La energía: ejercicios de la PAU de Geografía resueltos

La tabla muestra que la electricidad de Catalunya depende sobre todo de la nuclear, que en 2024 generó 22.972,3 GW h, el 56,7 % del total. La siguen, de lejos, los ciclos combinados (12,5 %) y la cogeneración (7,2 %), que funcionan con combustibles fósiles, sobre todo gas natural. En conjunto, las fuentes no renovables aportaron el 78,4 % de la producción.

Las renovables, con 8.728,8 GW h, solo representaron el 21,6 %, es decir, algo más de una quinta parte. Entre ellas destacan, por orden, la hidroeléctrica, la eólica y la solar fotovoltaica.

La producción nuclear se concentra en la provincia de Tarragona, donde están los tres reactores en funcionamiento: dos en Ascó, en la Ribera d’Ebre, y uno en Vandellòs, en el Baix Camp. Las centrales son Ascó I, Ascó II y Vandellòs II.

Un primer problema es la dependencia energética del exterior: Catalunya debe importar los combustibles fósiles que consume, como el gas natural y el petróleo, y es vulnerable a los cambios en su precio y en su suministro.

Un segundo problema es el impacto ambiental de la producción: las centrales térmicas contaminan, y las presas de las centrales hidroeléctricas alteran los ecosistemas de los ríos.

El primer reto es aumentar la cuota de renovables, que hoy es solo del 21,6 % de la electricidad, para tener un modelo energético más sostenible.

El segundo es mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como exige la transición energética.

La afirmación refleja un cambio real: en Catalunya se han instalado cada vez más plantas solares y parques eólicos, estos sobre todo en el sur, en las Terres de l’Ebre. Este crecimiento forma parte de la transición energética, que quiere reducir la dependencia de los combustibles fósiles y las emisiones de gases de efecto invernadero.

Sin embargo, las renovables todavía solo aportan el 21,6 % de la electricidad, y Catalunya no es autosuficiente: sigue dependiendo de la nuclear, del gas y de la importación de electricidad, sobre todo cuando hace poco sol o poco viento. Además, algunos grandes proyectos generan rechazo en parte de la ciudadanía por el impacto que tienen en el entorno y en el paisaje.

Las plantas solares se concentran en unos pocos municipios rurales del interior y del sur: en el entorno de la ciudad de Lleida (Segrià), en el Pallars Jussà, en las Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre y Terra Alta) y en algunos puntos del centro, como el Anoia y el Bages.

Las placas de autoconsumo, en cambio, están mucho más repartidas y tienen la potencia más alta en el área metropolitana de Barcelona (Barcelonès, Vallès Occidental, Baix Llobregat), en el litoral y el prelitoral, del Maresme al Tarragonès, y también en el entorno de Lleida (Segrià).

El autoconsumo se concentra donde hay más edificios y más consumo: el litoral, el prelitoral y el área metropolitana tienen la mayor parte del tejido residencial e industrial, es decir, muchos tejados, y las placas se instalan allí donde se usa la energía para ahorrar en la factura.

Las plantas solares, en cambio, necesitan muchas hectáreas de terreno llano, y en el interior de Lleida, de Tarragona y del Ebro el suelo agrícola es mucho más barato que en el área metropolitana, donde es caro y ya está urbanizado.

Además, las comarcas de Tarragona ya tienen una red eléctrica de muy alta tensión, construida para las centrales nucleares de Ascó y Vandellòs, y conectarse a ella es más barato que construir líneas nuevas.

Una ventaja es que es una energía limpia e inagotable: mientras produce electricidad no emite gases contaminantes ni de efecto invernadero, y el sol no se acaba.

Un inconveniente es que depende de la meteorología: de noche las placas no producen y, cuando está nublado, producen mucho menos, y para tener energía en esos momentos hace falta un acumulador, como las baterías, que encarece la instalación.

Catalunya tiene una fuerte dependencia energética: produce poca energía renovable propia y debe importar buena parte de los combustibles que consume.

En cuanto a la fotovoltaica, va bastante retrasada respecto de otras comunidades autónomas, tanto en parques solares como en placas de autoconsumo, y aporta solo alrededor del 3-4 % de la electricidad generada, muy lejos de lo que haría falta para la transición energética. Los mapas lo confirman: las plantas solares se limitan todavía a unos pocos municipios del interior.

Además, la instalación y la explotación de los grandes parques solares están en manos de grandes compañías, lo que reproduce la situación de oligopolio de otras fuentes de energía.

Por último, la implantación de parques solares en suelo agrícola genera conflictos, porque hace perder superficie agraria útil (SAU).

La UE depende sobre todo de los combustibles fósiles. El petróleo sigue siendo la primera fuente de energía (35 %), aunque desde 1990 solo ha bajado 4 puntos; el gas ha crecido 7 puntos, hasta el 24 %, y el carbón se ha reducido hasta el 10 %. Las fuentes que no emiten gases de efecto invernadero, la nuclear (13 %) y las renovables (17 %), solo suman un tercio del total. Además, la UE tiene pocos yacimientos de hidrocarburos y debe importar el 57,5 % de la energía que consume, de modo que sufre una gran dependencia energética.

La primera afirmación es falsa. La UE es una potencia económica, pero tiene pocos yacimientos de hidrocarburos y debe importar más de la mitad de la energía que consume (el 57,5 %), sobre todo petróleo y gas. Esas importaciones no están garantizadas, porque dependen de la situación política de los países proveedores: la invasión rusa de Ucrania, por ejemplo, provocó una crisis en el suministro de gas. El acceso a la energía es, por tanto, uno de los puntos débiles de la UE.

La segunda es solo parcialmente verdadera. La UE se ha propuesto reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la producción de energías renovables, y ha reducido mucho el uso del carbón. Pero la transición energética está lejos de haber terminado: el petróleo y el gas todavía aportan el 59 % del suministro, y la nuclear y las renovables, que no emiten esos gases, solo un tercio.

El coche eléctrico es una de las herramientas para cumplir el ODS 13, porque ayuda a descarbonizar el transporte. Su primera ventaja es ambiental: no quema combustible y, por tanto, no genera emisiones locales de CO2, de óxidos de nitrógeno ni de partículas en suspensión. Así mejora la calidad del aire de las ciudades y reduce las emisiones de gases de efecto invernadero, sobre todo si la electricidad que utiliza procede de fuentes renovables.

La segunda ventaja es energética: reduce la dependencia del petróleo, un combustible que la UE tiene que importar porque tiene pocos yacimientos, y permite que la movilidad funcione con la electricidad que producen las energías renovables.

Sin embargo, su implantación choca con limitaciones. La primera es que todavía hay pocos puntos de recarga y están mal repartidos, sobre todo fuera de las ciudades. La segunda es que tiene menos autonomía que un coche de combustión, de modo que en los trayectos largos hay que detenerse más a menudo, y recargarlo es más lento que llenar un depósito.

Los aerogeneradores se concentran en la mitad suroccidental de Catalunya. Las comarcas que tienen más de 100 son la Terra Alta y el Baix Ebre, en las Terres de l’Ebre (148 y 159), y el Anoia (105); después vienen varias comarcas de las tierras de Lleida y del Camp de Tarragona, con entre 40 y 100. Todas son comarcas del interior y del sur, rurales y poco pobladas, alejadas del área metropolitana de Barcelona, que es donde se consume más energía, y con un suelo más barato, donde es más fácil instalar los parques.

El primer factor es el viento: en muchos lugares no sopla con suficiente intensidad ni constancia para mover las palas de los aerogeneradores de forma rentable. Además, cada zona tiene sus límites: en el Pirineo y Arán hay muchas zonas de difícil acceso, y los aerogeneradores tendrían un fuerte impacto sobre un paisaje muy valorado; en el ámbito metropolitano de Barcelona hay poco suelo libre y es muy caro; y en las comarcas de Girona ha habido una fuerte oposición social a la instalación de parques eólicos.

Como los parques se concentran en unas pocas comarcas del sur y del interior, estas comarcas producen una electricidad que se consume sobre todo en el área metropolitana, y eso genera desequilibrios y desigualdades territoriales: unas comarcas asumen los costes de la producción de energía y otras reciben sus beneficios. Además, la acumulación de muchos aerogeneradores en un mismo territorio multiplica su impacto visual y degrada la calidad estética del paisaje.

La afirmación es falsa, al menos en principio. Los parques eólicos producen electricidad con la fuerza del viento, una fuente de energía renovable y limpia: mientras funcionan no emiten gases contaminantes ni de efecto invernadero, y por eso ayudan a reducir la dependencia de los combustibles fósiles y a luchar contra el cambio climático.

Eso no quiere decir que no tengan inconvenientes. Construirlos e instalarlos consume energía y materiales; como se sitúan en lugares elevados y ventosos, son visibles desde muy lejos y tienen un impacto visual y paisajístico importante; y las palas pueden matar aves. Son problemas reales, pero se pueden reducir eligiendo bien dónde se instalan, y no justifican renunciar a una energía limpia.

El consumo total de energía primaria ha aumentado casi un 50 %: pasa de unas 17.000 ktep en 1990 a unas 25.500 en 2019. Crece hasta 2007, cuando llega al máximo, de unas 27.500 ktep; después baja por el efecto de la crisis económica, hasta unas 23.500 ktep en 2013, y a partir de 2014 se recupera lentamente.

Por fuentes, el petróleo es siempre la más consumida, casi la mitad del total, con un consumo bastante estable. La nuclear también se mantiene estable, entre unas 4.800 y unas 6.400 ktep, y al final del periodo es la segunda fuente. El gas natural es la que más ha crecido, de unas 1.700 ktep a unas 6.000, porque se utiliza para generar electricidad y en usos domésticos e industriales; a mediados de la década de 2000 incluso supera a la nuclear. Las renovables siguen teniendo un peso muy pequeño, aunque aumentan ligeramente, y el carbón y el saldo eléctrico son poco relevantes.

Sí, Catalunya es energéticamente dependiente. No tiene recursos fósiles propios, y el petróleo y el gas natural, que se tienen que importar, suman alrededor de dos terceras partes del consumo de energía primaria. Esta dependencia la expone a problemas de abastecimiento y a subidas de precios, con graves repercusiones en la economía.

Solo alrededor de una tercera parte de la energía se produce en Catalunya, gracias a las centrales nucleares, aunque el uranio también se importa, y a las renovables. Para reducir la dependencia, es fundamental desarrollar mucho más las energías renovables.

Catalunya no ha avanzado lo suficiente en la transición energética. En 2019 el petróleo y el gas natural siguen siendo cerca de dos terceras partes del consumo de energía primaria, y el petróleo es todavía la fuente más consumida, de modo que las emisiones de gases de efecto invernadero continúan. En cambio, las energías renovables, que no contaminan, solo han pasado de unas 500 a unas 1.400 ktep, una parte muy pequeña del total. Para descarbonizar la economía habrá que desarrollarlas mucho más.

La primera fuente de energía renovable de Catalunya es la hidroeléctrica, que produce más que todas las demás, gracias a los embalses de los ríos pirenaicos y del Ebro. La siguen la energía eólica y, en tercer lugar, la solar fotovoltaica.

Las energías renovables se empezaron a utilizar, sobre todo a partir de las crisis del petróleo de los años setenta, porque las energías fósiles se agotan, porque hacen depender a los países consumidores de los países productores y por los impactos ambientales que generan, como la contaminación y el cambio climático.

Entre sus ventajas, no contaminan ni emiten gases de efecto invernadero mientras funcionan; reducen la dependencia energética respecto de los países productores de petróleo, gas y carbón; y se pueden producir de forma descentralizada, porque el sol, el viento o el agua se encuentran casi en todas partes.

Como inconvenientes, requieren inversiones importantes para construir y mantener las instalaciones; tienen impacto sobre el paisaje, el suelo, la vegetación y la fauna, como los parques eólicos o los embalses, y por eso generan rechazo en algunos territorios; y las grandes instalaciones pueden impedir otros usos del suelo, como la agricultura o el turismo.

El texto parte de un objetivo: Catalunya quiere cubrir con renovables el 50 % de la energía en 2030, pero ahora solo obtiene un 15-20 %, de modo que el ritmo actual es insuficiente. Según el ICAEN, una buena solución sería poner placas fotovoltaicas en los tejados útiles, que podrían cubrir el 50 % de la energía eléctrica.

El problema es que las promotoras, la mayoría propiedad de fondos de inversión que buscan el máximo beneficio, prefieren hacer los parques en suelo rural, lejos de las ciudades, porque el terreno es más barato que en los tejados urbanos. Por eso buscan zonas periféricas con ayuntamientos pobres, donde es más fácil que los proyectos se acepten.

Además, si los proyectos dejan de ser rentables, las empresas los pueden abandonar, como ocurrió en 2013 con más de 1.000 MW eólicos autorizados que no se construyeron. Para la población rural, todo esto significa que su territorio y sus tierras de cultivo se ponen al servicio de unas inversiones que deciden empresas de fuera y que pueden quedarse a medias.

Como ventajas, por un lado, hay mucha superficie disponible: el abandono de muchas tierras por parte del campesinado deja una gran cantidad de suelo rústico libre. Por otro, este suelo es mucho más barato que el suelo urbano, y eso hace que los proyectos sean más económicos.

Como inconvenientes, muchos parques se plantean en suelos agrícolas, cuando la superficie agraria de Catalunya ya disminuye año tras año; así se pierde capacidad productiva, campesinado y paisaje rural. Además, los grandes parques mantienen la producción de energía en manos de pocas grandes empresas, en lugar de favorecer el autoconsumo de las familias y de los pueblos.

Este fenómeno se conoce como efecto NIMBY (del inglés Not In My Back Yard, «no en mi patio trasero»): la población acepta que la infraestructura es necesaria, pero no la quiere en su territorio. Cuando se presenta un proyecto, a menudo impulsado o autorizado por la Administración, se forman plataformas de afectados que, aunque defienden las renovables, se oponen a cómo se hace y al lugar donde se hace. Un ejemplo en Catalunya es la oposición al proyecto de parque eólico Costa Brava.

El texto explica que la Unión Europea debe decidir cómo afronta la transición energética y qué papel tiene en ella la energía nuclear. La Comisión Europea quiere considerarla energía verde, al menos durante un período transitorio, y, para conseguir el visto bueno de países reacios como Alemania, ha añadido las centrales de gas. La propuesta todavía debe aprobarse y ya ha generado polémica.

Los países implicados tienen posiciones opuestas. El Gobierno español se opone, porque considera que los residuos nucleares impiden calificar esta energía de verde, y mantiene las fechas de cierre de sus siete centrales. Alemania también se aleja de la nuclear: solo le quedan tres reactores en funcionamiento y ha anunciado que los cerrará en 2022.

En el lado opuesto está Francia, que apuesta claramente por la energía nuclear: tiene cincuenta y seis reactores en marcha y uno en construcción, y el presidente Macron quiere construir nuevas centrales para garantizar la independencia energética del país.

La primera afirmación es falsa. El gas natural tiene un impacto ambiental elevado, como todos los combustibles fósiles: cuando se quema emite CO₂, el principal gas de efecto invernadero, aunque emite menos que el carbón o el petróleo. Por eso no se puede considerar una energía verde; como mucho, se ha aceptado como una energía de transición mientras las renovables no puedan sustituir del todo a los combustibles fósiles.

Tal como está formulada, la segunda afirmación es falsa o, como mínimo, discutible. Es cierto que los países ricos consumen mucha energía, pero la nuclear no es su única fuente posible. Es rentable una vez construida la central, pese a la gran inversión inicial, pero también tiene inconvenientes, como los residuos radiactivos y el riesgo de accidentes. Además, las renovables ya pueden cubrir una parte creciente de la demanda, y también se puede reducir el consumo con más eficiencia, porque mucha energía se malgasta.

La principal fuente de energía primaria que se consume en España es el petróleo, con más del 40 % del consumo. Le siguen el gas natural, las energías renovables y la energía nuclear, mientras que el carbón ya tiene un peso muy pequeño.

Las principales fuentes de energía renovable son la hidroeléctrica, la eólica y la solar; las dos últimas son las que más han crecido en los últimos años.

Las comunidades con más potencia renovable instalada son, por orden, Castilla y León, Galicia, Andalucía y Castilla-La Mancha: son extensas y tienen mucho viento, ríos con embalses o muchas horas de sol.

El principal beneficio ambiental es que las energías renovables no emiten contaminantes ni CO₂ a la atmósfera (con la excepción de la biomasa), de modo que ayudan a frenar el cambio climático y a reducir la contaminación del aire.

En cuanto a los problemas, algunos recursos son irregulares en el tiempo y en el espacio, como el agua o el viento, y la producción tiene altibajos que hay que compensar con otras fuentes.

Además, tienen un impacto territorial y paisajístico: las hidroeléctricas necesitan embalses que inundan valles, y los parques eólicos y solares ocupan mucho suelo y transforman el paisaje, de modo que no todo el territorio es adecuado para acogerlos.

La primera afirmación es verdadera. España apenas produce gas y depende de las importaciones, sobre todo de Argelia, de modo que no controla su producción ni su precio. Cuando la demanda es muy alta y la producción está concentrada en pocos países, el precio del gas sube mucho y, como el gas fija el precio de la electricidad, encarece también la luz.

La segunda afirmación es falsa. Aunque los combustibles fósiles puedan tener un coste de producción más bajo, la política de la Unión Europea obliga a incluir en el precio su coste ambiental: las centrales que emiten CO₂ tienen que pagar derechos de emisión, que se han encarecido y que se encarecerán más para favorecer la transición energética. Por tanto, volver a los combustibles fósiles no abarataría la electricidad; el camino es seguir aumentando las renovables.