extranjera, las divisas del turismo y las que enviaban los emigrantes.

Los efectos sobre la población fueron muy distintos de los de la posguerra. Millones de personas emigraron del campo a las ciudades industriales de Catalunya, Madrid y el País Vasco, y más de un millón se fueron a trabajar a la Europa occidental, a Alemania, Francia o Suiza. El crecimiento desordenado de las ciudades provocó graves déficits de vivienda, de escuelas y de hospitales, con chabolas y barrios dormitorio. Pero, en conjunto, las condiciones de vida mejoraron: subieron los salarios y nació una sociedad de consumo, con el coche utilitario, la televisión y la nevera.

Las dos políticas se contraponen: la autarquía, cerrada e intervencionista, aisló al país y trajo hambre y miseria, mientras que el desarrollismo, que abría la economía al exterior, modernizó España y mejoró el nivel de vida, aunque sin libertades y con grandes desequilibrios.

Durante la primera etapa, de la posguerra hasta finales de los años cincuenta, la oposición lo tuvo extremadamente difícil. La represión fue durísima: ejecuciones, cárceles, campos de concentración, depuraciones y el exilio de centenares de miles de personas. Los partidos y sindicatos de izquierda, como el PCE, el PSUC, el PSOE, la CNT o ERC, quedaron desarticulados, y los militantes que quedaban actuaban en una clandestinidad muy peligrosa. El hambre y el miedo hacían que apenas hubiera huelgas obreras; una excepción fue la huelga de tranvías de Barcelona de 1951.

La resistencia más visible fue la guerrilla de los maquis, sobre todo a partir de 1944, cuando, con la derrota de la Alemania nazi a la vista, guerrilleros comunistas intentaron invadir el Valle de Arán. Los maquis actuaron en las montañas de varias regiones y en Catalunya hubo también grupos anarquistas urbanos, pero la Guardia Civil los fue eliminando y a principios de los años cincuenta la guerrilla rural se había extinguido; los grupos urbanos resistieron unos años más. En 1956 empezaron las primeras protestas universitarias en Madrid, protagonizadas por estudiantes que ya no habían hecho la guerra.

Durante la etapa del desarrollismo, de los años sesenta hasta el final del régimen, la oposición creció de forma progresiva. Las huelgas de Asturias de 1962 abrieron un ciclo de luchas obreras. Nacieron las Comisiones Obreras, que aplicaron la estrategia entrista: presentarse a las elecciones del Sindicato Vertical para defender a los trabajadores desde dentro. También actuaron sindicatos clandestinos, como la UGT y la USO, y los partidos de la oposición, sobre todo el PCE y el PSUC, se reorganizaron y ganaron influencia.

La oposición se extendió a otros sectores. El movimiento universitario y estudiantil creció mucho, y en Barcelona la Caputxinada de 1966 fundó un sindicato democrático de estudiantes. En los barrios de las grandes ciudades, las asociaciones de vecinos lucharon por unos servicios dignos. También aparecieron organizaciones de lucha armada y terroristas, como ETA, que en 1973 asesinó al presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, o el FRAP.

En los últimos años del régimen la oposición se unió en plataformas unitarias: en Catalunya, la Asamblea de Catalunya (1971), que reclamaba «libertad, amnistía y Estatuto de autonomía», y en España, la Junta Democrática (1974), impulsada por el PCE. Las movilizaciones que impulsaron, a pesar de la represión, fueron una de las fuerzas que empujaron el cambio político.

En resumen, la oposición pasó de ser una minoría perseguida y aislada, que resistía con las armas o desde el exilio, a ser un movimiento amplio y diverso, obrero, estudiantil, vecinal y político, arraigado en la sociedad, que hizo cada vez más difícil la continuidad del régimen.